La Cámara de Diputados incluyó en el orden del día de la sesión ordinaria del próximo martes el proyecto de ley “Acuerdo entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo al estatuto de las fuerzas”, o acuerdo SOFA, que ya cuenta con la aprobación del Senado.

La mesa directiva de Diputados se reunió la semana anterior con el encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Robert Alter, quien realizó las explicaciones y respondió a las dudas sobre los alcances del acuerdo con los Estados Unidos y Paraguay, relativo al Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en ingles). Tras esta reunión, los diputados acordaron tratar y aprobar el acuerdo de cooperación militar.

El documento fue suscrito el 15 de diciembre de 2025 en Washington entre Paraguay y Estados Unidos, que establece las condiciones bajo las cuales el personal militar y civil estadounidense podrá operar temporalmente en territorio paraguayo.

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Este acuerdo tiene como objetivo principal potenciar la lucha contra el crimen organizado transnacional en Paraguay, permitiendo potenciar las fuerzas de combate a través de una cooperación tecnológica, de capacitación y recursos.

El tratado establece de manera clara y precisa las condiciones jurídicas aplicables al personal militar y civil de los Estados que participe en territorio paraguayo en actividades de cooperación, previamente acordadas a través de las autoridades de Defensa Nacional.

También se establecen los términos en que estas personas podrán abarcar el entrenamiento conjunto de las fuerzas de seguridad, la asistencia militar, el fortalecimiento de las capacidades de defensa nacional y otras acciones mutuamente consensuadas, siempre en beneficio directo de la seguridad y el bienestar de la ciudadanía paraguaya.

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La Comisión Permanente del Congreso Nacional realizará mañana miércoles su última sesión con un total de 72 puntos en el orden del día. La convocatoria se encuentra prevista para las 9:30.

Los puntos a tratar por los diputados y senadores en su mayoría guardan relación con pedidos de informes a instituciones como la Administración Nacional de Electricidad, al Ministerio de Educación y Ciencias, al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, entre otras dependencias del Estado. También requieren informes a instituciones encargadas del sistema de justicia como el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La Comisión Permanente entró en vigencia el pasado 21 de diciembre y culminará sus funciones el próximo 1 de marzo. De esta manera ambas cámaras del Congreso Nacional así como las diferentes comisiones asesoras retornarán a sus sesiones y reuniones ordinarias.

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El bloque bicameral ha mantenido unas intensas actividades durante el presente receso parlamentario centrándonse en analizar la crisis financiera y sanitaria del Instituto de Previsión Social (IPS), impulsar el debate sobre el proyecto ejecutivo de Reforma de la Caja Fiscal y el tren de Cercanías.

La Comisión Permanente tuvo como deberes y atribuciones el velar por la observancia de la Constitución y de las leyes; dictar su propio reglamento; convocar a las cámaras a sesiones preparatorias, con el objeto de que la apertura anual del Congreso se efectúe en tiempo oportuno; convocar y organizar las sesiones extraordinarias de ambas cámaras, autorizar al mandatario durante el receso del Congreso Nacional, a ausentarse temporalmente del territorio nacional.

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El presidente de la Cámara de Senado­res, Basilio Núñez, sostuvo que desde la ins­titución legislativa están abiertos a aplazar un poco más el tratamiento del pro­yecto de reforma de la Caja Fiscal, previsto para el 25 de marzo, con el objetivo de seguir conversando con los diferentes gremios y lle­gar a un acuerdo sobre las modificaciones que puedan ser incluidas, ya que la san­ción automática da un plazo hasta junio.

“No estamos cerrados a propuestas de postergar sine die (sin fecha), no sig­nifica que nosotros poster­gamos para que se trate el último día, sine die signi­fica ponerse de acuerdo en mesa directiva o en plena­ria y tratar la semana que viene, o se trata en abril, en mayo”, explicó el legislador en entrevista con la 780 AM.

Sin embargo, señaló que existe un plazo para con­cluir el circuito legislativo de este proyecto. “Nosotros tenemos un plazo, creo que en junio fenece el plazo, por­que a partir de marzo ter­minado el receso, empieza también la cuenta regresiva para que no tenga sanción ficta”, mencionó el legislador

Núñez explicó que con la san­ción ficta quedará el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. “Adelanto, tam­bién, nosotros no vamos a jugar a la sanción ficta por­que queremos que sea la ver­sión Diputados, nosotros y previa a la sesión con dife­rentes sectores de senadores, de diferentes partidos, estu­vimos en comunicación con los sectores, entonces ahora la idea es qué modificaciones se pueden incluir para que la ley sirva verdaderamente”, refirió.

Por otra parte, sostuvo que mientras más se dilate el tratamiento de esta inicia­tiva del Poder Ejecutivo, el Estado sigue perdiendo y el déficit en la Caja Fiscal sigue creciendo y se estima que, para este 2026, llega­ría a unos USD 400 millo­nes. “Nosotros estamos en receso, pero el déficit no está en receso, si uno hace una cuenta matemática y exac­tamente este año estamos perdiendo 10.000 millo­nes guaraníes por día, bien hecho ese cálculo, 40 millo­nes de dólares por mes, y más de 400 millones de dólares, 450 creo, en este año 2026 va a ser el saldo negativo, el saldo en rojo, el déficit, que vamos a tener este año”, con­cluyó el titular legislativo.

“Yo no soy un jubilado VIP, yo soy un aportante VIP y todos los que estamos ahora en ejercicio somos aportantes VIP”, sostuvo el titular del Congreso.

El presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, anunció que propondrá a sus colegas tratar primero la eli­minación del aporte esta­tal a la Caja Parlamentaria antes que el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Dipu­tados, cuyo estudio en el Senado quedó postergado para el 25 de marzo. “Para tener una empatía con la gente fui el primero que dijo: si nosotros vamos a tocar la Caja Fiscal donde de alguna forma se está poniendo 900 millones de dólares, vamos a empezar por casa”, señaló a la 1080 AM. El senador colorado afirmó que la Caja Parlamen­taria maneja cinco millones de dólares y debe dar el ejem­plo. “Y ahí nosotros propusi­mos eliminar el aporte esta­tal. Que diga en un articulado: ya no más, va a ser una espe­cie de caja privada”, expresó.

El titular del Senado reveló que muchos de sus colegas rehúsan analizar la modifi­cación de la Caja Fiscal por­que “no quieren tratar la Caja Parlamentaria”.

“Yo no soy un jubilado VIP, yo soy un aportante VIP y todos los que estamos ahora en ejercicio somos aportantes VIP”, sostuvo. El congresista comentó que cuando se desem­peñó como diputado ya le saca­ban un 22 % de su dieta. “Y yo decía tengo que meter un poco de política. Yo le estoy pagando al papá de Kattya González, así como ellos pueden decir que están pagando a otro colo­rado. Yo quiero dejar de ser aportante VIP y no quiero ningún privilegio. Por eso dije vamos a eliminar definitiva­mente el aporte estatal”, signi­ficó. En este punto, el médico y político colorado anunció que propondrá a sus pares priorizar el tratamiento de la Caja Par­lamentaria y luego la Fiscal. “Nosotros vamos a proponer tratar primero la Caja Parla­mentaria y después la Caja Fis­cal”, manifestó Nüñez.

La Comisión Permanente del Congreso Nacional, presidida por el senador Colym Soroka, recibió este martes al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, en el marco de su primera sesión ordinaria del año. El encuentro tuvo como objetivo central dar continuidad al análisis del proyecto de ley De la Reforma de la Caja Fiscal, una iniciativa que busca reorganizar el sistema previsional estatal ante su creciente déficit.

Al término de la reunión el senador Colym Soroka manifestó que el debate debe ampliarse a todas las cajas jubilatorias especiales, incluyendo la Caja Parlamentaria.

“Desde el primer día dije que el sistema de jubilación parlamentaria se debe eliminar. Yo creo que se debe empezar por casa, y que se deben tocar todas las cajas jubilatorias”, afirmó el legislador, señalando la necesidad de que la reforma sea integral y que los propios legisladores den el ejemplo en materia de austeridad previsional.

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En tanto, el ministro Fernández Valdovinos, explicó que sin una verdadera reforma de la Caja Fiscal, el escenario sería crítico. Indicó que sin esta reforma, los recursos recaudados mediante impuestos no podrán destinarse a áreas prioritarias como salud, educación e infraestructura, ya que seguirán siendo absorbidos por el déficit previsional.

“El Estado tuvo la necesidad de realizar un salvataje de la Caja Fiscal y, en paralelo, mantiene deudas acumuladas con empresas constructoras, así como con proveedores de alimentos y medicamentos”, explicó el titular de Economía, evidenciando el impacto que esta situación genera en otras áreas del gasto público.

En un revelador análisis, Fernández Valdovinos comparó el esfuerzo recaudatorio con el agujero previsional: “La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) logró un incremento en la recaudación de impuestos de alrededor de 400 millones de dólares. Es decir que el esfuerzo que hizo esta institución equivale prácticamente al total del déficit de la Caja Fiscal, lo que significa que básicamente trabajó en vano”, remarcó.

Esta comparación ilustra cómo el sistema previsional público está consumiendo recursos que podrían destinarse al desarrollo de políticas públicas y mejora de servicios esenciales.

La propuesta de ley continúa en análisis en la Comisión Permanente, donde se esperan nuevas audiencias con otros actores involucrados antes de su eventual tratamiento en sesión plenaria.

En tanto, el diputado Raúl Latorre, presidente de la Cámara Baja, destacó la iniciativa de la Comisión Permanente que ha iniciado de forma inmediata un circuito de debates para escuchar a todas las partes involucradas, tanto desde el sector proponente que es el Poder Ejecutivo, representados en la persona del ministro de Economía; como también de los diferentes gremios que serán afectados.

“El diálogo debe ser agotado y se debe escuchar a todos los sectores. Se ha iniciado una ronda de debates y este es el camino acertado, yo apuesto a la generación de un consenso. No existe en este momento una fecha para su tratamiento. Estoy esperanzado a que se llegue a un acuerdo”, expresó.

Insistió que no existe aún fecha para su estudio en la Cámara de Diputados donde fue derivado el proyecto de Ley; señalando que espera que el camino de debate y diálogo lleve a un gran consenso entre las partes. No obstante, indicó que en este momento quienes tienen la potestad de convocar al plenario de alguna de las cámaras legislativas es la Comisión Permanente.

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