El diputado colorado Miguel Ángel Del Puerto confirmó que el próximo lunes, la bancada “A” del Partido Colorado, la cual lidera, estará tomando finalmente una postura respecto al proyecto de resolución “Que cita e interpela a Juan Carlos Baruja, ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH)”. La propuesta había sido planteada por legisladores pertenecientes a sectores de la oposición y de la disidencia colorada, en el marco de cuestionamientos vinculados a presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas sociales.

En conversación con La Nación/Nación Media, el legislador explicó que la bancada de Honor Colorado aún no tiene una posición asumida de forma definitiva, ya que aún no ha sido analizado este tema entre sus pares. No obstante, y de forma personal, señaló que, atendiendo que por tratarse de una bancada oficialista y ante las documentaciones y los argumentos esgrimidos por los técnicos del MUVH, no existiría ninguna necesidad de llevar adelante una interpelación al ministro.

El líder de bancada recordó que ya en su momento, cuando salió a luz la situación de la adjudicación de una vivienda al entonces senador Javier “Chaqueñito” Vera, el cual fue muy cuestionado; el propio ministro Baruja junto a sus asesores técnicos mantuvieron una reunión con los líderes y vicelíderes de bancada en Mesa Directiva donde explicaron las circunstancias y los elementos legales con los que fue adjudicado este departamento al exsenador.

“La parte documental ha sido demostrada; lo que tal vez se pueda, de repente, debatir es la parte ética moral del exsenador Vera al haber solicitado ese departamento. Pero en la parte administrativa creemos que no hay nada que debatir, ni demostrar. En su momento, el ministro Baruja con los técnicos del MUVH se presentaron ante la mesa directiva y demostraron todas las documentaciones a todos los líderes de las diferentes bancadas”, explicó.

Cabe recordar que este tema había quedado postergado de la última sesión extraordinaria de esta semana, ya que estaba previsto ser analizado en el punto número 10; pero la plenaria se vio interrumpida cuando se rompió el quórum. No obstante, la Mesa Directiva, volvió a incluir este tema para la sesión ordinaria del próximo martes 7 de abril, en el punto número 8 del orden del día.

“Seguramente nosotros el lunes, en bancada, ya vamos a tratar y tener una posición ya firme de bancada ante ese pedido presentado por la oposición. Creo que la oposición más bien está queriendo politizar este tema y llevar al escenario político, antes que, al administrativo institucional, un tema que incluso ya quedó en la nada luego de que el exsenador renunciara a la adjudicación”, acotó.

En tanto, la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, presidida por el diputado José Rodríguez, ya emitió dos dictámenes, uno en mayoría por el rechazo, y otro en minoría por la aprobación de avanzar con el pedido de interpelación al ministro Baruja.

Según habían manifestado los integrantes de la citada mesa asesora, los fundamentos de ambas posturas serán expuestos ante el plenario de la Cámara de Diputados, al momento de su tratamiento.

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La diputada Cristina Villalba presentó un proyecto de ley que busca destinar el 15 % de lo recaudado por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) a financiar la investigación agraria del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA).

Para ello la proyectista sugiere modificar la Ley N.º 3788/2010 del IPTA y el artículo 30 de la Ley N.° 2426/04, que crea el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)”.

“La propuesta apunta a actualizar una ley que ya tiene más de 15 años, permitiendo que el IPTA reciba recursos de instituciones públicas del ámbito pecuario. Esto permitirá impulsar investigaciones en áreas clave como sanidad animal, alimentación y mejoramiento genético”, comentó la diputada Villalba a La Nación/Nación Media.

Explicó que el objetivo es claro: generar más tecnología para el campo, mejorar la productividad y apoyar especialmente a pequeños y medianos productores, “fortaleciendo así la economía rural y la competitividad del Paraguay”.

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“El IPTA es clave para generar tecnología y conocimiento para el campo, pero su ley quedó desactualizada. No contempla recursos del sector pecuario, que es uno de los motores de nuestra economía”, aseveró.

La congresista colorada fundamentó que con esta propuesta se pretende corregir la normativa para fortalecer la investigación y llevar más soluciones a los productores, especialmente a los pequeños y medianos.

“Es una inversión en productividad, en desarrollo rural y en el futuro del país”, remarcó.

Según manifestó la parlamentaria, la idea es “aterrizar IPTA a las fincas de los pequeños productores con tecnología de producción”.

“Nosotros queremos que los pequeños productores apuesten a la tecnología. SENACSA hace un excelente trabajo, solo que ellos se enfocan en los extensos hatos. A no ser en la época de vacunación, donde llegan a los que tienen cinco cabezas con prevención”, subrayó.

“Queremos que la ciencia, la investigación llegue a los pequeños productores en diferentes áreas, ser una finca modelo. Que esa finca pueda tener tanto la parte agrícola como ganadera. Y que podamos con eso darle contención, sostenibilidad económica a las familias del campo”, finalizó.

1. Incorporación de una nueva fuente de financiamiento

- Se modifica la ley para agregar un inciso que habilite al IPTA a recibir recursos provenientes de instituciones públicas del sector pecuario.

Hoy:

• Solo recibe recursos del Tesoro (FF-10) y recursos propios (FF-30).

Con la modificación:

• Se suman transferencias de entidades del ámbito pecuario (ej.: instituciones públicas vinculadas a producción animal).

2. Ampliación del alcance financiero institucional

No es solo “más plata”, es un cambio estructural:

• Se diversifican las fuentes de financiamiento.

• Se reduce la dependencia exclusiva del presupuesto público tradicional.

• Se le da al IPTA mayor autonomía operativa real.

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El paro del sector transportista, que afectó este fin de semana a miles de usurarios, fue duramente criticado por legisladores. El paro de buses de algunas empresas agremiadas principalmente el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), liderado por César Ruiz Díaz, inició el sábado. El Gobierno ya llegó a un acuerdo con los transportistas y se normalizará la circulación de buses.

El diputado Rodrigo Gamarra lamentó que se esté dando este tipo de situaciones para presionar al Gobierno nacional, asegurando que solo se trata de retrasos de pago del subsidio de solo días, y que no corresponde atentar directamente contra la ciudadanía.

“No sé qué me da más asco, si el chantaje de algunos empresarios del transporte que toman de rehén a la gente o ciertos medios sicarios de la desinformación que, por odio político, terminan justificando la extorsión y el abandono. Estamos hablando de atrasos de días, no de meses. Atrasos que saben perfectamente que se van a cumplir, como se ha venido haciendo incluso con deudas heredadas de administraciones anteriores”, criticó el diputado.

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Expuso además que “hoy pretenden instalar una crisis por menos de un mes, usando a la ciudadanía como herramienta de extorsión. Nada justifica degradar al pasajero a una variable de chantaje”, y que “el transporte tiene que estar al servicio de la gente, no la gente al servicio de intereses que presionan según conveniencia”.

Por su parte, el senador Dionisio Amarilla, hizo hincapié a una auditoria tributaria para este sector transportista. “¿Y cuando el precio del combustible bajaba y bajaba, bajaron ellos el precio del pasaje? ¿renunciaron al subsidio? Muy desconsiderados con la gente humilde. Es un servicio público elemental concesionado por el Estado. Solo un día quiero tener la lapicera para ordenar una auditoría tributaria integral de sus empresas y de los beneficiarios finales”, cuestionó.

Instó además al presidente de la República, Santiago Peña, a tomar medidas ante esta situación. “Vamos Santiago Peña que Paraguay te acompañará en esta con todas sus fuerzas. Cuántos comerciantes pequeños y gente que vende y trabaja en el los mercados no pudieron llegar a sus puestos hoy en vísperas de Semana Santa. Eso no se hace señores transportistas”, concluyó.

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La Secretaría Nacional de Cultura emitió un comunicado en el que responde a los cuestionamientos del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, sobre supuestas trababas al proyecto de construcción del Teatro Departamental “Julio Correa” en la ciudad de Luque.

Al respecto, la institución cultural informa que el proyecto no ha sido rechazado, ni suspendido, como se pretende instalar desde la Gobernación de Central. Explica que por el contrario, se encuentra pendiente de adecuación conforme a los lineamientos técnicos establecidos.

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Menciona que el proyecto fue recibido el 29 de enero del corriente año, para la correspondiente evaluación técnica y que mediante el informe DBC N° 12/2026, de fecha 9 de febrero 2026, en ella se solicitaban varios ajustes al proyecto, considerando que el inmueble en el que se pretende la construcción del citado teatro, cuenta con reconocimiento patrimonial conforme a la normativa vigente (Ley N° 5621/16, la ordenanza municipal JM N° 162/217 y el Registro Bienes Culturales SNC N° BI00000239).

Cabe señalar que el Teatro Departamental en Luque se está proyectando en un predio de la Gobernación, conocido como “La Casona de Julio Correa”, que en su momento fue donada por su descendencia.

Este edificio, que ya ha sido catalogado como Patrimonio, es donde se pretende la construcción de un teatro modelo, con salones auditorios, para diferentes modalidades, para estudiar en el lugar, según habían señalado el año pasado al momento del anuncio del proyecto.

Al respecto, desde la SNC señalan que se mantuvieron varias reuniones técnicas y el 19 de febrero del presente año, se remitieron formalmente los lineamientos para la adecuación del proyecto. “A la fecha, la SNC no ha recibido una nueva presentación que incorpore dichas recomendaciones técnicas, con el fin de cuidar el patrimonio cultural”, remarca el comunicado.

Agrega, que en este contexto, la intervención de la SNC responde al procedimiento técnico regular aplicable a bienes patrimoniales, orientado a garantizar la viabilidad del proyecto dentro del marco legal vigente.

“La institución reitera su disposición a acompañar este proceso a fin de garantizar la adecuada intervención del patrimonio, ante el desarrollo del proyecto del Teatro Departamental”, concluye el comunicado.

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