Para el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid resulta llamativo que agentes de la Policía Nacional hayan recorrido un campamento narco en la zona de Canindeyú, según vídeos difundidos en redes sociales.

“Ante este tipo de situaciones es demasiado fácil para el Ministerio Público identificar a las personas y formular imputaciones si fuese necesario”, señaló a la 1020 AM.

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El ministro afirmó que tomó conocimiento del hecho a través de las redes sociales. “Sabemos que la zona es una zona característica de Canindeyú donde hay parcelas de marihuana. Obviamente en el video que se vio en los medios de comunicación sí se ve en plena etapa de cosecha, de secado de marihuana, realmente”, refirió.

En ese lugar se pudo observar a uniformados de la Policía Nacional que estaban recorriendo tranquilamente el campamento, conforme expresó.

“Nosotros tuvimos varios incidentes en la zona de Canindeyú. Entonces, también fue conocido ese incidente que tuvimos con algunos elementos de la Policía Nacional que ahora se está investigando. Es una zona bastante complicada, por eso también la presencia y los trabajos coordinados de Senad con el Codi son importantes. Y es la línea que tenemos que seguir”, subrayó.

Destacó que la Senad está realizando “muy buen trabajo de inteligencia” en la zona y se utiliza la fuerza operativa militar para las incursiones en los campamentos.

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Los concejales Tomás González, Emilio Espinoza y Aldo Maciel, presentaron una nueva denuncia contra el intendente de San Antonio, el liberal Santiago Aguilera. La acción fue presentada ante la Contraloría por presuntas irregularidades en licitaciones que ascienden a los G. 1.069 millones.

Los procesos cuestionados corresponden al ID N° 464.758, sobre mantenimiento y reparación de calles (refulado), y al ID N° 464.229, para la construcción de gaviones, llamados que en su conjunto totalizan G. 1.069.293.000.

“Ambos llamados fueron realizados con intención de apropiarse de manera irregular de los recursos de la Municipalidad de San Antonio, ya que son obras fantasmas que nunca serán realizadas”, se alega en el documento.

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El concejal Tomás González explicó a La Nación/Nación Media, que llegaron a esa conclusión dado que estas licitaciones pretenden realizar mantenimiento y construcciones en el mismo lugar en que actualmente existe una obra en ejecución para la construcción de un “Paseo Costero”.

“Es imposible que se realicen reparaciones y mantenimiento a obras que aún no existen“, aseveró el edil. En cuanto al llamado para construcción de gaviones, manifestó que la administración de Aguilera argumentó que existía un riesgo inminente de colapso estructural por la erosión del terreno y posibles crecidas del río Paraguay, lo que pondría en peligro la seguridad ciudadana y la infraestructura del Paseo Costero, el cual es utilizado diariamente por 2.000 personas.

Sin embargo, los denunciantes desmienten estas justificaciones, señalando que “en el lugar donde se pretende realizar la obra no existen instituciones públicas o privadas que presten servicios esenciales, como afirma el dictamen”, y que el Paseo Costero “no puede ser utilizado diariamente por 2.000 personas, como se menciona, porque aún no fue habilitado ni inaugurado”.

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Asimismo, subrayan que “en la época del dictamen municipal no se verificaron precipitaciones ni crecida del río Paraguay”, lo que debilita el argumento de la supuesta urgencia. Los concejales adjuntaron una publicación de redes sociales del propio intendente que contradice a la propia licitación iniciada por él.

“Demuestra que a la época del inicio del llamado a licitación cuestionada, las obras del Paseo Costero estaban en una etapa incipiente, por lo que mal se podría hablar de que 2.000 personas las utilicen y mucho menos que sirva como vía de circulación vehicular y peatonal”, remarcaron los denunciantes en el documento. La denuncia solicita la intervención de la Contraloría para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

“Estamos orgullosos de que un presidente de la República otorgue a los luqueños obras por más de USD 300 millones”, comentó el intendente Carlos Echeverría al defender los proyectos de infraestructura vial impulsados por el gobierno de Santiago Peña en Luque, entre ellos, el Corredor Vial Las Residentas, que está siendo socializado en la comunidad.

“Las tres obras importantes permitirán dar una plusvalía a las propiedades de los luqueños, calidad de vida y desarrollo”, expresó el jefe comunal, este miércoles, con relación a la duplicación de la avenida General Aquino (Tape Tujá) junto con la mejora de la intersección en el monumento de Las Residentas, y la duplicación de la ruta D025 entre el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y la vecina localidad de Mariano Roque Alonso.

En una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, Echeverría calificó como un “show político” a la intervención que hizo ayer martes la concejal luqueña Belén Maldonado durante la jornada de Gobierno del mandatario Santiago Peña, en que se estaba haciendo entrega de importantes aportes sociales.

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La dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se refirió a la supuesta falta de información sobre la construcción del megaviaducto que conectará la zona de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) con la ruta Luque-Areguá, una autopista elevada de 4 kilómetros que atravesará prácticamente toda la ciudad de Luque.

“Es una posición política que va contra el desarrollo, no era el momento para hacer ese show, ya que miles de personas estaban siendo honradas por primera vez, como fue el caso de los adultos mayores. Dicen que no tienen información, pero hace una semana atrás se estaba socializando con la gente del Ministerio de Obras Públicas, la gente de Ruta del Este y los técnicos”, cuestionó el intendente.

Estas obras, que beneficiarán tanto a Luque como a los municipios vecinos y al departamento Central reduciendo principalmente el tránsito; tienen un plazo de ejecución de aproximadamente un año y ocho meses, e incluyen también importantes mejoras en la infraestructura vial, como la construcción de un viaducto, puentes y sistemas de drenaje.

Estos proyectos viales para Luque son financiados con recursos obtenidos a partir de la renegociación de la tarifa de Itaipú con Brasil y estarán bajo la supervisión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Mopc).

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Suman las denuncias contra la intendenta de la Municipalidadde Valenzuela, Mirtha Fernández, perteneciente al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), sobre presuntos hechos irregulares en su administración. Concejales municipales denunciaron ante la Contraloría General de la República (CGR) la emisión de cheques, pertenecientes a la municipalidad, por parte de personas no autorizadas, y varios de ellos sin fondos.

El monto total de estos cheques rondaría un poco más de G. 400 millones, de acuerdo a la denuncia. Lo más grave, según los ediles, sería que los cheques habrían sido firmados por una persona externa a la administración municipal, que pertenece al Aseo Urbano, según el concejal Marcelo Flecha.

“La denuncia que hicimos fue sobre unos cheques de la municipalidad que se emitieron y que aparecieron en manos algunas personas, uno apareció en Saltos del Guairá, otro apareció en Caaguazú, y nosotros estuvimos verificando y son cheques que se emitieron de la Municipalidad (de Valenzuela), pero con firma de personas ajenas, firmó un barrendero, una persona no autorizada. También se verificaron y algunos son cheques sin fondos”, dijo Flecha, este miércoles en entrevista con La Nación/Nación Media.

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El edil detalló que estos nuevos hechos ya fueron presentados a la Contraloría, donde se realizó la denuncia y se dio un plazo para que la intendenta pueda responder sobre la emisión de esos cheques, ya que hasta el momento no existen respuestas.

“El perjuicio patrimonial es muy grande, no sabemos cómo va a terminar todo esto. Ya se abrió una investigación de la Contraloría, se le dio un plazo de 10 días a la intendenta para que pueda presentar todos sus informes, ese plazo ya venció el miércoles pasado (20 de agosto), y no hay ninguna respuesta. Ahora hay un plazo nuevamente de 10 días hábiles”, detalló el concejal.

Flecha indicó que no se descarta la existencia de otros cheques en la misma situación, ya que algunas personas tienen temor de realizar las denuncias correspondientes, debido al poder político de la intendenta liberal.

La intendenta Mirtha Fernández ya fue imputada y acusada por lesión de confianza por una supuesta malversación de G. 1.199 millones durante su gestión en el 2019. Este proceso sigue parado por las chicanas presentadas por parte de la defensa de la jefa comunal.

Este año, los concejales realizaron una nueva denuncia en contra de la intendenta por supuestas obras fantasmas. En marzo, ante la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía, a cargo del agente fiscal Néstor Coronel, se presentó la denuncia por un supuesto perjuicio de G. 500 a G. 700 millones en la municipalidad.

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