El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) inició este sábado la titulación de tierras de la Colonia Nueva Mestre, con más de 30 años de conformación, ubicada en el distrito de Villa Hayes, Chaco paraguayo. El presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz encabezó el acto del inicio de entrega de títulos de propiedad a los pobladores de la colonia, destacando como un hecho histórico en el marco de la política del Gobierno con la reforma agraria.

“En los 122 años de reforma agraria nunca antes se llegó a titular una colonia completa en el Chaco. Hoy comenzamos la entrega de títulos de propiedad a los 1.400 campesinos de Nueva Mestre”, destacó Ruiz Díaz.

El titular del Indert destacó que la titulación de tierras no es solo un mero trámite para el campesino, sino una dignificación para su trabajo y sobre todo el acceso al mercado financiero.

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“Hace más de 30 años están escuchando más de lo mismo y esta es una señal, hoy inicia oficialmente el proceso de entrega del título de propiedad, que no es cualquier cosa, es dignidad, libertad, integración al sistema de económico productivo, generación de riquezas y bienestar para las familias, eso significa ese pedazo de papel”, apuntó.

También resaltó que “esta es la primera vez que se le va entregar título de propiedad a pequeño productor del Chaco paraguayo, pero no es solamente eso, sino además a toda la colonia, 1.400 títulos de propiedad, sin ningún costo para los pobladores, esto es gratis, lo único que pagan los campesinos del Chaco paraguayo es por el valor de su tierra y ese precio ya está fijado”.

Por otra parte, recordó que históricamente los pequeños productores no fueron tenidos en consideración, principalmente del Chaco paraguayo, por gestiones anteriores, y que con esto se inicia una nueva etapa para el pequeño campesino chaqueño.

“Tenemos 56 colonias en todo el Chaco, pero nunca se le hizo caso a las colonias. Siempre se entregaron títulos individuales, pero a las grandes extensiones de tierra, no hay títulos a las pequeñas extensiones de tierra. Se titulan 1.000 hectáreas, hasta 4.000 hectáreas, y eso es lo que se hizo, pero no se le hacía caso al pequeño productor, no hay título de propiedad al pequeño productor en todo el Chaco paraguayo”, sentenció.

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El diputado Arturo Urbieta destacó los avances en la regularización de tierras en el departamento de Concepción. El legislador colorado se reunió este lunes con el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, para evaluar las próximas acciones a ser encaradas en el primer departamento del país.

“La titulación masiva constituye una política que da dignidad y seguridad a nuestras familias campesinas”, resaltó Urbieta, al anunciar que en los próximos días se entregarán nuevos títulos de propiedad en el distrito de Arroyito.

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El congresista se refirió a la importancia de garantizar seguridad jurídica sobre la tierra como herramienta para el desarrollo productivo y social.

“Reafirmo mi compromiso de seguir trabajando, día a día, al lado de los campesinos, acompañando sus luchas y necesidades”, expresó.

A su vez, el presidente del Indert confirmó que en los próximos días se remitirá un nuevo proyecto de ley aunque no especificó de qué se trata. Así también agradeció el respaldo de los legisladores a la labor del Indert en la regularización de propiedades.

“Vamos a darle dignidad y libertad al campesino; la oportunidad de que pueda mejorar, a través del crédito, la infraestructura productiva; y con el aumento del rendimiento, pagar su título”, dijo Ruiz Díaz.

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El gobierno del presidente San­tiago Peña está llevando a cabo la más ambiciosa reforma en el sec­tor rural que se conozca en la his­toria del país. Desde el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) ya se han otorgado hasta el año pasado más 11 mil títulos de tierra, beneficiando a miles de familias campesinas.

De los nuevos propietarios, casi el ochenta (80 %) por ciento corresponden a mujeres del campo. Por cierto, si alguien todavía tenía dudas de que el Gobierno realiza una correcta política de género de apoyo a las mujeres, pues ahora puede darse por enterado.

El método denominado Barrido Predial Masivo ha agilizado este notable proceso que bien puede ser calificado con un récord histórico en el país. Pero el presidente Peña quiere avanzar todavía más. Días atrás, afirmó que que remitirá al Congreso Nacio­nal un proyecto de ley para facilitar la titu­lación de tierras. El Gobierno está decidido a implementar aquella nueva legislación para alcanzar los cincuenta mil títulos.

Tiene razón el primer mandatario cuando dice que pese a los avances que se vienen dando en el tema que nos ocupa, toda­vía es preciso derribar barreras como las altas tasas de interés para la titulación y otros entuertos jurídicos y administra­tivos perjudiciales para los sectores más vulnerables.

Esta situación debe corregirse. Y la inicia­tiva legislativa del Ejecutivo está para eso. Derribar las barreras innecesarias e injus­tas por las que tienen que pasar los hombres y mujeres del campo junto con sus familias. Por consiguiente, es de estricta justicia eli­minar de raíz el vil requisito del pago previo del 3 por ciento del valor del inmueble para la titulación.

Resulta igualmente significativo mani­festar que nunca se hizo lo que se está haciendo en la actual administración del presidente Peña. La deuda social que recae injustamente sobre los campesinos está siendo saldada por la correcta y firme deci­sión de política pública. Esto no solo habrá de crear nuevos y buenos incentivos para la producción, la productividad en el campo, sino que también el empoderamiento del campesino-agricultor que desea ser parte de la nueva economía de extrema competi­tividad reduciendo el peso de tantos años de ignominia de los que menos tienen en nuestro país.

El acceso a la tierra no puede supeditarse a la sola tenencia de la misma, dado que ello significaría mantener el statu quo debido a la vigencia del derecho precario que per­mite el uso de la tierra sin contar con su plena disposición como propiedad privada.

Romper con esa larga agonía de nuestros compatriotas del campo implica pasar a otro estadio de relación con la tierra, donde vive, planta, extrae los alimentos y se edu­can las familias. Significa colocar las cosas en su lugar o lo que es lo mismo decir, esta­blecer el orden de la libertad y la propiedad porque la titulación crea el derecho para todos sin excepción de clases socioeconó­micos, repercutiendo favorablemente sobre la seguridad jurídica y el arraigo.

Esta medida no solo tiene consecuencias jurídicas y de arraigo como decíamos, sino también promueven la inclusión financiera, económica y la productividad, por cuanto que el propietario cuenta con un activo que le permite realizar las mejoras en su predio por medio del acceso a créditos impactando sobre el mejor uso productivo del suelo.

El campesino que labra la tierra sabe que cuando tiene su título en mano, él mismo decide por sí mismo y su familia por el pre­sente y su futuro; le otorga autonomía espe­cialmente ante cualquier político o buró­crata que intente de algún modo engañarle a cambio de canonjías y promesas vacías realizadas especialmente en épocas elec­torales.

Esto último no puede ser despreciado por ninguna persona de bien. Apoyar a nuestro prójimo dotándole de incentivos que antes no contaba no solo vuelve a la persona pro­ductiva para enfrentar sus desafíos, sino que también le proporciona lo que alguna vez le fue arrebatado por equivocas ideas y prácticas: la autoestima.

Celebramos y apoyamos, por ende, la titula­ción de tierras que se lleva a cabo y la nueva legislación anunciada en estos días por el presidente Peña. Se está terminando así la larga angustia de nuestros compatriotas del campo que por mucho tiempo tuvieron que soportar que la tierra sea solo para los ami­gos del poder; ahora, la propiedad es accesi­ble y sin privilegios para nadie.

El proyecto de ley que presentará el Poder Ejecutivo, a través del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), plantea la eliminación del requisito previo para la entrega de títulos, que es un monto mínimo del 3 %, y la ampliación del plazo de 12 meses para la primera cuota, lo que permitirá facilitar la entrega de títulos a pequeños campesinos, puntualizó el titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz.

“Tenemos que ir retirando trancas que impedían la titulación histórica de las tierras rurales en favor de las familias más vulnerables, de los pequeños productores, principalmente. Con este proyecto de ley se van a destrancar un montón de títulos de propiedad, tanto de lo que ya tenemos acumulados como los que tenemos que relevar en el futuro”, explicó Ruiz Díaz, este miércoles, en entrevista al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El presidente de la República, Santiago Peña, anunció ayer martes, durante una jornada de gobierno en Caaguazú, que se remitirá al Congreso el proyecto de ley la próxima semana, en el marco del plan de titulación masiva de tierras que registra 11.000 títulos ya entregados. Con este nuevo marco se permitiría la regularización de unos 50.000 títulos de propiedad.

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El titular del Indert se refirió que una de las problemáticas para concretar la titulación de tierras se da con este pago previo de un monto mínimo, teniendo en cuenta que se trata de familias vulnerables que no logran realizar este pago, y al no contar con la titulación tampoco pueden acceder a créditos, tanto para el pago solicitado para el trámite formal como para fortalecer su producción.

“Cuando uno quiere el lote, el Indert hace todo el trabajo, hizo todo el censo de la colonia, el relevamiento de los datos de tierra, los datos de la familia, y llega el momento final, ya está el expediente, ya está para entregar el título de propiedad y se debe pagar una cuota inicial, pero no tiene, porque, en el campo, el circulante no existe”, indicó.

“Nosotros le llamamos a eso la trampa de la pobreza, porque el campesino está en un círculo vicioso, no tiene ingreso para pagar su título de propiedad, por su primera cuota, al no tener título de propiedad no puede sacar crédito, al no tener crédito no puede hacer inversión en infraestructura a nivel de productividad, sus ingresos son bajos y, de hecho, sus niveles de producción son prácticamente de subsistencia, y así ese siclo se retroalimenta y le condena al campesino a quedar en la eterna pobreza”, agregó.

Además de estos dos beneficios planteados, Ruiz Díaz explicó que también se extiende la cantidad de cuotas, reduciendo también el monto anual que se pueda pagar por el título de propiedad otorgado por el Indert.

“Pasarían a pagar directamente la cuota y se le va a extender también el plazo, el segundo amortiguamiento del impacto económico para los campesinos. Actualmente se entrega el título y se financia en diez cuotas anuales y ahora se llevaría para los varones a 20 años, a 20 cuotas anuales y para las mujeres pasaría de 15 años a 30 año, se va a duplicar en los dos casos”, sentenció.

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