El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Iván Ojeda, manifestó que aguarda la sanción de un crédito preaprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la realización del Censo Nacional 2022.
Tras varios aplazamientos el tema fue incluido nuevamente en el orden del día para ser analizado este miércoles en la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores. Se trata de unos US$ 43 millones que requieren de la validación del Congreso para que el crédito pueda ser ejecutado.
Ojeda comentó que la Comisión de Hacienda, Cuentas y Control dio su dictamen favorable y falta que el pleno se expida sobre el punto. “Este recurso está programado para que se ejecute en un proyecto de cinco años”, comentó en comunicación con la 1020 AM.
Dijo que no sabe por qué se dilata el tratamiento, por lo que en varias ocasiones recurrió a los legisladores a realizar el cabildeo correspondiente. “Esperamos tener la aprobación porque ya estamos atrasados, teníamos que empezar ya en octubre”, añadió.
El plan es que en agosto del 2022, un día miércoles, se declare asueto y salgan 210.000 voluntarios a realizar el trabajo. Estas personas contarán con cobertura de gastos de alimentación y movilidad.
El objetivo es llegar a 261 distritos y a una población estimada de 7.500.000, de acuerdo a lo señalado por el titular del INE, al insistir que este año debe sancionarse la ley a fin de que el próximo año pueda concretarse el plan.
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Presidenta de Perú registra solo un 2 % de aprobación
- Lima, Perú. AFP.
Dina Boluarte es quizás la presidenta más impopular del mundo, con apenas un 2 % de aprobación. Pero se aferra al poder y analistas dan por descartado que terminará su mandato en 2026, pese al rechazo de los peruanos y múltiples escándalos. “¿Hasta cuándo vamos a vivir con miedo? ¡Lárgate Dina!”, leía una pancarta en una reciente marcha en Lima por el auge del crimen organizado.
Sin bancada propia, la presidenta conservadora de 62 años gobierna Perú desde hace dos años y medio en tácita alianza con el Congreso controlado por la derecha y ultraderecha, una economía blindada frente a la crisis política y una campaña electoral donde no puede participar. Quizás su principal carta es la ausencia de líderes alternativos que amenacen su precaria estabilidad de aquí al 2026, cuando termina su gobierno, en medio de una apatía social.
La persiguen una docena de investigaciones fiscales por la represión policial que causó la muerte de 50 manifestantes, su omisión en declarar joyas y relojes de lujo que recibió como regalos, o su cirugía de nariz no declarada.
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Pero su popularidad se evaporó sobre todo con el auge de la extorsión del crimen organizado.
“¡Dina traidora, corrupta y asesina!”, leía otra pancarta de una reciente marcha contra la gestión de la mandataria.
En mayo Boluarte tocó fondo en los sondeos, con 2 %, un punto porcentual menos respecto a la medición de abril de la firma Ipsos.
“Podríamos estar hablando entonces de un récord mundial de desaprobación presidencial, y además sostenida”, dijo a la AFP el presidente de la encuestadora Ipsos Perú, Alfredo Torres.
“Está desde hace casi un año por encima del 90 % de desaprobación y su aprobación cayendo al mínimo”, añadió. “Es un caso único” en 40 años de encuestas en Perú, destacó.
Ipsos hace encuestas en 90 países y tampoco tiene un registro tan bajo de aprobación en otro lugar.
“Señor, perdónalos porque no saben lo que encuestan”, se defendía ya la presidenta en diciembre, cuando los estudios de opinión ya la perfilaban como la más impopular del mundo.
Boluarte inició su mandato en diciembre de 2022 con 21 % de aprobación y 68 % de desaprobación.
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La paradoja
“En Perú hay una paradoja política: Boluarte es la presidenta más débil de la última década, por su impericia y carecer de partido”, dice a la AFP el analista político Augusto Álvarez, director de A3R.net, un medio digital.
Sin embargo, “esa también es su fortaleza pues para muchos, incluyendo el congreso -que puede destituir mandatarios-, es un gran negocio tener una presidente frágil a la que usan como piñata para sacarle de todo”.
La mayoría conservadora del Congreso además la apoya porque si la despide debe nombrar a la presidencia a un parlamentario de consenso, tarea prácticamente imposible a raíz de la actual polarización.
Su impopularidad se remonta a cuando reemplazó al destituido Pedro Castillo y decidió quedarse en el poder en vez de convocar a elecciones anticipadas.
Boluarte, hasta entonces su discretísima vicepresidenta, engrosó así el historial de inestabilidad peruana.
Desde 2016, Perú ha tenido seis presidentes, dos destituidos por el Congreso, dos que renunciaron antes de correr la misma suerte, uno que completó su mandato interino de 8 meses y Boluarte que llegó luego del frustrado golpe de Castillo.
“Abulia en las calles”
Aun así, la gente no sale a protestar masivamente “porque sienten que no vale la pena: si renuncia o es destituida sería reemplazada por un congresista, pero el Congreso también tiene pésima imagen. Por eso hay abulia en las calles”, dice el responsable de Ipsos.
En los sondeos “no hay ningún candidato que cautive, por eso la gente no tiene apuro por sacarla del poder y opta por seguir con ella”.
En las calles de Lima los peruanos no ahorran críticas.
Boluarte “no tiene empatía, es una presidenta incapaz, no resuelve el problema de la seguridad. Estamos esperando que termine y se vaya para que entre un nuevo gobierno a resolver este problema”, dice Saturnino Conde, un profesor de 63 años.
Pero hay excepciones. “Es injusto que tenga tan baja su aprobación porque con ella la economía se está manteniendo (...) No veo que sea motivo de desagrado que lleve un Rolex, que se haya hecho cirugías”, señaló a la AFP Blanca Romero, una historiadora de 75 años.
El buen ritmo de la economía peruana contribuye a evitar su colapso. En el primer trimestre el PIB creció 3,9 %, y en todo el año pasado se expandió 3,3 %. “Otra razón por la que Boluarte se sostiene es que la economía sigue caminando, hay una resiliencia enorme y los ingresos de la población están creciendo”, resalta Álvarez.
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Gamarra cuestiona intento de Kattya González de volver al Senado
El diputado Rodrigo Gamarra se pronunció en redes sociales sobre la intención de la exsenadora Kattya González de regresar a la Cámara Alta, luego de su expulsión por presunto tráfico de influencias. González sostiene que, en caso de que la Corte Suprema declare inconstitucional su expulsión, podría retomar su banca sin necesidad de una nueva votación ni juramento.
Gamarra rechazó esa posibilidad y acusó a González de intentar reinstalarse “sin jurar, sin votar y sin vergüenza”. En su publicación, cuestionó que la exlegisladora busque reincorporarse sin respetar el proceso legal que ya permitió a su suplente asumir la banca de forma oficial.
“La Corte no restituye bancas, solo declara si un proceso fue inconstitucional”, afirmó el diputado. Además, subrayó que “la banca ya fue ocupada legalmente por su suplente” y que no se puede “echar a un senador a dedo para que otro vuelva cuando le plazca”.
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También criticó lo que calificó como un intento de González de imponer una narrativa mediática para facilitar su regreso: “Pretende instalar la idea de que un senador puede irse, volver y sentarse cuando le plazca. Como si fuera su casa, su silla, su antojo”.
Finalmente, el legislador sentenció que “el Senado no es una plaza pública ni una tribuna de TikTok” y que, si González quiere volver a ocupar una banca, deberá presentarse a elecciones. “Pero para eso necesita lo que más le falta: votos y autoridad”, concluyó.
Kattya González fue expulsada el 14 de febrero del 2024, luego de que se presentara un libelo acusatorio con 73 páginas en el que, entre otras argumentaciones, sindican a la parlamentaria de uso indebido de influencias. Se menciona así el caso de planillerismo de los asesores de la parlamentaria, Soledad Blanco y José Torales, este último además se desempeñaba como presidente del Partido Encuentro Nacional (PEN) y funcionario de la Contraloría General de la República (CGR).
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Senado otorga media sanción a proyecto de préstamo para fondear Che Róga Porã
En sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores aprobó el contrato de préstamo de hasta USD 200 millones del The Export-Import Bank de la República de China (Taiwán) a favor de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) con el objetivo financiar el programa habitacional Che Róga Porã. La iniciativa ahora debe ser analizada por la Cámara Baja.
A través de esta iniciativa, además se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en representación del país, a formalizar las garantías de las obligaciones previstas en el contrato préstamo para el financiamiento del programa Che Róga Porã que estará a cargo de la AFD. El proyecto contó con el visto bueno de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Energía.
“Los componentes de este programa apuntan a facilitar el acceso al crédito hipotecario a familias de clase media, emergentes y sectores también de bajos ingresos, satisfacer una necesidad social urgente en materia de vivienda, generar empleo e indirecto en el sector de la construcción y otras industrias relacionadas, mejorar la productividad general del país y fortalecer la estabilidad económica, proporcionar el acceso a servicios básicos, reducir la pobreza y la desigualdad”, expresó el senador Silvio Ovelar, de la Comisión de Hacienda.
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Asimismo, manifestó que Paraguay cuenta con un déficit habitacional severo de aproximadamente 1.580.000 familias sin posibilidad de acceso a una vivienda propia y con este proyecto, se espera financiar inicialmente 1.500 viviendas y la creación de 15.000 nuevos empleos.
Por su parte, el senador Pedro Díaz Verón de la Comisión de Energía indicó que se resolvió dictaminar por la aprobación sin modificaciones del proyecto, decisión a la que se llegó luego de las reuniones mantenidas con representantes de la AFD, del MEF y del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH)
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Diputados aprueba proyecto de ley de protección de datos
En sesión ordinaria, la Cámara Baja aprobó con modificaciones el proyecto de ley “de protección de datos en el Paraguay”. Tras el visto bueno de la mayoría de los diputados presentes en la sesión, la iniciativa será remitida a la Cámara de Senadores para su análisis.
“Desde la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, hemos analizado el proyecto en el panorama digital contemporáneo, donde la información personal fluye con una rapidez sin precedentes y la necesidad de protección legal robusta se vuelve ineludible. El presente proyecto de ley de protección de datos surge como una respuesta directa a esta apremiante realidad reconociendo la creciente exposición y vulnerabilidad de los datos de nuestros ciudadano”, expresó el diputado Néstor Castellano.
De acuerdo a lo que expuso el legislador, la legislación vigente en torno a la protección de datos quedó muy rezagada ante las dinámicas tecnológicas actuales, por lo que esta propuesta legislativa, busca llenar el vacío existente, estableciendo un marco normativo modelo, alineado a estándares internacionales y que permitirá a los ciudadanos tener un control efectivo sobre su información personal.
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Cabe mencionar que la aprobación de esta ley, contempla la creación de la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, un organismo autónomo con la autoridad y las herramientas para supervisar, regular y sancionar cualquier contravención a la ley, explicaron. La diputada Rocío Abed, integrante de la Comisión de Equidad, también se pronunció a favor de la aprobación con modificaciones.
“Luego de escuchar a las comisiones especializadas, de Ciencias y Tecnologías y Asuntos Económicos y luego del estudio, la sugerencia de modificaciones, después de las audiencias públicas, adecuaciones a las sugerencias recogidas nuestra recomendación es la aprobación con las modificaciones porque los dictámenes son coherentes, consistentes y uniformes”, sostuvo.