El diputado colorado Rodrigo Gamarra enfatizó que las instituciones del Estado deben ser respetadas siempre, no solo cuando dicen lo que algunos sectores políticos y medios afines “quieren escuchar”. Sostuvo que destruir la credibilidad de la Justicia, de la Fiscalía o de la Contraloría solo porque no controlan esas instituciones, es seguir con plan de destrucción de la propia República.

El legislador se manifestó en estos términos luego de que sectores de la oposición cuestionaran el fallo emitido por la Contraloría General de la República respecto al examen de correspondencia de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR) del presidente Santiago Peña, determinando de manera técnica que no existen irregularidades ni enriquecimiento ilícito en el patrimonio del mandatario.

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“Cuando la Justicia falla contra un colorado es un Histórico Triunfo de la ciudadanía, un golpe a la impunidad; la Justicia funciona. Cuando la Contraloría imputa o denuncia a un colorado
es una institución ejemplar, un ente serio, un órgano respetable. Pero cuando investigan a alguien de la oposición, eso es persecución, dictadura, fiscalía cartista, contralor payaso, jueces vendidos”, cuestionó el legislador a través de su cuenta oficial en X.

El parlamentario colorado señaló que el verdadero fin de las críticas contra el patrimonio del presidente Peña no es la búsqueda de transparencia real, sino el uso de las instituciones del Estado como un “garrote político” para desgastar al Ejecutivo. En tanto, según su visión, se cubren o minimizan los casos de supuesta corrupción que salpican a figuras de la oposición, como Rafael Filizzola, Arnaldo Giuzzio y otros.

“La Contraloría concluyó que no existe irregularidad en el patrimonio del presidente Santiago Peña, entonces resulta que la Contraloría también es farsante, blanqueó, manipulada y cómplice. O sea, las instituciones solamente sirven cuando el resultado coincide con el capricho político de ciertos sectores. Lo que algunos quieren no es justicia independiente. Quieren garrote, látigo y alambre de púas para sus adversarios políticos y colchón de plumas para los delincuentes de su sector”, remarcó.

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La fiscal en Delitos Económicos y Anticorrupción, Yeimy Adle, defendió la objetividad del proceso de investigación y la imputación contra el exministro abdista de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, en el fallido proyecto Metrobús, detenido y destruido durante su gestión, frente a las acusaciones de persecución política. La fecha del requerimiento conclusivo se encuentra marcada para el próximo 16 de agosto.

La agente lamentó la falta de discusión sobre las pruebas del caso judicial y mencionó que la imputación al dirigente del abdismo por lesión de confianza y daño a obras construidas se sustentan exclusivamente en pericias y pruebas técnicas recabadas.

“Para nosotros como fiscales es muy difícil tomar una decisión jurídica en medio de una disputa política. Tuvimos que hacer lo que corresponde conforme a todas las pruebas que hemos recabado en todo este tiempo, porque no es fácil para nosotros tener que decidir, hacer justicia en medio de una puja de poderes políticos, sabiendo todas las críticas que vamos a recibir”, indicó la agente del Ministerio Público, este viernes, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Cuando un fiscal imputa por supuesto que no va a recibir aplausos del imputado y de su defensa. Nuestro respaldo son las evidencias que tenemos dentro de nuestro cuaderno de investigación fiscal del que nadie habla, se nos pregunta por el hecho, por el caso de que sería una persecución política, dudan de nuestra honestidad y de nuestro conocimiento, pero nadie nos pregunta que tenemos en nuestro cuaderno de investigación fiscal, qué pruebas tenemos, qué dicen nuestras pericias que nos llevó a tomar la decisión de imputar, nadie habla del fondo de la cuestión“.

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El acta de imputación fiscal refiere que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

Señala también que, antes de la administración de Wiens, el proyecto del Metrobús registraba un avance físico del 40 %. En ese contexto se habían construido seis estaciones, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006. Por otro lado, el MOPC, bajo la gestión de Wiens, desembolsó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, mediante obras no contempladas en el contrato y la demolición de lo ya construido.

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“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba”, explicó la fiscala Silvia González.

“El deseo final es llegar a una audiencia de juicio oral y público”, mani­festó la fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Eco­nómicos y Anticorrupción, Silvia González, tras urgir a la Corte Suprema de Jus­ticia (CSJ) destrabar el caso judicial donde exministro del Interior (2008-2011) y actual senador del Partido Democrá­tico Progresista (PDP), Rafael Filizzola, es investigado por la sobrefacturación de G. 1.200 millones en la construcción de las denominadas “comi­sarías de oro”.

“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba. El Ministerio Público ha comu­nicado a la sala penal de la Corte la situación en la que se encuentra la causa y estamos solicitando a la Sala Penal que arbitre las medidas para que se proceda a la integración de la cámara a fin de que se pueda estudiar el recurso de apelación que hemos plan­teado”, indicó González en el programa “La caja negra”, de Unicanal.

El proceso judicial se viene alargando hace más de 10 años debido a la mina de chicanas que interpuso Filizzola. El 15 de octubre de 2010, el dirigente oposi­tor, en su carácter de minis­tro del Interior, durante el gobierno de Fernando Lugo, aprobó el llamado a la lici­tación para la construcción de baños sociales y 24 cel­das en las comisarías del Área Metropolitana, sin que exista una necesidad, un pedido de los responsa­bles de las áreas afectadas y un estudio técnico previo que avale la construcción de las mismas. “Esta es una causa ya iniciada en 2013 y la acusación fue presentada en diciembre de 2014. Desde la etapa intermedia estamos todavía trabados sin poder avanzar o concluir definiti­vamente esa causa, el tiempo transcurrido es muy impor­tante”, puntualizó la agente.

Igualmente, aprobó el pliego de bases y condicio­nes y dispone que el pago sea efectuado en su totali­dad con fondos del Presu­puesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2010, a sabiendas de que las obras no serían recepcionadas para el último día hábil del periodo fiscal 2010.

“Ya se debe definir esta causa, principalmente por el tiempo transcurrido, la sociedad también está inte­resada ya que el Estado para­guayo ha abonado montos importantes y es por eso que debemos brindarles una res­puesta”, manifestó Gonzá­lez. La fiscala siguió argu­mentando que “el Ministerio Público se opuso a la pres­cripción, como representan­tes de la sociedad instamos a que esto tenga un cierre, lo ideal es que se haga un aná­lisis correspondiente para poder transparentar toda la gestión realizada dentro de la causa”.

El Ministerio Público investigará si la empresa constructora del edificio donde esta mañana falleció un obrero en un accidente laboral cumplía con medidas de seguridad.

El fiscal Fernando Delfino encabeza la investigación sobre la muerte del joven identificado como Esteban Javier Sánchez López, de 18 años.

La obra se encuentra sobre las calles Charles de Gaulle y Alfredo Seiferheld, del barrio Recoleta de Asunción.

Mencionó que tomarán declaraciones a los compañeros de la víctima y se verificará si la empresa constructora contaba con medidas necesarias para los trabajadores.

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“Vamos a tomar las declaraciones de los compañeros para aclarar las circunstancias en que sucedió el hecho”, manifestó el agente a los medios de comunicación.

De acuerdo con el informe policial, el joven habría estado realizando tareas en un montacarga que era utilizado como ascensor externo de la obra, y quedó atrapado entre este y el soporte.

“Se quedó atrapado al costado de un montacargas que aparentemente estaban utilizando como ascensor”, comentó el comisario Aldo Arzamendia.

El jefe policial puntualizó que el cuerpo fue hallado en el séptimo piso, y bomberos voluntarios procedieron a liberarlo para que el forense y las demás autoridades puedan realizar la pericia correspondiente.

El edificio en obras es propiedad de la empresa Park Lofts Paraguay y la construcción estaba a cargo de la constructora Concremaq, según carteles indicadores.

“Vamos a requerir todos los informes respectivos; ya tenemos los nombres de las personas que se encontraban en el lugar y van aportar datos que van a servir a la investigación y determinar posibles responsabilidades penales”, apuntó el agente fiscal.

Momentos dramáticos se vivieron con la llegada de los familiares de la víctima al lugar, siendo asistidos emocionalmente por los intervinientes.

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