El apoderado general del Partido Colorado, Eduardo González, indicó que plantear e impulsar una reforma de la Constitución Nacional será imposible en este momento teniendo en cuenta la actual clase política. El legislador aseguró que se requiere llegar a un acuerdo nacional.
“Mi temor es que con los autores políticos, en la forma en que estamos, yo no veo una posibilidad, porque para llegar a una Reforma Constitucional, que todos están planteando, eso implica un gran acuerdo nacional y para eso debe existir algunas pautas sobre las cuales uno debe trabajar, analizar, dialogar y yo no veo eso”, dijo mediante una entrevista en el canal Unicanal.
Los poderes del Estado
Por otra parte, el abogado afirmó que en los tres poderes del Estado, se visualiza una completa anarquía. “Veo mucha anarquía en prácticamente todos los poderes, un abuso. La Cámara de Senadores prácticamente actúa de forma ditactorial y con alianzas que se da con el Poder Ejecutivo y ocurre también en el Poder Judicial, a lo menos de un año de estar en el cargo, algunos ministros terminaron por declararse inamovibles”, comentó.
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Reformar la Carta Magna
El segundo del Poder Ejecutivo y aspirante a la presidencia de la República, Hugo Velázquez, había mencionado días atrás que en el caso de ser electo no descartar una reforma de la Carta Magna, bajo el argumento que ya transcurrió bastante tiempo de su promulgación y que las instituciones deben ser reformadas.
“Yo creo que es necesaria una Reforma Constitucional porque desde el 92 hay grandes diferencias, hay organismos que tenemos que reformarlos. No lo voy a hacer en el marco de mi gobierno, pero sí en conversación con todos los autores políticos y sociales”, indicó a través de una entrevista por el canal Telefuturo.
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Récord de afiliaciones en la ANR: más de 119.000 desde el inicio de la campaña
La Asociación Nacional Republicana (ANR) ya registra más de 119.000 nuevas afiliaciones desde el inicio de la campaña masiva impulsada por la Comisión de Juventud de la Junta de Gobierno, con apoyo de otras comisiones partidarias. Así lo informó el presidente de la Comisión de Juventud, José Rodríguez, quien valoró como “un rotundo éxito” la iniciativa que, según afirmó, superan ampliamente las metas iniciales.
De acuerdo con los datos proporcionados por Rodríguez, unas 6.000 personas completaron su afiliación a través de la plataforma digital. A esta cifra se suman más de 113.000 ciudadanos que lo hicieron mediante el formulario físico tradicional, alcanzando un total de 119.000 afiliaciones registradas hasta la fecha.
“Es una locura la cantidad de gente que se está sumando. Teníamos como pretensión inicial llegar a las 60.000 afiliaciones, pero ya pasamos ampliamente ese número y seguimos recibiendo solicitudes todos los días”, señaló Rodríguez en conversación con La Nación/Nación Media.
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La alta demanda llevó a que el plazo de la campaña se extendiera en varias oportunidades. “Todos los días nos piden un poco más de tiempo para poder afiliarse y presentar los documentos, porque todas las afiliaciones deben remitirse a la sede central, que está en Asunción”, explicó.
En ese contexto, Rodríguez comentó que recibieron múltiples pedidos de extensión desde el interior del país, y en particular, de comunidades chaqueñas. “Muchos amigos del Chaco nos pidieron que se extienda, e incluso hicimos la solicitud formal al presidente del partido, Horacio Cartes”, mencionó.
La iniciativa fue liderada por la Comisión de Juventud, pero contó con el respaldo de otras comisiones del partido. Rodríguez destacó que el trabajo coordinado entre los distintos sectores permitió abarcar un número considerable de localidades del interior, a pesar de que la formalización de las afiliaciones debe realizarse en la capital del país.
“El nivel de respuesta que tuvimos es inédito, no veo que otros partidos estén trabajando así de fuerte en afiliaciones”, sostuvo Rodríguez. Cabe mencionar que existe una nueva prórroga para la campaña, que la extiende hasta el próximo 18 de agosto.
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Reforma del transporte público: reducir tiempo y eliminar reguladas, principales objetivos
El proyecto de ley “que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la Ley 1590/2000, relativas al transporte público metropolitano de pasajeros”, cuenta con 122 artículos. Fue presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y la Cámara de Senadores estableció el 3 de setiembre para su tratamiento en el pleno legislativo. El documento ya ingresó a la Cámara Alta y fue derivado a las comisiones asesoras.
“Actualiza el marco institucional del sector de transporte, organiza la elaboración de políticas y planificación e instaura, para la prestación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros, nuevos principios rectores y un marco regulador con orientación a la calidad y bienestar de personas usuarias, promoviendo un servicio eficiente, seguro, accesible, sostenible e integrado para el desarrollo económico del país”, establece el primer artículo.
El órgano rector del Sistema Nacional de Transporte y el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo, referentes a las infraestructuras y servicios básicos para la integración y desarrollo económico, será el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
El Viceministerio de Transporte, en función desconcentrada, estará a cargo de la regulación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros. Se incluye a la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), y los municipios del área metropolitana.
Este proyecto de ley, impulsado por el Poder Ejecutivo, busca innovar el sistema del tansporte público, otorgando al usuario una movilidad 24/7; reducir el tiempo de espera; un menor gasto para el usuario; con viajes asegurados, seguridad y calidad. Como un servicio imprescindible, se apunta a la garantía de un servicio continuo y regular, erradicando las habituales reguladas.
Datos claves
- Reformas
La propuesta establece el diseño de un nuevo modelo operativo; la incorporación progresiva de buses eléctricos (1.000 unidades) y a diésel de bajas emisiones; mejoras significativas en la infraestructura vial como la renovación de la avenida Mariscal López, la duplicación del tramo Mariano Roque Alonso–Aeropuerto y obras en la ex Ruta 1 que contempla la implementación de carriles exclusivos y paradas renovadas.
- Innovaciones
Se establece separar la provisión de flota de la operación del servicio, estableciendo contratos diferenciados para evitar la dependencia de los operadores actuales en la adquisición de buses; por lo que el Estado contratará la flota y definirá que esos buses son bienes afectos al sistema.
Se pretende la incorporación de tecnología y mejorar la planificación urbana para transformar la experiencia del usuario.
También una integración tarifaria, monitoreo en tiempo real y que cada persona pueda saber desde su celular cuándo llega su bus.
Se incluirá incentivos para que más mujeres se sumen como conductoras.
- Concesiones (artículo 31)
1) Deberán otorgarse por medio de un contrato y previa licitación pública.
2) Serán por plazo determinado, contado a partir de la fecha de celebración del respectivo contrato.
3) Podrán ser gratuitas, onerosas o subvencionadas de conformidad con las políticas tarifarias aprobadas por el Poder Ejecutivo.
4) Serán otorgadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por intermedio del Viceministerio de Transporte, quien actúa en calidad de Concedente en representación del Estado.
5) Se suscribirán, para el caso del componente de operación, con sociedades de objeto específico, en carácter de concesionarios.
6) Se extinguirán por vencimiento del plazo contractual, por terminación anticipada atribuida a cualquiera de las partes, rescate, quiebra, concurso de acreedores, disolución y liquidación del concesionario, y por los demás hechos o circunstancias previstos en el contrato de concesión.
- Provisión de flotas
La flota para la prestación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros no podrá contar con buses de más de 15 años de antigüedad, computados a partir del año modelo de cada unidad. En caso de que una unidad supere este límite durante el periodo de prestación del servicio, deberá ser retirada y reemplazada por otra. El Viceministerio de Transporte podrá determinar la antigüedad promedio de la flota en los niveles que permitan una mayor estandarización del servicio en su conjunto. (Artículo 49).
El contrato de concesión para la prestación de los servicios de provisión de flota tendrá una duración máxima de 15 años. (Artículo 50).
- Tarifas
1) Asequibilidad: considerará la capacidad de pago promedio de las personas usuarias.
2) Equilibrio y Sostenibilidad: reflejará el monto necesario para remunerar los costos de operación que se le imputen en el diseño tarifario, para garantizar la eficiencia y sostenibilidad financiera.
3) Integración: incluirá los costos de los diversos servicios y modos de transporte público con el objeto de facilitar el logro de una sola tarifa al usuario o pasaje integrado incluyendo eventuales trasbordos.
4) Beneficios tarifarios: contemplará beneficios para grupos poblacionales específicos establecidos en leyes especiales tales como: estudiantes secundarios, personas adultas mayores y personas con discapacidad, entre otras.
5) Uso frecuente: considerará incentivos de uso del servicio de transporte público de pasajeros tanto para personas usuarias, con descuentos o exoneraciones a partir de montos determinados de gasto mensual en viajes, como para empresas, con la utilización de bonos o vales de transporte al personal, entre otros. (Artículo 64).
Fuente: MOPC
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Diputado Gamarra apoya plan del Ejecutivo para transformar el transporte público
El diputado Rodrigo Gamarra expresó su respaldo al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para la modernización del transporte público, señalando que se trata de una iniciativa largamente esperada por la ciudadanía. En la etapa de oradores, Gamarra valoró que la propuesta forma parte de un paquete más amplio de diez leyes orientadas a la modernización del Estado, el fortalecimiento institucional y la recuperación económica del país.
Durante su intervención, el legislador destacó que el sistema de transporte público “atraviesa su momento más crítico desde todo punto de vista”, con un nivel de insatisfacción generalizado. “Hoy nadie está conforme: el usuario no está conforme, el Estado no está conforme, los empresarios no están conformes con lo que tenemos”, afirmó.
Gamarra explicó que el proyecto del Ejecutivo no es improvisado, sino que es el resultado de un trabajo técnico que involucra a asesores, al Viceministerio de Transporte y a diversas instituciones, con el objetivo de generar un servicio más eficiente, más seguro y que represente un menor costo para los ciudadanos. “Se está pensando en un sistema que beneficie al usuario sin aumentar el pasaje”, recalcó.
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Una de las principales innovaciones contempladas en la iniciativa es la incorporación de buses 100 % eléctricos. El Estado será propietario de los vehículos, que serán entregados en concesión a las empresas prestadoras del servicio, bajo condiciones previamente pactadas a través de una licitación pública.
Entre ellas, el pago de un canon al Estado por la utilización de las unidades. “Esto no significa subsidiar a los transportistas, sino facilitar un modelo más transparente y beneficioso para el pasajero”, precisó el diputado.
Ante las críticas surgidas desde algunos sectores políticos, Gamarra advirtió sobre intentos de distorsionar el alcance del proyecto por intereses partidarios. “Cuando aparecen propuestas innovadoras como esta, siempre surgen los detractores y los oportunistas políticos. Por eso es importante aclarar las cosas”, subrayó.
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Reforma del transporte público será analizada por el Senado el 3 de setiembre
La Cámara de Senadores analizará el 3 de setiembre el proyecto impulsado por el Ejecutivo que plantea la reforma del transporte público metropolitano. La petición fue realizada a la plenaria por el presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez.
“La presentación de este proyecto de ley es un hecho transcendental a menos de dos años de gobierno del presidente de la Republica, Santiago Peña. Se pide un sistema de transporte público digno, que se reduzca los tiempos de espera por parte de los pasajeros, que los viajeros tengan certeza que los colectivos vendrán en sus respetivos horarios, que se genere un menor gasto y que haya más controles”, manifestó.
El parlamentario sostuvo: “Creo en la voluntad política del Congreso Nacional y del Senado, la ciudadanía ya no puede esperar un día más. Propongo que hagamos audiencias públicas, que escuchemos a los empresarios, a la sociedad civil organizada".
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La plenaria también aprobó que el tratamiento en código de la iniciativa comience el 27 de agosto. El tratamiento de código implica que las modificaciones deberán plantearse por escrito antes de su tratamiento en plenaria. El artículo 6 del reglamento interno de la Cámara Alta refiere que para su implementación se necesita de la aprobación de la mayoría.
El proyecto deberá ser distribuido inmediatamente de ser recibido en el Senado y los parlamentarios podrán presentar enmiendas por escrito dentro del plazo que el presidente del Senado determine en cada caso. Las comisiones a las que sean remitidas el proyecto tomarán cuenta de las enmiendas en sus fundamentos y acompañarán las mismas con sus dictámenes.
En el estudio en particular por el plenario del Senado se votarán sin discusión los artículos no objetados y solo podrán ser discutidos los artículos para lo que se haya observado el procedimiento indicado precedentemente y aquellos aconsejados por la comisión dictaminante.