Canciller atribuye el auge de delincuencia a repatriados desempleados por la pandemia
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El canciller nacional Euclides Acevedo asoció la ola de asaltos con los compatriotas que regresaron al país a raíz de la pandemia y que se encuentran sin empleo, agravando la crisis social. “La inseguridad es un hecho cierto, inocultable”, aseguró en diálogo con la 780 AM.
Recordó que el retorno masivo de paraguayos desde diferentes países a causa de la crisis sanitaria global por el COVID-19, muchos de ellos sin ocupación e incluso sin viviendas. “Una gran cantidad de compatriotas fueron expulsados por la situación pandémica de los países donde prestaban servicios laborales y se quedaron sin trabajo”, mencionó.
Dijo que esta situación motivó el aumento de la población desempleada en el área metropolitana, lo que “legitimó el accionar de los delincuentes que se ocultan siempre en el hacinamiento y en la falta de empleo”. ”Esto es un poco la fosforescencia de la situación social”, añadió.
Desde marzo del 2020 hasta diciembre de ese mismo año, más de 40.000 paraguayos regresaron al país a causa de la pandemia, de acuerdo a las cifras divulgadas en su momento por el entonces ministro Federico González, encargado del Consejo de Defensa Nacional (Codena).
La gestión del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, es blanco de fuertes críticas por parte de referentes de diferentes sectores, debido a la inseguridad imperante en el país. El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, cuestionó este miércoles la falta de acción de las autoridades responsables ante la ola de asaltos que azota a los ciudadanos y aseguró que los cambios se deben dar desde la cabeza, en alusión a Giuzzio, y no solo realizar movidas en las filas de la Policía Nacional.
Tres personas son detenidas tras robar una casa en Asunción
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Tres personas habrían ingresado a una vivienda ubicada sobre las calles Teniente Gaspar Zavala y Prócer Juan Acosta, en la ciudad de Asunción, y se llevaron varios objetos de colección que tendrían un importante valor monetario.
Los dos hombres y una mujer fueron detenidos en medio de un operativo de patrullaje desplegado por la comisaría 10.ª luego de que los propietarios de la casa realizaran la denuncia de robo.
Aparentemente, estas personas habrían aprovechado que los habitantes de la casa no se encontraban y, logrando forzar una de las entradas, ingresaron al lugar de donde se alzaron con objetos de colección, entre otros.
El actuar de los mismos quedó registrado en imágenes de circuito cerrado de la zona, donde se los ve ingresar a la casa y minutos después salir con varios bolsos, estas imágenes ayudaron a la policía para dar con estas personas.
En el momento de la persecución policial, los tres sospechosos tenían en su poder los objetos robados, los cuales, tras ser inspeccionados, fueron entregados a sus propietarios.
“Cuando logramos dar con estas personas, intentamos verificar los bolsones que tenían consigo, pero intentaron darse a la fuga y fue ahí donde los reducimos. Uno de los detenidos contaba con una orden de captura pendiente, mientras que el otro sujeto cuenta con frondosos antecedentes”, indicó el comisario Pedro Babera en conversación con Telefuturo.
Delincuentes armados toman de rehén a la familia del intendente de Areguá
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Un violento asalto ocurrió en la madrugada de este martes en la vivienda del intendente de Areguá, Humberto Denis Torres Flytas, ubicada en el barrio Kambuchi de Caacupemí. Según los datos policiales, al menos cuatro hombres armados y encapuchados irrumpieron en la propiedad alrededor de las 03:00, reduciendo al jefe comunal y a su familia, a los que tomaron como rehenes para perpetrar el asalto.
De acuerdo con el informe policial, los delincuentes llegaron a bordo de un vehículo de color blanco. Para ingresar a la propiedad, forzaron el portón principal e ingresaron al domicilio con extrema violencia, tomando de rehenes a los ocupantes de la vivienda.
Los asaltantes permanecieron dentro de la casa por varios minutos y lograron alzarse con un millonario botín. Según las víctimas, se llevaron unos 100 millones de guaraníes en efectivo, joyas varias, un DVR, un teléfono celular iPhone 13, un cheque y hasta un automóvil Hyundai i30 de color bordó, que utilizaron para huir del lugar.
Las cámaras de circuito cerrado registraron el movimiento de los delincuentes, quienes se desplazaban en un vehículo blanco antes y después del hecho. La Policía Nacional ya se encuentra analizando las imágenes como parte de las investigaciones.
El intendente aregueño Denis Torres y su familia resultaron ilesos físicamente, aunque quedaron profundamente afectados tras vivir de cerca un episodio que refleja la creciente ola de inseguridad en el país. Hasta el momento, los responsables continúan prófugos, mientras que la policía continúa con las investigaciones. Se dio aviso a la Fiscalía que ya inició las pesquisas.
Sucesivas chicanas de Miguel Prieto en caso Tía Chela señalan “una mala fe procesal”
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El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.
“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.
El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. Foto: Gentileza
“Montón de incidencias”
El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.
“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.
Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.
Ejecutan ocho allanamientos en el barrio Chacarita en busca de pandilleros
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En el marco de la investigación por los últimos enfrentamientos entre miembros de pandillas que se habrían dado en el barrio Ricardo Brugada, más conocido como Chacarita, esta madrugada se activó un megaoperativo con el fin de detener a jóvenes involucrados con estos grupos criminales.
En medio de este despliegue serán ejecutadas ocho órdenes de allanamiento a viviendas de la zona en las cuales estarían jóvenes integrantes de las diferentes bandas que operan en este barrio de Asunción.
Hasta el momento, todos los accesos al populoso barrio se encuentran cerrados por las autoridades. Las pandillas que fueron plenamente identificadas son la banda Yogurt, Candula y Cara de guerra, aunque también se cuenta con información de que existen otros grupos más pequeños que se empiezan a organizar.
Hay que recordar que durante el último enfrentamiento registrado el pasado domingo 17 de agosto, una mujer que es vecina del lugar resultó herida a la altura del cuello; semanas antes también se había reportado otro enfrentamiento en donde perdió la vida otra mujer que transitaba por el lugar al momento del hecho.
Según los intervinientes, los implicados en estos hechos han sido plenamente identificados gracias al trabajo de investigación y seguimiento realizado por los efectivos policiales que tras las denuncias han mantenido los trabajos de patrullaje e indagación.