“No se puede alentar la industria de la invasión”, dice senadora sobre proyecto de expropiación
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La senadora Georgia Arrúa afirmó que proyectos como el que se encuentra en el Senado, que busca expropiar un establecimiento privado, específicamente la estancia Pindó, tiene que ser tratado y rechazado, para poner fin a las invasiones de la propiedad privada.
Comentó que este tema está dormido hace mucho tiempo en la Cámara Alta, por lo que solicitó que sea estudiado, para no generar falsas expectativas en la gente que considera que las invasiones pueden ser una forma de conseguir tierras en Paraguay.
“Yo solicité que tratáramos este proyecto. Está dormido desde hace mucho tiempo, entonces, le genera a la gente una expectativa. Yo pongo mucho en duda la buena fe en las invasiones, así que esto tiene que ser tratado y rechazado”, señaló a la 800 AM al referirse al inmueble ubicado en el departamento de Canindeyú.
La legisladora manifestó que desde la Cámara Alta no se puede “alentar la industria de la invasión ni convertir esa acción en un medio de adquisición de inmuebles”.
Consultada sobre las medidas que se deberían tomar para desalentar las invasiones, la parlamentaria patriaqueridista dijo que con este tipo de acciones (rechazo del proyecto) se buscará enviar un mensaje claro a la ciudadanía para que no sea engañada.
“En zonas urbanas en las que se invaden propiedades porque no tienen título o si no te dicen que es tierra mal habida y quién te determina? Si se va a determinar la tierra mal habida debe tener un título que debe ser anulado”, puntualizó.
Dijo que en el caso puntual de la estancia Pindó la zona ocupada fue deforestada y cuenta con plantaciones de marihuana. “Es una barbaridad que no se ponga punto final a este tipo de acciones”, dijo y dejó claro que la postura de la bancada del PPQ es votar por el rechazo de la iniciativa legislativa impulsada por los senadores del Frente Guasu.
Apuntan a dirigentes políticos por ocupación irregular de tierras
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Invasores de una urbanización ubicada entre los municipios de Ypacaraí y San Bernardino señalaron a un concejal y a su primo como los supuestos responsables de que estén en el lugar. Se trata de unazona estratégica, en el acceso a San Bernardino, cercana al Museo Aviadores del Chaco y al aeroclub local, de alta concurrencia internacional.
La invasión de estas tierras ya se arrastra desde hace varios años; sin embargo, desde la semana pasada se viene denunciando que más personas llegaron a la urbanización para asentarse, esto, con ayuda de políticos y opositores que ocupan cargos públicos.
De acuerdo al relato de una de las ocupantes, llegó al sitio de la mano del concejal de San Bernardino, Arnaldo Vera, del Partido Popular Tekojoja (PPT). Actualmente, se identifica como independiente.
“Yo, por Hugo Vera entré, y después Arnaldo Vera, nos llevó inclusive a Ypacaraí, nos hizo todo el traslado de votación, él en su propio auto”, refirió la ocupante a la 1020 AM. Afirmó que no son “invasores”, ya que llegaron hasta ahí con el “permiso” del concejal Vera y su familiar Hugo Vera.
Incluso, expusieron audios del concejal, esto, pese a que él mismo negó conocerlas. “El dice que no nos conoce, pero tenemos audios de él”, refirió una de las ocupantes.
Revelaron que el familiar del concejal que les llevó hasta las tierras, Hugo Vera, cuenta con una causa por abuso y que esto habría derivado en que los “dejaran de lado”.“Arnaldo Vera comenzó a alejarse y dejó de apoyarnos, esa es la realidad, no quería que su primo vaya a la cárcel porque le iba a caer mal por estar metido en la política”, precisó la mujer a la 1020 AM.
De acuerdo con vecinos, la primera invasión se registró a inicios del 2023, aunque con menor cantidad de ocupantes. En aquel momento, autoridades municipales habrían prometido analizar la situación legal del inmueble, pero no se llegó a una solución definitiva y ahora están padeciendo una segunda invasión.
Recuerdan que ley de Caja Fiscal tendrá sanción automática en junio
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El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, sostuvo que desde la institución legislativa están abiertos a aplazar un poco más el tratamiento del proyecto de reforma de la Caja Fiscal, previsto para el 25 de marzo, con el objetivo de seguir conversando con los diferentes gremios y llegar a un acuerdo sobre las modificaciones que puedan ser incluidas, ya que la sanción automática da un plazo hasta junio.
“No estamos cerrados a propuestas de postergar sine die (sin fecha), no significa que nosotros postergamos para que se trate el último día, sine die significa ponerse de acuerdo en mesa directiva o en plenaria y tratar la semana que viene, o se trata en abril, en mayo”, explicó el legislador en entrevista con la 780 AM.
Sin embargo, señaló que existe un plazo para concluir el circuito legislativo de este proyecto. “Nosotros tenemos un plazo, creo que en junio fenece el plazo, porque a partir de marzo terminado el receso, empieza también la cuenta regresiva para que no tenga sanción ficta”, mencionó el legislador
“DÉFICIT NO ESTÁ EN RECESO”
Núñez explicó que con la sanción ficta quedará el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. “Adelanto, también, nosotros no vamos a jugar a la sanción ficta porque queremos que sea la versión Diputados, nosotros y previa a la sesión con diferentes sectores de senadores, de diferentes partidos, estuvimos en comunicación con los sectores, entonces ahora la idea es qué modificaciones se pueden incluir para que la ley sirva verdaderamente”, refirió.
Por otra parte, sostuvo que mientras más se dilate el tratamiento de esta iniciativa del Poder Ejecutivo, el Estado sigue perdiendo y el déficit en la Caja Fiscal sigue creciendo y se estima que, para este 2026, llegaría a unos USD 400 millones. “Nosotros estamos en receso, pero el déficit no está en receso, si uno hace una cuenta matemática y exactamente este año estamos perdiendo 10.000 millones guaraníes por día, bien hecho ese cálculo, 40 millones de dólares por mes, y más de 400 millones de dólares, 450 creo, en este año 2026 va a ser el saldo negativo, el saldo en rojo, el déficit, que vamos a tener este año”, concluyó el titular legislativo.
Proponen priorizar estudio de la Caja Parlamentaria
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, pide a sus colegas priorizar estudio de la Caja Parlamentaria
“Yo no soy un jubilado VIP, yo soy un aportante VIP y todos los que estamos ahora en ejercicio somos aportantes VIP”, sostuvo el titular del Congreso.
El presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, anunció que propondrá a sus colegas tratar primero la eliminación del aporte estatal a la Caja Parlamentaria antes que el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, cuyo estudio en el Senado quedó postergado para el 25 de marzo. “Para tener una empatía con la gente fui el primero que dijo: si nosotros vamos a tocar la Caja Fiscal donde de alguna forma se está poniendo 900 millones de dólares, vamos a empezar por casa”, señaló a la 1080 AM. El senador colorado afirmó que la Caja Parlamentaria maneja cinco millones de dólares y debe dar el ejemplo. “Y ahí nosotros propusimos eliminar el aporte estatal. Que diga en un articulado: ya no más, va a ser una especie de caja privada”, expresó.
ALGUNOS SE REHÚSAN
El titular del Senado reveló que muchos de sus colegas rehúsan analizar la modificación de la Caja Fiscal porque “no quieren tratar la Caja Parlamentaria”.
“Yo no soy un jubilado VIP, yo soy un aportante VIP y todos los que estamos ahora en ejercicio somos aportantes VIP”, sostuvo. El congresista comentó que cuando se desempeñó como diputado ya le sacaban un 22 % de su dieta. “Y yo decía tengo que meter un poco de política. Yo le estoy pagando al papá de Kattya González, así como ellos pueden decir que están pagando a otro colorado. Yo quiero dejar de ser aportante VIP y no quiero ningún privilegio. Por eso dije vamos a eliminar definitivamente el aporte estatal”, significó. En este punto, el médico y político colorado anunció que propondrá a sus pares priorizar el tratamiento de la Caja Parlamentaria y luego la Fiscal. “Nosotros vamos a proponer tratar primero la Caja Parlamentaria y después la Caja Fiscal”, manifestó Nüñez.
Diputados aprueban iniciativa que baja a 14 años la edad de imputabilidad en Argentina
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La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el jueves una iniciativa que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, un proyecto impulsado por el presidente Javier Milei que ahora deberá ser debatido en el Senado.
El proyecto de ley, que obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra en la Cámara Baja, busca modificar el sistema penal juvenil del país que data de 1980.
Argentina mantiene la edad punible más alta de Sudamérica, donde en la mayoría de los países es de 14 años. Brasil y Ecuador son los países donde es más baja (12 años).
Según los estándares internacionales la edad mínima de responsabilidad penal es aquella en la que un menor no puede ser considerado penalmente responsable de sus actos y por lo tanto no puede ser juzgado.
El oficialismo llevó adelante una profusa campaña mediática promovida por la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, bajo el eslogan “delito de adulto, pena de adulto”.
“Si una persona se encuentra con otra que ha tomado la decisión de lastimarla, de dañarla o de matarla, a los 14 años comprende que eso está mal y debe tener consecuencias. Eso se llama delito”, dijo el diputado oficialista Ramiro Gutiérrez al defender el proyecto.
Legisladores opositores criticaron que el gobierno impulsara el tratamiento del proyecto con un trámite expedito en comisión, donde la mayoría de los expertos, entre ellos defensores de la niñez de varias provincias, se expresaron contra la reforma.
También cuestionaron los tiempos de adecuación de las instalaciones carcelarias antes de que entre en vigor la norma, igual que el presupuesto asignado por considerarlo escaso.
“Todo el sistema político debería trabajar para que esto suceda solo en casos excepcionales, pero vemos aquí que quienes promueven una Argentina que desarma las estructuras públicas trae una discusión de ‘cárcel y bala’ para dar respuesta a problemas de niños, niñas y adolescentes pobres que no encontraron un Estado que les diera lo necesario”, dijo en el debate la diputada peronista Victoria Tolosa Paz.
El debate parlamentario se da en un momento de gran sensibilidad social por delitos cometidos por adolescentes que tuvieron fuerte repercusión mediática.
El más reciente ocurrió en diciembre pasado en la provincia de Santa Fe cuando dos adolescentes de 14 y 15 años torturaron y mataron a puñaladas a otro de 15 tras emboscarlo en un galpón abandonado con la ayuda de una chica de 16 años, la única arrestada por el homicidio.
Este miércoles, los padres del joven asesinado y otros familiares de víctimas de menores pidieron frente al Congreso por la aprobación de una nueva ley penal juvenil que permita la punición de casos similares.
Detienen, amplían imputación y piden prisión para líder de invasión a la estancia Pindó
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El fiscal Juan Daniel Benítez imputó a Jorge Mercado Méndez, presidente del asentamiento Primero de Marzo y líder de la invasión a la estancia Pindó, ubicada en el departamento de Canindeyú. El Ministerio Público presentó los cargos por invasión de inmueble ajeno, transgresión a la Ley de Armas y asociación criminal, solicitando simultáneamente al Juzgado Penal de Garantías su prisión preventiva.
Mercado Méndez fue detenido en la madrugada del 11 de febrero de 2026 por las autoridades policiales. Tras su captura, fue trasladado a Asunción, donde se abstuvo de prestar declaración indagatoria. Posterior a esta diligencia, la fiscalía formalizó la ampliación de la imputación.
Jorge Mercado Méndez, presidente del asentamiento Primero de Marzo y líder de la invasión a la estancia Pindó. Foto: Gentileza
Según el documento fiscal, el grupo de invasores se reunió el 25 de abril de 2014 en el asentamiento rural JOAJU-Primero de Marzo, situado dentro de los límites de la estancia Pindó, para renovar su comisión directiva, resultando electo Mercado como presidente. Además de la ocupación ilegal, se corroboró la deforestación de 1.514 hectáreas dentro del predio invadido.
La Fiscalía sostiene que estas acciones sustentan la ampliación de la imputación, dado que los hechos se han repetido de manera continuada mediante el uso de la violencia y la clandestinidad. Se enfatiza que, durante más de una década, el imputado ha eludido los mandatos de la justicia y no ha presentado reclamo legal alguno que valide su pretensión sobre las tierras, manteniéndose como autor material de los hechos punibles hasta el momento de su aprehensión.
Dueño de Pindo amplió denuncia
Por su parte, el ingeniero Rainer Maria Bendlin Beyerdorff, presidente de Ganadera Pindó S.A., amplió la denuncia contra los ocupantes. El propietario señaló que, pese a procedimientos de expulsión realizados hace 13 años, los invasores reingresaron en mayor número. Actualmente, cerca de 400 familias ocupan tres líneas dentro de las fincas 5603, 5605, 5614, 5205 y 995, todas ubicadas en el distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú.