El agente fiscal Silvio Corbeta manifestó la relevancia de que tres excolaboradores del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, hayan reconocido su culpabilidad en el caso Tajy, que ayer martes fue elevado a juicio oral y público por el juez Humberto Otazú. “Para nosotros repercute positivamente porque demuestra la solidez de nuestra acusación fiscal”, dijo el funcionario de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

Durante la audiencia preliminar realizada finalmente el 3 y 4 de agosto, tras una serie de chicanas, el magistrado decidió la suspensión condicional del procedimiento para los acusados Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Nelson Alexis Segovia Acevedo, extesorero; y Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, encargada de órdenes de pago. Estos funcionarios admitieron que los hechos de presunta compra simulada, mediante licitaciones por vía de la excepción, ocurrieron en junio de 2020, en plena pandemia, ocasionando un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500 a la Municipalidad de Ciudad del Este.

El encuestador Adolfo Grau dijo que los votos a favor de los candidatos a concejales de la Asociación Nacional Republicana (ANR), ampliarán la brecha de preferencia electoral que mantiene el candidato a intendente de Asunción por la Lista 1, Camilo Pérez contra su principal contrincante la opositora y exministra de Viviendas, Soledad Núñez.

“La suma de todos los votos de la concejalía colorada supera a la de Camilo unos 3 o 4 puntos, es decir Camilo por una cuestión simple va a subir más, se ampliará su brecha que tiene con Soledad Núñez. Después está el día D, la estructura, los recursos humanos y económicos que inciden mucho en la fase final de una campaña política y pareciera ser que los margenes serán muy superiores a lo que estamos manejando hoy. Yo creo que se llegará a un 18 % o un poco más (de diferencia en preferencia electoral)”, refirió al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La firma Ypytã Inmobiliaria Ganadera comunicó a la Superintendencia General de Justicia, dependiente de la Corte Suprema, decenas de presuntas irregularidades avaladas por la escribana Justina Esteche y firmadas por el magistrado Édgar Rivas al momento de protocolizar la titulación de una costosa propiedad ubicada en Pedro Juan Caballero. Dicho inmueble pertenece a la firma Ypytã, la cual fue rehabilitada legalmente.

En la denuncia ante el órgano de la máxima instancia judicial se mencionan numerosas inconsistencias en el contenido del título de propiedad firmado por el juez Rivas y la escribana Esteche. En el documento se hicieron constar decisiones judiciales que no existen en el expediente judicial, una situación considerada de extrema gravedad. Del mismo modo, se puso en conocimiento de los ministros de la Corte estas arbitrariedades, señalando que la actuación de la escribana y del juez Rivas podría generar una profunda inseguridad jurídica en el país.

El Departamento de Investigaciones localizó y detuvo en el microcentro a una de las personas investigadas por lesión de confianza en el caso que involucra a los expresidentes Jorge Brítez y Vicente Battaglia.

Rosa Concepción Colmán, con orden de captura en la causa por supuesto hecho de lesión de confianza, en el IPS, fue detenida ayer durante un operativo en el barrio Catedral de Asunción. La derivaron al Departamento de Investigación de Asunción, desde donde la llevarán a la Fiscalía para prestar declaración indagatoria hoy.

El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, informó este miércoles que la Gobernación de Central, encabezada por Ricardo Estigarribia, canceló una licitación “urgente”, poco después de que el ente regulador suspendiera ayer el llamado que pretendía la adquisición por vía de la excepción de un sistema tecnológico de seguridad por más de G. 8.300 millones, que incluye 300 cámaras IP Full HD para exteriores.

Encina explicó que este tipo de procesos por vía de la excepción es utilizado para una licitación de carácter urgente, pero que también requiere de controles para su aplicación. La convocatoria se subió el viernes 31 de julio a las 22:10, un horario atípico; con visita técnica de carác­ter obligatorio para el lunes 3 de agosto a las 8:30 en la sede gubernamental, y apertura de ofertas para este miérco­les 5 de agosto a las 8:00.

El presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), William Wilka, confirmó que la estatal no variará sus precios esta semana, mientras continúa analizando la situación. El titular de la petrolera estatal aseguró que la firma seguirá siendo la más competitiva, incluso de darse alguna eventual suba.

“Todavía seguimos analizando cómo está el mercado, acabamos de cerrar el mes de julio, la segunda quincena, y realmente la cotización internacional no baja del promedio de USD 1.000 el metro cúbico”, dijo en diálogo con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) destacó el avance en obras de infraestructura que serán de alta relevancia en el desarrollo del país. El puente del corredor Bioceánico, la defensa costera de Pilar y la conexión de Puerto Indio con la ruta PY07 están tomando forma conforme a las labores realizadas.

Con relación al paso sobre el río Paraguay, para unir las localidades de Carmelo Peralta con Puerto Murtinho (Brasil), el gremio cita que se encuentra en su etapa decisiva para unir ambas márgenes y destaca que se trata de una estructura clave para consolidar al Paraguay como centro logístico multimodal.

La estabilidad laboral de los trabajadores con 10 años de antigüedad es un tema que arrastra varias posiciones en el ámbito empresarial. Mientras algunos gremios consideran que el régimen vigente desincentiva la contratación y la permanencia de los trabajadores, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) sostiene que cualquier eventual reforma debe surgir del consenso entre todos los sectores.

En conversación con La Nación/Nación Media, el director de Trabajo, Jorge Rivas, explicó que la iniciativa de discutir el régimen actual proviene del sector patronal. Sin embargo, aclaró que el rol de la institución es actuar como articulador del diálogo y no tomar partido por una de las posiciones.

“Como autoridad administrativa tenemos que escuchar a todos: trabajadores y empleadores”, afirmó y señaló que la experiencia demuestra que las mesas de diálogo tripartitas han permitido alcanzar acuerdos importantes en materia laboral.

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Actualmente, la legislación establece que, cumplidos 10 años de antigüedad, un trabajador adquiere estabilidad especial. Esto no impide su despido, pero obliga al empleador a justificar judicialmente la causa cuando pretende extinguir la relación laboral.

Además, entre los 9 años y seis meses y los 10 años rige el denominado “período de sospecha”, en el que la ley presume que un despido sin causa podría buscar evitar que el trabajador alcance esa estabilidad.

Rivas también se refirió a una práctica conocida como la “compra de antigüedad”, mediante la cual algunos trabajadores son despedidos antes de cumplir los diez años y luego reincorporados.

Explicó que, si se comprueba que existió una simulación para eludir la estabilidad laboral, el caso puede derivar en investigaciones administrativas e incluso en acciones judiciales por fraude laboral.

El funcionario añadió que hoy los principales conflictos laborales que llegan a la institución siguen vinculados a la terminación de la relación laboral, especialmente por diferencias entre trabajadores y empleadores sobre si el despido fue con o sin causa, aspecto que define el pago de indemnizaciones y otros beneficios.

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Las noticias falsas, la posverdad y la creciente influencia de grupos de poder al margen de las instituciones representan hoy algunos de los principales desafíos para la independencia judicial y el ejercicio del derecho. Ese fue uno de los ejes centrales de la II Semana Jurídica desarrollada en Curuguaty, donde se analizó cómo la desinformación puede afectar el funcionamiento del sistema de justicia y debilitar el Estado de Derecho.

Durante la apertura del encuentro, realizado en la filial Curuguaty de la Universidad Nacional de Canindeyú (UNICAN), se debatió sobre el impacto que tienen los contenidos falsos y las campañas de manipulación de la información en la labor de jueces, fiscales y abogados, así como en la confianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de impartir justicia.

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El análisis cobró especial relevancia en un contexto marcado por el reciente ataque contra una dependencia policial en el departamento de Canindeyú, un episodio que volvió a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas frente a escenarios de alta tensión y a la influencia del crimen organizado.

Durante la jornada también se advirtió sobre los riesgos que representan los llamados poderes fácticos cuando intentan condicionar las decisiones de los órganos de justicia o instalar narrativas destinadas a generar incertidumbre, desconfianza o caos social.

Otro de los puntos abordados fue la importancia de garantizar la independencia de los magistrados y preservar la objetividad en cada proceso judicial, evitando que factores externos o presiones mediáticas interfieran en la aplicación de la ley.

El debate incluyó además una reflexión sobre la ética profesional en el ámbito jurídico, resaltando que la formación técnica y la integridad continúan siendo pilares indispensables para quienes ejercen funciones dentro del sistema de justicia. Asimismo, se analizó el fenómeno de los llamados “juicios paralelos”, impulsados muchas veces desde redes sociales y otros espacios públicos, y cómo estos pueden afectar el principio de presunción de inocencia y el derecho al debido proceso.

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La conferencia formó parte de la II Semana Jurídica organizada en Curuguaty, un espacio académico que reunió a estudiantes, docentes, magistrados y profesionales del derecho para debatir sobre los desafíos que enfrenta actualmente la administración de justicia en un escenario marcado por la rápida circulación de información y el creciente impacto de la desinformación.

La actividad en el Poder Judicial de Saltos del Guairá tendrá una pausa el próximo 30 de julio, luego de que la Corte Suprema de Justicia dispusiera asueto judicial en esa sede con motivo del 53.º aniversario fundacional de la capital del departamento de Canindeyú, informaron este jueves. Como consecuencia de la medida, todos los plazos procesales cuyo vencimiento estaba previsto para esa fecha quedarán automáticamente prorrogados hasta el 31 de julio de 2026.

Las autoridades también recordaron que la resolución fue adoptada durante una sesión plenaria de la máxima instancia judicial, en ejercicio de las atribuciones que la legislación le confiere para organizar el funcionamiento de los tribunales y garantizar la adecuada prestación del servicio de justicia en circunstancias excepcionales o conmemorativas.

La suspensión alcanza exclusivamente a los plazos procesales correspondientes a la Circunscripción Judicial de Canindeyú con asiento en Saltos del Guairá, mientras que las actividades se reanudarán con normalidad al día siguiente hábil.

La ciudad, ubicada en el extremo noreste del país y fronteriza con el estado brasileño de Paraná, fue fundada el 30 de julio de 1973, en el marco del proceso de colonización y desarrollo impulsado en esa zona del país. Con el paso de las décadas se consolidó como la capital departamental de Canindeyú y uno de los principales polos comerciales de la frontera, favorecida por su intensa relación económica con Brasil y por el dinamismo generado en torno al comercio, la agricultura y los servicios.

Desde el punto de vista institucional, Saltos del Guairá alberga la sede de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, desde donde se administran los servicios de justicia para el departamento. En esa jurisdicción funcionan juzgados de distintas especialidades, tribunales de apelación, oficinas del Ministerio Público y de la Defensa Pública, además de dependencias administrativas que atienden los procesos judiciales de una de las regiones con mayor crecimiento demográfico y económico del país.

La decisión de la Corte Suprema forma parte de una práctica habitual mediante la cual se ajusta el calendario judicial en localidades que celebran aniversarios fundacionales u otras fechas de relevancia cívica, procurando preservar tanto las actividades conmemorativas como la seguridad jurídica de las partes mediante la prórroga automática de los plazos procesales.