El titular del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) Alfredo Mongelós defendió la decisión de liberar los recursos de la institución a través del Presupuesto General de la Nación para el año 2022. Esto significa que ya no contará con la supervisión del Ministerio de Trabajo a la hora de usar el dinero.
Un grupo de diputados pidió incluir al Sinafocal para que sus recursos sean autónomos. Esto pone en alerta a algunos gremios porque son fondos del aporte patronal lo que corren riesgos de ser malversados. Primeramente el director aclaró que las cuentas del Ministerio de Trabajo, de Sinafocal y el SNPP son totalmente diferentes. Indicó que los recursos del Ministerio provienen del Fondo 10, a diferencia del Sinafocal y el SNPP cuyos presupuestos provienen directamente del aporte patronal.
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Sostiene que se llevó a cabo un debate técnico desde hace 2 años para que la Unidad de Administración Financiera del SNNP y Sinafocal sean las dependencias que se encarguen de la administración de sus recursos, sin ser manejadas desde el Ministerio de Trabajo.
Pero Mongelós asegura que “los recursos del Sinafocal están blindados por la Ley 1657, en el artículo 7, donde dice en qué se pueda utilizar; si se utiliza en algo que no corresponde automáticamente va en contra de la ley”, sostuvo.
La institución dependiente del Ministerio dirigido por Bacigalupo está a cargo de Alfredo Mongelós, quien fuera acusado a comienzos de este año, según una investigación de este medio, de supuestas millonarias transferencias de dinero realizadas a onegés y que también beneficiaron a ciertos sindicatos de trabajadores.
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Ministerio de Trabajo y Defensa Pública asistirán a trabajadores de ueno bank y del Grupo Vázquez
La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, solicitó la designación de defensores públicos especializados en materia laboral y la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional para facilitar el acceso a la justicia y proteger los derechos de los trabajadores de las empresas vinculadas a ueno bank y el Grupo Vázquez.
El Ministerio de Trabajo solicitó formalmente al Ministerio de la Defensa Pública (MDP) la articulación de acciones urgentes para brindar asistencia jurídica gratuita a los trabajadores afectados por la situación de Ueno Bank y sus empresas vinculadas.
La solicitud fue remitida al defensor general, Javier Dejesús Esquivel González, mediante la Nota MTESS N.º 621/2026, ante la necesidad de garantizar que los trabajadores puedan acceder oportunamente a representación legal para reclamar sus haberes y resguardar sus derechos laborales.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el MTESS, las empresas vinculadas a ueno bank emplean a aproximadamente 5.000 trabajadores, cuya situación laboral se ha visto comprometida tras el inicio del procedimiento de resolución bancaria dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP).
Durante los operativos de inspección y fiscalización realizados el 5 de noviembre, el Ministerio constató situaciones de cierre de establecimientos, falta de ocupación efectiva de trabajadores y ausencia de procedimientos formales de desvinculación laboral, así como dificultades para identificar a representantes patronales que respondan ante la autoridad administrativa del trabajo.
A esta situación se suma la falta de disponibilidad de recursos económicos de los trabajadores afectados, quienes enfrentan dificultades para percibir sus salarios y acceder a sus ahorros, lo que limita también sus posibilidades de contratar asesoramiento jurídico particular.
Asistencia jurídica gratuita
Ante este escenario, el MTESS solicitó al Ministerio de la Defensa Pública la designación de defensores del fuero laboral o la conformación de un equipo especializado que pueda asumir el patrocinio jurídico gratuito de los trabajadores que lo requieran.
Esta intervención permitirá facilitar la promoción de acciones judiciales y la solicitud de medidas cautelares destinadas a resguardar los créditos laborales y evitar que el patrimonio de las empresas empleadoras pueda verse disminuido o comprometido antes de que los trabajadores hagan efectivos sus derechos.
El Ministerio recordó que, conforme al artículo 247 del Código del Trabajo, los créditos de los trabajadores tienen carácter singularmente privilegiado, por lo que resulta fundamental promover oportunamente los mecanismos legales para su protección.
Mesa de trabajo
Como parte de esta articulación, la cartera laboral también propuso conformar una mesa de trabajo interinstitucional con el Ministerio de la Defensa Pública, con el objetivo de establecer un protocolo de derivación y criterios comunes de actuación.
Este mecanismo permitirá que los trabajadores atendidos por el MTESS, cuyos casos requieran intervención judicial, puedan ser derivados de manera ágil a los defensores públicos para recibir representación legal y promover las acciones correspondientes.
La solicitud contempla que estas medidas sean implementadas con carácter urgente, atendiendo a la situación de vulnerabilidad económica y laboral que atraviesan las personas afectadas.
Paralelamente, el Ministerio de Trabajo continúa brindando atención, orientación y asesoramiento laboral a los trabajadores de ueno bank y de sus empresas vinculadas, además de desarrollar procedimientos de fiscalización para verificar las condiciones laborales y reunir información sobre la situación de las empresas.
La articulación con la Defensa Pública busca complementar estas actuaciones administrativas con mecanismos de protección judicial, de manera que los trabajadores cuenten con asistencia institucional tanto para la defensa de sus derechos como para la recuperación de los haberes que legalmente les correspondan.
El objetivo es evitar que la falta de recursos económicos se convierta en un impedimento para acceder a la justicia y reclamar los derechos laborales.
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Certificación laboral busca facilitar la contratación y reconocer la experiencia de los trabajadores
La experiencia adquirida en el trabajo cotidiano puede convertirse en una herramienta para acceder a nuevas oportunidades laborales. En ese contexto, el reconocimiento formal de los conocimientos y habilidades de los trabajadores representa una alternativa para fortalecer los procesos de selección de personal y acercar las capacidades disponibles a las necesidades de las empresas.
Con ese objetivo, el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal), dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), y la Unión Industrial Paraguaya (UIP), a través de su Club Mipymes, presentaron el Modelo de Certificación de Competencias Laborales, una iniciativa dirigida a empresas de reclutamiento, bolsas de empleo y profesionales de recursos humanos.
La propuesta apunta a reconocer oficialmente las habilidades, saberes y destrezas de las personas, incluso cuando fueron adquiridos mediante la experiencia práctica y no a través de una formación académica tradicional. De esta manera, los trabajadores podrán contar con un respaldo que acredite sus capacidades y que a su vez, pueda ser considerado por las empresas durante sus procesos de contratación.
La presentación se realizó el miércoles 4 de noviembre, en la sede de la UIP, con la participación del secretario técnico del Sinafocal, Alfredo Mongelós, y la vicepresidenta de Cooperación Técnica y Fortalecimiento de Mipymes de la UIP, María José Espínola, además de empresarios, emprendedores y representantes vinculados al ámbito laboral.
Durante el encuentro se dieron a conocer los principales componentes del modelo, entre ellos la metodología utilizada para evaluar y acreditar los conocimientos de los trabajadores, los perfiles profesionales que ya están habilitados para acceder a la certificación y las posibilidades de incorporar este reconocimiento como un criterio de valor en las convocatorias de empleo.
La iniciativa también busca fortalecer la articulación entre las instituciones públicas, el sector industrial y las empresas dedicadas a la intermediación laboral. En ese sentido, las bolsas de empleo y las firmas de reclutamiento cumplen un papel importante para vincular a quienes buscan trabajo con las organizaciones que necesitan incorporar personal.
Con este mecanismo, se pretende reducir la distancia entre los perfiles disponibles en el mercado laboral y los requerimientos técnicos y operativos de las empresas, al tiempo de brindar mayor confianza y precisión en la selección de candidatos. La certificación permite además, dar visibilidad a capacidades que muchas veces permanecen sin reconocimiento formal, pese a haber sido desarrolladas durante años de experiencia.
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Ministerio de Trabajo pide a empleados de ueno bank no renunciar y garantiza acompañamiento laboral
La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, aseguró que los trabajadores de ueno bank tendrán prioridad en el proceso de liquidación y pidió a los funcionarios de las empresas vinculadas al grupo que no presenten renuncias ni acepten presiones para abandonar sus puestos. La autoridad afirmó que el Gobierno acompañará a los afectados y que existen herramientas legales para garantizar el cobro de sus haberes e indemnizaciones.
Durante un encuentro con los trabajadores afectados por la situación del grupo, Recalde anunció que el Ministerio emitirá resoluciones nominales para que los empleados también cuenten con créditos privilegiados en los eventuales procesos de disolución y quiebra, conforme a lo establecido en el Código del Trabajo. Esto permitirá que, en caso de cierre y liquidación de las empresas, puedan reclamar los salarios pendientes y demás beneficios sociales que les correspondan.
“No sean sometidos, no acepten ninguna coacción para renunciar en estos momentos”, enfatizó la ministra, al señalar que mantener la relación laboral es un aspecto importante para determinar las acciones posteriores de la cartera estatal. Asimismo, anunció que ordenará a los inspectores del trabajo constituirse en las distintas empresas para verificar si efectivamente se produjo el cierre de las operaciones.
En cuanto a las solicitudes de suspensión de contratos por 90 días, Recalde informó que hasta el momento solamente una empresa del sector de medios notificó su intención, aunque todavía no presentó toda la documentación requerida, como balances y estados financieros. Aclaró que la decisión de aceptar o rechazar la suspensión corresponde exclusivamente al Ministerio y que, si no se autoriza, las empresas deberán proceder al pago de las liquidaciones correspondientes.
La ministra también estimó que aproximadamente 6.000 trabajadores podrían estar afectados por los cierres de las empresas vinculadas al grupo, aunque precisó que todavía deben identificar a quienes figuran en las nóminas y a aquellos que no están registrados. En ese sentido, pidió a los empleados proporcionar sus datos para facilitar el relevamiento y determinar con mayor precisión el alcance del impacto laboral.
Respecto a la cobertura de salud, explicó que los trabajadores cuyos contratos sean suspendidos continuarán contando con el seguro médico del Instituto de Previsión Social (IPS), aunque recordó que Paraguay no dispone de un seguro de desempleo. Por otra parte, indicó que los trabajadores que aportan a la Caja Bancaria formarían parte del grupo vinculado al banco, cuyos procesos de liquidación comenzarían la próxima semana, aunque señaló que se debe verificar la situación de las corresponsalías no bancarias.
Finalmente, Recalde aclaró que el pago de los depósitos a través del Fondo de Garantía de Depósitos es independiente de los derechos laborales. Por lo tanto, los funcionarios que tenían cuentas en ueno bank podrán recuperar sus ahorros y salarios depositados, al igual que los demás ahorristas, sin que su condición de trabajadores represente una exclusión.
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Fideicomiso, cimientos de confianza
Esta figura permite separar los bienes de un proyecto del patrimonio de sus participantes, ordenar los aportes de capital y establecer reglas para administrar los recursos. La notaria pública Annabel Villalba explica sus ventajas, alcances y aspectos importantes antes de invertir.
El fideicomiso inmobiliario gana cada vez más relevancia como alternativa para estructurar negocios, atraer inversores y brindar mayor previsibilidad a los proyectos de construcción. En Paraguay, está regulado por la Ley N.º 921/1996, de Negocios Fiduciarios, y por las disposiciones del Banco Central del Paraguay (BCP). La notaria pública Annabel Villalba señaló que su principal característica es la constitución de un patrimonio autónomo, separado tanto de los bienes de quien los aporta como de los de la entidad que los administra.
Pero, ¿cómo funciona y quiénes participan? El mecanismo consiste en transferir un terreno, dinero u otros bienes a un fiduciario, que los administra para cumplir una finalidad establecida en un contrato. Esta función está reservada a bancos, financieras y empresas fiduciarias autorizadas y supervisadas por el BCP.
A diferencia de una compra tradicional en pozo, en la que el comprador paga directamente al desarrollador, en el fideicomiso los fondos ingresan a cuentas propias del negocio y solo pueden utilizarse para el objetivo pactado. “El fideicomiso es una forma de ordenar la confianza”, acotó Annabel.
De esta manera, el desarrollador puede sumar inversores o propietarios de terrenos, mientras que quienes aportan capital conocen el destino previsto de sus recursos.
Más opciones para financiar obras. El fideicomiso no presta dinero, sino que facilita la organización de aportes provenientes de distintas fuentes, como terrenos, inversores, cuotas de preventa y créditos. También puede estructurarse como garantía para respaldar una financiación bancaria.
La separación patrimonial constituye una protección relevante, ya que los bienes afectados al negocio no quedan expuestos a los acreedores particulares de quien los aportó. Además, los fondos deben mantenerse en cuentas identificadas identificadas, cada fideicomiso lleva su propia contabilidad y el fiduciario debe informar al menos trimestralmente.
En proyectos de construcción, también se contemplan controles sobre el terreno, su tasación, la solvencia del constructor y las condiciones financieras para completar la obra. Los desembolsos pueden vincularse al avance y la fiscalización debe estar a cargo de un profesional independiente.
Costos y decisiones antes de invertir. Constituir un fideicomiso implica honorarios de estructuración y administración, además de gastos de escrituración, registros y tasaciones. La operación debe analizarse también desde el punto de vista tributario, porque el tratamiento depende de la naturaleza de los aportes y de los beneficiarios.
La especialista recomienda evaluar la escala del proyecto, la entidad fiduciaria, la situación jurídica del inmueble y las condiciones del contrato. También es importante distinguir entre proyectos a precio fijo, en los que el desarrollador asume los desvíos de costos, y aquellos al costo, donde estos pueden recaer sobre los compradores.
El fideicomiso, advirtió, no elimina todos los riesgos ni garantiza que una obra termine según lo previsto. Por eso, comprender las obligaciones de cada parte y los mecanismos previstos ante incumplimientos resulta esencial para proteger la inversión.