El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, concurrió este jueves ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, en el Congreso Nacional, donde defendió el presupuesto para la cartera a su cargo en el marco del estudio del proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal del 2027.

Defensa tendrá en este presupuesto un reajuste del 14 %, lo que representa unos USD 60 millones, y en su mayoría será destinado al despliegue de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el Comando de Operaciones De Defensa Interna (Codi), de acuerdo a las explicaciones del ministro Óscar González a los medios.

“Mayormente va para el Comando de Operaciones De Defensa Interna, el Codi, que extendió su área de responsabilidad a toda la región Oriental. Eso implica que también se aumente la cantidad de efectivos militares, que aumentó en 150 en número de efectivos militares, y eso implica mayor presupuesto para transporte, comida y servicios personales”, detalló.

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El ministro también señaló que están conformes con el presupuesto asignado en el proyecto presupuestario que fue estudiado previamente. “Nosotros estamos conformes con el presupuesto, esto estuvo en mesa de trabajo con el Ministerio de Economía. Obviamente nunca uno va a tener el presupuesto ideal que se requiere, pero no solo nosotros estamos así”, indicó.

Explicó, además, que para el siguiente año no se prevén compras de aeronaves o radares como se dieron este año, y reiteró que el ajuste se dará en mayor parte para el Codi, debido a la expansión de las operaciones militares en otros departamentos.

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Pidió al Ejecutivo convocar a una cumbre de poderes del Estado para abordar el preocupante aumento de casos.

La Cámara de Senadores aprobó ayer miércoles en su sesión extraordinaria el proyecto de declaración que exhorta al Poder Ejecutivo a convocar a una cumbre de poderes del Estado para el abordaje integral del hecho punible de feminicidio en la República del Paraguay.

El documento impulsado por la senadora de Cruzada Nacio­nal, Yolanda Paredes, y apro­bado por sus pares de forma unánime, refiere que “el femi­nicidio se presenta como una de las manifestaciones más extremas de violencia contra las mujeres y exige una res­puesta estatal integral, coor­dinada y sostenida, pero lo más importante, con carác­ter urgente”, refiere.

Agrega que “la persistencia de estos hechos impone la necesidad de evaluar la efica­cia de los mecanismos de pre­vención, protección, inves­tigación y sanción, así como las eventuales falencias en la actuación de las instituciones competentes”.

“En este contexto, una Cum­bre de Poderes permitiría reu­nir a las máximas autorida­des de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con la participación del Ministerio Público y de las instituciones especializadas, a fin de iden­tificar obstáculos, fortalecer la coordinación interinstitu­cional y definir medidas con­cretas de actuación”, expresa.

A la vez, el plenario aprobó tratar dentro de 15 días el pro­yecto de ley para la creación de juzgados y tribunales espe­cializados en violencia con­tra las mujeres, impulsado por la senadora colorada Lilian Samaniego.

La propuesta tiene como fina­lidad principal dar celeridad a las renuncias reales y deses­timar las falsas.

Se plantea que los juzgados y tribunales se encuentren con­formados por jueces, fiscales, asistentes sociales, psicólo­gos, psiquiatras para asistir a las víctimas mediante la coor­dinación efectiva entre insti­tuciones y la erradicación de la burocracia.

Ante los rumores de remover al senador Basilio Núñez de la presidencia del Congreso Nacional, el senador Silvio Ovelar aseguró que desde la bancada se dará todo el respaldo para que el mismo permanezca en la presidencia. Señaló que el objetivo es dar gobernabilidad y tranquilidad a los colegas.

“Vamos a abloquelarnos en el Senado para darle gobernabilidad al compañero Bachi Núñez en la presidencia del Congreso, independientemente a las decisiones internas que se pudieran tomar al interior de la bancada”, dijo el legislador a los medios de prensa este miércoles.

Agregó que ante el impase que se da dentro del movimiento Honor Colorado por la chapa presidencial, se pueden dar este tipo de situaciones, las movidas, pero que en este caso se estará trabajando para mantener a Núñez en la presidencia.

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“Cuando se dan este tipo de quiebres, muchas veces los pescadores de ríos revueltos pueden tener éxito, entonces como primera medida nosotros, en base a la experiencia, acordamos primero garantizar la gobernabilidad aquí en el Senado y con eso creo damos que también un marco de tranquilidad a los compañeros y compañeras”, mencionó.

Finalmente, también se refirió a las posiciones y preferencias que se puedan dar dentro de la bancada de Honor Colorado sobre la candidatura o la chapa presidencial, adelantando que también posteriormente se expondrá una postura como bloque en el Legislativo.

“Nosotros conversamos sobre la posibilidad de tener una posición conjunta con respecto a lo que ha ocurrido últimamente, y en ese sentido yo creo que fui un adelantado en sentar posición con respecto a mi posición de acompañar al compañero Pedro Alliana, así como lo he hecho públicamente hace un buen tiempo atrás, y los compañeros están analizando”, sentenció.

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La Cámara de Senadores aprobó este miércoles en su sesión extraordinaria el proyecto de declaración que exhorta al Poder Ejecutivo a convocar a una cumbre de poderes del Estado para el abordaje integral del hecho punible de feminicidio en la República del Paraguay.

El documento impulsado por la senadora de Cruzada Nacional, Yolanda Paredes, y aprobado por sus pares de forma unánime, refiere que “el feminicidio se presenta como una de las manifestaciones más extremas de violencia contra las mujeres y exige una respuesta estatal integral, coordinada y sostenida, pero lo más importante, con carácter urgente”, refiere.

Agrega que “la persistencia de estos hechos impone la necesidad de evaluar la eficacia de los mecanismos de prevención, protección, investigación y sanción, así como las eventuales falencias en la actuación de las instituciones competentes”.

La iniciativa sostiene que tanto el artículo 60 de la Constitución Nacional, que dispone que el Estado promoverá políticas para evitar la violencia en el ámbito familiar y otras causas que atenten contra su solidaridad, como la Ley N.º 5777/2016 “de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia”, que establece responsabilidades estatales para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, cuya implementación requiere la articulación efectiva de distintos organismos e instituciones.

“En este contexto, una Cumbre de Poderes permitiría reunir a las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con la participación del Ministerio Público y de las instituciones especializadas, a fin de identificar obstáculos, fortalecer la coordinación interinstitucional y definir medidas concretas de actuación”, expresa.

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Señala también que los datos alarmantes arrojan que en el año 2025 se registraron un total de 37 víctimas de feminicidio y 55 víctimas de tentativa de feminicidio, lo que derivó en un saldo de 69 niños que han quedado huérfanos. Con respecto al año en curso, en el 2026 ya se registran 20 feminicidios y 28 víctimas de tentativa de feminicidio, según fuentes oficiales del Ministerio Público.

“​Por tanto, se considera necesario exhortar al Poder Ejecutivo a articular los mecanismos para la convocatoria a dicha instancia, en coordinación con las máximas autoridades de los demás poderes del Estado, con el propósito de establecer compromisos institucionales verificables y avanzar en una estrategia integral que fortalezca la prevención de los feminicidios, la protección efectiva de las mujeres en situación de violencia y la respuesta oportuna de los órganos competentes que se orienten a la protección integral de las familias paraguayas", indica la iniciativa.

A la vez, el plenario aprobó tratar dentro de 15 días el proyecto de ley para la creación de juzgados y tribunales especializados en violencia contra las mujeres, impulsado por la senadora colorada Lilian Samaniego.

La propuesta tiene como finalidad principal dar celeridad a las renuncias reales y desestimar las falsas. Se plantea que los juzgados y tribunales se encuentren conformados por jueces, fiscales, asistentes sociales, psicólogos, psiquiatras para asistir a las víctimas mediante la coordinación efectiva entre instituciones y la erradicación de la burocracia.

Dicha propuesta había sido objeto de controversia en el Legislativo, donde se sancionó una versión que creaba juzgados especializados de violencia en el grupo familiar, suprimiendo la especificación sobre las mujeres, punto que fue cuestionado por Samaniego. Finalmente, el proyecto de ley terminó siendo vetado por el Ejecutivo.

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