El contralor general de la República (CGR), Camilo Benítez, informó este jueves que ini­ciarán una auditoría combi­nada al Instituto de Previsión Social (IPS), bajo la presiden­cia de Jorge Brítez. Los resul­tados de la fiscalización serán publicados en julio de 2026.

Detalló que la fiscalización fue solicitada incluso por el propio Brítez y abarcará el manejo de la caja de jubila­dos y las inversiones finan­cieras realizadas por la pre­visional. El anuncio fue concretado tras acudir al Congreso Nacional con el fin de presentar el informe final sobre las ejecuciones finan­cieras de entidades públicas del ejercicio fiscal 2024.

“Ya tenemos un plan de audi­torías para el 2025 que empe­zará mañana y que formará parte del informe de 2026. El IPS está como prioridad uno, porque nosotros creemos que amerita ante la cantidad de situaciones que envuelven al IPS, en especial el déficit que tienen en la caja”, sostuvo en una conferencia de prensa.

Benítez acotó: “Vamos a hacer una auditoría combinada. Es muy oportuno ver en el caso de IPS si las inversiones se realizan conforme a la ley”. El informe fue entregado al vicepresidente segundo de la Cámara de Senadores, el libe­ral Dionisio Amarilla.

Por otra parte, el contralor manifestó que el informe final sobre las ejecuciones financieras de entidades públicas del ejercicio fiscal 2024, expone una serie de desprolijidades administra­tivas y contables, que podrían constituirse en hechos puni­bles. “Los balances presen­tados no reflejan la realidad de lo que se verifica. Siempre las observaciones se repiten en cuanto a la falta de since­ridad de los estados conta­bles”, comentó.

El contralor general de la República (CGR), Camilo Benítez, informó este jueves que iniciarán una auditoría combinada al Instituto de Previsión Social (IPS), bajo la presidencia de Jorge Brítez. Los resultados de la fiscalización serán publicados en julio del 2026.

Detalló que la fiscalización fue solicitada incluso por el propio Brítez y abarcará el manejo de la caja de jubilados y las inversiones financieras realizadas por la previsional. El anuncio fue concretado tras acudir al Congreso Nacional con el fin de presentar el informe final sobre las ejecuciones financieras de entidades públicas del ejercicio fiscal 2024.

“Ya tenemos un plan de auditorías para el 2025 que empezará mañana y que formará parte del informe del 2026. El IPS está como prioridad uno, porque nosotros creemos que amerita ante la cantidad de situaciones que envuelven al IPS, en especial el déficit que tienen en la caja", sostuvo en una conferencia de prensa.

Benítez acotó: “vamos a hacer una auditoría combinada. Es muy oportuno ver en el caso de IPS si las inversiones se realizan conforme a la ley“. El informe fue entregado al vicepresidente segundo de la Cámara de Senadores, el liberal Dionisio Amarilla.

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Por otra parte, el contralor manifestó que el informe final sobre las ejecuciones financieras de entidades públicas del ejercicio fiscal 2024, expone una serie de desprolijidades administrativas y contables, que podrían constituirse en hechos punibles. “Los balances presentados no reflejan la realidad de lo que se verifica. Siempre las observaciones se repiten en cuanto a la falta de sinceridad de los estados contables”, comentó.

Benítez siguió argumentando que “todas las instituciones del Estado deben presentar un plan de mejoramiento. Se hará una mesa de trabajo con la asesoría jurídica para ver si estas observaciones tienen indicios de hechos punibles para que sean remitidos al Ministerio Público“.

Benítez citó como ejemplo de una grave irregularidad administrativa el caso del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), que carece de una falta de planificación en adquisición de medicamentos. “En Paraguay es extremadamente desesperante la situación de las personas que sufren por estas enfermedades, especialmente de cáncer, y no vemos una buena planificación”, indicó.

El contralor detalló que en la institución se realizó una licitación para comprar un medicamento que precisaba un enfermo oncológico, pero al momento de la adquisición ya la persona había fallecido y el monto que se invirtió fue más de G. 5.000 millones.

“El Incan no pudo encontrar otra persona a quien destinar este medicamento, por lo que venció. También vemos una metodología con las medidas judiciales a través de amparos. No hay una planificación de compra de medicamentos. Muchas veces se compran medicamentos que están a punto de vencer”, lamentó.

Benítez agregó que “al momento de comprar un medicamento y vence, es un perjuicio para el Estado paraguayo directamente. Siendo que hay miles y miles de personas que de alguna manera sufrimos o padecimos por este tipo de enfermedades, es muy irresponsable en cuanto a los administradores no prever o no planificar“.

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El abogado Juan Emilio Oviedo afirmó que los agentes fiscales que investigan al exmandatario Mario Abdo Benítez por las inconsistencias en sus declaraciones juradas, podrían anexar a la causa las informaciones sobre las supuestas cuentas bancarias ocultas en Seychelles que tendrían por beneficiarios finales al exjefe de Estado y su esposa Silvana López Moreira.

“Puede ser muy buena hipótesis. Por economía procesal, también es una investigación que pueda estar abierta, que pueda tener algún vínculo con los datos obtenidos por este periodista argentino para confirmar, descartar o revisar la información que pueda haber en el extranjero y que incidencia pueda tener dentro de la carpeta fiscal”, indicó el exfiscal de Asuntos Internacionales en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, aludiendo al informe de Luis Casulla publicado en el portal PeriodismoyPunto.

La Fiscalía impulsó la apertura de una investigación a Abdo Benítez en setiembre del 2024 debido a las inconsistencias detecta­das por la Contraloría Gene­ral de la República (CGR) en las extraordinarias ganancias que tuvieron, durante su mandato, la empresas distribuidoras de asfalto Aldia S. A. y Createc S. A., que lo vinculan entre sus principales accionistas.

“Eventualmente, esto sería una decisión de los fiscales de la causa (anexar las informaciones de las cuentas bancarias ocultas como un hecho nuevo) porque son ellos lo que tienen la teoría del caso, son los que tendrán que probar la existencia de un hecho punible a través de las evidencias que se incorporan no solo a nivel nacional, sino internacional”, comentó Oviedo.

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Asimismo, dijo que Paraguay y Seychelles son signatarios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, un tratado impulsado en el 2023 que permite la cooperación entre fiscalías generales. Agregó que Seychelles estableció reformas en el año 2022 que facilitan la entrega de datos financieros, incluso sobre beneficiarios finales, si el pedido cumple los requisitos legales.

“Esto también dependerá de la política criminal, de la persecución penal y de las informaciones o elementos que cuente el Ministerio Público, es una opción que tiene la institución de separar o unir causas, de armar equipos de investigación, de incorporar áreas especificas como de Asuntos Internacionales que tiene personal calificado para ello”, indicó el abogado.

El informe periodístico refiere que presuntamente se ocultó la millonaria suma de USD 21 millones, hecho que configura posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión en el caso de haberse omitido su mención de las declaraciones juradas.

La publicación periodística detalla que, con el número 3128614805, la primera cuenta se encuentra localizada en el banco MCB International y presenta la suma de USD 12.316.108,44. Esta cuenta fue abierta en noviembre del 2022, año en que el líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez, aún se desempeñaba como presidente de la República.

Detalla que la cuenta figura a nombre de la firma Star Capital Financial Services Limited y sus únicos autorizados serían Abdo Benítez y López Moreira. Mientras que la segunda cuenta tiene el número 29478391 y fue abierta en setiembre del 2023 a nombre de Exchange Contracts International Finance Limited, un mes después de finalizar su periodo como jefe de Estado. En junio del 2025, la cuenta presentaba un balance de USD 8.716.581,02, y también tendrían como beneficiarios finales a Abdo Benítez y su esposa.

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El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, Armindo Torres, confirmó que el órgano extrapoder halló puntos llamativos en el examen de correspondencia realizados a las empresas Aldia S.A. y Createc S. A. del rubro asfalto, vinculadas al exmandatario Mario Abdo Benítez.

“Nos percatamos de algunos puntos llamativos como ser que las ganancias se remitían desde el 2020 al 2022 en su totalidad a reservas operativas”, dijo el funcionario en una entrevista con el programa “Mina en casa”. Torres detalló que, en el año 2023, Abdo Benítez había solicitado a la institución la realización de un examen de correspondencia, hecho que permitió el hallazgo de varias incongruencias.

“Esto no es ilegal (remitir ganancias a reservas operativas), pero quisimos profundizar y solicitamos un segundo informe a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, ya que las reservas tienen que tener un fin y deben establecerse en las actas. Le consultamos a esta institución si tenía identificado el destino, si coincidían las ganancias con la facturaciones realizadas. La dirección nos contestó que ellos tampoco tienen el destino de las reservas, alrededor de USD 40 millones”, comentó.

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Torres detalló que el examen de correspondencia inició en el 2024 y que, por petición de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, las incongruencias fueron remitidas al Ministerio Público. Este hecho imposibilitó a la Contraloría finalizar el estudio sobre las declaraciones juradas de Abdo Benítez.

“No hubo disminución en las reservas y se detectó que la mayor cantidad de esas reservas estaban constituidas por deudores por venta. El punto llamativo era que esos deudores informaban que no tenían deudas con las empresas. Aunque no es nuestra competencia indagar a las empresas privadas, no podemos pasar por alto esta situación y no informar al Ministerio Público”, comentó.

Señaló que la petición de informes también fue realizada a otras instituciones como el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Todas las ganancias iban a reservas, pero, sin embargo, en el 2023 aparece una inversión a largo plazo de G. 40.000 millones que no tenía origen. Como Contraloría no pudimos detectar el origen de esos fondos teniendo en cuenta que todas las ganancias iban a reserva", indicó.

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El 90 % de las ganancias de ambas empre­sas de Abdo Benítez, equivalentes a G. 292.000 millones, fueron a fondos de reservas operativas; sin embargo, no existen movi­mientos que avalen la utili­zación para los fines constituidos, según el informe preliminar del organismo de control.

El 66 % de los montos declarados como fondos de reservas operati­vas equivalen a la cuenta de deudores por ventas. El activo declarado tanto por Aldia S. A. y Createc S.A. de deudas de sus clientes son muy superiores al detalle de las cuentas pasi­vas declaradas por sus clien­tes, en algunos casos hasta inexistentes, según el análi­sis de sus estados financieros.

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