Diputados dará celeridad a proyecto que eleva las penas por invasiones
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Desde la Cámara de Diputados aseguran que darán celeridad al proyecto de ley aprobado hoy en la Cámara Alta, que establece la modificación del artículo 142 de la Ley 3.440/2008, que busca elevar las penas por invasiones de propiedad privada.
Al respecto, el senador colorado Antonio Barrios mencionó que solicitó al diputado Basilio Núñez, líder de la bancada Honor Colorado de la Cámara de Diputados, la inclusión en el orden del día de la sesión del próximo miércoles, el tratamiento de la modificación de la Ley 3.340/08, en su artículo 142.
Ante el pedido realizado por el parlamentario Barrios, Núñez manifestó que desde el estamento darán un pronto análisis a la propuesta, para dar tranquilidad y seguridad a la gente que trabaja su tierra y a los propietarios en general. “Tenemos un avance, que la Cámara de Diputados se declaró garante de la propiedad privada por unanimidad”, dijo el diputado Núñez.
En el numeral 1 se establece que “el que individualmente o en concierto con otras personas ingresara con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 6 años”.
Mientras que en su numeral 2 refiere que “cuando la invasión, en el sentido en el numeral anterior, se realizara con el objeto de instalarse en él ocasionando daño patrimonial a los bienes existentes en el inmueble ajeno, la pena privativa de libertad será hasta de 10 años”.
Técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) evaluaron el proyecto de ley que se encuentra en estudio en el Senado. Foto: Gentileza
Senado evaluó con técnicos proyecto que modifica la Ley de la Reserva Ñu Guazú
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Por iniciativa de la Comisión de Obras Públicas del Senado, este miércoles se realizó una reunión técnica con especialistas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), donde se evaluó el proyecto que modifica la Ley de la Reserva Ñu Guazú.
Durante la exposición de motivos de la propuesta, se explicó que la iniciativa guarda relación con el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el MOPC y el Ministerio de Defensa Nacional (MDN), para la cesión de una superficie del Área Silvestre Protegida Ñu Guazú, destinada a la ampliación de la ruta Tape Tujá.
Según lo expuesto, el convenio tiene por objeto establecer los términos y condiciones para la cesión, a título oneroso, de una porción del inmueble correspondiente a la Reserva de Recursos Manejados Ñu Guazú, a fin de posibilitar la ejecución de obras de infraestructura vial.
Sobre el punto, el director de la comisión asesora, ingeniero José Duré, indicó que la iniciativa tiene como finalidad permitir la ejecución de obras vinculadas al Corredor Vial en la zona de Tape Tujá. Explicó que los senadores integrantes del ente asesor solicitaron información complementaria para profundizar el análisis técnico de diversos aspectos del proyecto.
Piden que la SEN y el Indi informen sobre atención a comunidades indígenas
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Por iniciativa del diputado colorado, Carlos Godoy, se busca obtener información de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) sobre la asistencia ofrecida a las comunidades indígenas en el territorio nacional. El pedido a la SEN requiere un informe pormenorizado sobre programas, planes y acciones en el marco de la ley y cantidad de comunidades asistidas, discriminadas por departamento y pueblo indígena.
Se busca obtener datos también sobre los recursos presupuestarios asignados y ejecutados. En tanto al Indi, se solicita detalles sobre las acciones institucionales desarrolladas desde la promulgación de la ley de emergencia, el alcance de la asistencia brindada a las comunidades, la ejecución de recursos financieros y la eventual conformación del equipo de trabajo intergubernamental.
Es por ello, que el parlamentario del Movimiento Honor Colorado, fundamenta su planteamiento en la implementación de la Ley Nº 6319/2019, que declara en situación de emergencia a las comunidades indígenas pertenecientes a los 19 pueblos asentados en distintos departamentos del territorio nacional.
Según el proyectista, la intención es contar con una evaluación de los resultados, conocer las limitaciones, así como las acciones previstas para fortalecer la protección y el acompañamiento a las comunidades indígenas en situación de emergencia.
Diputados debatirá sobre políticas de prevención de adicciones
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La Cámara de Diputados será sede de una audiencia pública este jueves 4 de junio para debatir sobre políticas de prevención de adicciones y salud mental.
Se busca generar un espacio de debate interinstitucional sobre las políticas públicas orientadas a la prevención de adicciones y el cuidado de la salud mental en el país.
La proyectista, Graciela Aguilera, fundamentó la necesidad de abordar un flagelo que afecta de manera integral a la sociedad, impactando no solo en la salud de la población, sino también en el desarrollo económico, el tejido social y manifestándose de forma visible a través de diferentes tipos de violencia.
Se plantea además la revisión exhaustiva de las normativas vigentes, incluyendo leyes, decretos, resoluciones, planes y estrategias de acción implementadas actualmente por el gobierno nacional para hacer frente a esta problemática.
Para garantizar un análisis multidisciplinario, fueron invitadas autoridades de diversas instituciones del Estado: ministerios, secretarías del Poder Ejecutivo, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Policía Nacional.
Fueron convocados también representantes del Consejo de Gobernadores, integrantes de las distintas comisiones asesoras de la Cámara de Diputados y destacados profesionales referentes del ámbito de la salud mental y la prevención de adicciones.
Destacan medidas del Indert que beneficiará a 20.000 familias de Caaguazú
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El diputado Miguel Del Puerto valoró la oficialización hecha por el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz sobre la regularización de las tierras en colonias del departamento de Caaguazú, que beneficiará a más de 20.000 familias.
“Estamos hablando de una medida que puede transformar la vida de miles de familias caaguaceñas. Tener un título de propiedad significa contar con seguridad jurídica sobre la tierra que ocupan, pero también abre oportunidades para acceder a créditos, invertir y proyectar un mejor futuro para sus hijos”, expresó.
El líder de la bancada oficialista en la Cámara Baja resaltó la labor del titular del Indert que lleva adelante la articulación institucional con el Registro Unificado Nacional (RUN) para avanzar en un proceso de regularización que responde a una demanda histórica de numerosos pobladores del departamento.
“Quiero reconocer el esfuerzo que se viene realizando desde el Indert para avanzar en soluciones concretas. La regularización de tierras es una herramienta de desarrollo que brinda tranquilidad y fortalece la dignidad de las familias”, manifestó.
El parlamentario ratificó su compromiso de acompañar todas las iniciativas que promuevan el bienestar de la población y contribuyan al desarrollo del quinto departamento.
“Cada acción que genere más oportunidades, arraigo y calidad de vida para nuestra gente contará con nuestro respaldo”, significó.