La Cámara de Diputados sancionó este martes el proyecto de Ley n° 7434/2025 de reforma del “Tren de Cercanías”, estableciendo de esta forma disposiciones especiales para su implementación mediante un acuerdo entre Paraguay y Emiratos Árabes Unidos. Con esta sanción el documento será remitido al Poder Ejecutivo para la correspondiente promulgación o veto.

Con un total de 42 votos a favor y 7 en contra, el plenario de la Cámara Baja, aceptó las modificaciones que fueron aprobadas por la Cámara de Senadores, que había otorgado la media sanción.

Con este nuevo documento permitirá al Estado paraguayo el financiamiento del proyecto bajo la conformación del acuerdo Gobierno a Gobierno entre el Estado paraguayo con el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos, sin la necesidad de un llamado a licitación tradicional.

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Al respecto, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, María Cristina Villalba, expuso los siguientes aspectos del proyecto que representa un avance trascendental en la modernización del sistema de transporte público de Asunción y Área Metropolitana. Con la implementación de este acuerdo se tendrá un socio estratégico con experiencia técnica y capacidad de financiamiento.

Con esta nueva ley sancionada por el Congreso, autoriza al MOPC y a Fepasa a celebrar acuerdos de Gobierno a Gobierno con otros gobiernos, con personas o con entidades designadas.

Indicó que el proyecto de Ley contempla el contrato con la empresa Etihad Rail de los EAU, con una inversión inicial de USD 400 millones, en la que en la primera etapa la empresa árabe desembolsará USD 150 millones, y Ferrocarriles del Paraguay S.A (Fepasa) los restantes USD 50 millones.

Destacó que el proyecto contempla un sistema ferroviario 100 % eléctrico, con menor impacto ambiental, menos ruido y mayor previsibilidad en los desplazamientos diarios, que será eficiente y ambientalmente sostenible.

La propuesta prevé una primera etapa de 18 kilómetros entre Asunción y Luque, con nueve estaciones intermedias y un tiempo estimado de viaje de aproximadamente 26 minutos. El sistema apunta a integrarse con otras acciones impulsadas por el Gobierno, como el servicio Búho, la incorporación de buses eléctricos y futuras licitaciones del transporte urbano.

Cabe recordar que la firma emiratí Etihad Rail ya inició el desarrollo de ingeniería y supervisión técnica junto con empresas internacionales, mientras que el inicio formal de los trabajos dependerá de la firma del contrato y de la promulgación de la ley.

Según el cronograma preliminar, las labores principales arrancarían en el primer semestre de 2027, una vez concluida la fase de ingeniería prevista para el segundo semestre de 2026. Posteriormente se realizarán los llamados a licitación correspondientes.

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Un informe proveído por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas confirmó el festín multimillonario en publicidad que llevó adelante el gobierno de Mario Abdo Benítez, principalmente con sus medios amigos que guardaron silencio y se desentendieron de sonados casos de corrupción que sacudieron al exmandatario.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

No se precisa ser experto para enten­der que el expresi­dente de la República Mario Abdo Benítez compró su impunidad mediática. Los multimillonarios gastos de su gobierno en publicidad y propaganda consiguieron lealtades de grandes medios de comunicación, influen­cers, ONG que fueron los principales beneficiarios del banquete que se armó con dinero estatal.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) terminó por confir­mar el monstruoso monto de G. 210.129.987.027, unos USD 33.000.000 en gas­tos por publicidad y propa­ganda durante el período de gobierno de Abdo (agosto 2018/agosto/2023). La cifra equivale al triple del pre­supuesto del Ministerio de Industria y Comercio, ente que, en comercio, servicios y Mipymes maneja el 70 % de la economía paraguaya.

El detalle de adjudicaciones registra cerca de 400 contra­tos que cabe subrayar corres­ponden a instituciones de la administración central, es decir, dependientes del Poder Ejecutivo.

Si se incluyeran las contra­taciones de publicidad y pro­paganda de todo el Estado, es decir municipalidades, gobernaciones, Poder Legis­lativo, Judicial, excepto las binacionales, los reportes de la DNCP indican adju­dicaciones por valor de G. 261.596.371.084, equivalentes a unos USD 40, 2 millones.

La cifra para lavar la cara del anterior gobierno es astronó­mica, más aún considerando el contraste con la cruda rea­lidad que sufría la gente y se agravaba por la pandemia del covid -19.

Sacrificaron instituciones en situación crítica como Copaco que, mientras era sacudida por protestas de funciona­rios, multimillonarias deudas y los auditores diagnostica­ban quiebra técnica sus auto­ridades despilfarraban dine­ral en contratos de publicidad. Esta empresa estatal ya en los primeros meses del gobierno de Abdo (2018) adjudicó con­tratos por G. 12.000.000.000, según la planilla entregada por la DNCP.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comuni­cación (Mitic) era una insti­tución buena y muy querida. Desparramaba publicidad en los medios amigos para “fortalecer la conexión entre el Gobierno y la ciudada­nía”. Pese a que el desempleo aumentó en su administra­ción las campañas apuntaban a generar información sobre “la generación de oportuni­dades”, según puede visuali­zarse en los resúmenes de las contrataciones.

Las campañas a través de los medios amigos también agen­daban la narrativa de “lucha contra el crimen organizado”, cuando la narcoexportación se incrementaba de forma galopante y el país era noti­cia como ruta de los kilos de cocaíca decomisados en puer­tos europeos.

Un detalle no menor es la cargada agenda publicitaria de la Presidencia de la Repú­blica, principalmente a tra­vés de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) que en el 2019 sumó adjudicaciones por G. 19.731.956.138 y en el 2022 G. 17.562.820.439. Las especificaciones de los lla­mados y adjudicaciones están minadas de contrataciones de pautas en medios, influen­cers, coincidentemente con una campaña de persecución inmisericorde que arrasaba en 2022 con medios amigos y redes sociales donde bro­taban perfiles falsos como hongos, fustigando a quienes denunciaban la corrupción en el gobierno de Abdo.

Los multimillonarios gastos en publicidad de Abdo a tra­vés de Contrataciones Públi­cas no fue el único frente que lo ayudó a blindarse de las crí­ticas, los escraches, las per­secuciones. No hay que olvi­dar el megacontrato que su gobierno firmó con la des­mantelada agencia calificada de corrupta, Usaid.

El convenio con Usaid ase­guró un presupuesto de USD 60.000.000 y a ello se pren­dieron opositores, periodis­tas, publicistas, identificados con varios grupos políticos muy bien remunerados con los fondos que se facilitó gra­cias al gobierno de Abdo. Emprendieron fuerte cam­paña que de fachada era anti­corrupción, transparencia y contra la impunidad, pero en la práctica era una campaña de persecución muy bien diri­gida a un sector del Partido Colorado y de la prensa.

La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, dijo que “la prioridad uno” para el gobierno de Santiago Peña es el transporte público, por lo que a partir de fin de año comenzará a ser implementado el decreto reglamentario de la Reforma del Transporte Público. Esta área fue uno de los puntos exigidos ayer por el mandatario, durante la reunión del Consejo de Ministros.

La secretaria de Estado asistió a una entrevista en el programa “Arriba hoy”, que se emite por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, donde aseguró que una vez que arranque, en diciembre próximo, el proceso de transformación del transporte público ya no va a parar más en el futuro.

“Después de la reunión de ayer, creo que quedó claro que el tema transporte está como número uno en la agenda del presidente de la República y número uno en la agenda del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y de todos los actores que nos vemos involucrados en este tema, ya sea Ministerio de Economía, el sector privado”, destacó.

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No obstante, señaló que están muy conscientes de la necesidad imperante del ciudadano de contar con un sistema de transporte digno. Dijo que, desde el primer día de este gobierno se viene trabajando en esta reforma que hoy ya se cuenta con una ley vigente, que después de 25 años está ofreciendo realmente una reforma contundente.

“La ley es el marco jurídico que permite implementar los cambios. El siguiente paso y que nos encontramos hoy es el decreto reglamentario que está siendo trabajado en la presidencia de la República, para que el presidente Peña lo firme y se están haciendo los últimos ajustes y posterior a eso comienzan con las licitaciones para la renovación de la flota, la compra de buses, y la licitación de las nuevas unidades funcionales que sería la operación de itinerarios”, precisó.

“Lo digo con mucha humildad, por más que los cambios son pequeños; hemos introducido la primera flota de buses eléctricos hoy con tres líneas ya totalmente operativas. Hemos entregado a la ciudadanía un servicio que era demandado hace años, que es el servicio nocturno; con contamos con cuatro líneas Búhos que va desde las 22:00 hasta las 4:00 de la mañana, que cuentan con buses nuevos y eléctricos además con Policía acompañando el viaje dentro de cada bus; sumado al servicio del Grupo Lince”, resaltó.

La ministra Centurión refirió que no solo se está cambiando la flota, o cambiar la gobernanza y contratos del sistema; sino que además se está invirtiendo en infraestructura urbana. Resaltó que el actual gobierno es el que está realizando la mayor inversión histórica en el área Central con obras que ya están en ejecución y no son solo proyectos.

“Tenemos 300 kilómetros de caminos pavimentados en Central, el tridente de Luque que son obras monumentales que son la triplicación de la E025, el viaducto que llega a la Ecovía, la duplicación del Tapé Tujá. La avenida Avelino Martínez arranca este lunes 4 de mayo con obras. Los dos contratistas ya están totalmente posicionados en el terreno. Así como la D017 que es la exruta 01, más la duplicación de la ruta PY01″, precisó.

“Falta mucho, claro que falta muchísimo; pero realmente me compromete y siento que el mensaje fue clarísimo: esto es prioridad para el gobierno y hace que todos los actores se alineen y le demos este sentido de urgencia que requiere la ciudadanía. Los cambios en el transporte son muy sensibles, aquí no hay un bigbang, porque los procesos son muy largos, y por eso recién a fin de año arranca”, comentó.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) llevó a cabo la capacitación a 67 instituciones públicas en el marco del inicio de la cuarta fase de implementación del Sistema de Gestión de Bienes y Servicios (Sigebys), herramienta clave para fortalecer la administración y control de los recursos del Estado.

Según explican desde el Ministerio de Economía, en esta etapa se encuentran participando organismos de la Administración Central, entidades descentralizadas y gobernaciones a fin de profundizar el conocimiento sobre los procesos operativos del sistema y avanzar en su aplicación.

El director general de Contabilidad Pública del MEF, Arturo Giménez, explicó que con esta fase se completa la incorporación de todas las instituciones del sector público al Sigebys y aseguró que esto mejorará la trazabilidad de compras del Estado.

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“Estamos abarcando toda la Administración Central y las entidades descentralizadas, incluidas las gobernaciones, lo que permitirá una mayor trazabilidad de las compras del Estado, así como de los activos y las obligaciones contraídas con proveedores”, señaló.

Asimismo, destacó que con la adhesión de estas 67 entidades se da cumplimiento al decreto 2690/2024, que establece la obligatoriedad de implementación del sistema en todo el sector público. El proceso se desarrolló de manera gradual, iniciando con entidades piloto en las primeras fases hasta alcanzar la cobertura total en esta cuarta etapa.

Durante las jornadas, técnicos de la dirección general de Contabilidad del MEF realizaron la capacitación sobre los procedimientos operativos, incluyendo el uso de formularios y la organización de mesas de trabajo que permitirán a cada institución evacuar dudas y avanzar en la implementación del sistema.

“Primero realizamos una etapa de inducción y ahora avanzamos hacia la conformación de mesas de trabajo para la puesta en marcha. Las instituciones llevan claridad sobre los pasos a seguir y el acompañamiento técnico necesario”, afirmó el director de Contabilidad.

Finalmente, destacó que el proceso incluye a instituciones de gran alcance, como la Corte Suprema de Justicia (CJS), que cuenta con múltiples circunscripciones y administradores de contratos a nivel nacional.

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