El fiscal Francisco Cabrera, encargado del caso del desvío de más de G. 30 mil millones de la Municipalidad de Salto del Guairá referente al ejercicio fiscal 2016, denunciado en su momento por la Contraloría General de la República, indica que más de 700 órdenes de pago son investigadas para saber si hubo perjuicio público.
“La Contraloría hace un informe concretamente sobre la gestión y hace un análisis documental de la rendición de cuentas de estos fondos sobre irregularidades, que llevarían a presumir la evidencia de un hecho punible”, expresó el fiscal en contacto con la 650 AM.
Fiscalía y Contraloría
El fiscal sostuvo que ahora se encuentran en la fase de analizar si hay irregularidades meramente administrativas o bien detectar aquellas que tengan relevancia penal. Explicó que las erogaciones que son investigadas tienen que ver con obras públicas que supuestamente fueron hechas en Salto del Guairá.
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Refutó las versiones que dicen que se espera la extinción de la causa. “No corre ningún riesgo de plazo de extinción”, dijo el fiscal. Asimismo, se refirió a los actos investigativos y dijo que aparte de los dictámenes de la Contraloría, el Ministerio Público debe generar este tipo de investigaciones con mayor profundidad.
En ese sentido, sostuvo que si bien el ejercicio fiscal es extenso, la Fiscalía se aboca a las erogaciones más importantes que constató la Contraloría. “Confío que en el menor tiempo posible podamos avanzar en esta causa”, dijo y añadió que de oficio ante toda denuncia hecha por la Contraloría debe abrirse un proceso investigativo por parte del Ministerio Público.
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Hambre Cero: CGR requiere al Congreso más presupuesto para garantizar fiscalizaciones
El contralor general de la República, Camilo Benítez, acudió este martes ante el Senado con la finalidad de profundizar sobre el informe emitido por su institución en torno a la ejecución del programa Hambre Cero en las escuelas. Durante la ocasión requirió al Congreso Nacional mayor presupuesto para garantizar los procesos de fiscalización.
“Que alguien te esté permanentemente vigilando hace que uno tenga la obligación mayor de comportarse de manera más decorosa. Nosotros estamos destinando mucho dinero en viáticos para hacer estos recorridos en el interior del país. Le ruego que nos siga apoyando desde el Congreso con la aprobación de recursos, la idea que tengo yo es que las fiscalizaciones se hagan todo el día del año escolar in situ de manera sorpresiva y aleatoria, solo que nuestro presupuesto ejecutado nos alcanza para unos meses más, después probablemente vamos a tener que solicitar una ampliación”, indicó.
El titular de la Contraloría fue convocado ante la Comisión de Cuentas y Control de la Cámara Alta, tras exponer la existencia de algunas irregularidades en un informe de monitoreo al programa Hambre Cero. El documento fue elaborado luego de realizar una fiscalización a un total de 350 escuelas.
“Este es el primer corte del año que realizamos, hemos encontrado aspectos tanto positivos y negativos. Entre los puntos positivos, vemos una mayor asistencia escolar, una satisfacción generalizada de la sociedad en cuanto a la política de distribución de la alimentación escolar, vemos mucho contento en toda la región especialmente en el interior del país”, dijo.
En cuanto a las observaciones negativas, Benítez detalló que el punto central sigue siendo la falta de infraestructuras. “Existe una enorme falta de infraestructura, la mayoría de las escuelas no tienen comedores, vemos falta de utensilios, platos y cubiertos, esto se tiene que corregir inmediatamente”, puntualizó.
Benítez agregó que otra deficiencia es el faltante de alimentos, esto debido a la desactualización del Registro Único del Estudiante (RUE). Igualmente requirió el correcto funcionamiento del Sistema Integrado de Alimentación Escolar.
“Si es que esto funciona nos ayudará mucho a nosotros porque obliga a los directores de todos los colegios a que carguen la información completa día a día sobre la cantidad de niños que consumieron los alimentos y la calidad del servicio, pero esto no está funcionando”, comentó.
Señaló también otro aspecto negativo se centra en la existencia de empresas que no proporcionan a tiempo sus insumos para la preparación del almuerzo escolar. “Esto amerita una sanción, no queremos que esto se normalice”, sentenció.
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“Vamos a ser implacables”, sostienen gobernadores respecto al control en Hambre Cero
El presidente del Consejo de Gobernadores, César Luis Sosa, afirmó que ya han tomado los recaudos necesarios respecto a las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República, la cual plasmó sus observaciones sobre la aplicación de Hambre Cero en las distintas observaciones. El jefe departamental aseguró que no se tolerarán las irregularidades.
“Se han tomado las medidas necesarias, se han hecho los descargos correspondientes y ya se ha notificado a las diferentes empresas para que tomen los recaudos necesarios, vamos a ser implacables con esto, no vamos a permitir que haya irregularidades y cada gobernador está cuidando eso en su departamento ”, expresó.
En contacto con La Nación/Nación Media, Sosa manifestó que analizaron el documento remitido por el órgano contralor y pese a que este contó con ciertas observaciones, estas no representaron un problema grave dentro del programa, sino más bien ciertos ajustes a tener en cuenta y que está dentro del margen de error previsto en un programa tan grande como este, cuya aplicación es reciente.
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“Algunas observaciones son básicas en el sentido de señalar utensilios, bachas e infraestructura, que son cuestiones que suelen pasar cuando uno empieza el trabajo, siempre un gran proyecto tiene hasta un 10% de margen de error, y esto no llegó ni a un 5%, ya todo se ha subsanado en cuanto a algunas gobernaciones que tuvieron más observaciones”, informó.
El jefe departamental refirió además que están próximos a lanzar una campaña “Todos somos contralores”, de modo a alentar a la ciudadanía en general y todos los actores estatales a denunciar casos de irregularidades dentro del programa, de modo a que cada vez sea menos falible y se pueda llegar satisfactoriamente a todos los niños y adolescentes del país, con alimentos de calidad.
“Esto ya es un patrimonio del Paraguay, esto ya no es un proyecto del presidente Santiago Peña, sino que esto se ha convertido en un patrimonio del país en el sentido que debemos salir a cuidar todos y estamos en eso. Todos los casos que se detectaron fueron atendidos y fueron notificadas las diferentes empresas y ya se han presentado los descargos en la Contraloría”, recalcó.
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Acusan y piden juicio oral para la esposa de Alejandro Ramos
El agente fiscal, Federico Delfino Ginés, presentó acusación en contra de Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, en el marco de la causa “Osvaldo Villalba y otros sobre apología del delito y otros”.
La mujer fue acusada por los hechos punibles de apología del delito, atentado contra la existencia del Estado y atentado contra el orden Constitucional. Además de transgresión a la Ley especial de armas Ley 4030/10, producción de riesgos comunes.
Se presume que la hoy acusada formó parte activa del grupo terrorista autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Igualmente se pidió que el presente caso se discuta en un juicio oral y público, atendiendo a todos los elementos probatorios que se tienen en la carpeta fiscal.
Luego del análisis pormenorizado del material audiovisual realizado por el EPP, se logró identificar a las personas que aparecen en los vídeos enviados y difundidos por los medios de comunicación entre las que se encuentra Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos.
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En el mes de diciembre de 2013, integrantes del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, entre ellos la acusada, se reunieron en un lugar boscoso en el norte del país, cuyo objetivo fue la grabación de un material audiovisual, entregado entre el 19 y el 20 de enero de 2014 y posteriormente difundido por los medios de comunicación, como ser, Sistema Nacional de Televisión, Telefuturo, Unicanal, Paravisión y Canal 13, sumados a ellos los medios radiofónicos en general y los de prensa escrita.
En la grabación audiovisual llevaron a cabo una manifestación dirigida a la ciudadanía paraguaya en la que Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos se encontraba con vestimentas alusivas al EPP portando un arma de fuego tipo escopeta calibre 12 en compañía de otros integrantes como Osvaldo Villalba, líder del citado grupo armado, quien realizó referencias negativas al expresidente de la República Horacio Cartes y asimismo instigó a que la clase obrera, campesina, estudiantes e indígenas, debía “unirse e impulsar la lucha de liberación del pueblo; lucha que ha emprendido el brazo armado de los pobres, el “EPP”.
Dichos términos fueron utilizados con el objetivo de incitar a actos de violencia y desobediencia de las autoridades legalmente constituidas en nuestro país.
En el material también se observa a
- Manuel Cristaldo Mieres,
- Ladi Siqueira Krauze,
- Magna María Meza Martínez,
- Vidalina Cardozo,
- Jorgelina Silva Cáceres,
- Liliana Elizabeth Villalba Ayala,
- Alejandro Ramos Morel,
- Esteban Marín López,
- Domingo Ovelar González,
- Alejandro Ramos
- y Feliciano Bernal
Todos, al momento de la grabación del material audiovisual también portaban armas de grueso calibre como fusil calibre 7.62, fusil T65 calibre 5.56, pistola ametralladora Beretta PM12, escopeta calibre 12 y uniformes camuflados, los cuales son de uso exclusivo de los organismos de seguridad del Estado.
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Fiscalía impulsa allanamientos por compra fraudulenta de Miguel Prieto durante la pandemia
El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.
La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.
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Allanamiento al Pabellón de Contingencia de CDE
Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.
Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.
Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.
En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.
“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.
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