“Estamos viendo una lamentable situación de aumento de feminicidios en el país, no se puede normalizar la muerte de mujeres por parte de sus parejas o exparejas”, sostuvo la senadora Lilian Samaniego al anunciar que reflotará su proyecto de ley para la creación de juzgados y tribunales especializados en violencia contra las mujeres.

“Esto crea un daño irreparable para sus seres queridos, cada feminicidio es una destrucción familiar, quedan niños huérfanos que crecerán sin sus madres por este flagelo que afecta gravemente a nuestra sociedad”, indicó Samaniego en una conferencia de prensa.

Detalló que la iniciativa tiene como finalidad principal “dar celeridad a las denuncias reales y desestimar las falsas. Conocemos casos de hombres que hoy están presos por acusaciones falsas. Hace dos años ya pudo estar vigente la creación de estos juzgados y tribunales especializados multidisciplinarios, integrado por jueces, fiscales, asistentes sociales, psicólogos, siquiatras, para asistir a las víctimas, esto busca la coordinación entre instituciones, que no haya burocracia”.

Dicha propuesta había sido objeto de controversia en el Legislativo, donde se sancionó una versión que creaba juzgados especializados de violencia en el grupo familiar, suprimiendo la especificación sobre las mujeres, punto que fue cuestionado por Samaniego. Finalmente el proyecto de ley terminó siendo vetado por el Ejecutivo.

“Si existiesen estos juzgados, los especialistas, al tomar conocimiento de la denuncia, llevarán su trámite adelante y si es falsa ahí mismo la desestimarán, pero eso hoy no ocurre. El hombre que está preso tiene que mostrar su inocencia, pero está preso. Cada caso duele”, lamentó.

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La postura de la parlamentaria colorada de impulsar nuevamente su propuesta surge tras el asesinado de la joven Deysi Giménez y el brutal ataque a Rosi Ramona Pinho Gire, quien fue apuñalada en varias ocasiones presuntamente por su exmarido.

“Este proyecto de ley fue elaborado durante 6 años en un trabajo conjunto entre varias instituciones del Estado, bajo la coordinación del Ministerio de la Mujer, pero los fundamentalistas senadores, sin argumentos, simplemente lo rechazaron y el feminicidio fue lamentablemente en aumento”, dijo.

Samaniego detalló que entre las instituciones que también fueron parte de la propuesta figuran el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección de Género de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Desde la pandemia del Covid-19, el feminicidio fue escalando en forma masiva. Entre el 2020 al 2025 se registraron 258 feminicidios, un promedio superior a 40 víctimas por año. En el año 2025 se tuvo un total de 37 feminicidios, 55 tentativas de feminicidio, se registraron 37.825 denuncias de violencia familiar, 69 niños y adolescentes quedaron huérfanos, nunca más verán a su madre”, refirió.

Agregó que “mientras que las tentativas de feminicidio van más de una por semana. En lo que va del año 2026 ya tenemos 20 feminicidios y solo estamos en el mes de octubre, 28 tentativas de feminicidio, 36 hijos que quedaron sin sus madres, que dolor, que impotencia”.

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El expresidente venezolano y su esposa Cilia Flores son acusados ahora por tortura.

• AFP.

Estados Unidos pre­sentó ayer jueves nue­vos cargos de tortura contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, que se suman al caso judicial que ya enfrentaba la pareja detenida en Nueva York.

Maduro y Flores fueron acu­sados de narcotráfico y trá­fico de armas, luego de ser capturados en una opera­ción militar estadounidense en Caracas el 3 de enero y trasladados a una cárcel en Brooklyn.

Un documento judicial hecho público el jueves muestra que ahora ambos enfrentan ade­más el cargo de conspira­ción para cometer tortura, y señala que “infligieron un intenso dolor y sufrimiento físico y mental” a personas.

El supuesto objetivo era “reprimir y castigar a la oposición política, silenciar la disidencia (...), preservar y proteger el poder y la auto­ridad de los miembros de la conspiración, e intimidar, hostigar y neutralizar a sus oponentes, incluso mediante secuestros”.

Los fiscales detallan aparen­tes casos de víctimas no iden­tificadas, incluidos ciudada­nos estadounidenses, que fueron sometidos a descar­gas eléctricas, a simulacros de ahogamiento y a golpizas mientras estaban detenidos en Venezuela.

El escrito de acusación alude, sin nombrarlo, al caso de un oficial detenido en 2013 a quien Maduro con­sideraba sospechoso de pre­parar un golpe de Estado. Según los fiscales, el presi­dente habría ordenado su detención y traslado a los servicios de inteligencia militar. Posteriormente, el hombre habría sido golpeado y sometido a repetidas des­cargas eléctricas durante su reclusión.

El documento judicial tam­bién señala que, en varias ocasiones, se utilizó la tor­tura tras las manifestacio­nes antigubernamentales de 2014 con el fin de intimidar a los opositores políticos.

Por último, menciona varios casos de ciudadanos estadou­nidenses detenidos en Vene­zuela: uno de ellos, arrestado en 2022, habría sufrido gol­pes y descargas eléctricas en los genitales; otro, detenido en 2025, habría sido golpeado durante dos días.

Estados Unidos presentó este jueves nuevos cargos de tortura contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, que se suman al caso judicial que ya enfrentaba la pareja detenida en Nueva York.

Maduro y Flores fueron acusados de narcotráfico y tráfico de armas, luego de ser capturados en una operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero y trasladados a una cárcel en Brooklyn.

Un documento judicial hecho público el jueves muestra que ahora ambos enfrentan además el cargo de conspiración para cometer tortura, y señala que “infligieron un intenso dolor y sufrimiento físico y mental” a personas.

El supuesto objetivo era “reprimir y castigar a la oposición política, silenciar la disidencia (...), preservar y proteger el poder y la autoridad de los miembros de la conspiración, e intimidar, hostigar y neutralizar a sus oponentes, incluso mediante secuestros”.

Los fiscales detallan aparentes casos de víctimas no identificadas, incluidos ciudadanos estadounidenses, que fueron sometidos a descargas eléctricas, a simulacros de ahogamiento y a golpizas mientras estaban detenidos en Venezuela.

El escrito de acusación alude, sin nombrarlo, al caso de un oficial detenido en 2013 a quien Maduro consideraba sospechoso de preparar un golpe de Estado.

Según los fiscales, el presidente habría ordenado su detención y traslado a los servicios de inteligencia militar. Posteriormente, el hombre habría sido golpeado y sometido a repetidas descargas eléctricas durante su reclusión.

El documento judicial también señala que, en varias ocasiones, se utilizó la tortura tras las manifestaciones antigubernamentales de 2014 con el fin de intimidar a los opositores políticos.

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Por último, menciona varios casos de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela: uno de ellos, arrestado en 2022, habría sufrido golpes y descargas eléctricas en los genitales; otro, detenido en 2025, habría sido golpeado durante dos días.

“No nos detendremos ante nada para lograr justicia para las víctimas de delitos violentos, en particular para las víctimas estadounidenses que han sufrido tratos crueles en el extranjero”, declaró Jamie McDonald, fiscal federal de Nueva York, durante una conferencia de prensa.

“Estos nuevos cargos demuestran la determinación de esta administración de hacer justicia a las víctimas de tortura, narcoterrorismo y crimen organizado”, reaccionó en X el secretario de Justicia, Todd Blanche.

El juicio contra la pareja, que hasta ahora se ha declarado inocente, debe comenzar el 1 de junio de 2027. Durante su primera comparecencia en Nueva York, Maduro se presentó como “prisionero de guerra” de Estados Unidos.

Desde entonces, ha cuestionado la legalidad de la acusación formal, alegando, entre otras cosas, su inmunidad como jefe de Estado extranjero. Este argumento fue rechazado por la fiscalía.

Cilia Flores —quien cumplirá 70 años el 15 de octubre— compareció este mismo jueves ante un juez para solicitar el arresto domiciliario a la espera del juicio, al alegar que sufre problemas cardíacos.

Pero su petición fue denegada por el juez, que consideró que presenta un alto riesgo de fuga.

Tras la captura de Maduro, su entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina de Venezuela. Rodríguez gobierna bajo la presión de Washington, que afirma tener el control del país.

• Fuente: AFP

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La senadora Celeste Amarilla sostuvo que en el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), se desatará una purga natural de dirigentes tras el nuevo fracaso electoral que registró la agrupación centenaria en las elecciones municipales generales del domingo 4 de octubre, al perder 29 distritos respecto a los comicios del 2021, incluyendo varios bastiones históricos.

“Hubo mucho voto castigo a mi partido, hay merecidos castigos. El PLRA debe hacer una profunda autocrítica, no estoy disconforme con la derrota y creo que ahora vamos a levantar cabeza realmente”, refirió la legisladora este lunes a los medios de comunicación.

La legisladora agregó que “hay una pulga natural desde hoy, que no vengan ahora a pontificar los grandes líderes de los departamentos, porque perdieron todo. El Partido Liberal se tiene que depurar, ahora se acaban varias castas. Ahora que nos dejen a los más sanitos levantar el partido como se pueda”.

Señaló que “hay muchos liderazgos que caerán ahora, otros van a patalear un poco. Tiene que haber una madurez política de no llevar a cualquiera solo para ganar y después estrellarnos. Las municipales son un buen golpe para que se acaben ciertas castas, los Buzarquis y Ríos en Caaguazú perdieron todo, solo dos conservaron a duras penas, así que chau, que se vaya Buzarquis”.

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De esta forma, Amarilla fue tajante en argumentar que la debacle electoral no es una responsabilidad del presidente del PLRA, Alcides Riveros. “Nuevito es, no tuvo tiempo, milagro hizo, consiguió alianzas en casi todo el país, yo no estoy disgustada con Alcides. Por este esfuerzo enorme lo felicito, aún en riesgo del nombre y la bandera del partido”, dijo.

A la vez, Amarilla volvió a sostener que el exintendente de Ciudad del Este, destituido por corrupción y líder del Partido Yo Creo, Miguel Prieto, carece de chances electorales para representar a la oposición en unas elecciones presidenciales.

“Tuvieron 100 mil votos (en las generales municipales), pero él dice que llegarán a 2 millones, pero quién le dará los 1 millón, cualquiera que comience con el apoyo del PLRA tiene el apoyo de 1 millón de votos”, refirió Amarilla, dejando entrever que el liderazgo de Prieto no traspasa las fronteras de Ciudad del Este.

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