Tres concejales de la ciudad de Encarnación presentaron una nota a la Contraloría General de la República solicitando una auditoría especial y la eventual intervención de la Municipalidad, encabezada por el intendente Luis Yd. Se trata de los ediles Eduardo Florentín, Andrés Morel Fretes y Eduardo Rebruk.

La solicitud está motivada por el arrendamiento presuntamente irregular de un terreno municipal. Según argumentan los concejales, dicho predio estaría siendo utilizado como hospedaje en el marco del Mundial de Rally que se desarrolla en el departamento de Itapúa.

Los denunciantes cuestionan la legalidad del contrato y exigen que se verifique el cumplimiento de los requisitos administrativos y financieros, además de la transparencia en el manejo de bienes públicos. De comprobarse irregularidades, los ediles piden que se proceda a la intervención formal de la comuna.

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El documento dirigido al contralor Camilo Benítez señala como principal cuestionamiento la “irrisoria suma de arrendamiento” por valor de G. 65.510.000, los cuales fueron acordados en pagos de 3 cuotas. De acuerdo a la información, dicho pago aún no se ingresó a las arcas municipales

Los ediles denunciantes consideran “ínfimo” dicho monto, ya que la tarifa se fijó conforme a la ordenanza municipal 288/2015, la cual considera ya está desactualizada.

“El principal vicio que advertimos y que origina el perjuicio patrimonial es que el precio de arrendamiento se fijó con base en la ordenanza municipal 288/2015. Dicha normativa tiene una antigüedad de 10 años, por lo que sus aranceles se encuentran absolutamente desfasados, con relación a los valores actuales de mercado”, expone parte de los argumentos de la denuncia.

Los concejales cuestionan al jefe comunal por utilizar una tabla de precios obsoleta para arrendar un inmueble que será utilizado en un evento de “altísima demanda y valorización”, como es el Rally Mundial. Como evidencia del perjuicio que está causando al patrimonio municipal, los concejales mencionan que el arrendatario Jhon Daniel Pérez, ya se encuentra publicando el alquiler de las instalaciones bajo la denominación comercial “Villa Rally Itapúa”.

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Señalan que la oferta para el usufructo final para el público nacional e internacional es significativamente superior, cotizando incluso en dólares. “Un cálculo preliminar basado en sus propias publicaciones, y que se adjunta a la nota de denuncia, sugiere que el arrendatario podría obtener ingresos hasta 60 veces superiores al monto que se comprometió a pagar al municipio de forma financiada”, expresa el documento.

Asimismo, los ediles señalan que al margen del arrendamiento en una tarifa menor al precio del mercado; señalan que desde la firma del contrato a la fecha el municipio aún no ha recibido el pago de ninguna cuota por el usufructo del inmueble que ya está siendo ofertado.

Además, señalan un eventual daño al municipio porque existen la sospecha que el arrendatario no cuenta con la autorización de la Organización del Rally Mundial, para el usufructo del nombre de manera comercial; por lo que el municipio podría incurrir en el delito de uso indebido de marca, lo que podría acarrear contingencias legales a la comuna por cedente del inmueble.

La concejala liberal, Gladys Mereles, y el concejal colorado, Martín Rolón, presentaron denuncia formal ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, ante la sospecha de una mala gestión del intendente liberal de Yaguarón, Luis Rodríguez, y sus administradores.

La denuncia presentada es por la presunta malversación de fondos y desvío del dinero público. Ambos concejales municipales rechazaron el balance de gestión que presentó el jefe comunal, durante los últimos años por graves irregularidades detectadas.

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En comunicación con La Nación/Nación Media, el presidente de la Seccional colorada, César Riquelme, explicó la situación que está atravesando la Municipalidad de Yaguarón. Al respecto, señaló que de acuerdo a la información que manejan los concejales el presupuesto anual que maneja el municipio es de unos 12 a 13 mil millones de guaraníes ya sea de fuentes de royaltíes, Fonacide e ingresos genuinos.

“Según los documentos que ellos han encontrado, habría un desvío y presunta malversación de un 40 % del monto del presupuesto anual. Por eso, solicitaron a la Fiscalía, específicamente a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, la investigación del periodo correspondiente del 2021 a la fecha. Así también, se presentó denuncia ante la Contralaría General de la República”, indicó.

Riquelme explicó que la Junta Municipal está compuesta por 12 concejales, 6 del Partido Liberal Radical Auténtico que es la bancada oficialista y 6 concejales del Partido colorado, que son la bancada disidente. Indicó que en este caso, la concejala liberal Gladys Mereles, fue una de las que rechazó el balance que presentó el intendente por el periodo 2024.

Señaló que Mereles es miembro de la comisión de Hacienda de la Junta Municipal, y pudo constatar en el estudio de los documentos varias irregularidades. Mencionó que junto con el concejal colorado Martín Rolón, son los que se animaron a presentar la denuncia formal ante las instituciones competentes.

“En lo personal felicito a estos concejales por la valentía para hacer esta denuncia; donde el intendente que se jacta de tener una administración excelente tendrá la posibilidad de aclarar estas sospechas. No es ninguna persecución política tampoco, porque una concejal de su mismo partido es la que hace la denuncia, entonces de qué persecución política estamos hablando”, acotó.

Al respecto, Riquelme mencionó que son varios los casos de mala gestión administrativa que encontraron los concejales. Por ejemplo, de acuerdo a las leyes vigentes, los intendentes municipales tienen autorización de hacer contrataciones directa de hasta 500 millones de guaraníes. Entonces, en la mayoría de los casos abren supuestos llamados a licitaciones por montos menores a lo señalado.

Mencionó que llamativamente son 4 empresas las que siempre se están presentando, intercalando entre ellas, turnándose para ser adjudicadas las obras.

“Si uno analiza sobre quiénes son estas empresas, se encuentra que son unipersonales, que al constituirse en la dirección, se va encontrar con que no cuentan con funcionarios, no cuentan con infraestructura y que aparentemente no cuentan con la capacidad económica ni elementos para realizar las obras. Entonces, hay una sospecha de corrupción instalada”, expresó.

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El diputado Avelino Dávalos, integrante de la Comisión Especial que analizó el pedido de intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este, manifestó que la Contraloría fue contundente en sus señalamientos de irregularidades hacia la gestión de Miguel Prieto, lo cual no pudo ser contrarrestado por el jefe comunal, lo cual amerita una intervención, según explicó.

“Se recibió una contestación de parte de la Contraloría General de la República (CGR) donde ratifican que existe faltante de documentos e inclusive, con notas de reiteración en su momento requiriendo esa documentación, entonces creemos saludable una intervención en la que se pueda aclarar todos los hechos y sobre todas las cosas, tener resultados como corresponde”, expresó.

En diálogo con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el legislador señaló que personalmente, fue muy claro en su posición a favor de una intervención, ya que el contralor, Camilo Benítez, fue muy preciso señalando las irregularidades detectadas, como la falta de respaldo documental sobre un gasto de G. 42.000 millones.

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“También se habló de forma clara de cuatro informes de la Contraloría con dictámenes en contra de la municipalidad y remitidos al Ministerio Público, además de todo lo que es de conocimiento público, la cantidad de denuncias que obran en la Fiscalía. El presidente de la Comisión consultó de vuelta a la Contraloría sobre la falta de documentación respaldatoria, porque en la visita del intendente, él había dicho que era falso, pero eso fue ratificado por el ente contralor”, añadió.

Cabe mencionar que todavía se desconoce si el dictamen de la Comisión será tratada este martes 10 de junio en una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, puesto que esto es potestad de la Mesa Directiva. “Creo que es conveniente una intervención para poder dilucidar los temas, el que nada debe, nada teme”, ratificó.

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El programa “Fuego cruzado”, emitido este domingo pasado por el canal GEN/Nación Media, fue escenario de debate en torno al requerimiento de intervención a las municipalidades de Asunción, a cargo del intendente Óscar Rodríguez, y de Ciudad del Este, liderado por el dirigente opositor Miguel Prieto.

La solicitud formulada por la Contraloría General de la República (CGR), el pasado 16 de mayo, a través del Poder Ejecutivo, fue defendida por su director de Auditoría Forense, Leandro Villalba, quien sostuvo que “en el caso de la municipalidad de Ciudad del Este estamos hablando de fallas sistémicas, en varias áreas de la gestión municipal. Por ejemplo, en el examen documental acerca de los gastos de capital del 2019-2022, se consta que la municipalidad no proveyó documentos de respaldo por erogaciones superiores a los G. 42.000 millones", refirió.

Villalba recordó que la Ley Orgánica Municipal establece claramente la obligación de los municipios de tener sus documentos contables y sus respaldos al día y de ponerlos a los órganos de control cuando éstos los requieran. “Prieto apenas ha enviado aproximadamente un 9 % de toda la documentación de la cuenta que fue auditada en esa oportunidad. Este es un hecho claramente gravísimo“, indicó.

El director de auditoría dijo que lo mismo sucede con la administración de Rodríguez. “Ambos utilizan el discurso, dicen que tienen todos los documentos, pero no remitieron a la Contraloría, por lo cual no podemos hacer ninguna apreciación al respecto de dónde están finalmente esos documentos. Ambos dicen que mandaron camiones y biblioratos de documentos a la Fiscalía, pero eso no es cierto. A la institución de control es a quien hay que mandarle todos los documentos para que se haga la revisión correspondiente”, manifestó.

Señaló que entre las graves inconsistencias detectadas en la gestión de Prieto, guarda relación con el manejo de las transferencias. “Se hacían por ejemplo transferencias por G. 800 millones a comisiones para la construcción de pozos y los beneficiarios cobraban los cheques de los desembolsos y luego se firmaban los documentos como los contratos y las adjudicaciones. Puntualmente en un caso detectamos que allá por el 18 y 17 de marzo del 2020, se hacían las transferencias, siendo que el 16 de marzo ya la presidencia de la República decretó el cierre total de las actividades, salvo las obras que ya estaban en ejecución", dijo.

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Añadió que otro hecho grave en relación a la gestión de Prieto, se centra en las contrataciones. “Por ejemplo, el caso de Tía Chela, que como pudimos apreciar, competían con otras empresas que no tenían la capacidad suficiente para proveerle alimentos y otras cosas a la Municipalidad y eran parientes entre sí o parece haber parentesco entre las empresas que compitieron. Es decir, no se fueron a pedirle presupuesto a un gran supermercado ciudad del este, sino a una pequeña oficina y eso generó después una investigación también por parte del Ministerio Público”, comentó.

Villalba afirmó que también la CGR detectó inconsistencias en todo lo que tiene que ver con el balance administrativo de la Municipalidad de Ciudad del Este. “Ellos mismos admiten que la municipalidad tiene graves inconsistencias en la exposición de su balance y en la gestión de sus cuentas”, puntualizó.

Agregó que otro hecho grave guarda relación con casos de nepotismo, por más que no este citado como una causal en el pedido de intervención a la gestión de Prieto. “En el requerimiento hacemos referencia y traemos a colación esta serie de denuncias ciudadanas”, puntualizó.

Siguió sosteniendo que “tanto las autoridades de Ciudad del Este como de Asunción utilizan una defensa similar. Ellos tratan de defender que supuestamente aquí no existiría un hecho penal y por tanto no corresponde la intervención, pero este argumento es falso, porque sí puede comprometer el patrimonio público e implicar el quebrantamiento de normas penales. De hecho, ambos intendentes están imputados por lesión de confianza, sobre ambos pesan muchísimas denuncias".

En lo que respecta a la municipalidad de Asunción, Villalba señaló que el principal hecho grave radica en el uso de dinero provenientes de bonos y préstamos para el pago de salarios o gastos corrientes.

“Hay que hacer un poco de historia y señalar que la municipalidad ya hace rato viene manejándose con déficit enormes en relación a lo que gasta, muy por encima de lo que recauda. Y además se presenta la necesidad de inversión en obras. Entonces, a partir de allí es que se empezó a utilizar el crédito. Ahora, ¿este crédito lo puede usar la Municipalidad? Sí lo puede usar, pero no lo puede usar, según la Ley Orgánica Municipal, para destinarlo a gasto corriente. El artículo 197 de la Ley Orgánica Municipal le prohíbe a la municipalidad hacer uso de los recursos de crédito público para destinarlo a deuda", mencionó.

Villalba continuo argumentando que “lo que está haciendo la Municipalidad de Asunción de manera bastante peligrosa es decirle a los bonistas ‘hola, yo quiero plata, quiero que por favor me den recursos para construir obras’, pero luego engañando a los bonistas, toma el dinero, lo lleva a la llamada cuenta única, mezcla los recursos y destina esos recursos a lo que quiere el municipio”.

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