La senadora Georgia Arrúa afirmó que proyectos como el que se encuentra en el Senado, que busca expropiar un establecimiento privado, específicamente la estancia Pindó, tiene que ser tratado y rechazado, para poner fin a las invasiones de la propiedad privada.
Comentó que este tema está dormido hace mucho tiempo en la Cámara Alta, por lo que solicitó que sea estudiado, para no generar falsas expectativas en la gente que considera que las invasiones pueden ser una forma de conseguir tierras en Paraguay.
“Yo solicité que tratáramos este proyecto. Está dormido desde hace mucho tiempo, entonces, le genera a la gente una expectativa. Yo pongo mucho en duda la buena fe en las invasiones, así que esto tiene que ser tratado y rechazado”, señaló a la 800 AM al referirse al inmueble ubicado en el departamento de Canindeyú.
La legisladora manifestó que desde la Cámara Alta no se puede “alentar la industria de la invasión ni convertir esa acción en un medio de adquisición de inmuebles”.
Bancada PPQ votará por el rechazo
Consultada sobre las medidas que se deberían tomar para desalentar las invasiones, la parlamentaria patriaqueridista dijo que con este tipo de acciones (rechazo del proyecto) se buscará enviar un mensaje claro a la ciudadanía para que no sea engañada.
“En zonas urbanas en las que se invaden propiedades porque no tienen título o si no te dicen que es tierra mal habida y quién te determina? Si se va a determinar la tierra mal habida debe tener un título que debe ser anulado”, puntualizó.
Dijo que en el caso puntual de la estancia Pindó la zona ocupada fue deforestada y cuenta con plantaciones de marihuana. “Es una barbaridad que no se ponga punto final a este tipo de acciones”, dijo y dejó claro que la postura de la bancada del PPQ es votar por el rechazo de la iniciativa legislativa impulsada por los senadores del Frente Guasu.
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Pindó solicita profundizar investigación sobre posible nexo entre atentado y grupos armados
La empresa Agroganadera Pindó S.A. emitió un comunicado en el cual realiza un exhorto a las correspondientes autoridades del Estado para investigar si el ataque ocurrido en el puesto policial en Canindeyú guarda relación con estructuras criminales que invadieron su propiedad, hecho que vienen denunciando desde hace más de 10 años.
En su pronunciamiento señalan que el ataque armado contra el Puesto Policial N.° 4 de la colonia Naranjito, del distrito Ybyrarobaná, que dejó dos policías y un civil fallecidos, evidencia el fortalecimiento de organizaciones criminales en el departamento de Canindeyú. Ante esto, solicitaron al Estado paraguayo investigar si existe alguna vinculación entre ese atentado y las estructuras delictivas denunciadas en la causa judicial impulsada por la firma.
Recordaron que la empresa agroganadera desde hace más de diez años viene denunciando ocupaciones ilegales en el establecimiento conocido como Estancia Pindó, así como la presencia de grupos armados, cultivos ilícitos, amenazas contra trabajadores, destrucción de infraestructura rural, deforestación y otras actividades atribuidas al crimen organizado.
“La utilización de la violencia como mecanismo para consolidar el control territorial constituye un elemento de especial preocupación, pues evidencia una forma de actuación destinada no solamente a ocupar ilegalmente un inmueble privado, sino también a impedir mediante la intimidación el ejercicio de los derechos de sus legítimos propietarios y de las personas que trabajan en el establecimiento. ¿Estamos frente a las mismas estructuras criminales? Esa es la pregunta que hoy el Estado paraguayo tiene la obligación de responder", menciona parte del documento.
Consolidación de grupos armados
Asimismo, recuerdan que en todos estos años se denunció la consolidación de organizaciones armadas, asentamientos ilegales, cultivos de marihuana, laboratorios clandestinos, amenazas contra trabajadores, destrucción de infraestructura rural y control territorial dentro de inmuebles privados en Canindeyú.
“Hoy, un puesto policial fue atacado con un nivel de organización y violencia que demuestra la capacidad operativa de grupos criminales que desafían abiertamente al Estado. No corresponde anticipar conclusiones, pero sí exigir que el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Senad, el Ministerio del Interior y las Fuerzas de Tarea Conjunta investiguen con profundidad si existe relación entre estos hechos y las organizaciones que desde hace años operan en la zona. Cuando el modus operandi, el territorio y los patrones de actuación coinciden, investigar esa posible conexión deja de ser una opción: es una obligación del Estado”, remarca el pronunciamiento.
No obstante, aclaran que este análisis no pretende afirmar que los responsables del ataque al puesto policial sean necesariamente las mismas personas investigadas en la causa Pindó. Teniendo en cuenta que esa determinación corresponde exclusivamente al Ministerio Público y a los órganos jurisdiccionales.
“Sin embargo, resulta jurídicamente legítimo advertir que ambos escenarios presentan características que justifican una investigación exhaustiva sobre eventuales vínculos, considerando la presencia de organizaciones criminales, el uso de armamento, la ocupación prolongada de territorios y las actividades ilícitas detectadas en la misma región”, acota el comunicado.
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Piden cifras exactas antes de avanzar con plan para saldar compromisos del sector salud
La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores decidió postergar por 15 días el estudio del proyecto de ley que busca ampliar el presupuesto del Ministerio de Salud Pública, para atender las deudas acumuladas con empresas proveedoras de medicamentos e insumos médicos.
La decisión responde a la necesidad de contar con un detalle más preciso de los compromisos pendientes antes de avanzar con una iniciativa que podría tener un impacto significativo sobre las finanzas públicas.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, senador Silvio Ovelar, explicó que solicitaron al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), un informe detallado sobre las obligaciones pendientes con cada empresa proveedora.
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Según indicó, la ministra de Salud, María Teresa Barán, mencionó durante la reunión que la deuda rondaría los USD 1.000 millones, aunque los montos todavía deben ser ajustados y verificados. “Lo que se pidió es contar con los datos específicos y exactos de las deudas con todos los proveedores antes de continuar con el tratamiento del proyecto”, señaló el legislador.
El aplazamiento también refleja las dudas existentes sobre la fuente de financiamiento que permitiría cubrir una eventual ampliación presupuestaria de esa magnitud. Ovelar reconoció que aún no existe claridad sobre cómo se estructuraría el financiamiento de la propuesta y consideró poco probable que los recursos adicionales provengan exclusivamente de una mayor recaudación tributaria.
El debate se produce en un contexto de menores ingresos fiscales respecto a las expectativas iniciales del Gobierno. Entre los factores que afectan la recaudación figura la depreciación del dólar frente al guaraní, una variable que impacta sobre determinados tributos vinculados al comercio exterior y las actividades económicas dolarizadas.
La discusión sobre las deudas con proveedores se convirtió en uno de los principales desafíos financieros para el sector público. El Gobierno viene impulsando mecanismos alternativos para reducir los compromisos pendientes, entre ellos la cesión de créditos, una herramienta que permitiría a las empresas obtener liquidez sin esperar los plazos habituales de pago del Estado.
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Presentan proyecto para un “nuevo corredor Bioceánico” en el sur
El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, presentaron el proyecto corredor Suroeste que conectará los departamentos de Misiones y Ñeembucú a través de una infraestructura vial, construida con pavimento de hormigón, que será financiada con aporte de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica). Ambos fueron a la Cámara Alta para formalizar la solicitud de aceptar el compromiso por valor de USD 286 millones.
La secretaria de Estado brindó detalles de la obra y explicó que contará con una extensión de 154 kilómetros, “más 25 kilómetros de travesía a los cascos urbanos”. La vía tendrá un alto componente logístico, considerando que será similar al corredor Bioceánico, conectando a Brasil, a través de los puentes sobre el Paraná, con el norte argentino.
Características
Entre otras cosas, explicaron en conferencia de prensa que la ruta será construida con hormigón, por las características de suelo de la zona que será alcanzada. Además, citaron que esto permitirá beneficiar a empresas locales que producen la materia prima, entre otras cosas. La vía se extenderá desde la localidad de Yabebyry, en Misiones, hasta Pilar.
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Además, será la continuación de los corredores de exportación que se llevaron adelante en periodo anteriores, uniendo los departamentos de Alto Paraná con Itapúa. “Es la segunda etapa de lo que fue corredores de exportación, uniendo Alta Paraná, con Itapúa, que también fue financiado por la Jica, esa fue una obra que arrancó en el periodo del presidente Horacio Cartes, está totalmente concluida y genera una conectividad enorme con ese sector”, destacó Centurión.
Por otro lado, catalogó como un nuevo corredor Bioceánico a la obra, demandará una ejecución de 30 meses y que se espera iniciar en 2027, una vez conseguido el visto bueno del Congreso Nacional. “Con esto estamos completando lo que vendría a ser un nuevo corredor Bioceánico, porque desde Alto Paraná, con los puentes de la Integración y el de la Amistad, siguiendo este corredor vamos a llegar a la Argentina y consecuentemente a los puertos del Pacífico, con lo cual Paraguay está garantizando esta visión de integración y de convertirse en el hub logístico de toda América Latina”, valoró.
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Proponen crear sistema de alerta temprana para evitar desabastecimiento de fármacos
Un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley “De garantía de continuidad terapéutica y prevención de desabastecimiento de medicamentos esenciales”, iniciativa que busca fortalecer el sistema nacional de abastecimiento de medicamentos esenciales mediante la implementación de mecanismos preventivos, reservas estratégicas, sistemas de alerta temprana y mayores estándares de transparencia y control.
El documento fue presentado por los legisladores de varias bancadas: los colorados Hugo Meza, Mauricio Espínola; los liberales María Constancia Benítez, Adrián Vaesken, Diosnel Aguilera y el independiente Raúl Benítez. La propuesta busca asegurar a los pacientes del sistema público el acceso oportuno e ininterrumpido a los medicamentos, de manera a evitar que deficiencias administrativas o logísticas pongan en riesgo la vida y la salud de los mismos.
La presentación se enmarca en lo que establecen los artículos 46 y 68 de la Constitución Nacional, referidos al principio de igualdad y al derecho a la protección integral de la salud; y en los compromisos internacionales asumidos por el Estado paraguayo, según se expresa en la exposición de motivos.
De acuerdo a la exposición de motivos, señala que se establece que las disposiciones de esta ley serán aplicables para las instituciones que administren medicamentos financiados con recursos públicos, tales como el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; el Instituto de Previsión Social; el Hospital Militar; el Hospital Policial; así como el Hospital de Clínicas.
A través de esta iniciativa, los proyectistas proponen la creación del Sistema Nacional de Alerta Temprana para el Abastecimiento de Medicamentos Esenciales (SINATAME), el cual deberá emitir alertas automáticas cuando exista una disminución en el stock de fármacos.
Principales alertas
A su vez, la alerta será emitida cuando existan retrasos en procesos licitatorios, incumplimientos contractuales; riesgos de desabastecimiento internacional, así como medicamentos con vencimientos próximos. Los avisos deberán comunicarse simultáneamente a la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo; la DNCP; el Ministerio de Salud y la Presidencia del IPS.
Los legisladores proyectistas solicitan que las instituciones elaboren anualmente un Plan Integral de Abastecimiento de Medicamentos basado en el consumo histórico, la demanda proyectada y la información epidemiológica. Además, plantean la creación del Portal Nacional de Transparencia del Abastecimiento de Medicamentos, el cual publicará informaciones sobre el stock disponible, los medicamentos agotados, medicamentos críticos; y la fecha estimada de reposición.
A su vez, proveerá información sobre los contratos vigentes; las empresas proveedoras; los procesos licitatorios; además de la ejecución presupuestaria. Establece, igualmente, que el Poder Ejecutivo incorporará en el Presupuesto General de la Nación los créditos necesarios para la implementación de esta ley.
Medicamentos esenciales
En el documento se definen como medicamentos esenciales aquellos incluidos en el Cuadro Básico Nacional de Medicamentos, y aquellos declarados críticos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social o por el Instituto de Previsión Social. Estos son los fármacos para enfermedades oncológicas, hematológicas, trasplantes, VIH/SIDA, tuberculosis, enfermedades autoinmunes y la hemofilia.
Asimismo, son incluidas las enfermedades raras; diabetes insulinodependiente; insuficiencia renal crónica; y de salud mental cuando la suspensión del tratamiento implique riesgo para la vida o la integridad del paciente.