El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro será interrogado la próxima semana en el juicio por presunto intento de golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciado este lunes por un juez de la corte suprema.

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Bolsonaro, un ultraderechista de 70 años que gobernó Brasil de 2019 a 2022, está acusado junto a otros seis colaboradores de liderar una conspiración para mantenerse en el poder tras ser derrotado por su rival izquierdista. Se exponen a una pena de unos 40 años de cárcel.

“Fijo el interrogatorio de los acusados ​​en una sesión presencial (...) el 9 de junio”, que podrá prolongarse hasta el día 13, dijo el magistrado Alexandre de Moraes, al término de dos semanas de audiencias de testigos citados por la fiscalía y las defensas.

A pesar de estar inhabilitado hasta 2030 por cuestionar sin pruebas el sistema de votación, Bolsonaro sigue siendo el líder más popular de la derecha en Brasil y su juicio ha provocado una tormenta política.

El expresidente asegura ser inocente y se dice “perseguido” por Moraes.

En los interrogatorios que arrancarán el próximo lunes, Bolsonaro se cruzará con Mauro Cid, quien fuera su mano derecha como presidente y ahora es acusado “colaborador” de la fiscalía en el proceso.

Cid y otros seis coacusados ​​declararán además de Bolsonaro.

Durante las audiencias de las últimas dos semanas, dos excomandantes de las fuerzas armadas confirmaron la tesis expuesta por la fiscalía: Bolsonaro les presentó un plan para evitar que Lula da Silva asumiera tras ganar las elecciones en octubre de 2022.

El golpe no ocurrió porque los entonces comandantes del ejército y la aeronáutica se negaron a participar, según sus propias declaraciones.

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El interrogatorio también debería dar lugar al esperado cara a cara entre Bolsonaro y Moraes, considerado un enemigo político por el bolsonarismo.

Fuente: AFP

El diputado liberal Adrián “Billy” Vaesken participó del programa “Fuego cruzado”, emitido por el canal GEN/Nación Media, para debatir sobre el pedido de intervención de la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, que desde la oposición es calificada como una persecución política, evadiendo las denuncias de graves irregularidades.

El legislador expresó que este pedido de intervención es “inconstitucional y un garrote político”.

“Nosotros, desde la oposición, ya tenemos una postura bien definida, creemos que es inconstitucional la solicitud que hace la Contraloría General de la República, que está siendo utilizada como un garrote político, esa es nuestra visión, eso es lo que vemos y lo que sentimos”, refirió el legislador.

Con relación a la conformación e integración de la comisión de intervención en la Cámara de Diputados, indicó que, como bancada C del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), decidieron no participar. “Mi bancada y la bancada PL, del Partido Liberal, hemos decidido no integrar las comisiones de intervención, porque en primer lugar creemos que es inconstitucional y, segundo, porque funciona como un garrote político”, expresó.

Por otra parte, sobre el caso de nepotismo, admitido públicamente por el intendente esteño en una entrevista televisiva, el legislador excusó: “Están en cargos de confianza, son nueve puntos (en el informe de la Contraloría), en los puntos más importantes no pone como punto relevante el tema de nepotismo. Yo estuve investigando y son cargos de confianza, los cargos de confianza él (el intendente) lo puede disponer”.

• Brasilia, Brasil. AFP.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro “nunca” discutió sobre llevar adelante un golpe de Estado para revertir su derrota electoral contra Luiz Inacio Lula da Silva, dijo este viernes pasado en el juicio contra el líder ultraderechista un exministro e importante aliado. El tribunal supremo de Brasil está en su segunda semana de audiencias de testimonios clave en el juicio por golpismo contra Bolsonaro, acusado de haber intentado maquinar su permanencia en el poder pese a su derrota ante Lula en octubre de 2022.

Bolsonaro se expone a penas de unos 40 años de prisión por los delitos de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho e intento de golpe de Estado, entre otros. Convocado por la defensa del exmandatario, Tarcísio de Freitas, exministro de Infraestructura y actual gobernador del estado de Sao Paulo, negó que Bolsonaro (2019-2022) tuviera intenciones golpistas.

“En ese periodo que estuve con el presidente en la recta final (del gobierno), durante varias conversaciones, nunca tocó ese asunto, nunca mencionó ningún intento de ruptura” constitucional, dijo Freitas.

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Freitas, que había salido del gobierno a principios de 2022 para disputar la gobernación de Sao Paulo, dijo que Bolsonaro estaba de ánimo bajo y con problemas de salud tras su derrota electoral en octubre de ese año.

“Encontré al presidente triste y resignado”, afirmó al recordar las reuniones que tuvo con el líder de la derecha y ultraderecha brasileñas en noviembre y diciembre de 2022.

Tarcísio de Freitas suena con fuerza como posible sucesor de Bolsonaro, sobre quien pesa una inhabilitación política para las presidenciales de 2026.

En otro testimonio de la defensa este viernes, el senador Ciro Nogueira también rechazó las acusaciones contra Bolsonaro, de quien fue jefe de gabinete, y señaló que el exmandatario “bajo ninguna circunstancia” demostró intenciones golpistas.

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La corte suprema ha escuchado a unos 50 testigos, entre ellos altos rangos de las fuerzas armadas, exministros, policías y funcionarios de inteligencia.

Las audiencias están presididas por el juez del caso, Alexandre de Moraes, considerado un enemigo político del bolsonarismo.

En uno de los testimonios más importantes, un excomandante del Ejército, el general Marco Antonio Freire Gomes, confirmó la semana pasada haber estado en una reunión con Bolsonaro en diciembre de 2022 en que se discutió una eventual implementación de medidas excepcionales como un “estado de defensa o de sitio” para refutar el resultado electoral y justificar una intervención castrense. Las audiencias finalizarán el lunes y en una próxima etapa declararán Bolsonaro y los otros siete acusados. Se espera que el juicio finalice en los próximos meses.

• San Isidro, Argentina. AFP.

La justicia argentina anuló este jueves pasado el juicio contra siete acusados de homicidio por la muerte del astro del fútbol Diego Maradona, que deberá reiniciarse con un nuevo tribunal tras la recusación de una de las magistradas porque protagonizaba un documental no autorizado sobre el proceso. La decisión anula el contenido de las 20 audiencias celebradas desde el 11 de marzo, en las que declararon más de 40 testigos, se presentaron pruebas y testificaron las tres hijas de Maradona.

El nuevo juicio por la muerte del “10” en noviembre de 2020 no tiene aún fecha de inicio, ya que depende de que se designe un nuevo tribunal por sorteo. “Habiendo sido oídas todas las partes, se da a conocer la resolución del tribunal, que es la nulidad del juicio”, dijo el magistrado Maximiliano Savarino en el tribunal de San Isidro, cerca de Buenos Aires, donde tenía lugar el proceso.

“El juicio debe radicarse en otro tribunal en lo criminal”, resolvieron los jueces. La anulación había sido pedida por la fiscalía, los denunciantes y la mayoría de los abogados defensores después de que saliera a la luz que la jueza Julieta Makintach, una de los tres magistrados que componían el tribunal, estaba participando en la filmación de una serie documental sobre el caso, sin autorización de las partes.

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Para Vadim Mischanchuk, defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov, imputada en la causa, “no quedaba otra (opción) que la nulidad del juicio”, según dijo a la AFP al término de la audiencia.

“No hay plazos establecidos” para reiniciar el proceso, explicó a la AFP Félix Linfante, abogado de una de las hijas del ídolo. “Antes del fin de año podríamos estar empezando el juicio y es mi deseo”, añadió.

Su cliente, Jana Maradona, dijo a periodistas frente al tribunal: “No estoy tranquila. Tengo bronca, los odio”.

Por su parte, Fernando Burlando, representante de las otras dos hijas de Maradona, Dalma y Gianinna, dijo a los medios que este viernes debería sortearse el nuevo tribunal y, si no hay retrasos, el juicio podría recomenzar “a partir de agosto”.

“Agosto, septiembre, octubre, noviembre está terminado, vamos a estar con sentencia”, planteó el abogado.

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La jueza Makintach se apartó del caso el martes tras el escándalo desatado por su participación en el documental, que contenía escenas desde la sala de audiencias, donde no estaba permitido a los periodistas registrar los hechos con cámaras.

Imágenes y guiones de la serie obtenidos tras una serie de allanamientos fueron exhibidos en una audiencia el martes y la jueza, que antes negaba su participación, renunció inmediatamente.

Incluso se filtró el trailer de la serie, que se titularía “Justicia divina” y que la mostraba llegando a la sala del tribunal.

Hasta que estalló el escándalo, el juicio se desarrollaba a razón de dos audiencias semanales y se preveía que se extendería hasta julio.

“La única persona responsable de todo esto es la jueza recusada”, remarcó Savarino.

“Hubo una persona que se equivocó y pagó, pero no es la justicia, la justicia no se mancha”, dijo de su lado la jueza Verónica Di Tomasso, otra integrante del tribunal, parafraseando la célebre frase de Maradona “la pelota no se mancha”.

Las hijas del astro estaban presentes en la sala. La exesposa, Verónica Ojeda, declaró a periodistas: “Si lo tengo que hacer mil veces más (declarar), lo voy a hacer”.

La Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires suspendió a la jueza tras el escándalo y el caso fue derivado a una comisión de Disciplina del Poder Judicial.

Considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 en su residencia en Tigre, en la provincia de Buenos Aires.

El exfutbolista, de 60 años, murió por un edema pulmonar durante una internación domiciliaria luego de una operación en la cabeza a la que había sido sometido semanas antes por un hematoma.

Siete profesionales de la salud están acusados de homicidio con dolo eventual por su muerte y enfrentan de 8 a 25 años de prisión.

A lo largo del juicio, los testigos afirmaron que la casa adonde Maradona llevaba su convalecencia no tenía las condiciones adecuadas para atenderlo y que los cuidados que recibía del equipo médico a cargo habían sido cuestionados por la familia. Una octava enfermera será procesada en un juicio aparte.