El viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, dijo que no se puede descartar que dentro de la rosca que involucra a 17 intendencias y a una gobernación en el esquema de facturas de contenidos falsos o clonados, se encuentren también infiltradas instituciones del gobierno central.

El funcionario de Estado, dijo que es necesario que se establezcan condiciones penales más severas a fin de castigar a los responsables. Esto en torno a los 295 contratos de un “súper proveedor” del Estado, Cristino Jara López, quien facturó un total de G. 57.000 millones a dichas instituciones.

“Estamos hablando de aproximadamente G. 170 mil millones en total de emisión de facturas que nosotros presumimos que son falsas. En ese sentido hay que recordar que existen 17 municipios y una gobernación que han adquirido o recibido servicios de una empresa cuyo 97% de sus gastos o costos son facturas de contenido falso”, refirió.

En ese sentido, Orué mencionó que los trabajos de investigación ya comenzaron con una reunión llevada a cabo en la fecha con los representantes de la Contraloría, así como del Ministerio Público.

“Acá la Contraloría tendrá la responsabilidad de verificar que las obras se hayan realizado, sus costos y todo lo relacionado a cómo se gastó el dinero público y la Fiscalía se encargará de ver las implicancias de posibles hechos punibles, de hecho nuestra denuncia es por la utilización de facturas falsas y bueno, tendrá que determinar si existen otros hechos punibles”, indicó.

Al respecto, comentó que la Dirección de Contrataciones Públicas, se encuentra a la vez colaborando con dichas instituciones. Agregó que desde su institución tienen trazada absolutamente toda la ruta del dinero.

“Cuando hablamos de una empresa muy grande que está haciendo obras a nivel nacional, lo que uno supone es que hay una estructura bastante amplia, bien organizada, donde se paga con cheques o se hacen transferencias bancarias y eso no existe. Siempre hablamos de supuestos, escuché entrevistas a intendentes que desmeritan lo que nosotros hacemos, eso es normal, pero estamos seguros de lo que hicimos y tenemos totalmente trazados”, detalló.

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Ante la consulta de que si dicha empresa pudo haberse infiltrado en instituciones del Poder Ejecutivo, indicó que “puede ser, el director de Contrataciones Públicas me comentaba también que esta empresa tiene contratos pequeños con algunas entidades, no sé si son de la administración central, pero sí pueden ser entidades del Estado, además de los municipios”.

Por otra parte, Orué puntualizó que el relacionamiento o la responsabilidad de los municipios serán juzgados por los órganos competentes, como la Contraloría y la Fiscalía.

“Nosotros no emitimos los juicios de valor sobre los municipios. En el caso de la gobernación, su titular se comunicó conmigo y pidió una audiencia, mañana le voy a recibir y vamos a hablar ahí de lo que le preocupa. Nosotros no juzgamos a los municipios y a esta gobernación, solo informamos”, expresó.

Agregó que la empresa de Jara López, no se encuentra constituida y que está ubicada en una casa particular de la ciudad de Itá. “No tienen contratos con obreros y albañiles, no hay un solo ladrillo que compraron de forma formal y otros materiales de construcción y lógicamente eso llama la atención”, dijo.

Finalmente agregó que es necesario que se establezcan condiciones penales más severas y específicas para castigar a los responsables. “En el ámbito administrativo hay 2 infracciones, la omisión y la defraudación y en el ámbito penal existe lo que es la evasión de impuestos. Hoy la evasión es un delito precedente de lavado de dinero, sí creo que hay una falta de claridad en la ley”, manifestó en el programa Fuego Cruzado.

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