El especialista jurídico Óscar Mersan habló sobre la traba de Parlamento Europeo sobre el acuerdo de la Unión Europea y el Mercado Común del Sur (Mercosur) firmado en Asunción el pasado 17 de enero. Para el especialista, la consulta del Parlamento al Tribunal de Justicia europeo es una cuestión más política que jurídica.

“Por el lado de la Unión Europea, estamos hablando de más de 27 países que tienen que ponerse de acuerdo, y buscar que este acuerdo será benéfico en igualdad de condiciones para todos esos países es muy complicado y lo que lleva a lo que hoy está pasando, hay una traba más que jurídica, una traba política para frenar este acuerdo porque está afectando a ciertos sectores que se ven amenazados ante el eventual ingreso de productos en virtud de la ejecución de este acuerdo”, explicó a la 780 AM.

Refirió que “es un acuerdo de larga data que se está intentando firmar hace muchísimo tiempo y lo que le hace bastante complejo es que hay 27 países que tienen que estar de acuerdo por el lado de la Unión Europea, para el Mercosur somos muchos menos países y con tamaños distintos que hace mucho más fácil tener un consenso para la firma de acuerdo de este tipo”.

Podés leer: Peña destaca entrega de kits escolares de primera calidad para el período lectivo 2026

Mersan señaló además que el principal cuestionamiento de algunos países miembros de la UE, es el ingreso de productos en competencia del Mercosur con menos exigencias regulatorias. “Lo que se reclama es la exigencia que tienen los productores o fabricantes europeos en la Unión Europea sobre productos que van a ingresar eventualmente del Mercosur, pero que no tienen la misma exigencia”, indicó.

En este contexto, insistió en que “la herramienta jurídica que ellos utilizaron fue la consulta al Tribunal para ver si se armoniza con los demás acuerdos firmados de esta naturaleza, es un mecanismo jurídico, pero yo creo que detrás hay una razón política que defiende ciertos intereses particulares de la Unión Europea”.

Por otra parte, el especialista sostuvo que a pesar de la situación que se está dando con el acuerdo UE-Mercosur, Paraguay debe seguir avanzando en su exposición a los mercados internacionales, como lo viene haciendo el presidente de la República, Santiago Peña.

“Tenemos que priorizar lo que hoy tenemos vigente y si este acuerdo sale, fantástico, y si no sale hay muchas cosas que Paraguay tiene por hacer y que está haciendo dentro de la coyuntura que nos toca vivir hoy. Paraguay es un país que está siendo buscado, principalmente hoy por brasileños, de una manera histórica”, refirió.

Agregó, que de no existir esta traba del Parlamento europeo, el acuerdo aún tiene un largo proceso que puede llevar entre uno a dos años para su ejecución y otros 10 años de desgravamientos de los aranceles que están previstos, por lo que mientras tanto, Paraguay se puede centrar en otros mercados.

“Hay todavía mucho tramo para aprovechar este acuerdo, si sale el acuerdo, y mientras tanto, nosotros y el Gobierno debe continuar ocupándose en vender al país, ya sea para Estados Unidos, fortalecer el Mercosur y fortalecer nuestras instituciones para recibir toda la cantidad de inversión que estamos recibiendo”, sentenció.

Te puede interesar: Diputados acompañan proyecto de la SNJ para fortalecer la educación superior en Concepción

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informó que desde del 1 de enero de este año, la Declaración Aduanera Digital (DAD) comenzará a regir como instrumento aplicable para las operaciones de importación y exportación conforme a lo establecido en la Resolución General DNIT N.° 40/2025.

“La medida elimina la obligatoriedad de utilizar formularios preimpresos en hojas de seguridad como requisito previo para el despacho aduanero, alineando al Paraguay con las mejores prácticas internacionales de gestión aduanera sin papeles”, explicaron.

La reducción significativa de tiempos, costos operativos y cargas administrativas para los operadores del comercio exterior, serán los beneficios. Este registro es indispensable para el cumplimiento del régimen aduanero, la liquidación de tributos y la concreción del libramiento de las mercaderías, dentro de un entorno digital más ágil y eficiente, según la DNIT.

Lea más: Con altos rendimientos cierra su campaña del programa Avatiky

El proceso reafirma el compromiso de transformación digital del sistema aduanero, que fortalece iniciativas como el DAD, permitiendo la declaración, firma y seguimiento electrónico de las operaciones, con mayores niveles de trazabilidad, control y seguridad.

“Si bien se mantienen algunas impresiones finales para fines específicos, el eje del procedimiento pasa a centrarse en la gestión electrónica”, explicaron. La resolución se complementa con otras reformas estructurales orientadas a la simplificación del comercio exterior, como la eliminación de más de 50 aranceles consulares.

Asimismo, afirmaron que se reducen trámites, tiempos y costos para importadores y exportadores, y contribuyendo a mejorar la competitividad del país en los mercados internacionales.

Los avances encuentran respaldo institucional en el trabajo articulado del Comité Nacional de Facilitación del Comercio (CNFC), instancia público-privada que impulsa la modernización normativa y operativa del comercio exterior.

“Con la implementación de la nueva normativa, la DNIT ratifica su compromiso con una administración aduanera moderna, transparente y eficiente, alineada a la visión país, orientada a la facilitación del comercio, el fortalecimiento de los mecanismos de control”, indicaron.

Además, se destaca la seguridad jurídica y la integración del Paraguay a los estándares internacionales de gestión aduanera, como eje estratégico para el desarrollo económico, la competitividad y la inserción del país en los mercados regionales y globales.

Lea además: Recaudación de Conajzar creció 22,8 % en 2025

A través del Plan Paraguay 2X, el Gobierno impulsará 400 acciones orientadas, por un lado, a la facilitación, es decir, la desburocratización y simplificación de trámites para dar confianza a los inversionistas, la legislación de puntos clave, además al fortalecimiento de la infraestructura, afirmó el viceministro de Industria, Marco Riquelme. “Necesitamos terminar de legislar en algunos puntos, así como la inteligencia artificial, por ejemplo, que necesita una batería de leyes que tienen que salir en paralelo a lo que es la energía que nosotros tenemos acá”, dijo a La Nación/Nación Media.

Esa será una oportunidad para dar seguridad a las empresas que lleguen a manejar sus datos e información en el manejo de propiedad intelectual. También se apunta a vincular los planes de las diferentes instituciones dentro del país con el plan de crecimiento económico, porque muchas veces estos dos no trabajan en la misma línea. “Necesitamos trabajar en comunicarlo más dentro del Gobierno como para poder vincular los polos industriales que nosotros estamos identificando con el plan de energía eléctrica de la Ande para que pueda suministrar suficiente electricidad a cada uno de esos lugares donde estamos estimando”, agregó.

En materia de legislación, dijo que se necesita trabajar en cada una de las industrias que vienen al país, para darle el marco jurídico a fin de que puedan estar bien enmarcadas para hacer sus inversiones. “Por otro lado, vincular las necesidades que refleja el plan con inversiones ya sea eléctricas, la hidrovía o infraestructura vial”, explicó. Además, para comenzar a ser más competitivos a nivel logístico, es necesario retomar el análisis de la implementación de bitrenes.

“Este es un tema que en algún momento tendremos que volver a abordar, con el objetivo de evaluar la posibilidad de legislar al respecto y así lograr una mayor eficiencia en las carreteras del Paraguay”, añadió.

El plan ya comenzó desde el primer momento que se identificaron oportunidades, pero iniciará formalmente en el primer trimestre de este año, con la creación de un equipo de trabajo específico que realizará el proceso con las distintas instituciones priorizando las acciones, a fin de dejar un plan de trabajo hecho que continúe después del 2028.

Todas las acciones buscarán dar competitividad a los sectores. “Una vez que nosotros trabajamos sobre la hidrovía, que ahora estamos con un proyecto, ya nos adelantamos con esa acción de crear la Dirección Nacional de Marina Mercante, vamos a darle una autonomía al manejo del presupuesto de inversión en la hidrovía”, ejemplificó. Los sectores principales que van a ser beneficiados son las industrias y el sector productivo.

Además, un factor importante también será la capacitación, a través de una mejora en el sistema de formación. “Deberíamos de repensar eso como para poder darle un poco más de fuerza a lo que sería preparar la fuerza laboral joven como para poder insertarse al mundo laboral”, destacó.

Otro punto importante será el financiero ya que hoy nuestro país no está preparado financieramente como para poder darle servicios financiero a las industrias.

“Paraguay tiene el sector bancario más rentable de la región, pero muchas veces eso va en detrimento al desarrollo”, dijo, por lo que se deberá trabajar con instituciones gubernamentales, para contar con más flexibilidad a la hora de hacer préstamos e integrar parte de la cadena de decisión al momento de hacer grandes inversiones.

El auge de la tecnología puede verse aplicado en muchos entornos y niveles, y muchas veces las herramientas electrónicas son claves para poder optimizar procesos cotidianos, tanto complejos como sencillos, y este es el caso de la firma electrónica cualificada, una herramienta que hoy permite que trámites y transacciones puedan ejecutarse de manera más rápida y eficiente, acortando el tiempo y los procesos de traslados.

Actualmente, en Paraguay está vigente la ley 6822/2021 —“De los servicios de confianza para las transacciones electrónicas, del documento electrónico y los documentos transmisibles electrónicos”—, en el marco de la cual se establece que la firma electrónica cualificada es un conjunto de datos que permite la identificación del titular del certificado.

En este sentido, Javier Dávalos, gerente de servicios digitales de Documenta Paraguay, destacó la importancia de que cada vez más empresas tomen como práctica contar con herramientas a través de las cuales sea aplicada esta ley, sobre todo con una mirada de practicidad, ya que no solo se reducen tiempos, sino que costos y muchas veces procesos burocráticos tediosos.

Podés leer: Exportación de carne bovina paraguaya marca un hito superando los USD 2.000 millones

“Los beneficios están vinculados directamente con todo lo que conlleva eliminar el papel en tu flujo de trabajo; el traslado de un papel implica la guarda, los costos de impresión, de traslado y la logística, eso sin contar la experiencia del usuario, que es en lo que nos estamos basando, en implementar herramientas para que el usuario pueda aplicar su firma desde su teléfono y mantener la validez jurídica equivalente a la firma manuscrita”, explicó Davalos.

Remarcó que, en pequeña escala, la firma electrónica cualificada puede simplificar todo tipo de solicitudes o trámites internos en una empresa, haciendo que los procesos sean mucho más rápidos, pero también puede aplicarse para trámites que deben ejecutarse desde el interior del país a la central de una empresa, evitando costos y tiempo de traslado.

Igualmente, Dávalos reconoció que el cambio es gradual, ya que aún se generan ciertas dudas respecto a la utilización de herramientas digitales y de la firma en sí, por lo que enfatizó que para ser un proveedor certificado desde el Ministerio de Industria y Comercio, se someten a múltiples auditorías, tras las cuales se corrobora la capacidad de las empresas para brindar este servicio de manera segura.

“Hoy en día nosotros, los prestadores, tenemos el desafío de en cierta forma evangelizar un poco y explicar que esta ley te permite que la firma se pueda hacer incluso desde tu celular sin necesidad de trasladar un dispositivo de firma de un lado a otro; yo creo que el mayor desafío es la falta de conocimiento y, obviamente, un mayor acompañamiento del Estado para la implementación”, indicó Dávalos.

Hay que destacar que la firma electrónica cualificada puede utilizarse para actos y negocios jurídicos públicos o privados, trámites administrativos, judiciales, contratos, facturas electrónicas, convenios, poderes, declaraciones, etc., y que en los casos que la ley exija un “documento original” o “forma escrita”, un documento electrónico con firma electrónica cualificada puede reemplazar esos requisitos, siempre que garantice integridad desde su generación.

El Certificado Cualificado de Firma Electrónica se adquiere a través de un “prestador cualificado de servicios de confianza”, que es una entidad prestadora de servicios de certificación de firmas digitales acreditada por la Dirección General de Firma Digital y Comercio Electrónico del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

Lea también: Hembra Brangus de Paraguay fue elegida como la mejor de Sudamérica