Los incidentes que se generaron en inmediaciones del Congreso Nacional entre los campesinos, indígenas y la Policía Nacional se sumaron a la lista de haberes del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio. Una vez más quedó como evidencia las fallas en la gestión de Giuzzio, por este motivo se convierte en el político de la semana para La Nación.

La inacción de las fuerzas públicas ante la manifestación de los campesinos e indígenas generó el miércoles un ambiente caldeado y violento en las adyacencias de la sede legislativa durante el estudio de la ley (actualmente ya promulgada) que aumenta las penas hasta 10 años de cárcel por invasiones de la propiedad privada.

Desde hace tiempo el ministro del Interior viene siendo cuestionado por el sector político. En marzo, cuando se dieron las marchas y los reclamos ciudadanos al Gobierno por falta de vacunas y la crisis sanitaria, la gestión de Giuzzio ya venía arrastrando malos resultados. Esto se agravó con el paro de camioneros que violó el derecho de la libre circulación bajo una tibia actuación de la Policía; al que se sumaron las olas de inseguridad en las calles y en esta semana los hechos vandálicos protagonizados por las comunidades indígenas y campesinas, que se enfrentaron a los agentes policiales.

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Estos altercados fueron cuestionados una vez más por Pedro Alliana, presidente de la Cámara de Diputados; incluso, lo calificó como el peor ministro del Interior que le pudo tocar a este gobierno.

“No nos va a hacer cambiar nuestra posición sobre este tema. Creemos que es mejor dar seguridad a la gente sobre su propiedad y castigar a los invasores”, expresó el titular de la Cámara Baja tras la sanción y posterior promulgación de la ley que eleva las penas para los invasores de la propiedad privada.

A comienzos del mes de setiembre, Giuzzio ya había presentado su renuncia al presidente Mario Abdo Benítez, pero el mandatario le demostró su apoyo y le dio entre 60 y 90 días para obtener resultados ante la ola de inseguridad.

Sin embargo, en esta oportunidad Giuzzio se desentendió de la situación y dijo estar “harto” de los cuestionamientos que se dan en su contra. “¿Por qué tendría que renunciar? Esto es un caso relacionado a una promulgación de una ley, no tiene absolutamente nada que ver…”, declaró luego de una reunión que mantuvo con los altos jefes de la Policía.

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