El gobierno de Brasil anunció este lunes la revocación de un decreto que preveía la expansión de puertos en ríos amazónicos para el transporte de granos, tras semanas de protestas indígenas, incluida la ocupación de una terminal de Cargill.

La derogación del decreto era una exigencia de manifestantes que acampaban desde hace más de un mes frente a la entrada de la terminal de este gigante agroindustrial estadounidense en la ciudad de Santarém, en el estado de Pará (norte).

Las protestas continuaron a pesar de que hace dos semanas el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció la suspensión del dragado en el río Tapajós, un afluente del Amazonas.

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“Hoy se firmó la decisión para revocar el decreto”, dijo el ministro de la secretaría general, Guilherme Boulos, en rueda de prensa en Brasilia tras reunirse con representantes indígenas.

“Este gobierno lleva la escucha incluso al punto de retroceder en una decisión propia por comprender la posición de esos pueblos”, agregó.

Las comunidades indígenas brasileñas se oponen a la expansión portuaria y, en particular, al dragado de ríos, a los que consideran vitales para su modo de vida.

• Fuente: AFP

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Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.

El gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el 8 de enero un proceso de liberaciones, bajo fuertes presiones de Washington tras el derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 de enero en un ataque estadounidense.

“Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso”, cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.

Las excarcelaciones se producen a cuentagotas. Familiares se han plantado desde hace más de un mes a las afueras de las cárceles a la espera de que sus presos salgan.

Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.

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Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.

“El cuerpo comienza a sentir los embates de no comer”, pero “vale la pena, siempre va a valer la pena”, dice Quiaro acostada en uno de los varios colchones dispuestos en fila bajo toldos improvisados contra el duro sol.

Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.

“Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto”, confía Quiaro.

Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.

“Es peligroso hacer una huelga de hambre, y más por las condiciones en que se encuentran, que están en la calle, están respirando el polvo, el sucio de la calle”, explica Arreaza, que solicitó en vano visitar a los presos. Un funcionario “me pidió una orden judicial” para entrar, cuenta.

Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.

• Fuente: AFP

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La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el jueves una iniciativa que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, un proyecto impulsado por el presidente Javier Milei que ahora deberá ser debatido en el Senado.

El proyecto de ley, que obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra en la Cámara Baja, busca modificar el sistema penal juvenil del país que data de 1980.

Argentina mantiene la edad punible más alta de Sudamérica, donde en la mayoría de los países es de 14 años. Brasil y Ecuador son los países donde es más baja (12 años).

Según los estándares internacionales la edad mínima de responsabilidad penal es aquella en la que un menor no puede ser considerado penalmente responsable de sus actos y por lo tanto no puede ser juzgado.

El oficialismo llevó adelante una profusa campaña mediática promovida por la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, bajo el eslogan “delito de adulto, pena de adulto”.

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“Si una persona se encuentra con otra que ha tomado la decisión de lastimarla, de dañarla o de matarla, a los 14 años comprende que eso está mal y debe tener consecuencias. Eso se llama delito”, dijo el diputado oficialista Ramiro Gutiérrez al defender el proyecto.

Legisladores opositores criticaron que el gobierno impulsara el tratamiento del proyecto con un trámite expedito en comisión, donde la mayoría de los expertos, entre ellos defensores de la niñez de varias provincias, se expresaron contra la reforma.

También cuestionaron los tiempos de adecuación de las instalaciones carcelarias antes de que entre en vigor la norma, igual que el presupuesto asignado por considerarlo escaso.

“Todo el sistema político debería trabajar para que esto suceda solo en casos excepcionales, pero vemos aquí que quienes promueven una Argentina que desarma las estructuras públicas trae una discusión de ‘cárcel y bala’ para dar respuesta a problemas de niños, niñas y adolescentes pobres que no encontraron un Estado que les diera lo necesario”, dijo en el debate la diputada peronista Victoria Tolosa Paz.

El debate parlamentario se da en un momento de gran sensibilidad social por delitos cometidos por adolescentes que tuvieron fuerte repercusión mediática.

El más reciente ocurrió en diciembre pasado en la provincia de Santa Fe cuando dos adolescentes de 14 y 15 años torturaron y mataron a puñaladas a otro de 15 tras emboscarlo en un galpón abandonado con la ayuda de una chica de 16 años, la única arrestada por el homicidio.

Este miércoles, los padres del joven asesinado y otros familiares de víctimas de menores pidieron frente al Congreso por la aprobación de una nueva ley penal juvenil que permita la punición de casos similares.

• Fuente: AFP

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Decenas de policías se rebelaron en reclamo de mejoras salariales y de atención a la salud mental en la ciudad argentina de Rosario, en protestas que se prolongaron hasta la madrugada del miércoles y que seguirán durante el día, según anunciaron los manifestantes, disconformes con la respuesta del gobierno local.

Cerca de 200 personas, incluyendo oficiales retirados y familiares, se manifestaron hasta entrada la madrugada del miércoles quemando cubiertas de auto frente a la jefatura de policía de la ciudad, la más golpeada por el crimen en Argentina, mientras un puñado de patrulleros y motos hacían sonar sus sirenas a pocos metros en señal de protesta.

Entre las personas que hacían la vigilia se encontraba Néstor, un policía retirado de 68 años que no dio su apellido por temor a represalias y dijo a la AFP que su nieto, también policía, se suicidó en mayo de 2025. Consideró que lo hizo “empujado por este sistema corrupto que hay, por tantas presiones, personales pero institucionales también: que la plata no alcanza, que hay que hacer adicionales, que uno tiene una familia que mantener”.

Entre el aroma del caucho quemado, se veían pancartas con inscripciones como “sin salarios dignos no hay salud mental” y otra en forma de cruz con una veintena de nombres de policías que se suicidaron o murieron mientras se encontraban en servicio, según dijeron manifestantes a la AFP.

Tras negociaciones que se extendieron hasta la madrugada del miércoles con el gobierno provincial de Santa Fe (centro), Gabriel Sarla, expolicía y abogado que oficia de intermediario por parte de los manifestantes, les contó en una ronda que no hubo avances significativos en sus reclamos.

“Nos vamos medio cabizbajos, con las manos vacías, porque el tema central, que era el tema salarial, no se pudo tratar, no venimos con ningún ofrecimiento”, contó luego a la AFP.

“No veo muchas caras felices, así que calculo que va a continuar como viene hasta el momento”, añadió respecto a la protesta.

A raíz de la protesta que se inició el lunes, al menos veinte uniformados fueron suspendidos y se les ordenó entregar sus armas y chalecos antibalas. El levantamiento de esas sanciones es otro de los reclamos.

Tras las noticias que trajo Sarla, los manifestantes formaron rondas y consensuaron seguir con las protestas durante el miércoles. Evaluaban impedir las visitas de familiares a los presos del penal que se encuentra en el mismo predio de la jefatura.

Esteban Santantino, funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, dijo a periodistas la noche del martes que entiende el reclamo “legítimo” y lamentó que “en el marco de este conflicto” los manifestantes carezcan de un “canal de diálogo”.

“Quizás mejorando algunos aspectos sobre los canales de comunicación vamos a poder destrabar por supuesto este conflicto”, aseguró.

También dijo que garantiza la “operatividad policial” para la seguridad en Rosario, de 1,3 millones de habitantes, aunque planteó que no puede afirmar que haya “total normalidad y que no hay dificultades”.

La chispa de la protesta se encendió la semana pasada tras la muerte del suboficial Oscar Valdez, de 32 años, en el más reciente de una serie de suicidios dentro de las fuerzas policiales de Santa Fe.

Decenas de policías, acompañados por sus familiares, comenzaron el reclamo entre la noche del lunes y la madrugada del martes, cuando otro grupo de efectivos de su misma fuerza buscó dispersarlos y reprimirlos entre forcejeos.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe elevó un informe a la justicia local, que investiga a los policías desplazados y a otros de sus compañeros por irregularidades en la protesta, reportó el periódico local La Capital.

“Me dijeron ‘tenés que venir a entregar el chaleco, credencial y la pistola’. Tengo 11 años de servicio. Cobro 1.000.000 de pesos por mes (unos 700 dólares al cambio oficial)”, dijo Germán Acuña a varios medios, con su chaleco en la mano. “La lucha va a seguir”.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, advirtió en la mañana del martes que “se fueron montando grupos con acciones violentas, antijurídicas, y empezaron a instigar al personal policial (...) tratando de desestabilizar” el accionar de prevención mediante el “abandono del servicio”.

Situada junto al río Paraná, Rosario, a 300 km de Buenos Aires, es la tercera ciudad del país y en sus márgenes se ubica uno de los mayores puertos agroexportadores del mundo.

Sin embargo, se ha dado a conocer por la violencia del narco y ha ocupado titulares en la prensa por las amenazas contra futbolistas como Ángel Di María, Lionel Messi o sus familiares.

Con una tasa de homicidios de 5,7 por cada 100.000 habitantes, Santa Fe lidera las estadísticas a nivel nacional, aunque finalizó 2025 con el segundo registro más bajo desde 2014, según el Observatorio de Seguridad Pública provincial.

Fuente: AFP.