El titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, Silvio “Beto” Ovelar detalló que en la Cámara Alta se tomó la decisión de postergar por un plazo de 15 días el estudio del proyecto de ampliación presupuestaria para el pago de las deudas contraídas por el Estado con las farmacéuticas.

“Estuvo presente la ministra de Salud María Teresa Barán y su equipo técnico así como la ministra sustituta del Ministerio de Economía y Finanzas, Andrea Picaso y acordamos postergar el tratamiento del proyecto de ampliación presupuestaria para salud el cual tiene el objetivo de cubrir todas las deudas que se tienen con las proveedoras", dijo Ovelar en una entrevista con los medios de comunicación.

El parlamentario detalló que la deuda total que posee Salud Pública equivale a USD 1.000 millones y no se limita solo a las farmacéuticas. “Es una deuda acumulada desde el año 2012. Lo que solicitamos es que ambos ministerios traigan de manera especificada los montos exactos de las deudas con todos los proveedores que hacen no solo relación a las empresas farmacéuticas, sino también todo lo que hace a salud. Debemos tener los números bien afinados", mencionó.

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No obstante, Ovelar aseguró que existe el compromiso por parte del Senado de aprobar la propuesta. “La ampliación presupuestaria no es un nuevo préstamo. Lo que nosotros tendremos que ver es como después calzar esto. Si vamos a recurrir a los recursos ordinarios del tesoro, probablemente no vamos a tener los montos“, puntualizó.

El senador señaló también que “pensar en una ampliación presupuestaria en donde la fuente de financiamiento será mayores recursos a través de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios es improbable, impensable, entonces tendríamos nosotros que analizar una reingeniería financiera. A la vez hablamos sobre las deudas que mantiene el Ministerio de Obras Públicas y esto también lo vamos a definir dentro de 15 días”.

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El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, presentaron el proyecto corredor Suroeste que conectará los departamentos de Misiones y Ñeembucú a través de una infraestructura vial, construida con pavimento de hormigón, que será financiada con aporte de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica). Ambos fueron a la Cámara Alta para formalizar la solicitud de aceptar el compromiso por valor de USD 286 millones.

La secretaria de Estado brindó detalles de la obra y explicó que contará con una extensión de 154 kilómetros, “más 25 kilómetros de travesía a los cascos urbanos”. La vía tendrá un alto componente logístico, considerando que será similar al corredor Bioceánico, conectando a Brasil, a través de los puentes sobre el Paraná, con el norte argentino.

Entre otras cosas, explicaron en conferencia de prensa que la ruta será construida con hormigón, por las características de suelo de la zona que será alcanzada. Además, citaron que esto permitirá beneficiar a empresas locales que producen la materia prima, entre otras cosas. La vía se extenderá desde la localidad de Yabebyry, en Misiones, hasta Pilar.

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Además, será la continuación de los corredores de exportación que se llevaron adelante en periodo anteriores, uniendo los departamentos de Alto Paraná con Itapúa. “Es la segunda etapa de lo que fue corredores de exportación, uniendo Alta Paraná, con Itapúa, que también fue financiado por la Jica, esa fue una obra que arrancó en el periodo del presidente Horacio Cartes, está totalmente concluida y genera una conectividad enorme con ese sector”, destacó Centurión.

Por otro lado, catalogó como un nuevo corredor Bioceánico a la obra, demandará una ejecución de 30 meses y que se espera iniciar en 2027, una vez conseguido el visto bueno del Congreso Nacional. “Con esto estamos completando lo que vendría a ser un nuevo corredor Bioceánico, porque desde Alto Paraná, con los puentes de la Integración y el de la Amistad, siguiendo este corredor vamos a llegar a la Argentina y consecuentemente a los puertos del Pacífico, con lo cual Paraguay está garantizando esta visión de integración y de convertirse en el hub logístico de toda América Latina”, valoró.

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La comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro, presidida por el senador Patrick Kemper, recibió al director general de Ciberseguridad y Protección de la Información del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Pedro Martínez, a fin de analizar las acciones impulsadas para fortalecer la seguridad informática en las instituciones públicas.

Durante el encuentro, los miembros del ente asesor abordaron la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y el Plan Nacional de Ciberseguridad, implementados por el Mitic tras los recientes ciberataques registrados en organismos del Estado. En ese contexto, el director general expuso las principales medidas adoptadas para reforzar la protección de la información y de la infraestructura tecnológica del sector público.

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Al término de la reunión, el presidente de la comisión, senador Patrick Kemper, señaló que el encuentro permitió conocer el alcance de los incidentes de ciberseguridad que afectaron a organismos estatales. Indicó que, de acuerdo con lo informado por el director Pedro Martínez, alrededor de cinco instituciones públicas fueron alcanzadas por ataques informáticos presuntamente perpetrados por grupos vinculados a “Chiquinap”.

Asimismo, explicó que el Mitic viene implementando diversas acciones para prevenir nuevos incidentes, entre ellas programas de capacitación, el fortalecimiento de los mecanismos de protección informática y la cooperación internacional con la República de China (Taiwán) y el Gobierno de los Estados Unidos.

El legislador agregó que la comisión solicitó al Mitic un informe detallado sobre los incidentes registrados, con el propósito de conocer el alcance de la vulneración, identificar la información comprometida y contar con datos precisos que permitan realizar el seguimiento correspondiente.

Kemper informó que la comisión volverá a convocar a representantes del Mitic en el mes de diciembre para evaluar los avances en la implementación de las medidas anunciadas.

Finalmente, señaló que, según lo expuesto por las autoridades del ministerio, muchos de los incidentes de ciberseguridad se originan por errores humanos, como el acceso de funcionarios a enlaces maliciosos, o por la falta de actualización de sistemas y servidores institucionales. Destacó la importancia de fortalecer las capacitaciones y promover una cultura de prevención en materia de seguridad informática.

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Continuando con el proceso de selección de los postulantes a los cargos de contralor y subcontralor general de la República, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, prosiguió este lunes las audiencias públicas, en las que recibieron a nueve candidatos para exponer sus propuestas y respondieron las consultas de los legisladores.

En la ocasión, se presentaron los postulantes Julián Fernando Domínguez, Luis Enrique Franco Bobadilla, Darío Araujo Prieto, Fernando Jhoni Báez Santacruz, Julio Mendoza Aquino, Liz Torres Laconich, Ariel Edmundo Gallardo Espínola, Angélica Ortiz y Jorge Miguel Ayala López. En tanto, Jacqueline Manuela Ramírez de Méndez no asistió a la audiencia.

En sus exposiciones, los postulantes coincidieron en la necesidad de fortalecer el rol de la Contraloría General de la República mediante una gestión más eficiente, transparente y orientada a la prevención. Entre los principales ejes planteados se destacaron el fortalecimiento del control preventivo, la modernización de los procesos de fiscalización, la optimización de los mecanismos de auditoría y un mayor acompañamiento a las instituciones públicas para prevenir irregularidades en la administración de los recursos del Estado.

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Asimismo, varios candidatos hicieron énfasis en la incorporación de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para mejorar los procesos de control, la transparencia en la gestión pública, el fortalecimiento de la credibilidad institucional y el diseño de mecanismos que contribuyan a una mayor eficiencia en la formulación y seguimiento de las políticas públicas en beneficio de la ciudadanía.

Al término de las exposiciones, el presidente de la comisión, senador Javier Zacarías Irún, valoró el nivel técnico de los postulantes y destacó que las propuestas presentadas constituirán un importante insumo para fortalecer el marco normativo de la Contraloría General de la República.

El legislador señaló que los aportes recogidos durante las audiencias permitirán impulsar, desde el Congreso Nacional, las modificaciones legales necesarias para dotar al órgano contralor de mayores herramientas que fortalezcan el cumplimiento de sus funciones.

Asimismo, resaltó el compromiso demostrado por los candidatos durante el proceso de evaluación. “Estamos escuchando atentamente cada exposición y tomando nota de los principales aportes. Más allá del desafío que representará seleccionar las ternas, todos los postulantes han demostrado una sólida preparación técnica y han realizado valiosos planteamientos que pueden contribuir al fortalecimiento de la Contraloría General de la República”, expresó el senador.

Por su parte, el director de la Comisión de Asuntos Constitucionales, abogado Humberto Fernández, informó que aún resta un grupo de postulantes por comparecer y que la convocatoria para la siguiente audiencia será definida entre este jueves o el próximo lunes.

Explicó que la comisión se encuentra recopilando la documentación y los antecedentes requeridos a los postulantes, entre ellos la actualización de sus legajos y las certificaciones de no haber sido objeto de sanciones o sumarios administrativos, en el caso de quienes se desempeñan o se hayan desempeñado en la función pública.

Una vez concluidas las audiencias públicas, la Comisión de Asuntos Constitucionales realizará una reunión ampliada para evaluar los antecedentes y las exposiciones de los postulantes, con el propósito de conformar las ternas que serán elevadas al Pleno de la Cámara de Senadores.

Cabe recordar que el mandato del actual contralor general, Camilo Benítez, y del subcontralor general, Augusto Paiva, culmina el 1 de noviembre de 2026. En ese marco, la comisión desarrolla el proceso de selección de candidatos que integrarán las ternas para la designación de las nuevas autoridades de la Contraloría General de la República.

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