El diputado Rubén Rubin presentó este martes un proyecto de ley que incorpora la prisión permanente revisable y además la posibilidad de una pena privativa de libertad máxima de 90 años. Su colega, el legislador Rodrigo Gamarra, advirtió que la Constitución no da lugar a eso y que el fin constitucional es la reinserción social.

“El camino correcto es la reforma constitucional, hoy tenemos la limitación constitucional y el camino sería cambiar la Constitución, ese es el camino, esto no podemos ni siquiera debatir porque no está permitido por la Carta Magna. Por más de que aprobemos en el Congreso, el presidente va a tener la obligación de vetar el proyecto, entonces es una pérdida de tiempo”, alegó.

En conversación con La Nación/Nación Media, el parlamentario manifestó que esta iniciativa no representa una solución real para una sociedad que está hastiada de la inseguridad, de los crímenes extremadamente violentos y que esperan sanciones más severas, dado que la Constitución no permite lo planteado por el diputado Rubin en su propuesta legislativa.

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El artículo 20 de la Constitución contempla lo siguiente: “Las penas privativas de libertad tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad”. Sobre esto Gamarra señaló, “la Constitución no menciona la cadena perpetua ni pena de 90 años, pero habla de que toda pena debe tener un fin resocializador, no es meramente punitivo, no se admiten penas inhumanas ni que anulen la posibilidad de reinserción, ese es el espíritu que transmite este artículo”, explicó.

Gamarra valoró la intención de su colega de plantear penas más duras y manifestó estar de acuerdo con la necesidad de elevar la las condenas “estoy a favor de penas mucho más severas”, sobre todo teniendo en cuenta los casos que se dieron en los últimos tiempos que conmocionaron a todo el país, no obstante, reiteró que la Constitución pone un freno a este tipo de intenciones.

“Soy uno de los que repudia que la gente que nos hace daño socialmente entre y salga como Juan por su casa de la penitenciaría o escape de la justicia tan libremente, pero primero hay que tener el coraje de impulsar una reforma constitucional porque hoy la Constitución prohíbe ese tipo de penas, es ilegal”, sostuvo.

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El presidente del Ins­tituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Fran­cisco Ruiz Díaz, puntualizó que se está honrando un acuerdo internacional fir­mado con la República de Italia con el inicio de la titu­lación masiva de la emble­mática colonia Andrés Bar­bero (San Pedro), brindando una solución tras 70 años de espera.

En comunicación con La Nación/Nación Media, Ruiz Díaz refirió que son los pri­meros 66 beneficiarios que recibirán los documentos que los acreditan como pro­pietarios legítimos de sus tierras.

Comentó que la importan­cia de esta primera entrega de títulos a los colonos de Andrés Barbero se debe, por un lado, por los anteceden­tes como asentamiento, que datan de 1951, es decir, que llevan 74 años peleando por lograr la titulación de sus inmuebles.

“Estamos hablando de cua­tro generaciones, por lo menos, que han pasado por el Gobierno ya 11 presidentes de la República. Es una colo­nia que se destinó para asen­tamiento humano en el año 1951. Así lo decidió el cientí­fico Andrés Barbero. Desde ese entonces, que se tiene ocupación, pero nunca se había podido entregar títu­los de propiedad a las per­sonas, debido a problemas judiciales”, precisó.

Manifestó que con esta entrega se da cumplimiento al tratado internacional entre Paraguay e Italia, que había sido propietaria de estas 17.000 hectáreas y que fueron donadas al Estado paraguayo para la entrega a sus habitantes.

“La colonia Andrés Bar­bero es un tema interna­cional. Se trata de la dona­ción del Gobierno de Italia que condiciona la regulari­zación de la tierra en favor de los ocupantes. Entonces, hoy nosotros, con la titu­lación, estamos honrando este acuerdo internacio­nal, entregando sus títulos a los ocupantes, una tierra ya regularizada con toda la garantía y la seguridad jurídica que ello implica”, puntualizó.

El diputado Alejandro Aguilera destacó el com­promiso del gobierno de Santiago Peña con la his­tórica reivindicación de la reforma agraria, al con­cretarse hasta la fecha la entrega de 10.000 títulos de propiedad desde su ini­cio de gestión a través del Instituto Nacional de Desa­rrollo Rural y de la Tierra (Indert).

El Gobierno busca alcanzar la meta de 50.000 títulos a nivel nacional para el año 2028. Aguilera manifestó que la titulación masiva no solo busca regularizar la situación de la tierra para los campesinos, sino que también representa una inversión social signi­ficativa en el ámbito rural, permitiéndoles mejorar sus ingresos y calidad de vida.

“La tan mentada reforma agraria la está llevando a cabo el gobierno de Peña con la titulación masiva de tierras. La gestión del pre­sidente está dignificando al campesinado, con la titu­lación de tierras se multi­plica el valor de la propie­dad, también se insertan al circuito económico, esto significa que por primera vez tendrán la oportunidad de salir de la postración y progresar”, dijo el dirigente político del departamento de Guairá.

Las afirmaciones de Agui­lera surgen tras darse a conocer que para mañana lunes 28 de julio, se rea­lizará la primera entrega masiva de títulos de propie­dad a los labriegos de la colo­nia Andrés Barbero, depar­tamento de San Pedro, con la presencia del presidente de la República. El acto está previsto para las 9:00.

“La Asociación Nacio­nal Republicana se fun­damenta sobre las bases del agrarismo nacional, la defensa férrea al campe­sino. Peña hizo una lista de compromisos que tenía que cumplir durante estos 5 años de administración y entre ellos está resolver el problema histórico de la tierra”, comentó el titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz, en una entrevista con la radio La Voz de Ñemby.

El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, puntualizó que se está honrando un acuerdo internacional firmado con la República de Italia con el inicio de la titulación masiva de la emblemática colonia Andrés Barbero (San Pedro), brindando una solución tras 70 años de espera.

Este lunes, el presidente de la República, Santiago Peña, tiene previsto llevar adelante su jornada de Gobierno en el departamento de San Pedro, específicamente en la colonia “Sucesión” (ex Andrés Barbero) o más conocido como Barbero Cué; donde se hará la primera entrega masiva de títulos de propiedad a campesinos beneficiarios.

En comunicación con La Nación/Nación Media, Ruiz Díaz refirió que son los primeros 66 beneficiarios que recibirán los documentos que los acreditan como propietarios legítimos de sus tierras.

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Comentó que la importancia de esta primera entrega de títulos a los colonos de Andrés Barbero se debe, por un lado, por los antecedentes como asentamiento, que datan de 1951, es decir que llevan 74 años peleando por lograr la titulación de sus inmuebles.

“Estamos hablando de cuatro generaciones, por lo menos, que han pasado por el Gobierno ya 11 presidentes de la República. Es una colonia que se destinó para asentamiento humano en el año 1951. Así lo decidió el científico Andrés Barbero. Desde ese entonces, que se tiene ocupación, pero nunca se había podido entregarle títulos de propiedad a las personas, debido a problemas judiciales”, precisó.

Además, Ruiz Díaz manifestó que con esta entrega se da cumplimiento al tratado internacional entre Paraguay e Italia, que había sido propietaria de estas 17.000 hectáreas y que fueron donadas al Estado paraguayo para la entrega a sus habitantes.

“La colonia Andrés Barbero es un tema internacional. Se trata de la donación del Gobierno de Italia que condicionaba la regularización de la tierra en favor de los ocupantes. Entonces, hoy nosotros, con la titulación, estamos honrando este acuerdo internacional, entregando sus títulos a los ocupantes, una tierra ya regularizada con toda la garantía y la seguridad jurídica que ello implica”, puntualizó.

Como tercer aspecto, indicó que la concreción de todo este trabajo se da gracias un esfuerzo público y privado, entre Indert y la Unión de Gremios de la Producción (UGP), que han trabajado juntos para salvar los problemas que se estuvieron arrastrando por años y llegar a hoy a la entrega de los títulos.

El titular del Indert detalló que esta colonia Andrés Barbero es una comunidad muy grande con cerca de 2.000 beneficiarios, que habitan las 17.000 hectáreas que conforman esta propiedad y durante años ha atravesado muchos problemas. La comunidad instaló la cooperativa “Koga Poty”, que describió como un ensayo experimental muy interesante, apoyado y tutelado por la UGP.

“Son pequeños productores que decidieron unir su esfuerzo, así como unir sus inmuebles para tener escalas con eso, y demostrar que los pequeños productores también pueden ingresar a la agricultura de alta productividad o a la agricultura mecanizada. Y ellos hoy están produciendo productos que son exportados en el ámbito del comercio internacional. Son pequeñas parcelas, y que la clave siempre va a ser la asociatividad o la organización a través de las cooperativas”, dijo el titular del Indert.

“Identificamos esa tranca y, bueno, a partir de ahí trabajamos en eso y logramos destrabar, principalmente con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, la Dirección General de los Registros Públicos y la Dirección de Catastro, logramos destrabar el problema y con eso estamos llegando”, expresó.

Explicó que el principal problema era que ya en el pasado se realizaron tres mensuras, las cuales decía que esta colonia tenía solamente 14.000 hectáreas, y esto no era aceptado por los colonos que exigían 17.000 hectáreas. Finalmente, se llegó a un acuerdo, de avanzar en todos aquellos lotes que no tienen problemas judiciales por superposición de loteamientos, pero respetando la totalidad de las 17.000 hectáreas, esperando que la justicia resuelva finalmente lo que falta.

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