La crisis entre Estados Unidos y Brasil se agravó ayer miércoles, con un decreto del presidente Donald Trump que oficializa una subida arancelaria del 50 %, en parte en represalia por el juicio contra el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro. Trump defiende a Bolsonaro, acusado de intentona golpista, y arremete contra las políticas de su sucesor, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, quien respondió diciendo que defenderá la “soberanía del pueblo brasileño”.

El castigo arancelario de Trump tiene excepciones importantes para la mayor economía de América Latina. Trump salva productos esenciales en las exportaciones brasileñas como el jugo de naranja, la energía, las aeronaves civiles y sus componentes, los fertilizantes, los metales preciosos, la pasta de celulosa o el arrabio, entre otros.

Pero el café está incluido entre los productos que se verán sometidos a un 50 % de tarifas aduaneras suplementarias, aplicables siete días después de la emisión del decreto, se lee en el texto. Es decir, el 6 de agosto. En el decreto Trump concreta la amenaza de aranceles anunciada a principios de julio en una carta dirigida a Lula, seguida después de otra para Bolsonaro en la que cubre de elogios al exdirigente ultraderechista.

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Para Trump las acciones del gobierno de Lula “constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos”, informa la Casa Blanca en un comunicado. “La persecución, intimidación, acoso, censura y enjuiciamiento políticamente motivados del gobierno de Brasil” contra “Bolsonaro y miles de sus seguidores son graves violaciones de los derechos humanos que han socavado el estado de derecho en Brasil”, acusa Washington.

El presidente republicano asegura que miembros del gobierno brasileño “han tomado medidas sin precedentes para coaccionar de forma tiránica y arbitraria a empresas estadounidenses para que censuren el discurso político, expulsen a usuarios de sus plataformas, entreguen datos confidenciales de usuarios estadounidenses o modifiquen sus políticas de moderación de contenido”.

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La Casa Blanca arremetió asimismo contra el juez de la corte suprema de Brasil Alexandre de Moraes, convertido en la bestia negra de Trump. Moraes “ha abusado de su autoridad judicial para amenazar, señalar e intimidar a miles de sus oponentes políticos, proteger a aliados corruptos y suprimir la disidencia, a menudo en coordinación con otros funcionarios brasileños, incluidos otros jueces del Tribunal Supremo Federal de Brasil”, se lee en el comunicado.

Horas antes la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro impuso sanciones económicas a este magistrado, a quien Washington ya había revocado la visa. Las sanciones se imponen en virtud de una ley estadounidense conocida como Global Magnitsky, que castiga a quienes hayan cometido o estén vinculados a violaciones de los derechos humanos o corrupción en el mundo.

“Se ha tomado la libertad de ser juez y jurado en una caza de brujas ilegal contra ciudadanos y empresas estadounidenses y brasileñas”, afirma el secretario del Tesoro Scott Bessent, citado en un comunicado. Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones de Moraes que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.

En 2024 Moraes bloqueó temporalmente X en Brasil hasta que la red social cumpliera su orden de eliminar las cuentas acusadas de difundir desinformación. Posteriormente, ordenó suspender Rumble porque esta plataforma para compartir videos, popular entre los conservadores y la extrema derecha, se negaba a bloquear la cuenta de un usuario residente en Estados Unidos que era buscado por difundir desinformación.

Fuente: AFP.

El experto en materia del sistema financiero y derecho bancario, el abogado Carlos Palacios, y la periodista de investigación de Nación Media, Rosana Escobar, coincidieron en señalar que existen mecanismos para indagar y comprobar si el expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira podrían ser o no los beneficiarios finales de los 21 millones de dólares distribuidos en dos cuentas bancarias en las islas Seychelles, según publicó el portal argentino PeriodismoyPunto.

Durante el programa “Fuego Cruzado”,que se emite por canal GEN/Nación Media, analizaron las evidencias que fueron expuesta por la investigación del portal de noticias que encabeza el periodista argentino Luis Gasulla, respecto a dos cuentas bancarias depositadas por dos empresas cuyos beneficiarios finales serían el exmandatario y su esposa.

Palacios señaló que, aparentemente, estos fondos no figurarían en la declaración de bienes del exjefe de Estado. Por lo tanto, señaló que, en principio, parecería una situación de ocultamiento de activos, escenario que configuraría un eventual hecho de enriquecimiento ilícito.

A su turno, la periodista Rosana Escobar, quien llevó adelante una investigación profunda sobre las empresas de Mario Abdo Benítez vinculadas al tema asfalto; señaló que hay mucha similitud en el manejo del dinero con relación a los depósitos en las islas Seychelles, encontrando un mismo modus operandi en el manejo financiero,

“Parece que es la misma práctica que hizo acá en Paraguay, porque acá la fortuna que amasaron sus empresas en el país no se ve reflejada en su declaración jurada, sino que se fueron a esos fondos de reserva. Hasta ahora nadie sabe dónde están, dónde hubo movimientos tampoco, y que están constituidas en un gran porcentaje por deudas también; deudas infladas que los proveedores o los clientes suyos no reconocen”, explicó la periodista.

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Al respecto, el doctor Palacios explicó que el tema de los paraísos fiscales antiguamente se constituían con facilidad mediante acciones al portador; pero luego de la crisis financiera del 2008, obligó a las compañías bancarias a nominar a quienes constituían las empresas.

A partir de entonces, indicó que todas aquellas personas que no querían revelar su identidad constituían sociedades con otras sociedades, armando unos esquemas de sociedades por capas; buscando siempre de ocultar la verdadera identidad del dueño o del beneficiario final. Es así que las legislaciones se fueron ajustando y es así que surge la figura del “beneficiario final”.

“Es como una pirámide, sin aparecer en ella, la persona que aparece como accionista en la sociedad puede no ser el beneficiario final de esa empresa, porque por encima de la que figura como primera dueña puede haber otros dueños hasta llegar a una persona física de carne y hueso, que finalmente se puede identificar como la persona que controla o que es titular de los activos que existen en esta sociedad”, comentó Palacios.

La periodista Escobar como el experto jurídico en finanzas señalaron que existen los elementos y herramientas para que el Ministerio Público inicie una investigación, ya que la publicación periodística accedió a datos bastante concretos y específicos, como, por ejemplo, los nombres de estos dos bancos, que efectivamente existen, operan y están habilitados para funcionar en Seychelles. Además de números de cuenta, los nombres de las sociedades titulares y movimientos de los depósitos o transferencias que se recibieron.

“No se trata de una información vaga sino de una información concreta que puede perfectamente servir como punta del ovillo para que el Ministerio Público inicie una investigación con toda seriedad. Ahora, que la persona afectada haya salido rápidamente a desmentir en forma directa y a través de sus abogados, esa es la dinámica que existe cuando hay una revelación de la posible existencia de un delito”, comentó Palacios.

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Asimismo, Palacios señaló que la Fiscalía y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) cuentan con las herramientas como para iniciar esa investigación mediante la cooperación con los grupos de unidades de inteligencia financiera de diversos países.

Indicó que justamente la República de Seychelles, en su afán de salir de la lista gris de paraísos fiscales, desde hace unos años ha formado parte del Grupo Egmont, que es el organismo internacional que permite la cooperación e intercambio de inteligencia entre las unidades inteligencia financiera de varios países, incluido también Paraguay.

“Esta información no es pública, la base de datos para saber quiénes son los titulares o los beneficiarios finales de las empresas constituidas en esa jurisdicción solamente se pueden acceder a través de estos mecanismos oficiales; por eso la responsabilidad recae yo creo que en la Seprelad y fundamentalmente en el Ministerio Público”, insistió Palacios.

Agregó que la Seprelad podría estar guardando el debido sigilo, no como ocurrió en otros casos durante el gobierno de Abdo, pero ya debería estar tramitando de manera oficial la investigación. “Ahora, si la información llega a recibirse y confirma la existencia de estas cuentas, ahí si esta investigación cobraría fuerza y podría derivar eventualmente en una imputación contra el expresidente”, puntualizó.

Por su parte, Rosana Escobar recordó que la investigación de la Fiscalía sobre eventual enriquecimiento ilícito de Mario Abdo lleva ya un año, sin tener noticias de avance en la investigación.

“Lo que tiene que hacer, reitero, la Fiscalía es sencillo, es revisar las cuentas bancarias, así nomás, es donde está la plata, dónde se fue, uno puede ponerle todo el ropaje que quiera, el concepto que quiera, financieramente hablando, pero hay que revisar dónde está la plata, nomás, sencillo, va a la cuenta y ya está”, acotó.

La Contraloría General de la República se encuentra analizando posibles acciones ante la supuesta fortuna no declarada del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez. Así lo confirmó el director de Declaraciones Juradas, Armindo Torres, a La Nación/Nación Media.

“Si esto se constata, si esto es verdad, estaríamos ante un caso de declaración falsa y una intencionalidad de ocultar un enriquecimiento ilícito”, advirtió Torres, quien recordó que ya existe un análisis de correspondencia a Abdo que está suspendido actualmente, debido a los llamativos ingresos que obtuvo de sus empresas del rubro de la construcción.

El director también precisó que se había recurrido tanto al Ministerio Público como a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) de modo a obtener detalles sobre el fondeo a largo plazo de unas inversiones de las cuales la Contraloría no tenía detectado el origen y, por ende, se necesitaba indagar en ese aspecto en que no tiene potestad sobre empresas privadas.

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“Hemos escuchado que la Fiscalía abrió una investigación preliminar y, eventualmente, la Contraloría podría pedir algún informe a través de la Cancillería, pero eso sería mucho más lento, otras instituciones que tienen esos convenios internacionales como creo que es el caso del Ministerio Público que tienen ese canal, así como también la Seprelad, pero la Contraloría no tiene y estamos evaluando qué acciones tomar”, sostuvo.

Torres precisó que en la próxima semana tendrían más claridad sobre el caso y podrían solicitar informes a través del Ministerio Público de modo a poder avanzar en el examen de correspondencia, el cual puede seguir adelante, pese al blindaje con que cuenta Abdo por sus fueros como senador vitalicio.

Desde la Contraloría afirmaron que sería muy positivo poder tener claridad sobre esta supuesta fortuna oculta en Seychelles, noticia que trascendió a través una investigación periodística de Argentina. “Sería muy bueno para la República aclarar esta situación, inclusive para el expresidente, y si es así, que hay una cuenta con dinero, también seguir la ruta del dinero”, aseveró.

Los depósitos a cuentas que presuntamente tienen como beneficiarios finales a Abdo y su esposa Silvana López Moreira se habrían dado mientras el exmandatario aún estaba en función de gobierno, por lo que, para la Contraloría, es importante saber de dónde provinieron esos fondos que hoy estarían descansando en un paraíso fiscal, de acuerdo a la investigación de PeriodismoYPunto. “Hoy día hay mecanismos con que se puede seguir la ruta del dinero”, dejó en claro Torres.

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Un general retirado del Ejército de Brasil confirmó ayer jueves a la corte suprema haber redactado un documento que preveía el asesinato del presidente Lula, una trama por la que es señalado el exmandatario Jair Bolsonaro en el juicio que enfrenta por golpismo. El máximo tribunal juzga al exjefe de Estado ultraderechista (2019-2022) de dirigir un supuesto plan frustrado para impedir la asunción del actual presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que lo derrotara por estrecho margen en las elecciones de 2022.

El complot no se habría consumado por falta de apoyo de altos mandos de las fuerzas armadas. La supuesta intentona golpista contemplaba incluso un plan, bautizado “Puñal Verde y Amarillo”, para asesinar a Lula, según la fiscalía. El general Mario Fernandes, entonces jefe sustituto de la Secretaría General de la Presidencia con Bolsonaro, confirmó a la corte suprema que redactó e imprimió el documento, aunque dijo que era solo un “pensamiento” suyo y que no lo compartió.

Fernandes dio sus declaraciones ante el tribunal durante los interrogatorios a un grupo entre la treintena de antiguos colaboradores de Bolsonaro que están enjuiciados junto con el expresidente por la supuesta intentona. “Ese archivo digital solo retrata un pensamiento mío, una recopilación de datos, un estudio de la situación”, dijo el general por videoconferencia.

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Fernandes afirmó que imprimió el documento, en el palacio presidencial de Planalto, solo para leerlo “en papel” y que luego lo rompió. “No fue presentado a nadie, no fue compartido por nadie”, añadió. La fiscalía, sin embargo, acusó al militar de llevar el plan a la residencia presidencial de la Alvorada para “tratativas” con Bolsonaro, el 6 de diciembre de 2022. Ese mismo día, Bolsonaro recibió el borrador de un decreto que contemplaba medidas excepcionales para anular el resultado de las elecciones, según los investigadores.

El supuesto plan “Puñal Verde y Amarillo” se ejecutaría el 15 de diciembre de 2022 y también supuestamente proyectaba matar al entonces vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, y a la autoridad electoral, el juez Alexandre de Moraes, actualmente a cargo de juicio contra Bolsonaro en la corte suprema. La semana pasada la fiscalía pidió la condena de Bolsonaro. De ser hallado culpable ante la corte, podría recibir hasta 40 años de prisión.

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El juez de la corte suprema brasileña Alexandre de Moraes descartó este jueves imponer prisión preventiva al expresidente Jair Bolsonaro, juzgado por una presunta intentona golpista, aunque advirtió que la aplicará de forma “inmediata” si incumple órdenes judiciales. El juez consideró en su decisión como una “irregularidad aislada” que las redes sociales de uno de los hijos de Bolsonaro “fueran utilizadas a favor” de su padre, bajo vigilancia de la corte por una presunta tentativa de obstruir el juicio que enfrenta por golpismo.

El máximo tribunal juzga al ultraderechista Bolsonaro por un supuesto plan frustrado para impedir la asunción del actual presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que lo derrotara en las elecciones de 2022. El exmandatario es objeto de medidas cautelares desde el viernes por presunta obstrucción del proceso. Entre otras restricciones, le impusieron una tobillera electrónica y le prohibieron el uso de redes sociales, así como la difusión de sus intervenciones públicas por terceros.

Moraes, a quien Bolsonaro ha llamado “dictador”, consideró este jueves que un posteo del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario, sobre un discurso de su padre el lunes en el Congreso fue un “intento de burlar” las medidas cautelares. Con críticas a la justicia, Eduardo Bolsonaro difundió en sus redes imágenes de su padre hablando con periodistas en la sede del Congreso y exhibiendo por primera vez su tobillera, a la que calificó como “máxima humillación”.

Pero, “por tratarse de una irregularidad aislada y sin noticias de otros incumplimientos hasta el momento”, Moraes descartó por ahora la prisión preventiva, aunque advirtió que la aplicará de forma “inmediata” si se detecta “un nuevo incumplimiento”. “¡La justicia es ciega pero no tonta!”, escribió Moraes en su decisión.

Eduardo Bolsonaro se radicó meses atrás en Estados Unidos, donde lleva una campaña ante el gobierno de Donald Trump para obtener apoyo para su padre. La advertencia de Moraes es un “torpe y desesperado intento de censurarme usando a mi padre como rehén”, reaccionó Eduardo Bolsonaro en X. “Eres un tirano cobarde, Alexandre. Un cobarde acabado”, agregó el diputado.

Trump anunció este mes aranceles de 50 % a productos brasileños y los justificó por una supuesta “caza de brujas” contra Bolsonaro. La corte brasileña analiza si la campaña bolsonarista ante Washington configura un intento de obstaculizar el juicio por golpismo.

Moraes había dado el lunes un plazo de 24 horas a la defensa de Bolsonaro para que esclareciera la retransmisión de declaraciones del expresidente en redes sociales de terceros, “bajo pena de decretar su prisión inmediata”. Bolsonaro “de ninguna forma fue prohibido de conceder entrevistas” y por lo tanto “no incumplió” la orden, respondieron sus abogados en un despacho.

Afirmaron que el exmandatario, de 70 años, no había sido notificado sobre una prohibición de dar entrevistas, un punto que ha creado una ola de confusión y críticas desde políticos bolsonaristas hasta expertos legales. La defensa pidió entonces al juez que aclarara los límites de las restricciones.

Moraes negó este jueves que exista “cualquier prohibición de concesión de entrevistas o discursos” para Bolsonaro, y señaló que la prohibición es a que sus declaraciones se difundan en redes propias o de terceros como estrategia para obstaculizar el proceso penal.

Bolsonaro se declara inocente y dice ser un “perseguido”. De ser hallado culpable por la corte, podría enfrentar hasta 40 años de prisión. El expresidente está inhabilitado electoralmente hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas el sistema de voto electrónico. Aun así, insiste en que quiere ser el candidato de la derecha para las presidenciales de 2026. Lula, de 79 años, también pretende postularse.

Fuente: AFP.