La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.

En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.

La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.

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El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.

Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.

“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.

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El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.

“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.

Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.

“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.

A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.

“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.

Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.

Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.

“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.

Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.

“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.

Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.

Se trata del proyecto de ley “que modifica el artículo 130 de la Ley n.° 834/1996 ‘que establece el Código Electoral’, modificado por la ley n.° 2.858/2006” y la propuesta “que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la Ley n.° 834/1996 ‘que establece el Código Elec­toral’, modificado por leyes n.° 4743/2012 y 6167/2018”.

El pleno del Senado aprobó el primer proyecto, por lo que fue sancionado, y será remitido al Poder Ejecu­tivo, mientras que el segundo incluyó algunas modifica­ciones, por lo que vuelve a la cámara de origen, en este caso Diputados.

Con respecto al primer punto, la modificación del artículo 130 del Código Elec­toral se busca permitir a la Justicia Electoral realizar un corte técnico-adminis­trativo, a fin de que los ciu­dadanos inscriptos hasta una fecha determinada por reso­lución del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) puedan integrar el Registro Cívico Permanente.

También establece un crono­grama electoral que incluye la fecha de cierre de inscrip­ciones, así como los plazos y etapas para la presentación de tachas, reclamos, sustan­ciación y resolución. Con esta medida se busca asegurar que el padrón utilizado en las internas partidarias, princi­palmente en años de eleccio­nes municipales y nacionales, refleje con mayor precisión la realidad electoral, dado que las candidaturas se inscriben a inicios de año, cuando aún no se concluyó la validación final del registro del año anterior.

Por otra parte, el proyecto que modifica los artícu­los 64, 66 y 278 busca for­malizar el reconocimiento anticipado de movimien­tos internos, permitiéndo­les gestionar previamente su identificador tributario y cuenta bancaria. La pro­puesta establece que las declaraciones de ingresos y gastos de campaña (DIGC) y de intereses económicos vinculados (DIEV) se pre­senten solo en formato digi­tal y de manera individual por cada candidato.

En este caso, la Comisión de Legislación emitió un dictamen con modificacio­nes sobre la presentación de las declaraciones jura­das, que todas se realicen de forma digital a través del Sistema Nacional de Finan­ciamiento, dependiente del TSJE, manteniendo la información física para la rendición de cuentas o informe final de gastos de campaña en internas y en generales.

La Cámara de Senado­res convocó a una sesión extraordinaria para tra­tar las modificaciones de Código Electoral.

Integrantes de la bancada democrática, que aglutina a varios senadores de la oposi­ción, anunció este jueves en una conferencia de prensa que no participarán de la sesión extraordinaria con­vocada para mañana vier­nes a las 9:00. Como úni­cos puntos a ser analizados serán dos proyectos de ley que modifica algunos artí­culos del Código Electoral.

Los miembros de esta ban­cada expresaron no estar de acuerdo con las modificacio­nes que se quieren introdu­cir en la Ley Electoral, por lo que no estarán en la sesión extraordinaria. Los mismos alegan que se trata de una iniciativa del oficialismo, por lo que no acudirán para tratar el tratamiento de los proyectos.

“Por este motivo, nosotros no vamos a participar de la sesión extraordinaria con­vocada para mañana vier­nes, que se queden ellos y que legitimen ellos. Nosotros no vamos a dar quórum, ni par­ticipar ni acompañar la apro­bación de leyes que considera­mos son un retroceso”, fueron las palabras de la senadora Esperanza Martínez.

Son dos proyectos que ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados. Uno de ellos es el proyecto de ley “Que modifica el artículo 130 de la Ley n.° 834/1996 ‘que establece el Código Electoral’, modificado por la Ley n.° 2858/2006”, presen­tado por varios diputados.

La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley “que establece el régimen de depó­sito judicial de títulos de cré­dito o documentos originales en el marco de los procesos civi­les ante los juzgados y tribuna­les”, iniciativa presentada por la Corte Suprema de Justicia y que busca evitar que un pagaré sea ejecutado para su cobro en reiteradas ocasiones.

La propuesta legislativa nació del Poder Judicial como una de las medidas frente al caso cono­cido como “mafia de los paga­rés”. El proyecto recibió un dic­tamen favorable de parte de las comisiones asesoras que estu­diaron el proyecto y así tam­bién de parte de la Comisión Especial de carácter transito­ria conformada para analizar la trama delictiva que afecta a miles de ciudadanos, de acuerdo a las denuncias.

“Destacar que tuvimos una audiencia en con­junto con otras comisiones con la presencia de dos ministros de la Corte, Eugenio Giménez y Alberto Martínez Simón, quie­nes evacuaron todas las consul­tas de los legisladores y de los técnicos de la Comisión y como ellos mismos presentaron este proyecto, aconsejan la aproba­ción”, expuso Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación.

En este sentido, la mencionada comisión acon­sejó la aprobación con modifi­caciones que apunta a su vez a modificar varios artículos del Código Procesal Civil e incor­pora nuevas disposiciones con el fin de regular el tratamiento, depósito, devolución y custo­dia de los títulos de crédito durante la sustanciación del proceso y en particular en los juicios ejecutivos.