Antonio Barrios espera que el Senado apruebe penas para invasores
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El senador Antonio Barrios se refirió a los proyectos de ley de invasiones y consideró oportuno que se logre sancionar a quienes infringen la ley y no respetan la propiedad privada. Las propuestas buscan penalizar las invasiones y no otorgar subsidios a quienes invaden.
“Presentamos el proyecto de ley para convertir en crimen las invasiones, en simultáneo se presentó otro, la idea es unificar (los proyectos) porque coinciden, así se fortalecen los votos para dar sanciones, porque las invasiones son una epidemia en el país”, aseguró el legislador en contacto con la 650 AM.
Recordó los abusos que se dieron en el caso de la estancia Pindó y otras invasiones que existen hoy en día, por lo que insistió en que “es una necesidad que sea castigado (el invasor), debe ser un crimen y ser sancionado”, indicó.
También mencionó el proyecto de ley que modifica el estatuto agrario para sancionar a quienes reciben subsidios estatales cuando no respetan la propiedad privada. “Vamos apuntar a respetar la propiedad privada, eso está desde siempre. Hace tiempo que está de moda insistir para las invasiones, es un hecho y costumbre en varios lugares del interior del país”, agregó.
El legislador espera que se acompañe el proyecto en el Senado para que pase a Diputados, se sancione y luego se promulgue para poder dar cumplimiento. “Tienen que tomarse medidas y respetar la propiedad privada, esperamos que sirva de apoyo para ver si se puede detener un poco las invasiones”, sentenció.
Apoya a Calé Galaverna
Sobre la posibilidad de iniciar un pedido de pérdida de investidura del senador Juan Carlos “Calé” Galaverna, dijo que eso responde al interés de un medio periodístico, “nada más que quieren pasar factura a un líder histórico del Partido Colorado, porque siempre tuvo oposición, le ganó un juicio a un diario y le sigue castigando a ese diario cada vez que considera necesario. Por eso todas las balas están atacando a Calé Galaverna”, sostuvo.
Barrios dijo que este pedido “no va correr, es una burbuja periodística, Calé debe estar firme, que se sienta fuerte, sabemos que la verdad está con él”. Lamentó que haya pasado desapercibido otro caso en el que se asumió la compra de una banca en el Congreso Nacional.
Durante una reunión con el embajador Iván Lee, el senador Antonio Barrios resaltó el aporte de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay y la importancia de sostener proyectos de largo plazo. Foto: Gentileza
Paraguay y Taiwán analizan ampliar la cooperación en educación y salud
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El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores, senador Antonio Barrios, recibió al embajador de la República de China (Taiwán), Iván Yueh-Jung Lee, para dialogar sobre la cooperación bilateral en educación y salud y las perspectivas de trabajo conjunto.
Durante el encuentro, el legislador destacó la formación de profesionales paraguayos en la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay y la asistencia que Taiwán brinda al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Asimismo, subrayó la importancia de impulsar iniciativas que perduren en el tiempo y contribuyan al desarrollo del país.
“Tenemos que apuntar bien para desarrollar iniciativas que, así como la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay, perduren en el tiempo y contribuyan al progreso que necesitamos. Ustedes se pueden imaginar, hay casi 400 ingenieros formados en esta universidad, becados y algunos ya con especialidad en ese país”, enfatizó.
Por su parte, el embajador Lee destacó el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y agradeció el apoyo de Paraguay. Asimismo, recordó que en 2027 se cumplirán 70 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.
“Creo que nuestra cooperación va a ser cada vez más fuerte y más sostenible, y el año que viene vamos a tener muchas actividades y nuevos proyectos que comunicaremos a fin de año”, manifestó el diplomático.
Baruja revela que se postulará a la senaduría por Honor Colorado
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El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja aclaró que nunca tuvo apego a la candidatura a la Vicepresidencia de la República y que su intención principal es volver a postularse al Senado en las elecciones generales de 2028.
“No hay una sola grabación en que yo no haya dicho lo contrario. Dije siempre: el compañero Pedro Alliana tiene que elegir. Es más, nunca tuve apego a la candidatura a vicepresidente. Siempre mi intención política era ser de vuelta candidato a senador”, señaló a La Tribu 650AM.
El ingeniero Baruja afirmó que su postulación como compañero de fórmula de Pedro Alliana venía de “preferencias que surgían”.
El secretario político de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) destacó que mantiene una relación política y social de varios años con el actual vicegobernante.
“Con Pedro yo tengo una relación no solamente política de tantos años dentro del movimiento, sino también tenemos relaciones sociales”, comentó.
En todo momento insistió que “todos sabían”, incluyendo el presidente de la República, Santiago Peña y su segundo, Pedro Alliana, de que no tenía ningún apego a ser vicepresidente sino solo era “un compañero de equipo que iba a jugar”.
“Sabía el propio presidente de la Cámara de Diputados”, mencionó el titular del MUVH al aludir a Raúl Latorre, exjefe de campaña del candidato de la Lista 1 en Asunción y cuyo nombre también es barajado para integrar la chapa presidencial de la ANR.
La Agroganadera Pindó S.A. rechazó haber presentado un amparo judicial y pidió que cualquier proceso de regularización respete los títulos de propiedad y los procedimientos legales vigentes. Foto: Gentileza
Pindó sostiene que el arraigo de familias no otorga derechos de propiedad sobre las tierras
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Desde la Agroganadera Pindó S.A. niegan haber promovido un amparo judicial y aclaran que el arraigo de las familias asentadas en el inmueble no constituye un título de propiedad.
La empresa pidió respetar los derechos de los propietarios y señaló que continúan las acciones judiciales iniciadas hace más de 14 años, en medio de investigaciones por actividades vinculadas al cultivo y procesamiento de marihuana en sectores del establecimiento.
En comunicación con La Nación/Nación Media, la abogada Margarita Colmán, representante legal de la Agroganadera Pindó S.A, explicó la situación jurídica del inmueble y los procedimientos judiciales actualmente en curso.
Teniendo en cuenta las recientes declaraciones públicas de representantes del asentamiento Primero de Marzo, quienes solicitaron al Gobierno la legalización de las tierras ocupadas en Estancia Pindó invocando el arraigo de más de 450 familias.
En ese sentido, mencionó que la empresa desmiente categóricamente haber promovido una acción de amparo ante el Juzgado de Katueté o cualquier otro órgano jurisdiccional, contrariamente a lo manifestado por uno de los abogados entrevistados.
“Las acciones civiles y penales impulsadas por los propietarios se iniciaron a raíz de la ocupación de sus inmuebles, hace aproximadamente catorce años, y continúan sustanciándose ante los órganos jurisdiccionales competentes, junto con las investigaciones que permanecen abiertas”, remarcó Colmán.
Margarita Colmán, representante legal de la firma, señaló que las acciones civiles y penales vinculadas con la ocupación se iniciaron hace aproximadamente catorce años y siguen ante la Justicia. Foto: Gentileza
Arraigo no implica propiedad
De acuerdo a las declaraciones de los ocupantes y sus representantes, ellos fundamentan su pedido de legalización del asentamiento, en la permanencia de las familias durante casi quince años, así como en la existencia de escuelas, capillas, servicios básicos y actividades agrícolas y ganaderas en el lugar.
Sin embargo, la abogada Colman explicó que para la empresa se ratifica que estas condiciones no otorgan automáticamente derechos de propiedad sobre tierras de terceros y recuerda que el artículo 109 de la Constitución Nacional garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada.
“Cualquier iniciativa estatal destinada a regularizar la situación territorial debe respetar los derechos de los propietarios y los procedimientos constitucionales y legales aplicables. La ocupación prolongada, la construcción de infraestructura y el desarrollo de actividades productivas no confieren automáticamente derechos de dominio sobre tierras pertenecientes a terceros”, remarcó.
Causa se elevó a juicio oral
Por otra parte, la abogada Colmán recordó que el Juzgado Penal de Garantías de Curuguaty dispuso elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, señalado por la Fiscalía como uno de los principales dirigentes de la ocupación. La decisión fue adoptada mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, del 14 de octubre de 2026.
El magistrado rechazó los cinco incidentes presentados por la defensa y admitió las acusaciones por presunta invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y detentación ilegal de arma de fuego.
La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse durante el juicio, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
La Senad y organismos de seguridad detectaron actividades vinculadas con la producción y el procesamiento de marihuana en sectores de Estancia Pindó. Foto: Gentileza
Hallazgos de la Senad
La representante legal de la Agroganadera Pindó S.A. recordó además, los procedimientos realizados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con cooperación de organismos de seguridad nacionales e internacionales. Indicó que en varios procedimientos, detectaron actividades vinculadas con la producción y el procesamiento de marihuana en sectores de Estancia Pindó, en medio de la prolongada controversia por la ocupación de los inmuebles.
Señaló que durante las intervenciones oficiales hallaron plantaciones ilícitas, campamentos presuntamente utilizados para actividades de narcotráfico y un laboratorio de procesamiento de marihuana de alta concentración. Sostuvo que estos antecedentes requieren investigaciones rigurosas para identificar a los responsables y esclarecer posibles conexiones con la comercialización internacional de drogas.
“La existencia de actividades ilícitas detectadas en sectores del establecimiento no permite atribuir responsabilidad penal colectiva a las familias residentes, pero exige que las autoridades identifiquen a las personas y organizaciones efectivamente involucradas”.
Finalmente, indicó que para la Agroganadera Pindó S.A., la ocupación prolongada no puede sustituir los mecanismos legales ni desconocer los títulos de propiedad. Sostiene que el Estado debe atender las necesidades sociales de las familias, garantizar la seguridad pública, investigar los hechos punibles y proteger los derechos constitucionales de los propietarios.
“La asistencia social es una obligación pública; la legalización de tierras privadas, en cambio, requiere un fundamento jurídico válido y el respeto de las garantías constitucionales. Desde Pindó reafirmamos la confianza en la administración de justicia y su decisión de continuar ejerciendo las acciones legales que correspondan para obtener la protección efectiva de sus derechos y el esclarecimiento de los hechos investigados”, concluyó.
Aconsejan aprobar proyecto que suspende por dos años creación de universidades privadas
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La Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores emitió un dictamen aconsejando la aprobación con modificaciones al proyecto de ley que plantea suspender temporalmente la creación de nuevas instituciones privadas de educación superior.
Según los proyectistas, se plantea frenar por un plazo de dos años la apertura de nuevas universidades e institutos superiores privados en todo el territorio nacional.
Durante la reunión de la citada comisión asesora, la senadora Hermelinda Alvarenga informó que se analizaron de manera simultánea dos proyectos, ya que el liberal Ever Villalba presentó una iniciativa similar, aunque sugiere una suspensión por cinco años.
Considerando este planteamiento, la comisión aprobó la unificación de ambos proyectos para su tratamiento conjunto. Las iniciativas recibieron dictamen con modificaciones y serán analizadas este miércoles en sesión ordinaria, como moción de preferencia.
La parlamentaria aclaró, además, que la suspensión de la habilitación de las carreras de Derecho y Medicina en las universidades responde a disposiciones del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y constituye una medida diferente de la propuesta legislativa analizada.