El senador colorado Patrick Kemper salió al paso de las críticas de la oposición, que califica de “farsa” la conformación de las ternas para los cargos principales de la Contraloría General de la República (CGR) tras la inclusión del actual contralor Camilo Benítez, quien busca su reelección.

Kemper afirmó que, bajo la gestión de Benítez, el órgano extrapoder tuvo un crecimiento significativo en los controles y resultados en cuanto a la fiscalización y controlar del uso de los recursos económicos, financieros y patrimoniales del Estado.

El parlamentario manifestó que muchas de las denuncias por hechos de corrupción que actualmente salen a la luz, particularmente en entidades como el Instituto de Previsión Social (IPS), los municipios de Asunción y de Ciudad del Este, son producto de los trabajos realizados por la dirección actual de la Contraloría.

“Esas denuncias son parte del informe de la Contraloría. Gran parte de todas las denuncias que hoy están saliendo de IPS y de otras instituciones son producto del trabajo de los auditores de la Contraloría General de la República. Los datos matan el relato”, manifestó ante la intención de la oposición de desestimando el reiterado discurso opositor, que señala un supuesto intento de copamiento por parte del oficialismo colorado.

El legislador recordó que hasta abril de 2019 las declaraciones juradas eran de carácter reservado, mientras que actualmente más de 1.600.000 declaraciones juradas están disponibles de manera pública, gratuita y de fácil acceso. Según Kemper, esta apertura permitió generar antecedentes para investigaciones por posibles casos de enriquecimiento ilícito.

A la vez destacó el aumento de los informes de análisis patrimonial. “Hasta el 2019 se habían generado 256 informes de análisis patrimonial de gestiones anteriores”, indicó. En contraste, afirmó que entre 2019 y 2026 se realizaron 1.217 informes, lo que representa un incremento del 375 %.

En cuanto a los sumarios por incumplimiento de la obligación de presentar declaraciones juradas, señaló que antes de 2019 no existían procesos de este tipo, mientras que actualmente hay 1.073 sumariados, con multas por G. 8.856 millones, de las cuales aproximadamente el 26% ya fue cobrado.

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Kemper también resaltó el alcance de las auditorías sobre autoridades. “Hoy se hicieron auditorías sobre presidentes, expresidentes, ministros de Corte, exministros de Corte, ministros del Poder Ejecutivo”, manifestó. A esto sumó más de 69 sumariados por conflictos de intereses y 325 informes remitidos al Ministerio Público.

Uno de los datos que consideró más relevantes fue el impacto económico de las investigaciones de la Contraloría. “Hasta el 2019, el resultado del impacto económico de los trabajos investigativos de la Contraloría representaban 35 millones de dólares. Del 2019 al 2026, como bien estaba mostrando el presidente, casi, casi es 1.000 millones de dólares”, puntualizó.

El senador también destacó la digitalización de las rendiciones de cuentas, que actualmente se realizan de manera online, y la incorporación de tecnología para el control del gasto público. A la vez resaltó la implementación de mecanismos de transparencia e integridad. Según indicó, actualmente existen 224 unidades de transparencia y anticorrupción operativas en los tres poderes del Estado.

Por otra parte, defendió el desempeño internacional de la institución y recordó que Paraguay ocupó por primera vez la presidencia de la OLACEFS durante el periodo 2023-2025, tras una elección por unanimidad en México. “No es justo cuando se habla de que esta gestión es ineficiente. Fortalecer una institución como esta es apostar realmente a tener un Estado más eficiente y, sobre todo, que la aplicación de los fondos públicos, producto de los contribuyentes, de todos los paraguayos, sean aplicados de forma eficiente para beneficio de todos ellos”, indicó.

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Un grupo de 27 senadores presentó oficialmente una nota para la elaboración de las ternas para el cargo de contralor general de la República y subcontralor para el siguiente periodo de mandato en la entidad contralora.

El pleno de la Cámara de Senadores deberá definir las ternas para ambos cargos y posteriormente remitir a la Cámara de Diputados para la designación de las nuevas autoridades de la Contraloría General de la República (CGR).

El senador Natalicio Chase planteó al pleno ir a un cuarto intermedio de la sesión ordinaria y convocar a una extraordinaria para tratar la conformación de la terna. El legislador también se encargó de presentar la propuesta de los seis nombres para conformar las dos ternas.

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“Esta nómina es fruto de un análisis serio y responsable de los antecedentes, de la trayectoria y las capacidades de cada postulante, no se trata de nombre elegidos al azar, sino de personas que cumplen con los requisitos constitucionales y legales, que además cumplen con la solvencia profesional y ética necesaria para conducir este órgano clave de control de la gestión económica y financiera del Estado”, argumentó.

Para el cargo de contralor general, en la propuesta de la terna se incluye a Camilo Daniel Benítez Aldana (actual titular), Mabel Bogado Oviedo y Carlos Vera Ruiz. Para subcontralor, la propuesta incluye a Armindo Torres Torres, Augusto José Félix Paiva y Cosme Alfredo Torres Rodríguez.

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Una vez finalizada la audiencia del lunes 24 de agosto, Giuzzio profirió amenazas directas contra Valdez y Arce, ambos integrantes del equipo fiscal del proceso.

El día de ayer, la Aso­ciación de Agentes Fiscales del Para­guay, mediante una nota dirigida a la Corte Suprema de Justicia, solicitó la adop­ción de medidas de seguri­dad de carácter urgente para los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, luego de amena­zas que recibieron por parte del exministro del Interior y extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Arnaldo Giuzzio, al término de la audiencia del juicio oral que enfrenta por cohecho pasivo agravado.

El gremio calificó lo suce­dido en los pasillos de la Corte como un hecho de “suma gra­vedad institucional” y pidió medidas de protección para los representantes del Minis­terio Público que intervie­nen en la causa “Ministerio Público c/ Arnaldo Giuzzio s/ Cohecho Pasivo Agravado y Extorsión”.

Además, menciona que todo lo sucedido quedó grabado en vídeos que posterior­mente fueron difundidos en los medios de comunicación y redes sociales.

El documento señala que, una vez finalizada la audiencia del lunes 24 de agosto, Giuzzio profirió amenazas directas contra Valdez y Arce, ambos integrantes del equipo fiscal del proceso.

En ese contexto, solicita el refuerzo del dispositivo de seguridad en los pasillos y accesos de la sala de juicio oral durante las jornadas que resten del debate, además de custodia personal para ambos fiscales durante su permanencia en la sede judi­cial, incluyendo su ingreso, el desarrollo de las audiencias y su retiro del edificio.

El gremio también pidió que las medidas se mantengan mientras persista el riesgo, al considerar que se trata de una medida preventiva ante una amenaza concreta que ya se habría materializado. Además, advirtió que situaciones de amenazas y amedrenta­mientos durante juicios ora­les no afectan únicamente a los agentes involucrados, sino que pueden comprometer el normal desarrollo de los pro­cesos penales y el libre ejerci­cio de la función fiscal, entre otros puntos.

La amenaza contra los agentes fiscales mencionados ocurrió al finalizar la jornada de juicio del lunes 24 de agosto. Una cámara de GEN/Nación Media captó el momento en que Giuzzio increpó a los fiscales, apuntando con el dedo hacia Jorge Arce.

“Vamos a hablar después”, habría manifestado el exministro durante el cruce con los agentes fiscales; previamente, Arce le había pedido concentrarse en su defensa. Los fiscales adelan­taron que comunicarán formalmente el episodio al Tribunal de Sentencia, integrado por Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete, durante la próxima audiencia, prevista para el 1 de setiembre a las 10:30.

El Senado iniciará mañana lunes 24 de agosto el ciclo de audiencias públicas para analizar los perfiles y las propuestas de los candidatos a defensor del pueblo y defensor adjunto, paso previo para la conformación de la terna que será remitida a Diputados.

La selección para ambos cargos debe concretarse antes del próximo 10 de noviembre, periodo en que fenece el mandato del actual defensor del pueblo, Rafael Ávila. Las audiencias públicas iniciarán a las 10:00 y se desarrollarán en la Sala de Sesiones del Senado, ubicada en el tercer piso, con una tolerancia de 20 minutos.

Para la primera jornada fueron convocados Rafael Ávila, quien busca su reelección en el cargo al igual que Natalia Sosa Flores, quien se desempeña actualmente como defensora adjunta.

También acudirán a las audiencias públicas, Federico Génez, Isidro Miño, Alejandro Castillo y Alex Benítez. El defensor del pueblo es nombrado por mayoría de dos tercios de la Cámara de Diputados, de una terna propuesta por la Cámara de Senadores. Dura cinco años en sus funciones, coincidente con el período del Congreso Nacional y podrá ser reelecto.

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De conformidad con el artículo 278 de la Constitución Nacional, quienes aspiren al cargo de defensor del pueblo deberán reunir los mismos requisitos exigidos para ser diputado. Esta exigencia también se aplica para el cargo de defensor del pueblo adjunto, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley n.° 631/1995.

La Carta Magna refiere que para ser elegido defensor del pueblo se requiere la nacionalidad paraguaya, ser mayor de veinticinco años de edad y estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos.

El defensor del pueblo goza de inamovilidad y solo cesa en sus funciones por las siguientes causas: renuncia presentada ante la Cámara de Diputados; expiración de mandato; muerte o incapacidad de hecho sobreviniente declarada por la Corte Suprema de Justicia; haber cumplido la edad de 75 años y juicio político en los términos establecidos por la Constitución Nacional.

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