El fiscal Irán Suárez Galeano presentó imputación contra cuatro funcionarios de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) por los hechos punibles de quebrantamiento de depósito, afectación de cosas gravadas y hurto agravado. Asimismo, solicitó la prisión preventiva de los imputados.

La investigación se inició a raíz de una denuncia recibida en octubre de 2025 por la Dirección Jurídica de dicha institución, relacionada con el supuesto hurto de evidencias (motores de vehículos, baterías, faros y demás accesorios) que se encontraban depositadas en la sede de la Senad, ubicada en la localidad de Nueva Asunción.

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Conforme a la denuncia y a las pesquisas realizadas, los funcionarios habrían participado y facilitado la sustracción de dichas evidencias, pese a su deber de custodia. Entre los faltantes, se habría contabilizado, por ejemplo, el hurto de más de 20 motores de vehículos, además de otros accesorios pertenecientes a los rodados que se encuentran bajo guarda en el lugar.

El fiscal Suárez se constituyó en diciembre de 2025 en el sitio, donde constató la existencia de los hechos denunciados, acompañado por funcionarios del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional.

Ahora se deberá realizar una audiencia de imposición de medidas cautelares en la que se definirá si los imputados estarán en libertad o serán remitidos a una penitenciaria.

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Desde la cartera económica resaltan que fueron claros en destacar que la economía paraguaya goza de buena salud. Sin embargo, tras algunos desarrollos que implicaron una caída en las recaudaciones, solamente el fisco realiza un “ajuste de cinturón”. Se trata del tesoro, la caja que deben manejar desde el ministerio, que, más allá de lanzar un mensaje a la ciudadanía, era enviar un mensaje para el resto del gabinete, que por lo general reclama más fondos para llevar adelante sus programas.

Así señaló el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, quien aclaró sobre la situación actual de la economía paraguaya, tras el anuncio de aplicaciones de medidas por parte del Gobierno, denominado “economía de guerra”, cuya frase resonó en el mercado y generó interrogantes.

“Yo traté de ser claro con ese término de economía de guerra, que, a pesar de ser muy genérico, solo es para el fisco. Mostrar la realidad del tesoro, que es de donde salen todos los recursos que van a financiar a los diferentes ministerios”, sostuvo Fernández.

La economía paraguaya, en enero, febrero y marzo (2026), sigue mostrando un gran dinamismo, lo que es normal por el fuerte impulso del sector privado, que viene muy fuerte. “El problema es la caja, y es ahí donde tuvimos dos efectos importantes que nos obligaron a salir con esta declaración de economía de guerra”, añadió el ministro.

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En primer lugar, uno de los impactos fue la caída en ingresos de las binacionales (Yacyretá e Itaipú) por la caída en el valor del dólar, ya que se proyectaba en el PGN que la divisa cotizara a G. 7.800, versus los G. 6.500 de la actualidad. Esto equivale a G. 1.300 menos por cada dólar de ingresos, unos USD 120 millones, recursos que estaban previstos en el presupuesto y que ahora no están y que impactan directamente en el fisco, explicó Fernández Valdovinos.

“Es una situación inusual, porque cuando se previó la cotización fue en marzo del año pasado, y a pesar de que la aprobación fue en diciembre, tras la caída abrupta del tipo de cambio, eso ya no se pudo cambiar. Son cosas que jamás se aciertan, como la tasa de inflación y el crecimiento”, sostuvo.

El ministro continuó diciendo que las recaudaciones estaban previstas con un crecimiento del 8 %, y al final fue de 0 %, lo que son USD 450 millones menos, que sumados al efecto del dólar, son más de USD 600 millones lo que faltan.

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El ministro fue claro en enfatizar que esta medida del Gobierno, lo que busca justamente, es evitar que afecte a la ciudadanía. “La historia de América Latina está llena de ejemplos en los cuales las situaciones fiscales no se corrigieron a tiempo y terminaron en una crisis, que finalmente termina afectando a la economía como un todo”, indicó.

En ese sentido, remarcó que en Paraguay no es que la economía le esté afectando al fisco, ya que a la economía le está yendo muy bien. “Estamos tomando medidas preventivas, justamente para que la economía no llegue a Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Eso de recortar inversiones, gastos y que afectaron a la ciudadanía se dio en gobiernos que no tomaron medidas preventivas, en tiempo y forma, para prevenir ir a la UTI. Nosotros queremos evitar eso; por esto aplicamos este plan de ajuste con respecto a lo establecido en el PGN”, explicó.

Como parte de la estrategia, el Gobierno mantendrá un proceso de ordenamiento del gasto público y las instituciones del Estado deberán ajustar sus compromisos al margen fiscal disponible, priorizando el cumplimiento de obligaciones y una administración responsable de los recursos.

Según el ministro, estas medidas forman parte de una estrategia integral orientada a garantizar la estabilidad fiscal y sentar bases para un crecimiento económico sostenible.

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La celeridad que aplica (como debe ser) la Contraloría General de la República en la investigación de casos de corrupción y en el estudio de bienes correspondientes a algunas autoridades es simplemente extraordinaria, al punto de que en ciertas ocasiones hasta sorprende con algunas filtraciones en plena etapa preliminar de conclusiones. Sin embargo, existen auditorías que llevan años en los cajones de sus oficinas, curiosamente dilatadas y sin mayores explicaciones por parte del ente de control.

Nadie sabe respon­der, y desde el ente tampoco pueden explicar por qué la Contra­loría General de la Repú­blica (CGR) actúa con una velocidad tal en la investi­gación de ciertas denuncias de corrupción que atañen a la agenda de determinados medios de comunicación. Sin embargo, otras denun­cias con los mismos vicios de irregularidades, pero que no son temas de tapa de un sector de la prensa, son tra­tadas con una reserva y len­titud particulares.

Hemos visto en los últi­mos meses que esos temas de agenda mediática gene­ran la reacción inmediata de la Contraloría que, en cuestión de semanas, hicie­ron sacudir a algunas auto­ridades con la filtración de datos preliminares de estu­dios de correspondencia de bienes. Pero en otros casos el reloj no camina y el silen­cio esconde rigurosamente los avances que pudieran darse o, simplemente, existe un manifiesto desinterés por parte del ente de control.

En 2023 comenzaron a sal­tar una serie de datos de investigación con relación a la fortuna amasada por el exintendente de Villa Elisa, hoy gobernador de Central, Ricardo Estigarribia. El his­torial de Ricardo, como el de su hermano Sergio Estiga­rribia, actual intendente de esta ciudad, está minado de denuncias de corrupción y de un crecimiento patri­monial extraordinario en el que toda su familia expe­rimentó un ascenso econó­mico sin asidero, al punto de que la madre de los herma­nos pasó de humilde modista de barrio a accionista en una sociedad conformada con USD 1 millón en efectivo.

Nuestro medio publicó una serie de maniobras y casos de desfalco en la munici­palidad mediante contra­taciones directas adjudi­cadas a familiares del clan Estigarribia. Concejales de la Municipalidad de Villa Elisa han presionado por una auditoría que, pese a un análisis de gastos de ape­nas seis meses iniciado en noviembre del 2024, al año y medio no ha reportado ningún resultado. Mientras tanto, el negocio continuó con adjudicaciones directas a operadores, excajeros de tránsito, cuñados, etc.

En noviembre de 2024, la Contraloría también inició un estudio de correspon­dencia de bienes a los her­manos Estigarribia. “Está en etapa de conclusión” es la reiterada respuesta que nuestro medio recibe cada vez que consulta a la Con­traloría por la investigación.

El caso del clan Pereira de Encarnación es aún más alevoso. El 13 de diciem­bre de 2022, hace tres años y tres meses, el Ministe­rio Público solicitó un exa­men de correspondencia al clan de los hermanos Javier Pereira Rieve (actual gober­nador de Itapúa) y Carlos Pereira Rieve (actual dipu­tado por Itapúa).

La investigación se requi­rió en el marco de una causa abierta a ambos y a su fami­lia por supuesto enriqueci­miento ilícito, posiblemente vinculado al narcotráfico, tráfico de armas, contra­bando, ordeño de combus­tible, entre otros hechos.

Hasta ahora la CGR no emi­tió dictamen con relación al gobernador. Fuentes de la institución hablan de un alevoso blanqueo en el caso de Carlos Pereira Rieve, pese al meteórico ascenso econó­mico del diputado liberal desde que ingresó a la fun­ción pública. De una silla, una mesa y una computadora que sumaban una inversión inicial de G. 50 millones en una empresa, en un tiempo récord de dos años cons­tituía otra firma con una inyección de G. 4.150 millo­nes. Tampoco hay respuesta de la Contraloría con rela­ción al clan Pereira Rieve de Encarnación.

En agosto de 2023, la Con­traloría también inició un examen de correspondencia al expresidente de la Repú­blica Mario Abdo Benítez. En julio de 2024 detectó que las denuncias periodísticas eran ciertas y que las empre­sas del exmandatario gana­ron 70 veces más durante su gobierno, pero las utili­dades fueron redirecciona­das a fondos de reserva, lo cual hasta hoy día fue confir­mado, y la conclusión quedó varada hace un año y medio.

La investigación patrimonial al exministro de la Secre­taría Nacional Antidro­gas (Senad) y del Interior Arnaldo Giuzzio es otro caso que no convence. Después de conocerse que el secre­tario del gobierno de Abdo compró una propiedad que declaró por G. 1.200 millones en un año duro de la pande­mia (2020), la Contraloría no halló ninguna irregularidad, pese a que las inversiones de Giuzzio superaban sus ingre­sos y a que las cuotas del prés­tamo consignado para justifi­car la adquisición, junto con sus gastos, eran mayores a lo que él percibía como funcio­nario estatal.

Los fiscales Yeimy Adle, Nathalia Silva y Giovanni Grisetti se ratifican en la imputación contra el extitular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnoldo Wiens.

Los agentes del Ministerio Público consideran que corresponde el proceso por supuesta lesión de confianza y daños a obras construidas, alegando que Wiens habría destruido deliberadamente las obras del proyecto del Metrobús.

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El acta de imputación formulado por los fiscales del caso refiere que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

En la imputación también se señala que antes de la administración de Wiens, el proyecto registraba un avance físico del 40 %. En ese contexto, se habían construido seis estaciones, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006. Por otro lado, desembolsó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, mediante obras no contempladas en el contrato.

“Se abandonó la obra de carácter urbano sin precedentes en el país, por lo que el Estado paraguayo, hasta ese momento, ya habría invertido la suma de G. 180.030.528.699, proveniente en su mayor parte de préstamos internacionales, préstamos que a la fecha se encuentran en etapa de amortización y que estimaba beneficiar a aproximadamente 250.000 habitantes”, de acuerdo a los fiscales.

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