Luego del rechazo en mayoría al proyecto que pretendía la expropiación de la Estancia Pindó, ubicada en el departamento de Canindeyú, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Pedro Galli, manifestó su satisfacción con el resultado que se logró en la Cámara Alta. Indicó que era lo que estaban esperando, porque se trataba de una situación muy difícil de justificar, una legislación que confrontaba a varias otras leyes incluso la Constitución misma.
En comunicación con La Nación, el titular de la ARP manifestó que desde el gremio estuvieron abogando por el rechazo de la propuesta del Frente Guasú, porque si se llegaba a aprobar se estaría legalizando delitos de invasiones, ambientales, y otros.
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“Estaba claro que el Estatuto Agrario no permite que sean expropiadas propiedades a favor de invasores. Entonces, en el Senado se hizo lo que se tenía que hacer. Hubiera sido un pésimo precedente que se apruebe la expropiación de una propiedad privada para favorecer a invasores que son delincuentes y que están cometiendo graves delitos ambientales”, comentó el empresario ganadero.
Asimismo, Galli indicó que ahora lo que corresponde es que las instituciones responsables hagan cumplir la ley, atendiendo a que la invasión de la Estancia Pindó ya lleva 9 años de ocupación ilegal y hasta ahora no se pudo llevar adelante las varias órdenes de desalojo.
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No obstante, indicó que se debe resolver el problema social que implica el desalojo, señaló que es responsabilidad del Estado, buscar una solución al problema de la tierra. “El Estado cuenta con otras propiedades que puede otorgar, pero no una propiedad privada que fue invadida, deforestada, atacada por personas que fueron violentas quemando casas, maquinarias, atacando a los dueños. Esperamos que las instituciones que tienen a su cargo hacer cumplir la ley lo haga”, concluyó.
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