El senador liberal Salyn Buzarquis espera que el Ministerio de Defensa responda sobre los requerimientos de la Cámara de Senadores sobre el accidente aéreo del que resultaron víctimas fatales tres personas de las cuatro que se encontraban en el helicóptero de la Fuerza Aérea, que se estrelló durante un entrenamiento. “Creo que se tiene que hacer una investigación profunda, no es el único caso, este año fue un helicóptero, el año pasado una avioneta, es importante investigar, saber qué pasó”, sostuvo en contacto con la 780 AM.
Además, asegura que las muertes eran evitables, aunque no hay información oficial, supone que la falta de mantenimiento de estas aeronaves podría ser la causante. “Lo que nos interesa son los mantenimientos, si se hacían de manera eficiente”, cuestionó. El mismo día del accidente ya se solicitó un informe al Ministerio de Defensa. Teniendo en cuenta que no es un hecho aislado, presionan para contar con todos los datos necesarios sobre este caso, la falta de información es la que obliga a esta presión política.
La Cámara de Senadores solicitó un pedido de informe sobre la investigación, así también varios legisladores se encuentran pendientes de la respuesta. Desde la Dirección de Comunicación Social de la Fuerza Aérea solo se emitió un comunicado en el que se informó que siendo aproximadamente las 8:00 del jueves 25 de noviembre, la aeronave UH-1H con matrícula FAP N° H-0433, que se encontraba realizando vuelo de instrucción, sufrió un accidente aéreo en el predio de la Base Aérea Ñu Guasu.
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Las víctimas fueron identificadas como mayor Gustavo Rafael Velazco Acosta, la teniente Andrea Larissa Cubilla Aguayo y el suboficial Gustavo Ramón Arzamendia Rolón. Por su parte, el cuarto tripulante, vicesargento Antonio Ariel Martínez Cabrera fue trasladado al Hospital Militar Central y se encuentra con pronóstico reservado.
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En audiencia pública, debaten sobre prohibición de cianuro en minería
El proyecto de ley “que prohíbe el uso de cianuro en actividades mineras en el territorio nacional”, presentado por la bancada Democrática del Senado fue tema de debate en una audiencia pública convocada por la senadora Esperanza Martínez, y otros legisladores de la oposición.
La audiencia contó con la presencia de productores de minería y yerbateros, y existe una postura dividida en este sector, algunos están a favor y otros en contra de este proyecto.
Esta iniciativa busca la prohibición del uso de cianuro en minería, tratando de evitar daños ambientales en Paso Yobái. Por un lado, un sector mostró su apoyo a esta propuesta legislativa señalando que la utilización de este componente daña al medio ambiente y afecta la salud poblacional; mientras que otro sector afirma que no se trata de un proyecto técnico, sino más bien político.
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El ingeniero Rubén Irala Galeano, director científico de la Diócesis de Villarrica, encabezó junto con la Universidad Católica y Nacional de Guairá, un estudio científico que, de acuerdo a la exposición del mismo, se confirma que se encontraron metales de cianuro en el agua y hojas de yerba, afirman que la actividad minera con cianuro afecta al medio ambiente y los seres vivos.
“Trabajamos por el ciclo de dos años en una investigación donde enfocamos nuestro trabajo sobre el suelo, aire, agua, recursos hídricos y también en las hojas de yerba mate, y hemos encontrado concentraciones importantes de mercurio y cianuro, que son los dos reactivos que se llegaron a utilizar, hasta ahora, los mineros”, refirió.
Explicó que en la primera fase de la producción artesanal de la minería de oro se llegó a utilizar el mercurio como un reactivo separador del oro del suelo, de manera muy informal, llegando a contaminar todo, mientras que desde el 2018 hasta la actualidad se está utilizando el cianuro para este procedimiento.
“Ambos reactivos son venenosos, tóxicos y también afecta la salud poblacional, ahora ya aparecen enfermedades de la piel, y sobre todo afecta a los cultivos, los cultivos de autoconsumo y también los cultivos de renta que se manejan en la región, que es la yerba mate”, apuntó el ingeniero.
Un proyecto político
Mientras tanto, representantes de sectores mineros, principalmente de Paso Yobai, alegan que se trata de un proyecto político y no así técnico. Rubén Aguilera, propietario de una empresa que se dedica a la exploración, indicó que desconocen los procedimientos para realizar el estudio presentado sobre el daño que genera este componente.
“Como cualquier que es de interés, creo que tendríamos que ser los primeros en participar y en debatir, de ninguna manera, es más, pedimos nosotros a la pastoral social una audiencia con el obispo (que encabeza el proyecto), no fuimos recibidos, hasta hoy día seguimos esperando. Hemos solicitado una mesa de diálogo con los hermanos yerbateros, tampoco conseguimos. No cuenta con un estudio técnico y científico”, cuestionó.
Agregó que además de no tener participación en esta iniciativa, desde los estudios realizados, tampoco fueron tenidos en cuenta con relación al impacto que tendrá la prohibición de la utilización del componente, y afirma que generará la pérdida de una fuente de trabajo.
“Esta ley no es técnica, esto es político, por denuncias y por un respaldo que nosotros hoy vamos a reclamar. Si nosotros hubiéramos participado en ese análisis, nosotros no sabemos si hay mala intención, por eso queríamos saber qué métodos utilizaron, porque tiene sus métodos, y nosotros desconocemos totalmente el procedimiento. Vamos a tener un impacto económico enorme, es todo lo contrario, acá nos tendrían que dar apoyo para poder desarrollar este rubro tan importante que puede ser un polo de desarrollo para nuestro país”, puntualizó.
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Detienen a dos militares y un policía que estarían involucrados en operaciones de “Macho”
Como resultado de los diversos allanamientos que se llevan a cabo en el marco del operativo “Barret” en diferentes puntos del departamento de Canindeyú, la comitiva fiscal y policial se presentó en un destacamento militar y una comisaría, de donde quedaron detenidos dos militares y un policía que estarían ligados con la estructura criminal liderada por Felipe Santiago Acosta, alias “Macho”.
Los militares fueron identificados como Jorge Daniel Villalba y Rodney Villalba González; ambos se encontraban prestando servicio durante la intervención. En cuanto al oficial policial, el mismo es el suboficial mayor Germán Lescano Ojeda, quien se encontraba prestando servicio en el puesto policial N.º 3 de Yby Ya’u.
Según informó el comisario Luis López, jefe del Departamento de Crimen Organizado, en conversación con los medios de prensa, los detenidos fueron identificados por tener nexos directos con la organización criminal de alias “Macho”, ya que ambos militares estarían detrás de la venta de municiones y armamentos de grado militar y el efectivo policial brindaba cobertura a las rutas de traslado de los cargamentos de marihuana.
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Entre los sitios allanados durante este operativo se encuentra también la vivienda de quien es considerado gerente de las operaciones delictivas de la estructura criminal, identificado como Nilson David Maylen Haedo. Si bien el mismo no se encontraba en el lugar cuando llegaron las autoridades, del sitio se han levantado importantes evidencias que serán procesadas.
Maylen Haedo sería el encargado, no solo de la coordinación de la entrega de los cargamentos, sino que también estaría detrás de las operaciones de lavado de dinero, las cuales realiza a través de la compra y venta de inmuebles y vehículos.
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Concejal pide auditoría externa ante serias irregularidades de intendenta de Roque Alonso
El concejal colorado, Edgar Martínez, sostuvo que debido al hallazgo de serias irregularidades por parte de la Contraloría General de la República a la gestión de la intendenta de Mariano Roque Alonso, amerita una auditoría externa.
Es necesario que la Junta Municipal de Mariano Roque Alonso, analice a fondo el informe de la Contraloría a la gestión de la intendenta liberal Carolina Aranda, remarcó Martínez.
El edil sugiere que la situación es tan grave que amerita una auditoría independiente sobre el uso de los fondos públicos en la administración actual.
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Martínez se refirió al último informe de la Contraloría que se hizo público, y que confirma serias irregularidades en la administración de la intendenta Aranda. Indicó que el ente contralor ha detectado que la administración ha realizado millonarios pagos sin respaldo durante los años de pandemia y gastos comunales con serias inconsistencias documentales.
Al respecto, señaló que este informe confirma lo que hace años ha venido denunciando, que son los manejos irregulares y falta de transparencia, por parte de la jefa comunal.
Martínez recordó que ha sido el único miembro de la Junta Municipal que ha votado en contra de todos los balances de gestión presentados por la jefa comunal durante este periodo. Afirmó que su postura se fundamenta en la sistemática negativa del ejecutivo municipal de remitir la documentación requerida para un análisis serio y responsable.
“En todos estos años fui el único concejal que se opuso a los balances de gastos e inversiones, porque se trataban de forma acelerada sin el tiempo necesario para un análisis serio y tampoco teníamos la documentación que avalaba dichos gastos e inversiones”, manifestó.
Millonarios servicios de sepelios
El concejal Martínez mencionó que de acuerdo al informe de la Contraloría, la Municipalidad de Roque Alonso pagó entre G. 3 millones y G. 28 millones por cada servicio de sepelio durante la emergencia sanitaria. Explicó que estos servicios se contrataron sin hacer licitaciones y recurriendo a contratos abiertos que carecen de justificación legal.
Para el concejal Martínez, estos pagos constituyen un claro ejemplo de despilfarro y abuso de recursos en un contexto donde la transparencia debía ser prioridad.
Agregó que también la CGR detectó un manejo irregular de más de G. 5.000 millones en rubros esenciales como combustibles, papelería, kits escolares e insumos, todos ellos sin los debidos documentos respaldatorios.
Ante estas evidencias, el concejal cuestionó también el desorden administrativo de la gestión Aranda, señalando que, pese a múltiples pedidos formales, nunca se ha entregado la documentación completa, ordenada y verificable para su análisis.
“No podemos aprobar un balance cuando no sabemos con certeza cómo se utilizó el dinero de los contribuyentes. La rendición de cuentas no puede ser una formalidad vacía y los requerimientos documentales que exigimos los concejales no deben ser sometidos a criterios políticos para responder o no. Somos contralores y esa es nuestra función principal”, agregó.
Finalmente, instó a la ciudadanía a mantenerse vigilante y a exigir rendición de cuentas, señalando que “Mariano Roque Alonso necesita autoridades comprometidas con la eficiencia y la transparencia”, concluyó.
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Basilio Núñez y Raúl Latorre renuevan mandato en sus respectivas cámaras
Este martes 1 de julio, conforme a lo que establece la Constitucional Nacional arranca un nuevo periodo legislativo, con la salvedad de que el diputado Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados y el senador Basilio Núñez, titular de la Cámara Alta, comienzan hoy un nuevo periodo al frente del Congreso Nacional.
La particularidad de este nuevo comienzo es que los legisladores de ambas cámaras han definido ya sus respectivas Mesas Directivas meses atrás, cuando dieron sus votos de confianza para que se mantengan por un periodo más tanto Latorre al frente de la Cámara Baja y el senador Bachi Núñez como titular de la Cámara Alta y por ende presidente del Congreso Nacional.
Al respecto, el diputado Latorre manifestó antes del inicio de la primera sesión ordinaria de este periodo, que se realizó este martes, que celebra el comienzo de esta nueva administración con el nacimiento de su hija.
“No puedo dejar de agradecer a mis colegas que, en una tercera ocasión me han brindado su confianza y me han permitido seguir ejerciendo la presidencia de la Cámara, con el 93 % de los votos de mis colegas, eso me permite seguir por el camino del diálogo y los consensos”, opinó Latorre.
Cabe recordar que la Cámara de Diputados había aprobado en marzo de este año la definición de las autoridades que conforman la Mesa Directiva que a partir de hoy asume la conducción. En esa ocasión, Latorre había sido electo presidente para continuar al frente de la Cámara Baja, con 74 votos, de los 80 que conforman el cuerpo legislativo.
En tanto, ya en diciembre del año pasado, la Cámara de Senadores había modificado su reglamento interno para que la duración de mandatos suba a dos años para los primeros dos periodos legislativos y se mantenga un año para el último periodo. Esto significa que el senador Basilio Núñez presidirá el Senado y el Congreso hasta junio de 2027.
En tanto que la Mesa Directiva del Senado está integrada además por Ramón Retamozo, en la Vicepresidencia Primera, Dionisio Amarilla; en la Vicepresidencia Segunda y como secretarios parlametarios están Patrick Kemper, Hermelinda Alvarenga y Lizarella Valiente.
En la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados están en la Vicepresidencia Primera el diputado Hugo Meza y como vicepresidente segundo el diputado Jorge Ávalos Mariño.