La designación del senador liberal Víctor Ríos para la terna de la Corte Suprema de Justicia generó todo tipo de cuestionamientos, partiendo de su condición de político. El diputado Sebastián García lamentó que el proceso de selección del Consejo de la Magistratura esté lejos de la despolitización.
El legislador considera que es grave que se conjuguen ambos poderes, el Poder Judicial con el político. Esto teniendo en cuenta que Ríos es actualmente miembro activo de la Cámara de Senadores, donde entrará a ser discutida la elección final para ministro de la Corte.
“Lo grave es normalizar que alguien ocupando un cargo electivo y en plena militancia política activa, con dirigencia y con injerencia partidaria pueda ocupar el cargo en la máxima instancia judicial, que en teoría se busca despolitizar”, cuestionó el diputado de Patria Querida.
En ese sentido, también su colega Rocío Vallejo hizo referencia a lo sucedido, ironizando sobre la forma en que seleccionaron la terna. “Si se habla de un concurso por puntos, pues que se respete, y si será un concurso meramente político, pues que esas sean las reglas del juego. Basta de manoseo a los doctores que se presentan”, recriminó la legisladora.
Los miembros del Consejo de la Magistratura (CM) conformaron la terna para el cargo vacante de ministro/a del Poder Judicial. Tras las votaciones pertinentes, la misma quedó integrada por Alma Méndez, con 7 votos; Víctor Ríos, con 6, y Gustavo Ocampos, con 7 votos, de un total de ocho miembros del consejo. Se dispone de un día hábil para recibir pedidos de reconsideración, y si no los hubiere, la terna será remitida al Senado.
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Ministros disertaron sobre la independencia judicial y comunicación institucional
El ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, César Diesel Junghanns y la ministra María Carolina Llanes disertaron en una jornada académica organizada por la Asociación de Magistrados del Alto Paraná (ASOMAP), en Ciudad del Este.
Las exposiciones abordaron la independencia judicial como garantía para el ejercicio de la función jurisdiccional y los desafíos para avanzar gradualmente hacia una comunicación institucional más coordinada y comprensible, orientada a facilitar a la ciudadanía el acceso a información confiable y oportuna sobre la labor del Poder Judicial.
La actividad se desarrolló en el Salón Auditorio del Palacio de Justicia de Ciudad del Este y congregó a la magistratura, representantes de asociaciones y gremios, profesionales del derecho, funcionariado judicial e invitados especiales.
El ministro César Diesel desarrolló la conferencia “El valor de la independencia judicial”, en la que destacó que la independencia constituye un elemento indispensable para la vigencia del Estado de derecho y el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional. Durante su exposición se refirió al papel constitucional del Poder Judicial y al control de constitucionalidad dentro del sistema de separación, equilibrio y recíproco control entre los poderes del Estado.
Asimismo, sostuvo que la legitimidad de las decisiones judiciales se sustenta en el conocimiento de los hechos, la aplicación del derecho correspondiente y la debida fundamentación de los fallos, con respeto a las garantías del debido proceso. Diesel abordó además las garantías constitucionales destinadas a preservar la independencia institucional y funcional de la magistratura y destacó su importancia para que jueces y tribunales puedan ejercer sus funciones con apego a la Constitución y las leyes.
Finalmente, remarcó que la independencia judicial también requiere fortalecer la calidad de la administración de justicia, mediante decisiones debidamente fundamentadas, adoptadas sin demoras innecesarias y con el tiempo necesario para garantizar el debido proceso.
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Por su parte, la ministra, María Carolina Llanes Ocampos, presentó el tema “Implementación de la Política Comunicacional” y expuso aspectos vinculados al desarrollo operativo de la Política de Comunicación del Poder Judicial, aprobada mediante Resolución N.º 9990/2023 de la Corte Suprema de Justicia.
Durante su presentación destacó la importancia de facilitar a la ciudadanía el acceso a contenidos institucionales confiables y comprensibles. En ese contexto, explicó que el desarrollo operativo de la Política de Comunicación se concibe como un proceso gradual de fortalecimiento institucional, orientado a consolidar criterios, procesos e instrumentos que contribuyan a una comunicación más coordinada y acorde con las particularidades del Poder Judicial.
Otro de los ejes abordados fue la necesidad de promover una justicia comprensible mediante información clara y un lenguaje accesible que permita a la ciudadanía conocer las funciones y competencias del Poder Judicial, comprender sus procedimientos, identificar los servicios disponibles y consultar información institucional.
La ministra se refirió además a la participación de las distintas circunscripciones judiciales en la identificación de necesidades, experiencias y buenas prácticas, con miras a construir herramientas adaptadas a las diferentes realidades territoriales.
Señaló que, cuando corresponda evaluar una actuación comunicacional, deberán considerarse los derechos involucrados, las competencias institucionales, el interés público, la proporcionalidad y las características de cada situación. En ese sentido, explicó que la comunicación estratégica requiere contar con criterios y herramientas que permitan determinar cuándo corresponde comunicar y de qué manera hacerlo, preservando las competencias y responsabilidades institucionales.
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Gobierno propone plan integral, pero los médicos insisten en aumento generalizado
La mesa directiva de la Cámara de Senadores recibió a representantes del gremio médico que se encuentra en huelga nacional, y los ministros de Economía Óscar Lovera y de Salud, María Teresa Barán, para analizar una alternativa a los cuatro puntos solicitados por los médicos.
No hubo acuerdo y ahora el gremio anunció que trasladará la movilización a Encarnación, Itapúa, mañana a las 7:00, en el marco del desarrollo del “WRC Rally del Paraguay 2026”.
Tras un largo e intenso debate, el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez y los ministros Lovera y Barán realizaron una conferencia de prensa para explicar sobre los puntos exigidos de los médicos y la respuesta del Gobierno. En este sentido, ratificaron que el pedido de un aumento general salarial, con el monto exigido, es de difícil cumplimiento.
“Creo que fue una reunión muy efectiva en el sentido de primera mano escuchar también los requerimientos, las reivindicaciones que tiene también el sector médico. Esto necesita de un abordaje integral, ayer nomas veíamos la inequidad que existe, por ejemplo, entre el personal de salud, principalmente médico que trabaja en IPS 24 horas la mayoría y que gana 3.800.000 guaraníes; por otro lado tenemos el sector del Ministerio de Salud donde están trabajando 12 horas, ganan 5 millones y hay una solicitud de ganar más”, apuntó Núñez.
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El legislador sostiene que el Presupuesto General de la Nación (PGN) tiene que ser abordado de manera responsable. “Vamos a seguir dialogando con los médicos, también con el Ejecutivo, yo no puedo decir que me voy a erigir en el vocero de ellos, sí puedo decir que cuando llegue un proyecto que venga del Ejecutivo, o de iniciativa legislativa, lo vamos a tratar responsablemente, respetando la ley de responsabilidad fiscal. El Estado administra el dinero del contribuyente y esto al final va a recaer en el contribuyente”, apuntó.
Con relación a las propuestas de aumentar impuestos a ciertos productos para generar una mayor recaudación, indicó que este es el inicio de las conversaciones y todas las propuestas serán analizadas.
“Hay que tomarlo con responsabilidad, repito, nosotros estamos administrando el dinero del contribuyente, si nosotros estamos aumentando el salario a cierto sector lo estamos sacando del bolsillo del contribuyente. Todo se va a tratar, aranceles para cigarrillos, cigarrillos electrónicos, bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas, todo se puede tratar acá, pero es la primera reunión, no me pidan una solución ahora”, afirmó.
Aumento generalizado es inviable
Por su parte, el ministro de Economía, Óscar Lovera, ratificó la postura de la cartera estatal, la inviabilidad del pedido de un aumento generalizado para un segmento del personal de blanco, en este caso, los médicos que integran el sistema de salud pública.
“Nosotros como equipo del Gabinete del presidente seguimos acompañando estas discusiones, el pedido que ellos presentaron sigue siendo el ajuste de los 3.000.000, la estimación de costo está en 128 millones de dólares, y lo que nosotros informamos ya desde un principio es que la posibilidad que podamos responder de forma positiva a esa solicitud es inviable en esta situación que estamos”, aclaró el ministro.
Reiteró que la propuesta del Ministerio de Salud es trabajar en una carrera sanitaria o médico, que no está en la agenda de los médicos movilizados. “Como habíamos hablado en su momento, era poder trabajar en una carrera médica, hay un proceso de escalafonamiento que tiene desarrollado ya el Ministerio de Salud, pero ellos mencionan que esto no es sujeto a la movilización, ellos están en el planteamiento de un aumento generalizado”, expuso Lovera.
Así mismo, indicó que tanto desde el Ministerio de Economía como de Salud se encuentran analizando las alternativas, pero que “los montos que se estaban reclamando están alejados de cualquier alternativa que estamos haciendo, pero la idea que estamos viendo es revisar el contexto general y una de las cuestiones que se mencionó dentro del ámbito de la reunión con la mesa directiva del Senado es también hacer una mirada general”.
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Kemper destacó eficiencia de la CGR bajo gestión colorada: “Datos matan relato”
El senador colorado Patrick Kemper salió al paso de las críticas de la oposición, que califica de “farsa” la conformación de las ternas para los cargos principales de la Contraloría General de la República (CGR) tras la inclusión del actual contralor Camilo Benítez, quien busca su reelección.
Kemper afirmó que, bajo la gestión de Benítez, el órgano extrapoder tuvo un crecimiento significativo en los controles y resultados en cuanto a la fiscalización y controlar del uso de los recursos económicos, financieros y patrimoniales del Estado.
El parlamentario manifestó que muchas de las denuncias por hechos de corrupción que actualmente salen a la luz, particularmente en entidades como el Instituto de Previsión Social (IPS), los municipios de Asunción y de Ciudad del Este, son producto de los trabajos realizados por la dirección actual de la Contraloría.
“Esas denuncias son parte del informe de la Contraloría. Gran parte de todas las denuncias que hoy están saliendo de IPS y de otras instituciones son producto del trabajo de los auditores de la Contraloría General de la República. Los datos matan el relato”, manifestó ante la intención de la oposición de desestimando el reiterado discurso opositor, que señala un supuesto intento de copamiento por parte del oficialismo colorado.
El legislador recordó que hasta abril de 2019 las declaraciones juradas eran de carácter reservado, mientras que actualmente más de 1.600.000 declaraciones juradas están disponibles de manera pública, gratuita y de fácil acceso. Según Kemper, esta apertura permitió generar antecedentes para investigaciones por posibles casos de enriquecimiento ilícito.
A la vez destacó el aumento de los informes de análisis patrimonial. “Hasta el 2019 se habían generado 256 informes de análisis patrimonial de gestiones anteriores”, indicó. En contraste, afirmó que entre 2019 y 2026 se realizaron 1.217 informes, lo que representa un incremento del 375 %.
En cuanto a los sumarios por incumplimiento de la obligación de presentar declaraciones juradas, señaló que antes de 2019 no existían procesos de este tipo, mientras que actualmente hay 1.073 sumariados, con multas por G. 8.856 millones, de las cuales aproximadamente el 26% ya fue cobrado.
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Kemper también resaltó el alcance de las auditorías sobre autoridades. “Hoy se hicieron auditorías sobre presidentes, expresidentes, ministros de Corte, exministros de Corte, ministros del Poder Ejecutivo”, manifestó. A esto sumó más de 69 sumariados por conflictos de intereses y 325 informes remitidos al Ministerio Público.
Uno de los datos que consideró más relevantes fue el impacto económico de las investigaciones de la Contraloría. “Hasta el 2019, el resultado del impacto económico de los trabajos investigativos de la Contraloría representaban 35 millones de dólares. Del 2019 al 2026, como bien estaba mostrando el presidente, casi, casi es 1.000 millones de dólares”, puntualizó.
El senador también destacó la digitalización de las rendiciones de cuentas, que actualmente se realizan de manera online, y la incorporación de tecnología para el control del gasto público. A la vez resaltó la implementación de mecanismos de transparencia e integridad. Según indicó, actualmente existen 224 unidades de transparencia y anticorrupción operativas en los tres poderes del Estado.
Por otra parte, defendió el desempeño internacional de la institución y recordó que Paraguay ocupó por primera vez la presidencia de la OLACEFS durante el periodo 2023-2025, tras una elección por unanimidad en México. “No es justo cuando se habla de que esta gestión es ineficiente. Fortalecer una institución como esta es apostar realmente a tener un Estado más eficiente y, sobre todo, que la aplicación de los fondos públicos, producto de los contribuyentes, de todos los paraguayos, sean aplicados de forma eficiente para beneficio de todos ellos”, indicó.
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Día clave en el Congreso: Senado define quiénes controlarán los gastos públicos
Un grupo de 27 senadores presentó oficialmente una nota para la elaboración de las ternas para el cargo de contralor general de la República y subcontralor para el siguiente periodo de mandato en la entidad contralora.
El pleno de la Cámara de Senadores deberá definir las ternas para ambos cargos y posteriormente remitir a la Cámara de Diputados para la designación de las nuevas autoridades de la Contraloría General de la República (CGR).
El senador Natalicio Chase planteó al pleno ir a un cuarto intermedio de la sesión ordinaria y convocar a una extraordinaria para tratar la conformación de la terna. El legislador también se encargó de presentar la propuesta de los seis nombres para conformar las dos ternas.
“Esta nómina es fruto de un análisis serio y responsable de los antecedentes, de la trayectoria y las capacidades de cada postulante, no se trata de nombre elegidos al azar, sino de personas que cumplen con los requisitos constitucionales y legales, que además cumplen con la solvencia profesional y ética necesaria para conducir este órgano clave de control de la gestión económica y financiera del Estado”, argumentó.
Para el cargo de contralor general, en la propuesta de la terna se incluye a Camilo Daniel Benítez Aldana (actual titular), Mabel Bogado Oviedo y Carlos Vera Ruiz. Para subcontralor, la propuesta incluye a Armindo Torres Torres, Augusto José Félix Paiva y Cosme Alfredo Torres Rodríguez.
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