Valoran promulgación de la ley del JEM, que ayuda a la transparencia del sistema judicial
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El senador Jorge Querey, líder de la bancada de Frente Guasú, valoró la promulgación de la nueva ley del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que implica un paso importante en un funcionamiento más transparente del sistema judicial. Destacó que con esto se busca aportar al largo camino de independencia y transparencia del Poder Judicial, tanto de jueces y magistrados.
La normativa legislativa fue sancionada por el Congreso el pasado 26 de agosto, luego de un largo trabajo del Poder Legislativo entre los proyectos que fueron presentados por senadores del Frente Guasú, y que luego se unificó con propuestas de otras bancadas, a propuesta de los senadores Víctor Ríos y Sergio Godoy.
“Esta nueva ley plantea algunas cuestiones innovadoras e importantes. Entre las nuevas modificaciones establece que ya no se puede llevar a magistrados de oficio al JEM, mecanismo que anteriormente era comúnmente utilizado para ejercer coacción y control sobre los jueces”, indicó el legislador. Añadió que si bien, el JEM puede tomar acciones de oficio, pero con la aprobación de 6 de sus 8 miembros.
Asimismo, mencionó como otro aspecto importante, que ahora se establecen plazos para la resolución de los expedientes. Anteriormente muchos de estos expedientes se tenían comúnmente encajonados, lo que también funcionaba como un elemento de presión sobre jueces, porque se tenía a los magistrados con una “soga al cuello”.
Agregó que también en esta nueva ley se clarifican los procesos que deben cumplirse para el procesamiento de magistrados. Anteriormente no existían mecanismos claros, lo que daba lugar a arbitrariedades.
“Todas estas modificaciones, lo que permite es evitar, lo que antes los jueces, fiscales y defensores públicos, sigan teniendo la cuerda en el cuello, de tal forma que eran coaccionados, para diferentes tipos de intereses. Esta nueva ley es un paso importante”, acotó.
Finalmente, resaltó que esta ley fue producto de un intenso trabajo legislativo, no es la solución definitiva para los múltiples problemas estructurales que afectan al sistema judicial pero es un importante paso.
“Con esto se ha sacado una discrecionalidad al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que desde ahora deberán cumplir requisitos, respetarse el debido proceso, los plazos, y otros elementos que garantizan una mayor independencia de los magistrados contra las presiones políticas y el tráfico de influencia”, concluyó.
Dionisio Amarilla impulsó el pedido para cancelar las licitaciones de limpieza del IPS, ante los cuestionamientos sobre las condiciones; y reclamó transparencia y libre competencia. Foto: Archivo
Senado pide frenar licitaciones del IPS por casi G. 190.000 millones
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Por mayoría, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de declaración que insta al Instituto de Previsión Social (IPS) a cancelar dos millonarias licitaciones para servicios de limpieza e higienización, cuyos montos globales rondan los G. 190.000 millones.
La propuesta legislativa fue promovida por el senador Dionisio Amarilla, vicepresidente de la Cámara Alta, quien logró el acompañamiento de sus colegas para la aprobación.
El parlamentario explicó que impulsó el pedido ante los cuestionamientos surgidos en torno a las condiciones de los procesos de contratación y la necesidad de garantizar una mayor transparencia y competencia en el uso de los recursos del IPS.
El senador liberal explicó que se trata de las licitaciones N.º 27/2026 y N.º 28/2026, destinadas a la contratación de servicios de limpieza e higienización para dependencias del IPS en el Área Central y el interior del país. En conjunto, ambas convocatorias representan aproximadamente G. 189.230 millones.
Garantizar la libre participación
Amarilla sostuvo que, ante las dudas y cuestionamientos existentes, corresponde detener los procesos antes de avanzar hacia una eventual adjudicación y revisar las condiciones establecidas en los pliegos.
“Considero que es necesario garantizar la libre participación de oferentes y evitar cualquier situación que pueda generar sospechas de privilegio o favorecimiento en una contratación de semejante magnitud”, expresó.
Con la aprobación de la declaración, el Senado respalda el planteamiento de Amarilla y pide al IPS cancelar los actuales procesos y realizar una revisión integral antes de convocar nuevamente a una licitación, bajo criterios que aseguren transparencia, igualdad de oportunidades y competencia efectiva.
Para Amarilla, la prioridad debe ser resguardar los recursos del IPS y evitar que una contratación cercana a los G. 190.000 millones avance mientras persisten cuestionamientos que requieren ser esclarecidos.
Intendente de Capitán Bado declaró asueto por la Independencia del Brasil
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Una gran polémica se generó en el municipio de Capitán Bado luego de que el intendente local declarara asueto distrital para el lunes 7 de setiembre, en conmemoración de la Independencia de la República Federativa del Brasil. La medida recibió duras críticas en diversas redes sociales por parte de la ciudadanía.
La disposición de la Municipalidad de Capitán Bado, ubicada en el departamento de Amambay, fue oficializada por el intendente municipal, Ronald Lorenzo Riveros.
De acuerdo con lo comunicado por las autoridades a través de su página oficial de Facebook, la resolución busca otorgar un día libre a los funcionarios públicos para que puedan participar activamente en el desfile cívico-estudiantil programado para esa fecha.
Asimismo, desde la administración municipal destacaron que la medida tiene como objetivo honrar las históricas y estrechas relaciones de hermandad existentes entre Capitán Bado y la vecina ciudad limítrofe de Coronel Sapucaia, fortaleciendo así los lazos institucionales y comunitarios entre ambos municipios fronterizos.
El Ministerio del Interior difundió, este 4 de setiembre, un informe con cifras oficiales de los principales avances en la Policía Nacional. Foto: Gentileza
Policía Nacional proyecta superar los 42.000 efectivos para diciembre y refuerza controles internos
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El Ministerio del Interior difundió este viernes información oficial y datos actualizados sobre la situación de la Policía Nacional, con el objetivo de brindar mayor claridad y transparencia sobre la composición, formación, distribución y fortalecimiento de la fuerza policial.
“Se presentan las principales cifras relacionadas con la cantidad de efectivos actuales y proyectados, los procesos de formación y capacitación, la distribución del personal, los exámenes de integridad, los ascensos, así como las investigaciones, sumarios y bajas registradas en los últimos años”, señala el informe.
Además, la cartera estatal explica que estos datos permiten conocer, de manera clara y objetiva, las acciones que se vienen implementando para fortalecer la institución, mejorar la preparación de sus integrantes, reforzar los mecanismos de control interno y garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
“La información forma parte del compromiso institucional de poner a disposición de la ciudadanía datos concretos sobre la gestión, promoviendo la transparencia, la responsabilidad y el fortalecimiento permanente de la Policía Nacional al servicio de todos”, puntualizaron las autoridades de seguridad.
El Ministerio del Interior difundió, este 4 de setiembre, un informe con cifras oficiales de los principales avances en la Policía Nacional. Foto: Gentileza
Fuerza policial
La Policía Nacional proyecta cerrar el 2026 con 42.611 efectivos, unos 5.000 más que los que actualmente integran la fuerza, según las cifras oficiales difundidas por la institución.
El crecimiento representa un incremento significativo respecto a agosto de 2023, cuando la Policía contaba con 26.793 efectivos. Actualmente son 37.611 los integrantes de la fuerza, mientras que la proyección para diciembre contempla la incorporación de 5.000 nuevos egresados.
Con la cifra proyectada, Paraguay se acercaría al promedio mínimo de referencia de tres policías por cada 1.000 habitantes. Actualmente, la relación es de aproximadamente 2,8 policías por cada 1.000 habitantes.
De los efectivos actuales, 28.916 están destinados a tareas de prevención, seguridad y otras dependencias, mientras que 3.300 cumplen funciones de investigación criminal. Otros 5.395 integran unidades como la FOPE, GEO, agrupaciones de seguridad y otras áreas especializadas.
La institución advierte además que aproximadamente 800 policías se jubilan cada año, lo que constituye un factor a considerar en la planificación de la dotación.
Más formación
El aumento de efectivos está acompañado de cambios en los procesos de formación. Los egresados de 2024 y 2025 fueron seleccionados entre más de 18.000 aspirantes, mediante exámenes realizados por la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
La formación de suboficiales se concentra en un año académico, con 1.610 horas de formación y 500 horas de pasantía profesional. En el caso de los oficiales, la preparación contempla cuatro años de formación y más de 3.200 horas cátedra, por encima de las 2.700 horas exigidas por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES). Además, se prevé el ingreso de aproximadamente 150 oficiales por año.
Otro de los ejes señalados por la Policía es el fortalecimiento de los mecanismos de control de integridad. Durante los últimos tres años de gestión se prevé realizar aproximadamente 450 exámenes de integridad, que incluyen pruebas de polígrafo para integrantes de distintas promociones y niveles jerárquicos.
La aprobación del polígrafo constituye un requisito para acceder a un ascenso. Los resultados son remitidos al Tribunal de Calificaciones, encargado de seleccionar a los candidatos para las vacancias disponibles.
El aumento de efectivos está acompañado de cambios en los procesos de formación. Foto: Gentileza
Policías investigados
Uno de los datos más relevantes del informe corresponde a los mecanismos de depuración interna. Entre 2023 y 2026 se registran 2.110 policías investigados por Asuntos Internos y 947 sumariados por indicios serios.
De acuerdo con el documento, el 5% de los sumariados corresponde a casos de corrupción. En el mismo período se registraron 189 bajas por corrupción u otros motivos, mientras que en los cinco años anteriores se habían registrado 109 bajas.
Experiencia en territorio
La estrategia para los nuevos integrantes también contempla una mayor permanencia en territorio. Los nuevos suboficiales deberán cumplir dos años de pasantía mínima en comisarías de Asunción y Central, realizando patrullaje urbano y formación continua.
La medida busca fortalecer la experiencia práctica, mejorar la prevención y la seguridad, promover la especialización y reforzar el vínculo entre la Policía y las comunidades.
Con estas medidas, la Policía plantea una estrategia basada en tres ejes: más efectivos, mayor formación y más controles internos, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de la institución y mejorar su servicio a la ciudadanía.
Juicio contra Miguel Prieto continuará el 7 de setiembre
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Tras un breve receso y algunos incidentes, esta tarde se retomó el juicio oral contra Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este, acusado por lesión de confianza, en el caso conocido como “Tía Chela”, asociado con la compra de kit de alimentos en pandemia por valor de casi G. 3.000 millones.
Ahora la Fiscalía tendrá que contestar los incidentes presentados por la defensa de Prieto y los demás acusados. Una vez que el Ministerio Público conteste los incidentes, el Tribunal de Sentencia deberá resolver los pedidos de la defensa de los acusados, por lo que el juicio continuará el próximo lunes 7 de septiembre, desde las 08:00.
Inicio con un incidente
La apertura de la audiencia tuvo un primer incidente con uno de los abogados defensores, Martín Prieto, representante del acusado Julián Benítez Gamarra, quien pidió la suspensión del juicio al alegar que no había tenido acceso a la investigación.
Sin embargo, el tribunal rechazó el planteo y dispuso además una sanción disciplinaria contra el abogado.
Específicamente la audiencia inició con la presentación de algunos incidentes probatorios por parte del fiscal Silvio Corbeta, con el testimonio del actual director de contrataciones públicas, Agustín Encina.
El juicio comienza más de un año después de la acusación formal presentada en junio de 2024, y define la responsabilidad penal de Prieto y los otros diez acusados por el presunto desvío de G. 2.949.650.000 de las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este.