La designación del senador liberal Víctor Ríos para la terna de la Corte Suprema de Justicia generó todo tipo de cuestionamientos, partiendo de su condición de político. El diputado Sebastián García lamentó que el proceso de selección del Consejo de la Magistratura esté lejos de la despolitización.
El legislador considera que es grave que se conjuguen ambos poderes, el Poder Judicial con el político. Esto teniendo en cuenta que Ríos es actualmente miembro activo de la Cámara de Senadores, donde entrará a ser discutida la elección final para ministro de la Corte.
“Lo grave es normalizar que alguien ocupando un cargo electivo y en plena militancia política activa, con dirigencia y con injerencia partidaria pueda ocupar el cargo en la máxima instancia judicial, que en teoría se busca despolitizar”, cuestionó el diputado de Patria Querida.
En ese sentido, también su colega Rocío Vallejo hizo referencia a lo sucedido, ironizando sobre la forma en que seleccionaron la terna. “Si se habla de un concurso por puntos, pues que se respete, y si será un concurso meramente político, pues que esas sean las reglas del juego. Basta de manoseo a los doctores que se presentan”, recriminó la legisladora.
Los miembros del Consejo de la Magistratura (CM) conformaron la terna para el cargo vacante de ministro/a del Poder Judicial. Tras las votaciones pertinentes, la misma quedó integrada por Alma Méndez, con 7 votos; Víctor Ríos, con 6, y Gustavo Ocampos, con 7 votos, de un total de ocho miembros del consejo. Se dispone de un día hábil para recibir pedidos de reconsideración, y si no los hubiere, la terna será remitida al Senado.
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“No hay nada oculto”: designaciones de carácter político están contempladas dentro de la ley
“Entiendo que hay una gran confusión respecto a lo que es la carrera diplomática, consular, administrativa y técnica y lo que es el espacio político”, manifestó el canciller Rubén Ramírez Lezcano con relación a las denuncias sobre la contratación de familiares de políticos en las embajadas paraguayas.
“La ley bajo la cual se administra todo el sistema, el escalafón y las designaciones en el servicio diplomático de la República es la 6935 del año 2022. La ley establece la posibilidad de que se incorpore hasta un 20 % de las designaciones de carácter político. Existen funciones en el servicio exterior que están ocupadas por designaciones de carácter político como ocurre en todo el mundo”, puntualizó.
Asimismo, Lezcano manifestó que por decreto se establecen designaciones para ocupar cargos en las embajadas o consulados, tanto en áreas administrativas y técnicas. Señaló también que en la norma se establece un contrato por tiempo determinado.
Las afirmaciones del alto funcionario de Estado surgieron tras ser consultado sobre el caso de la joven de 24 años, Magida Esgaib, hija del diputado Yamil Esgaib, quien figura como funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente en la embajada paraguaya ante el Reino Unido, con un salario de G. 21 millones.
“Ella es una administrativa, que tiene un contrato determinado. Existen servicios que no exigen un título académico, como por ejemplo, conductores de vehículos para el servicio de las embajadas, limpiadores, auxiliares administrativos. A todos se les evalúa de acuerdo a su conducta, el contrato tiene una duración de 3 meses y se va renovando de acuerdo a la calidad del servicio”, indicó.
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Ramírez Lezcano acotó: “Acá no existe nada oculto, hay designaciones de carácter político. Está contemplado dentro de la ley y por lo tanto no existe ningún impedimento para que esto se produzca desde el punto de vista de la ley”.
Embajadas cubiertas
Por otra parte, manifestó que de un total de 17 embajadas que encontraban vacantes, el gobierno de Santiago Peña ya logró cubrir 14 sedes diplomáticas. En la fecha se produjo el juramento de 10 embajadores paraguayos.
“Realmente destacamos que la inserción de Paraguay en el mundo como prioridad de la gestión del gobierno del presidente Santiago Peña se va cumpliendo. Desde el principio abordamos estos desafíos de una manera integral y oportuna para que nuestro país esté de pie ante el mundo. Los próximos días estaremos enviando al Congreso Nacional los próximos pedidos de acuerdo constitucional una vez recibido los beneplácitos de los países donde estamos acreditando embajadores”, dijo en una entrevista con los medios de prensa.
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Proyecto de ley busca modificar el Código Penal y combatir la mora judicial
El diputado Derlis Rodríguez prevé próximamente la realización de una audiencia pública con el objetivo de generar debate entre los representantes del Poder Judicial, gremios de abogados y la ciudadanía en general sobre el proyecto que busca erradicar la mora judicial proponiendo la modificación del Código Penal y optimizar los plazos procesales.
“Hoy tenemos casi 20.000 personas privadas de su libertad en las penitenciarías del país, de los cuales 5.000 solo tienen condenas y un total de 15.000 personas están privadas de su libertad sin ser condenadas. Toda esta población penal vive junta y esto no tendría que ser así. La gran mayoría tiene juicios hace años, tiene un proceso que no corre, los plazos están congelados en la Corte Suprema de Justicia o en algún tribunal hace años”, indicó.
En entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media el parlamentario sostuvo que “mirando todo esto, hoy tenemos una superpoblación en nuestras penitenciarías, estamos teniendo una mora judicial en donde los procesos penales tienen un plazo más allá de lo que se establece en nuestras propias leyes que dice que un proceso tiene que durar solo hasta 4 años, máximo 5 años, pero, sin embargo, tenemos procesos que duran 14 o 15 años”.
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Rodríguez detalló que mediante la iniciativa se plantea establecer taxativamente un plazo para la resolución de los procesos penales. Agregó que la iniciativa ya se encuentra siendo evaluada tanto en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados para dictamen correspondiente y posterior tratamiento en el pleno.
Duración del proceso
“Lo que buscamos es que la mora judicial pueda terminar, que cualquier investigación, proceso que se tenga pueda durar solamente 3 años, nada más, máximo 4 y que no estemos sometidos a 10 o 15 años a un proceso judicial”, expresó.
El legislador añadió que “la mora judicial lo único que nos trae es que la independencia judicial esté en juego, en riesgo en cuanto a los sesgos que puedan tener tanto el meter la mano el poder político, económico, mediático y por sobretodo el manoseo que pueda sentir la gente en cuanto a sus derechos humanos. Con esta ley buscamos poner un plazo taxativamente”.
Rodríguez remarcó que es consciente que el proyecto “será un motivo de debate en la ciudadanía, con los gremios de abogados, los representantes de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. Alguien tiene que ponerse el saco de la responsabilidad y cumplir con lo que la ley dice”.
El parlamentario lamentó que “la prisión preventiva se ha convertido hoy en una constante”. “Nuestra Constitución busca la rehabilitación de las personas una vez que se le dé la pena, es por eso que ponemos los plazos taxativamente en las leyes para que los jueces no puedan decir el día de mañana que no se les dijo que si en ese tiempo no cumplían con el plazo que la causa pueda prescribir, extinguirse”, indicó.
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LN PM: edición mediodía del 1 de mayo
Aumento en recaudaciones ayudará a alcanzar planes de convergencia fiscal, afirma ministro
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, explicó que el aumento en la recaudación a través de la fusión de Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) en USD 457 millones es un resultado esperado, pero mucho más rápido que lo proyectado inicialmente.
El hecho otorga tranquilidad para alcanzar a fin de año los planes de convergencia fiscal previstos. “Esta parte de los impuestos es fundamental para hacer frente a los gastos o los planes de Gobierno. Lógicamente, el hecho de estar recaudando esta suma, que es bastante importante, da un poco más de tranquilidad”, comentó.
Trabajo de calidad es una “deuda urgente” en América Latina, según informe del BID
Cuando este 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, un contundente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela que a pesar de que en América Latina y el Caribe hay empleo, “es urgente aumentar su calidad”, más aun teniendo en cuenta que la última edición del Índice de Mejores Trabajos de la organización internacional coloca a la calidad del empleo en la región en 41,2 en una escala del 1 al 100.
La misma fuente agrega que el estudio realizado incluye recomendaciones de políticas para mejorar la calidad del empleo cultivando y fortaleciendo las habilidades de la fuerza laboral, entre otras. Por si fuera poco, el documento también evidencia un hecho de injusticia: las mujeres de América Latina tienen empleos de peor calidad que los hombres con una brecha de 16 puntos en el Índice de Mejores Trabajos.
Fiscalía, Ministerio del Interior y CSJ apuntan a establecer una política integral penal
El Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en representación del Poder Judicial, conformaron una mesa interinstitucional con el fin de coordinar acciones para la implementación de una política integral penal. Alberto Martínez Simón, ministro de la CSJ, habló de la necesidad de articular esfuerzos en el marco del respeto de los roles propios de cada institución.
“Fue el arranque de una serie de reuniones que vamos a mantener y hoy fue el punto inicial. Hay muchas cuestiones de interés común institucionalmente hablando porque nos involucra a los tres entes, Ministerio del Interior, Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial que tienen a la Corte Suprema de Justicia como cabeza de la institución en temas que hacen a la seguridad y al servicio de justicia en nuestro país”, explicó Martínez y reiteró que el trabajo de las tres instituciones está vinculado.
Detuvieron a joven tras 8 asaltos a Biggie
El Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, logró la detención de Miguel Ángel Cáceres López, quien contaba con una orden de captura pendiente por robo agravado a locales comerciales de Biggie de Asunción. Pese a que intentó huir, los efectivos lograron capturarlo y fue puesto a disposición de la Fiscalía.
La detención se produjo alrededor de las 16:30 de este martes 30 cuando agentes de la Policía Nacional, luego de una tarea de investigación, se trasladaron hasta la calle India, en el barrio tablada de la ciudad de Asunción donde lograron ubicar al hombre. Los efectivos policiales además incautaron una motocicleta. Con apenas 19 años, Cáceres López cuenta con ocho antecedentes por robo agravado, todos ellos a locales comerciales de Biggie ubicados en Asunción.
Traslado aéreo desde el Chaco salvó la vida a una paciente
Una mujer que se encontraba en estado grave de salud en Fuerte Olimpo fue trasladada hasta Itauguá en una avioneta. El tiempo ahorrado permitió salvarle la vida. La demora en la atención suele ser uno de los factores que impide que pobladores distantes de la capital o de Central puedan recibir atención adecuada. Casos similares se escucharon una infinidad de veces. Sin embargo, esta vez la historia fue distinta, como debiera darse siempre.
Ocurrió en Fuerte Olimpo, departamento de Alto Paraguay, donde una paciente con diagnóstico convulsivo fue trasladada en una avioneta hasta el Hospital Nacional de Itauguá. La disposición de la aeronave es parte de un convenio entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Paraguaya. Todo bajo las directrices del Seme (Sistema de Emergencias Extrahospitalarias).
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Fiscalía, Ministerio del Interior y CSJ apuntan a establecer una política integral penal
El Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en representación del Poder Judicial, conformaron una mesa interinstitucional con el fin de coordinar acciones para la implementación de una política integral penal. Alberto Martínez Simón, ministro de la CSJ habló de la necesidad de articular esfuerzos en el marco del respeto de los roles propios de cada institución.
“Fue el arranque de una serie de reuniones que vamos a mantener y hoy fue el punto inicial. Hay muchas cuestiones de interés común institucionalmente hablando porque nos involucra a los tres entes, Ministerio del Interior, Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial que tienen a la Corte Suprema de Justicia como cabeza de la institución en temas que hacen a hacen a la seguridad y al servicio de justicia en nuestro país”, explicó.
El ministro detalló que el trabajo de las tres instituciones están vinculados, por lo cual se debe trabajar coordinadamente y poner sobre la mesa las cuestiones que atañen al mecanismo de trabajo de modo a armonizarlo. Martínez Simón señaló que el hecho de que la Corte tenga digitalizados los expedientes, hace necesario que el Ministerio Público y del Interior hagan lo mismo.
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“Debemos coordinar para que esto funcione dentro del respeto de los roles propios, la Policía Nacional en su rol de investigadores de ciertos delitos y crímenes, la Fiscalía como acusador y los jueces como juzgadores imparciales, pero a efectos de que en el ámbito propio de estas tres instituciones se muevan armónicamente debemos tener estas reuniones de trabajo”, manifestó a la 1080 AM.
La conformación de esta mesa de trabajo nació a raíz de una conversación entre el Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia, en la que se abordó la necesidad de incorporar la Fiscalía General del Estado y establecer acciones en conjunto que permitan dar una respuesta rápida y eficiente tanto en la seguridad como en la investigación y persecución de los delitos y crímenes.
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