El director de Financiamiento de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz, indicó que la medida cautelar presentada por una empresa en el marco del proceso de licitación de las máquinas de votación, ya estaría siendo definida la próxima semana.

Una empresa había presentado la medida cautelar ante el Tribunal de Cuentas, que la hizo lugar; esta fue rechazada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por lo que el proceso se encuentra en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Creemos nosotros que, si esta cuestión se soluciona en el transcurso de la próxima semana, y estamos confiados que va ser así, porque actualmente esta medida cautelar está en estudio de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, tenemos conocimiento que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas contestó inmediatamente el traslado que se corrió con respecto a la medida cautelar”, indicó en entrevista al programa Cara o Cruz.

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Detalló que también ya se corrió traslado a la parte actora, y esta contestación ya se estaría dando la próxima semana para responder. “A partir de ahí creemos nosotros en la celeridad que van a imprimir los miembros de la Corte que integran esta Sala Penal”, refirió el alto funcionario electoral.

Por otra parte, mencionó que, a raíz de esto, el proceso licitatorio se encuentra parado. “Fuimos superando y salvando cada una de las etapas, cada una de las observaciones y creímos nosotros que ya estábamos encaminados como para la apertura de sobres, de la recepción de sobres que tuvimos y después de esto teníamos que pasar ya a la verificación técnica de las máquinas de votación y posterior recomendación del Comité de Evaluación al máximo órgano electoral”, manifestó.

Actualmente, el proceso está parado en la etapa de evaluación cualitativa de los documentos presentados por las empresas, una vez que se destrabe en la Sala Penal se debe pasar a la revisión técnica, donde cada empresa presentó cinco muestras de las máquinas que pretenden ofrecer.

“Nosotros tenemos que hacer pruebas de funcionalidad, es decir, pruebas de votación, si la batería resiste, tenemos que ver todo lo relacionado al secreto del voto, de que el voto no pueda ser tasable, que es algo muy importante y a todos los requisitos de la Constitución Nacional y las leyes”, sentenció.

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El director de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz, estima que todavía se tiene un ajustado plazo para cumplir con el calendario previsto para la adquisición de las máquinas de votación, proceso que en este momento está paralizado por una medida cautelar presentada por una empresa que no está en competencia. Caso contrario, la demora para este año obligaría a renegociar el presupuesto no ejecutado para este compra.

“Teniendo en cuenta lo último que sabemos, que es la suspensión decretada por una medida cautelar, con respecto a los plazos estamos justos, pero creo que vamos a llegar”, dijo el funcionario, este miércoles, en entrevista para el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El proceso está trabado por una medida cautelar decretada por el Tribunal de Cuentas, segunda sala, a pedido de una empresa que protestó por un requisito de antigüedad en la provisión del servicio ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Sin embargo, la firma estuvo ausente del trámite convocado por la Justicia Electoral.

El funcionario electoral, explicó que la Sala Penal es el órgano o la instancia competente para entender el grado de apelación, que es en el momento, ya que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) apeló la medida cautelar resuelta u ordenada por el Tribunal de Cuentas, entonces esto sube a la Sala Penal y es esta instancia la que debe resolver. Este incidente, debe ser resuelto en la brevedad, de acuerdo al director electoral.

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“Para nosotros tiene que ser lo antes posible, ahora mismo estamos trabados en la verificación documental, pasado esto tenemos que trabajar en la verificación técnica de las muestras que presentaron. Cada empresa presentó cinco máquinas y tenemos que hacer las pruebas técnicas de esas máquinas, eso nos va a llevar una semana, una semana y media”, indicó Ruiz Díaz.

Posteriormente, el informe elaborado tras esta etapa, debe ser remitido al Comité de Evaluación, que volverá a evaluar y establecer qué empresas pasan a la segunda etapa, que es la apertura del sobre económico, y “eso lleva otra vez su tiempo”. Luego queda la etapa de la adjudicación de la empresa seleccionada para proveer las máquinas.

“Tenemos la etapa de adjudicación, donde se pueden presentar otra vez protestas, tenemos la firma de contrato y, a partir de ahí, se da la orden para la producción de máquinas de votación. Entonces, para nosotros también estos plazos que estamos perdiendo son los que nos van a faltar al final. Si recibimos las máquinas en el país, para noviembre o diciembre, estamos bien”, sentenció.

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El senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Dionisio Amarilla aseguró que la agrupación política ya inició el proceso de preparación con miras a las elecciones municipales del 2026, en el marco de un diálogo amplio con la dirigencia de base. Según explicó, existen posturas divididas sobre la estrategia electoral, entre quienes proponen una “competencia intensa” para movilizar al partido y los que apuestan al “consenso” para optimizar recursos.

“Estamos empezando a dialogar con la dirigencia. Algunos proponen la línea de la competencia intensa, otros dicen que hay que ir por el consenso. Tal vez terminemos con una línea mixta: competir donde sea útil y generar acuerdos donde no haya condiciones claras de éxito”, expresó el legislador.

Como ejemplo, mencionó el caso de Nueva Italia, donde el partido perdió la intendencia en los últimos comicios. “Nunca habíamos perdido ahí, pero ocurrió. No puedo venir a imponer, tengo que escuchar a los dirigentes. Si recomiendan que el camino para recuperar el municipio es el consenso, es lo que debemos hacer”, indicó.

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En contraste, Amarilla señaló que en distritos como Fernando de la Mora o J. Augusto Saldívar, la competencia interna podría fortalecer al partido. “Cuanto más compitamos, más entrenados estarán los liberales para retener la comuna, sin importar quién sea el candidato”, sostuvo ante la 1080 AM, adelantando que el PLRA aplicará estrategias diferenciadas según la realidad de cada localidad.

El legislador también valoró el compromiso de las nuevas generaciones liberales, que, según dijo, buscan que el partido “tenga oficio de poder”, promoviendo propuestas concretas para mejorar la vida de la ciudadanía. En ese sentido, expuso que no duda en dialogar con los ministros para que “bajen al territorio” para atender los problemas reales de la gente.

“Nosotros no estamos para encubrir a nadie ni desentendernos de las cuestiones que también nos afectan. Tenemos que saber administrar los medios disponibles para generar el mayor impacto posible en la calidad de vida de los habitantes”, concluyó el senador.

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El director de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz, explicó que la institución requiere de la recepción de las nuevas máquinas de votación hasta diciembre para poder cumplir con su calendario de capacitaciones y auditorías. Por lo que urge que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) defina la medida cautelar impuesta al proceso de licitación por una empresa que carece de la experiencia establecida como requisito.

“Hace 15 días, el Tribunal de Cuentas hizo lugar a una medida cautelar solicitada por una empresa que había presentado una protesta contra la adenda número 3 al pliego de bases y condiciones, en donde nosotros establecimos como criterio una experiencia de 10 años para aquellas empresas que sean fabricantes de máquinas de votación”, explicó el funcionario electoral, este viernes, en entrevista a la 1020 AM.

La empresa protestó ese requisito argumentando que era excesivo, solicitando que se baje a 5 años. Esta protesta fue rechazada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), alegando que la empresa no es fabricante, sino proveedor de software, por lo que no existía agravio.

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“La empresa presentó una reconsideración y, antes de resolver la DNCP, antes de agotar las instancias internas, ya recurrieron al Tribunal de Cuentas y les otorgó la medida cautelar que suspende el proceso de licitación. En esa etapa estamos actualmente, la DNCP apeló esta resolución con la cual se otorga la medida cautelar. La apelación atiende la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”, indicó.

Ruiz Díaz sostuvo que esta situación ya se vuelve muy preocupante debido al tiempo que se está perdiendo para el calendario previsto. También compromete en la parte presupuestaria, teniendo en cuenta que la empresa adjudicada debe cumplir con la entrega de 5.000 máquinas para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realice la transferencia de los pagos.

“La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es la que tiene que resolver, no manejo los plazos, pero son plazos importantes. Si estábamos preocupados, esa preocupación se agudizó, teniendo en cuenta que esta etapa, esto que nos está pasando ahora, no estaba dentro de lo presupuestado por llamar de cierta manera”, manifestó.

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