El diputado liberal Carlos Silva se expresó con respecto a los organismos de control y su falta de atención a los municipios, su descargo lo hizo durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. Pide a las autoridades de la Contraloría General de la República, Fiscalía General y Secretaría Anticorrupción actúen de oficio ante denuncias que se dan en los cortes administrativos de los municipios.
Primeramente, cuestionó el escaso seguimiento y control que se da de las instituciones estatales que tienen como misión conocer el destino de los recursos que son administrados por los gobiernos municipales del país.
Espera que las instituciones actúen de oficio ante estos casos que se dan a conocer; “no entiendo cómo puede no llamar la atención de Contrataciones Públicas, la existencia de municipios que no tienen códigos de contrataciones”, puntualizó, finalmente.
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Considera que en la actualidad en las rendiciones de cuenta se dan movimientos llamativos que podrían ser indicios de malversación de fondos, especialmente, en dependencias como las cajas de jubilaciones del personal municipal; transferencias al cuerpo de bomberos; rendiciones a la Contraloría y otros.
Finalmente, el legislador mencionó que hoy, en los cortes administrativos de los diferentes municipios se declaran deuda de servicios básicos; “esto es claramente una malversación de fondos”, afirmó. Hay cuestionamientos que se dan a diferentes ámbitos municipales que no logran ser investigados ni por la Contraloría General de la República ni el Ministerio Público.
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Cifarma avanza con la cesión de créditos mientras Capaco busca otra alternativa
El Gobierno avanza en conversaciones con la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), para implementar un esquema de cesión de créditos por USD 300 millones, con el objetivo de cancelar parte de la deuda que mantiene con las empresas proveedoras de medicamentos e insumos del sistema público de salud, pasivo que ronda actualmente los USD 1.000 millones.
La propuesta consiste en que las empresas puedan ceder sus derechos de cobro a entidades financieras, obteniendo liquidez inmediata sin tener que esperar los plazos de pago del Estado. Posteriormente, el Gobierno cancelaría esas obligaciones directamente a la entidad que adquirió los créditos.
En conversación con La Nación/Nación Media, el secretario de Cifarma, Luis Ávila, señaló que el gremio considera que esta herramienta financiera representa una alternativa viable para aliviar la situación de las empresas del sector, que desde hace varios años enfrentan importantes retrasos en los pagos por parte del Estado.
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Explicó que el mecanismo permitiría recuperar liquidez, cumplir con proveedores internacionales y mantener el abastecimiento de medicamentos mientras continúa el proceso de regularización de la deuda pública.
No obstante, la propuesta no cuenta con el respaldo de todos los sectores. Desde la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) sostienen que la cesión de créditos o factoraje no constituye una solución adecuada para las empresas constructoras, ya que implica trasladarles el costo financiero de una obligación que corresponde exclusivamente al Estado.
El presidente de Capaco, José Luis Heisecke, explicó a La Nación que, si bien la cesión de créditos es una herramienta financiera válida en determinados escenarios, en este caso obliga a las empresas a aceptar descuentos sobre el valor de las acreencias para obtener liquidez inmediata, absorbiendo pérdidas derivadas de los atrasos en los pagos estatales.
En ese sentido, el gremio constructor insiste en que la salida debe pasar por un cronograma de pagos claro, transparente y sostenible, que contemple tanto la deuda principal como los intereses generados por la mora. Según Heisecke, contar con previsibilidad permitirá a las empresas normalizar su situación financiera, cumplir con proveedores y trabajadores, acceder nuevamente al crédito y reactivar las inversiones. La deuda del gobierno con las constructoras ronda los USD 350 millones, incluyendo el certificado de obras más los intereses acumulados.
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Proponen debatir la gestión de recursos del subsuelo para nuevo motor económico
La gestión de los recursos del subsuelo forma parte de la agenda económica del Gobierno. Al respecto, el presidente de la República, Santiago Peña, planteó la necesidad de abrir un debate sobre el aprovechamiento estratégico de ese patrimonio natural como una alternativa para diversificar la matriz productiva y generar nuevas oportunidades de crecimiento para el país.
El mandatario sostuvo que Paraguay debe comenzar a analizar cómo administrar de manera eficiente los recursos existentes bajo su territorio, en un contexto en el que la demanda mundial de minerales y materias primas estratégicas crece impulsada por la transición energética, el desarrollo tecnológico y la expansión de industrias de alto valor agregado.
La propuesta no implica un anuncio de medidas concretas ni el inicio inmediato de proyectos de explotación, sino el planteamiento de una discusión de largo plazo sobre el modelo de gestión que debería adoptar el país.
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Según explicó Peña, durante una visita al interior del país, el objetivo es estudiar experiencias internacionales y definir un esquema que permita convertir esos recursos en una fuente de desarrollo económico sin perder de vista la sostenibilidad y la seguridad jurídica.
El planteamiento cobra relevancia en momentos en que Paraguay busca posicionarse como un destino para inversiones vinculadas a sectores como los centros de datos, la inteligencia artificial, la manufactura avanzada y otras actividades intensivas en energía.
En ese escenario, el aprovechamiento responsable de los recursos del subsuelo podría convertirse en un nuevo componente de la estrategia nacional para ampliar la base productiva y reducir la dependencia de actividades tradicionales.
El debate también abre interrogantes sobre el marco regulatorio vigente. Una eventual política de desarrollo de los recursos minerales requerirá reglas claras para el otorgamiento de concesiones, mecanismos que garanticen transparencia en la administración de las riquezas naturales y criterios que permitan equilibrar el interés económico con la protección ambiental y el desarrollo de las comunidades donde eventualmente se desarrollen los proyectos.
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Diputados promueven primer proyecto para regular el uso de drones
En la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de ley que por primera vez busca establecer un marco jurídico integral para el uso de drones en el país, conocidos técnicamente como Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA) y Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS). Son firmantes del documento los diputados Diego Candia (ANR-Central); María Ida Cattebeke (ANR-Pdte. Hayes); Yamil Esgaib (ANR-Capital); Pedro Ortíz (ANR-Central); y Francisco Petersen (ANR-Boquerón).
La iniciativa es el resultado de una Mesa Técnica Interinstitucional que funcionó durante cuatro semanas, integrada por representantes de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno de Diputados, la Fuerza Aérea Paraguaya, la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), la Policía Nacional y la Dirección de Técnica Legislativa de la Cámara Baja, explican los proyectistas.
La normativa apunta a establecer el registro obligatorio de los drones ante la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), la Fuerza Aérea Paraguaya o la Digemabel, según el tipo de aeronave y su uso; así como la identificación electrónica remota (Remote ID), que permitirá rastrear en tiempo real la ubicación de cada equipo.
Otro aspecto destacado es la categorización de drones por peso y por tipo de operación, que van desde el uso recreativo hasta operaciones de seguridad y defensa. Igualmente, la habilitación de pilotos, con distintos niveles según la complejidad de la operación, y la creación de centros de instrucción supervisados por la Dinac; así como fijar zonas restringidas, como los alrededores de aeropuertos, instalaciones militares, centrales eléctricas, cárceles y zonas fronterizas, donde el vuelo de drones estará prohibido salvo autorización expresa.
Infracciones y neutralización
Un apartado importante aborda los sistemas de mitigación y neutralización, que quedarán bajo control de la Digemabel y la Fuerza Aérea, incluyendo la creación de un Sistema Integrado de Detección y Neutralización de Aeronaves Pilotadas a Distancia (Sidenrpa). Además de un régimen de sanciones, que clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, con multas, decomiso de equipos y suspensión o cancelación de habilitaciones, además de la posible remisión de casos a la justicia penal.
El proyecto “que regula el uso de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA) y Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS) en la República del Paraguay” define que Dinac se encargará de la regulación técnica y la habilitación de pilotos; la Fuerza Aérea Paraguaya, de la defensa del espacio aéreo; Digemabel, del control de los componentes de doble uso; la Policía Nacional, de la fiscalización en tierra; y el Mitic junto con Conatel, de la gestión del espectro radioeléctrico que utilizan estos equipos.
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Diputados instan a reabrir consulado paraguayo en Córdoba
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de declaración “Que insta al Poder Ejecutivo – Ministerio de Relaciones Exteriores, a adoptar las medidas necesarias para la reapertura del Consulado de la República del Paraguay en la Provincia de Córdoba, República Argentina”.
El proyectista fundamentó que la iniciativa parte de la necesidad de restablecer una representación consular en una de las provincias argentinas con mayor presencia de ciudadanos paraguayos.
Dijo que el cierre de la sede diplomática, ocurrido en el año 2024, dejó a miles de connacionales sin un acceso cercano a servicios esenciales brindados por el Estado paraguayo.
Se destaca que la reapertura del consulado permitirá garantizar una atención más eficiente a la colectividad paraguaya residente en Córdoba.
Entre los servicios prestados se menciona la expedición y renovación de documentos, la realización de trámites administrativos, la asistencia en situaciones de vulnerabilidad y el ejercicio efectivo de la protección consular.
Se remarca, igualmente, que la ausencia de una representación permanente obliga actualmente a los ciudadanos paraguayos a trasladarse hasta la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, ubicada a más de 400 kilómetros de Córdoba.
Esta situación implica importantes costos económicos, dificultades logísticas y demoras para acceder a servicios consulares básicos, refirió el diputado Cleto Giménez en la argumentación de su pedido que fue aprobado por el pleno.
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