El ministro del Interior dijo que si existen indicios de autoridades paraguayas involucradas se realizarán los procedimientos que deban realizarse.

El ministro del Interior, Enri­que Riera, indicó que le sor­prendió la detención de altas autoridades de Bolivia en un megaoperativo por presuntos vínculos con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, privado de libertad en los Esta­dos Unidos. Fueron detenidos el exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo; el fis­cal general Roger Mariaca; el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; el fis­cal superior Martín Daniel Irusta Flores; el capitán Rubén Aparicio Villarroel y el coronel Ángel Morales, exdirector de la FELCN (Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico).

“Es muy fuerte esto, yo creo que ahí la señal es muy clara, más tarde o más temprano la justicia te alcanza. Una jueza me mandó la noticia esta mañana y no podía creer, uno cree que estas cosas no van a pasar. En nuestros gobiernos muchas veces cambian de turno, de color, de candidato y muchísima gente que hizo un montón de cuestiones queda impune, y esta es una linda lección. A mí me impresionó la noticia, debe ser un impacto muy fuerte”, expresó el minis­tro Riera este jueves a la 1020 AM. El secretario de Estado dijo que si existen indicios de autoridades paraguayas invo­lucradas en este esquema de protección a Marset, se reali­zarán los procedimientos que deban realizarse, sin apañar este tipo de hechos. ­

El ministro del Interior, Enrique Riera, indicó que le sorprendió la detención de altas autoridades de Bolivia en un megaoperativo por presuntos vínculos con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, privado de libertad en los Estados Unidos. Fueron detenidos el exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo; el fiscal general Roger Mariaca; el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; el fiscal superior Martín Daniel Irusta Flores; el capitán Rubén Aparicio Villarroel y el coronel Ángel Morales, exdirector de la FELCN (Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico).

“Es muy fuerte esto, yo creo que ahí la señal es muy clara, más tarde o más temprano la justicia te alcanza. Una jueza me mandó la noticia esta mañana y no podía creer, uno cree que estas cosas no van a pasar. En nuestros gobiernos muchas veces cambian de turno, de color, de candidato y muchísima gente que hizo un montón de cuestiones queda impune, y esta es una linda lección. A mí me impresionó la noticia, debe ser un impacto muy fuerte”, expresó el ministro Riera este jueves a la 1020 AM.

El secretario de Estado dijo que si existen indicios de autoridades paraguayas involucradas en este esquema de protección a Marset, se realizarán los procedimientos que deban realizarse, sin apañar este tipo de hechos.

Podés leer: Senad aguarda revelaciones de Marset sobre sus nexos en Paraguay: “Caerán como moscas”

“Si hay elementos, no tiene ningún problema. Cuando hay gente de peso pesado metida en esto se produce y obviamente nos avisan a nosotros, implementamos y detenemos. Acá lo importante es que un fiscal general en funciones y un exministro del Interior metidos hasta el cuello fueron detenidos. Nosotros tenemos uno acá que está siendo procesado y su cuadro está cada vez más complicado”, señaló refiriéndose al exministro del Interior y de la Senad del gobierno abdista, Arnaldo Giuzzio.

Por otra parte, resaltó que el cambio de gobierno y la línea del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, está dando señales muy importantes en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico para su país y para la región.

“El Gobierno americano, cuando vos usás su sistema, más movimiento de dinero, ellos actúan con firmeza, y es voluntad política de los gobiernos, el presidente Paz (Bolivia) es miembro del Escudo de las Américas, estamos todos en el mismo equipo y si encontramos pesos pesados en nuestro sistema, se exponen y no tenemos ningún problema de contar y que paguen sus culpas”, sentenció.

Leé también: Senador niega “apriete” y cuestiona a ABC por críticas sobre proyecto del caso Conmebol

Estados Unidos canceló el lunes las visas del fiscal general boliviano, jueces, altos funcionarios y empresarios de ese país, así como de Colombia, Ecuador y Perú a los que acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos. La retirada de visas a esos altos cargos y a sus familias forma parte de los compromisos asumidos en la alianza Escudo de las Américas, creada a iniciativa del presidente Donald Trump en marzo de este año, explicó el comunicado del Departamento de Estado.

“Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos”, aseguró el texto. “Esta política restringe la expedición de visas para los ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”, añadió.

“Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas, y no será tolerado”, advirtió el comunicado. El gobierno conservador boliviano vivió semanas de protestas que paralizaron buena parte del país, hasta que el 20 de junio el presidente decretó el estado de excepción, que sigue vigente.

Colombia acaba de elegir a un presidente, Abelardo de la Espriella, que se presenta a su vez como aliado de Trump, tras una reñida campaña electoral y acusaciones contra la oposición de izquierda de haber intentado impedirle llegar al poder. Ecuador es otro de los países aliados de Washington, inmerso en una guerra contra el crimen organizado que cuenta con el apoyo de fuerzas militares estadounidenses, mientras que Perú también acaba de elegir a una presidenta conservadora tras otra reñida campaña.

Esos cuatro países forman parte del Escudo de las Américas, que agrupa a una quincena de países de la región. Líderes de la alianza se reunieron la semana pasada al margen de la Asamblea General de la ONU y ratificaron su disposición a tomar “medidas colectivas”, con una primera batería de sanciones contra 24 grupos criminales.

El fiscal general boliviano, Roger Mariaca, asumió su cargo a finales de 2024 tras ser nombrado por la asamblea legislativa anterior. Durante su postulación a fiscal general fue cuestionado por el retraso de varios casos judiciales cuando era fiscal de Santa Cruz, entre ellos el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas de Bolivia”, explicó el comunicado. Mariaca aseguró en una declaración a la prensa el lunes que la decisión es un acto de “injerencia” y “presión política” a raíz de sus investigaciones. “No podemos aceptar que el trabajo que vengo desarrollando (...) sea puesto en duda por decisiones o pronunciamientos provenientes del exterior”, dijo.

También son sancionados en Bolivia el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero y Martín Irusta, fiscal que ejerció antes de abogado del expresidente Evo Morales. Otros sancionados son el juez instructor Rodrigo Vedia, así como los fiscales Albania Chane y Alberto Zeballos, ambos de Santa Cruz, la juez Rosario Flores (Santa Cruz), el fiscal Alvaro Nava (Chuquisaca) y el empresario José Luis Iriarte.

El sancionado coronel de Policía Frans Cabrera ha sido investigado por organismos de inteligencia de la misma policía boliviana, por supuestos nexos con el narcotráfico y por ralentizar investigaciones. Otros nueve bolivianos quedaron imposibilitados de recibir la visa en caso de solicitud.

Cuatro ciudadanos ecuatorianos que el comunicado no identifica también quedaron sancionados. El Departamento de Estado tiene la potestad de anunciar o dejar en el anonimato a las personas a las que se revoca la visa de entrada al país. De Colombia, los afectados son Euclides Torres, un empresario del sector energético, relacionado con la presunta financiación ilegal de la campaña electoral del ahora expresidente Gustavo Petro, y la senadora Martha Isabel Peralta, del movimiento indígena Mais.

“La lucha apenas empieza; pronto se ampliará no solo en número, sino también en decisiones administrativas” advirtió el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en la red X. En Perú, el sancionado es Juan Carlos Núñez, juez del primer circuito constitucional de Lima, conocido por una sentencia que favoreció a Cosco Shipping, una empresa china que opera el puerto de Chancay, al norte de la capital.

Fuente: AFP.

La Policía Nacional desplegará 38.000 efectivos para dar cobertura a la jornada electoral del próximo domingo 4 de octubre, donde los ciudadanos elegirán a sus autoridades en 263 municipios del país.

El comisario Juan Fretes, jefe del Departamento de Relaciones Públicas confirmó que a partir de este viernes los agentes estarán acuartelados y el objetivo apunta a garantizar la seguridad y el normal desarrollo de los comicios.

“Todos los elementos de la Policía Nacional vamos a estar acuartelados a partir del día viernes para una mejor coordinación operacional por cuestiones concernientes a la cobertura de los locales de votación, en las inmediaciones de los locales de votación y por sobre todo en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia Electoral”, señaló Fretes a la 780 AM.

Te puede interesar: Cae director del Indert en Caaguazú tras supuestas irregularidades en titulación de un inmueble

Así también, los policías resguardarán los útiles electorales y las máquinas de votación a nivel nacional. Por otro lado, los agentes controlarán el cumplimiento del Código Electoral en cuanto a las prohibiciones del consumo de bebidas alcohólicas el sábado, víspera de los comicios.

“Desde las 19:00 en adelante rige la prohibición de expendios de bebidas alcohólicas, la reunión dentro de un radio de 200 metros, según el Código Electoral, de personas que podrían inducir al voto”, manifestó. Se hará cumplir igualmente la prohibición de portar armas y de inducción al voto, tal como contemplan las leyes.

“Desde el comando institucional siempre se pregona el buen trato hacia las personas, algunas orientaciones propias también que van a realizar los compañeros”, expresó. El comisario Fretes destacó el respaldo de los directores generales que están abocados a reforzar la cobertura en los departamentos, sumándose al personal policial para garantizar seguridad antes, durante y después de las elecciones.

Leé también: TSJE firma acuerdo de observación electoral con AMEA y UNIORE