En un comunicado de prensa, la Justicia Electoral (JE) respondió a la solicitud de suspensión del proceso de licitación para la adquisición de las máquinas de votación electrónica, que fue formulada por algunos senadores. La máxima autoridad electoral afirmó que no interrumpirá la licitación y rechaza toda intensión de pretender instalar dudas sobre su seguridad.

“El proceso de licitación pública internacional se viene desarrollando con absoluta transparencia, conforme a la Constitución Nacional, las leyes vigentes y los más altos estándares técnicos y administrativos que rigen la contratación pública”, señala en primer término este comunicado.

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Así mismo, la JE garantizó que esta licitatación, “fue sometida a todas las instancias de control y supervisión que la normativa establece, garantizando el acceso público a las bases, condiciones y procedimientos en resguardo de la igualdad, la competencia leal y el interés público”.

Seguidamente, se expresa el rotundo rechazo a las intensiones de instalar dudas sobre esta licitación que se encuentra en pleno desarrollo. “Se rechaza cualquier insinuación que pretenda instalar dudas sobre la seguridad del proceso licitatorio. Las bases y condiciones contemplan requisitos técnicos que aseguran la adquisición de soluciones tecnológicas verificables, auditables y funcionales, tal como lo establece la normativa nacional y las mejores prácticas internacionales”, menciona el comunicado.

Finalmente, la institución electoral afirma que no interrumpirá el proceso de licitación. “La Justicia Electoral ratifica que la organización y ejecución de procesos electorales con voto electrónico y listas desbloqueadas constituyen una obligación legal. En tal sentido, informa que la licitación en curso continuará su desarrollo conforme a lo previsto en la ley, garantizando en todo momento la transparencia y el respeto a la soberanía popular”, afirma el comunicado.

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Las importaciones al cierre del mes de mayo sumaron USD 7.038,3 millones, cifra un 4,5 % superior a los USD 6.733,1 millones del mismo periodo del año pasado, según datos del Banco Central del Paraguay (BCP). Los rubros como productos primarios, manufacturas de origen agropecuario y manufacturas de origen industrial registraron valores al alza en comparación con los primeros cinco meses del 2024, exceptuando los combustibles, que registraron una caída en las importaciones.

De acuerdo con el último informe del comercio exterior del BCP, las importaciones registradas representaron el 97,3 % del total, sumando USD 6.851,2 millones, cifra superior en un 5,4 % a la registrada entre enero y mayo del año pasado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó ayer domingo a Irán e Israel a “llegar a un acuerdo” en medio del intercambio de ataques militares en el que están inmersos, aunque luego sugirió que tal vez tendrían que “luchar” primero.

“Creo que es hora de llegar a un acuerdo”, declaró el magnate republicano a periodistas, mientras los disparos de proyectiles entre Israel e Irán continúan por cuarta noche consecutiva. “Aunque a veces tienen que luchar, ya veremos qué pasa”, completó Trump en la Casa Blanca antes de partir hacia Canadá para participar en la cumbre del G7.

El Ministerio Público registró 1.040 causas por el hecho punible de violación del deber de cuidado de ancianos y personas con discapacidad entre el 2024 y mayo del 2025. Solo en el departamento Central y Asunción se concentra el 61 % de las causas ingresadas. El año pasado, mediante un trabajo de muestreo que analizó denuncias ingresadas en la Fiscalía, permitió conocer el perfil de los más afectados y reveló en ese entonces que, un alto porcentaje de las víctimas de violación del deber de cuidado de ancianos son adultos mayores.

Según datos proveídos por la oficina de estadística de la Fiscalía, de enero a diciembre del 2024 cerraron con 737 causas ingresadas en diferentes puntos del país. En tanto que, hasta mayo de este año se registraron 303 causas, lo que significa que en un año y 5 meses se atendieron 1.040 denuncias, analizó el Observatorio del Ministerio Público.

En el Día del Padre, un hombre de 72 años que estaba a metros de llegar a su casa, fue atropellado por un automóvil al mando de un joven de 23 años, quien dio positivo al alcotest.

El accidente de tránsito con derivación fatal sucedió a las 15:40 de ayer domingo en las calles Isla Po`i y Juan José Farías, del barrio Itá Ka`aguy, ciudad de Fernando de la Mora. Facundo Torales Arguello (72) regresaba a su domicilio cuando fue embestido por un Toyota Platz de color blanco que, según se observa en el video, perdió el control al menos una cuadra antes y terminó en esa esquina.

El país atraviesa un repunte significativo de enfermedades respiratorias, con un aumento sostenido de consultas médicas y hospitalizaciones en las últimas semanas. Según datos del Ministerio de Salud, existe una circulación simultánea de varios virus como la influenza A, el virus sincitial respiratorio (VSR) y el rhinovirus, lo que ha generado una presión considerable sobre los servicios de urgencias, especialmente en hospitales públicos y del Instituto de Previsión Social (IPS).

El neumólogo Carlos Morínigo advirtió que la gran cantidad de pacientes con distintos cuadros respiratorios está afectando el normal funcionamiento del sistema sanitario. “El sistema está un poquito estresado, yo no diría aún colapsado porque se derivan a los pacientes a los lugares específicos, pero se golpea bastante la parte de urgencias”, expresó el especialista, en contacto radial, quien también sugirió habilitar consultorios específicos para enfermedades respiratorias, a fin de descongestionar las áreas críticas.

El gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, ya concretó la distribución de 202.702 mobiliarios escolares nuevos adquiridos por la Itaipú, representando una cifra del 62 %. En total, se prevé la entrega de 330.000 muebles en instituciones educativas de todo el país.

La dotación de mobiliario escolar se realiza a escuelas con mayores necesidades. Hasta el pasado 13 de junio del 2025, en la zona de Alto Paraná se entregaron 3.183 mobiliarios; en Caaguazú, 2.641 muebles; en Caazapá, 2.492 mobiliarios; en Ñeembucú, 2.317 muebles; y en Itapúa, 1.969 mobiliarios.

El director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Carlos María Ljubetic, advirtió que la nueva interrupción en la licitación para la provisión de las máquinas de votación, podría comprometer seriamente los preparativos para futuras elecciones. “Si no tenemos las máquinas este año, la cuestión se nos complica enormemente”, expresó, señalando la urgencia de una resolución para destrabar el proceso licitatorio.

El TSJE prevé iniciar la capacitación del personal en diciembre, aunque manifestaron que podría postergarse incluso hasta enero o febrero, sin embargo, Ljubetic explicó que de acuerdo a lo previsto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se garantiza el financiamiento del proceso por cuatro años y establece que el primer desembolso solo se hará tras la entrega efectiva de las máquinas.

“Si no recibimos las máquinas, entonces no va a haber pago, y tenemos que renegociar con el MEF, todo un proceso que nos costó meses cerrar”, enfatizó en una entrevista a Unicanal. La actual situación se ve obstaculizada por una medida cautelar otorgada por el Tribunal de Cuentas, a pedido de una empresa, que impide avanzar a la etapa técnica del proceso de evaluación.

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Esta firma cuestionó la exigencia de una experiencia mínima de 10 años en fabricación y manejo de máquinas de votación, pese a que en su propia web reconoce tener solo cinco años de trayectoria y que además, tampoco cumpliría con otras exigencias contempladas en el pliego de bases y condiciones.

“Si no reúne los demás requisitos, ¿por qué protesta por uno?”, cuestionó el director de Procesos Electorales del TSJE, al tiempo de remarcar que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ya había rechazado el reclamo.

Además de la experiencia, el TSJE exige a los oferentes haber participado en procesos electorales anteriores, contar con un nivel mínimo de facturación y demostrar solvencia económica, requisitos clave considerando que deberán proveer 28.000 máquinas y cobrar en cuatro etapas durante los próximos cuatro años.

“El inicio de todo el proceso de ciberseguridad depende de que tengamos y conozcamos las máquinas. No podemos desarrollar el software ni definir los dispositivos de seguridad para almacenamiento de baterías si no tenemos ya las máquinas”, remarcó, detallando que para avanzar en esta etapa, primero se necesita contar con los dispositivos.

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La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.

En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.

La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.

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El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.

Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.

“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.

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El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.

“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.

Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.

“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.

A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.

“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.

Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.

Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.

“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.

Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.

“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.

Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.