El diputado Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, no considera oportuno que se multe a los ciudadanos que no participen en las elecciones, más bien cree que deben potenciarse campañas para ir a votar. El proyecto de ley aprobado en el Senado establece el cobro de G. 44 mil a quienes no cumplan con el deber cívico.
“Creemos que se debería llevar adelante más campañas para promover el derecho al voto, que buscar la aplicación de sanciones al ciudadano”, expresó el diputado en su cuenta de Twitter. La comisión que preside estudió el proyecto y emitió un dictamen por el rechazo, que debe ser estudiado por el pleno. Este proyecto es referente a la modificación del artículo 332 del Código Electoral.
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La iniciativa que nació en el Senado establece algunas consecuencias directas si no se paga la multa correspondiente por no sufragar, como limitaciones a servicios públicos. La legislatura vigente establece una multa de un jornal mínimo para quienes incumplan, pero el Senado estableció que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y el departamento de Identificaciones sean los órganos que cobren medio jornal.
En caso que no se pague la multa, se establecen sanciones como la suspensión de trámites ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la emisión de pasaportes y antecedentes en el departamento de Identificaciones. También los trámites ante la Dirección de los Registros Públicos, Dirección de Catastro, Registros del Automotor, municipalidades y gobernaciones, y suspensión de regulación de transferencias monetarias condicionadas.
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“Todos los candidatos cumplen con los requisitos”, dice Maidana sobre ternas para Contraloría
El senador Derlis Maidana defendió las postulaciones para la Contraloría y Subcontraloría General de la República al asegurar que los integrantes de ambas ternas cumplen con los requisitos constitucionales. Con sus declaraciones, Maidana buscó desestimar el discurso de la oposición, que señala un supuesto intento de copamiento por parte del oficialismo colorado.
“Tengo entendido que había una especie de costumbre de designar a un opositor, pero esa mala costumbre le trajo mucho daño a la República, ya que los contralores que entraron por cuoteo político, perteneciente a la oposición fueron procesados, imputados, se fueron a la cárcel, no hicieron bien su trabajo”, refirió.
El pleno del Senado conformó ayer miércoles en su sesión ordinaria la terna para ambos cargos que serán remitidas a Diputados para su definición. La lista para el cargo de contralor se encuentra integrada por Camilo Benítez Aldana quien busca su reelección, Mabel Bogado Oviedo y Carlos Vera Ruiz.
Mientras que la nómina para subcontralor está conformada por Armindo Torres, Augusto José Félix Paiva y Cosme Alfredo Torres. “El principal cuestionamiento a Camilo, Armindo, entre otros, no es que son ineficientes, que hicieron mal su trabajo, sino que son colorados y que el partido de gobierno no puede poner al contralor”, manifestó Maidana.
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Antecedentes
Entre los excontralores de extracción opositora que terminaron ante la Justicia se encuentra el liberal Daniel Fretes Ventre, quien ocupó el cargo durante los años 1995 al 2000. El mismo enfrentó a la Justicia tras comprobarse la creación de un esquema financiero destinado al blanqueo de capitales. En 2006, un tribunal lo condenó a 12 años de cárcel y a una multa millonaria tras tipificar sus actos como lavado de dinero y asociación criminal, bajo la premisa de haber organizado una maquinaria estructurada para el lavado de activos. No obstante, años más tarde, la causa dio un giro definitivo cuando la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo y lo absolvió.
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También figura Óscar Rubén Velázquez Gadea, quien contaba con la adhesión de legisladores liberales y del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace). La gestión de Velázquez Gadea colapsó institucional y judicialmente tras revelarse graves irregularidades administrativas en el manejo de planillas y salarios públicos.
Fue procesado y hallado culpable por el delito de lesión de confianza en el marco del caso conocido como “la secretaria vip”. El proceso culminó formalmente en 2021, cuando la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia que lo condenó a 4 años de pena privativa de libertad.
A la vez, se encuentra José Enrique García Ávalos, quien gozaba del respaldo de los congresistas pertenecientes al tercer espacio. El mismo debió responder penalmente por su actuación en el polémico caso Ivesur, enfrentando cargos por producción de documentos no auténticos e instigación a subordinado, además de ser investigado en paralelo por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
En 2023 recibió una condena judicial de primera instancia, la cual fue ratificada y confirmada por la Corte Suprema de Justicia en 2024, cerrando de este modo su ciclo institucional con un fallo condenatorio firme.
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Solicitan avanzar con elecciones de decano tras renuncias en Derecho UNA
Ante la renuncia de un integrante del Tribunal Electoral Independiente (TEI) y la candidata a vicedecana, informaron que ya se pueden retomar las elecciones para elegir a las próximas autoridades de la Facultad de Derecho de la UNA. Las elecciones debieron realizarse el pasado 20 de agosto, pero fueron suspendidas provisionalmente.
El Tribunal Electoral de la Capital, Primera Sala, ordenó el pasado jueves la suspensión provisoria de los comicios para elegir a los decanos y vicedecano para el periodo 2026 - 2031 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), por una medida cautelar a pedido del Dr. Carlos Aníbal Fernández, en el marco de cuestionamientos al proceso electoral.
Ante esta situación, el abogado Edgar Ríos Parquet, integrante del Tribunal Electoral Independiente (TEI), presentó su renuncia para no afectar el cronograma electoral y facilitar la realización de los comicios. Así también, lo hizo una de las candidatas que dio un paso al costado.
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“En la fecha presenté mi renuncia al TEI ad hoc, con el propósito de eliminar cualquier controversia en torno a su integración y facilitar la inmediata continuidad del cronograma electoral. Por la estabilidad institucional de nuestra querida Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA, exhorto a avanzar con el proceso de elección de decano y vicedecano”, expresó el abogado Edgar Ríos, consejero.
Así también, presentó la renuncia a su candidatura a vicedecana, Karen González, para evitar que su participación sea motivo de controversia dentro del proceso. “Con ambas renuncias, quedan subsanadas las situaciones que habían sido planteadas como fundamento de la suspensión, por lo que se dejaría sin efecto la medida cautelar, permitiendo la continuidad del proceso electoral”, resaltó.
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Gamarra respalda aumento para médicos, pero pide una recomposición sostenible
El diputado Rodrigo Gamarra respaldó el reclamo de los médicos por mejores salarios y condiciones laborales, pero sostuvo que una eventual recomposición debe ser responsable, gradual y sostenible. Además, abogó por retomar la mesa de negociación y advirtió que una huelga prolongada terminaría afectando principalmente a los pacientes.
En comunicación con La Nación/Nación media, reivindicó los avances registrados en Salud Pública durante los últimos años, entre ellos la reducción de la carga horaria médica, 13.230 nombramientos y nuevas inversiones en infraestructura. Sostuvo que, aunque persisten reclamos salariales, “contar solamente las carencias” tampoco refleja toda la realidad.
“Siempre voy a considerar legítimo que los médicos reclamen mejores condiciones laborales y mejores salarios. Estamos hablando de profesionales que tienen en sus manos la salud y muchas veces la vida de nuestra gente. El Estado debe aspirar a pagar cada vez mejor al médico, reconociendo su capacitación, especialización, experiencia, responsabilidad y el grado de complejidad de la tarea que realiza”, remarcó.
Gamarra señaló la necesidad de dejar de estigmatizar los buenos salarios de los profesionales altamente calificados por trabajar en el sector público y advirtió que esta práctica puede favorecer la fuga de talentos al ámbito privado. Sostuvo que un Estado eficiente debe atraer y retener a los mejores profesionales. “Si queremos un Estado eficiente, también tenemos que atraer y retener a los mejores”, remarcó.
Hay que ver toda la película
El legislador colorado sostuvo que, aunque aún existen carencias y reclamos pendientes, también se debe ver toda la película porque hubo avances importantes en materia salarial, laboral, de infraestructura y contratación de personal. Indicó que no sería exacto afirmar que durante los últimos diez años no existieron reivindicaciones ni avances importantes para el sector médico.
“En 2015 los médicos trabajaban mayoritariamente 24 horas semanales por vínculo y comenzó gradualmente la histórica reivindicación de reducir esa carga a 12 horas manteniendo la misma remuneración. En 2021 se amplió a más hospitales y unidades de salud; en 2022 llegó al Congreso el proyecto que buscaba consolidar este derecho; en 2023 se promulgó la Ley 7.137; entre 2023 y 2025 continuó su implementación y finalmente en 2025 Salud formalizó las 12 horas semanales por vínculo para los médicos asistenciales”, precisó.
Señaló que cobrar el mismo salario por 12 horas que, anteriormente se percibía por 24 no duplica el ingreso mensual, pero sí duplica el valor de la hora trabajada. “Es una conquista importante del gremio y también un esfuerzo presupuestario importante del Estado”, acotó.
Destacó además que hace apenas unos días el Equipo Económico autorizó 11.100 nuevos nombramientos en Salud, de los cuales 9.755 corresponden a personal de blanco. Sumados a los 2.130 ya incorporados. “Estamos hablando de un proceso de 13.230 nombramientos y de una de las mayores acciones de desprecarización laboral realizadas en Salud Pública”, enfatizó.
Gamarra destacó como otro avance importante, la construcción de nuevos hospitales de alta complejidad, algunos de ellos ya funcionando, como el caso del hospital de Coronel Oviedo y Encarnación. “Nuevas inversiones y una cartera de infraestructura hospitalaria que supera los 500 millones de dólares. Por supuesto que falta mucho aún, nadie lo desconoce y el propio Gobierno lo reconoce. Pero contar solamente las carencias sin contar los avances tampoco muestra toda la realidad”, cuestionó.
Reclamar sin politizar
El diputado dijo además que aún así los médicos están en su derecho de reclamar, así como a debatir y buscar soluciones. No obstante, asegura que se debe evitar la politización de las necesidades y del sufrimiento de la gente. “La salud de un paraguayo no puede convertirse en una herramienta de disputa política. Una cosa es acompañar un reclamo legítimo y otra aprovechar las carencias que sabemos que existen para instalar que nada se hizo o que todo está mal”, dijo.
Por lo que llamó a que este conflicto vuelva cuanto antes a la mesa de negociación. “Debemos medir las consecuencias de las medidas de fuerza: una huelga prolongada termina castigando justamente al que ninguna responsabilidad tiene en esta discusión, el paciente que espera una consulta, una cirugía o un tratamiento”, abogó.
Finalmente, reiteró que su posición es acompañar una recomposición justa y posible, seguir mejorando las condiciones de nuestros médicos y construir una verdadera carrera profesional, mediante el diálogo y sin poner en riesgo la atención de la gente. “Tenemos que discutir cuánto debe ganar mejor un médico, pero contando toda la película, lo que falta, lo que se reclama y también todo lo que ya se conquistó y se está haciendo”, concluyó.
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FPUNA: denuncian que actas eleccionarias son retenidas por la decana
Este martes, alumnos y graduados de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) se manifestaron para solicitar la liberación de las actas de las elecciones que se realizaron el pasado 20 de agosto, a modo de poder conocer quiénes son las nuevas autoridades. Ambos sectores denunciaron que la decana Silvia Leiva León está reteniendo los documentos para retrasar la entrega de mando y continuar ella en el cargo.
La medida fue tomada a raíz de que ya pasó un tiempo considerable tras las elecciones de las nuevas autoridades de la facultad para el periodo 2026 - 2031 y denunciaron que la decana Leiva León no ha remitido los resultados oficializados del acto eleccionario.
“Nuestro pedido fue concreto de que se remitieran las actas del acto eleccionario al Rectorado de la UNA. Es el paso que resta para que puedan proclamarse las autoridades electas”, expresó Fernando Moreno, miembro del consejo de la FPUNA, en entrevista con La Nación/Nación Media.
Agregó que las autoridades electas asumirán el primer día hábil de setiembre y encontrarán una contraparte exigente, atenta y dispuesta a colaborar. “Nos reunimos en plenaria a comentar un poco todo lo que venía pasando y acercamos las copias de las actas al Rectorado. Con eso, entendemos que se comunica y corresponde según el estatuto”, apuntó.
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Resaltó que la fuerza del proyecto siempre ha sido la transparencia y la unidad de todos los estamentos. “Las medidas de fuerza seguirán hasta que esto se pueda solucionar. Reitero, queremos que se remitieran las actas del acto eleccionario para que puedan proclamarse las autoridades del próximo periodo”, apuntó.
El 20 de agosto pasado el Consejo Directivo de la Facultad Politécnica eligió a sus nuevas autoridades, en un proceso conducido por el Tribunal Electoral Independiente Ad Hoc y desarrollado conforme al Reglamento General aprobado por el Consejo Superior Universitario: padrón publicado, candidaturas inscriptas sin impugnaciones, presentación de programas de gobierno en sesión pública transmitida por los canales oficiales de la Facultad, voto secreto y escrutinio público.