El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) dieron a conocer recientemente varias innovaciones en el marco del programa Che Róga Porã 3.0. Entre ellas, el incremento en el tope de financiamiento para viviendas en Asunción y alrededores, además de la puesta en marcha de un mecanismo para que los desarrolladores inmobiliarios puedan acceder a una menor tasa de interés.

Juan Carlos Baruja, titular del MUVH, visitó los estudios de GEN y Universo 970 AM/Nación Media para hablar de las novedades y destacó que la oportunidad para las empresas desarrolladoras permitirá mejorar el costo para las personas que buscan hacerse de una vivienda. “Las empresas desarrolladoras podrán tomar un préstamo de la AFD, exclusivamente para viviendas del programa Che Róga Porã, a una tasa del 9,9%, hasta 5 años de plazo. Hoy ellos superan el 15 % cuando toman el préstamo”, explicó.

Seguidamente, afirmó que esta opción para el sector de la oferta permitirá ofrecer precios más ventajosos. “Lo que estamos haciendo también es dar una posibilidad a la oferta; cuando la empresa desarrolladora tiene el costo de dinero inferior, más barato, lógicamente su producto se abarata y eso finalmente favorece a los ciudadanos. Entonces esto también es una nueva innovación que estamos incorporando”, expresó.

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El secretario de Estado confirmó también que el presidente de la República, Santiago Peña, aprobó que se busque tomar un préstamo de USD 200 millones para seguir adelante con el programa, considerando que, para el presente año, en solo cinco meses, se comprometió el presupuesto que se tenía planificado utilizar a lo largo de 2026, un total de USD 89 millones.

Baruja aseguró que la posibilidad que se le dio a la clase media trabajadora para la adquisición de viviendas fue el factor que hizo que Che Róga Porã tenga un gran éxito.

El programa incorpora un nuevo segmento destinado a familias con ingresos de entre 6 y 9 salarios mínimos, que ahora podrán acceder a créditos con una tasa preferencial del 9,9 % y plazos de financiación de hasta 30 años. Ese segmento actualmente accede en el sistema financiero tradicional a tasas que oscilan entre 13 % y 15 %, con plazos máximos de hasta 15 años.

Por otro lado, el monto financiable para familias con ingresos de hasta seis salarios mínimos pasa de G. 609 millones a G. 652 millones. Además, se amplió el alcance territorial para proyectos habitacionales en Asunción y el área metropolitana. El tope para la capital era de G. 725 millones y ahora se aumentó a G. 797 millones, para Asunción y Área Metropolitana.

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Siete indígenas murieron y más de un centenar resultaron heridos en choques con palos y disparos entre dos comunidades por un conflicto de tierras ancestrales en una de las regiones con más narcocultivos de Colombia. El enfrentamiento estalló el jueves entre los pueblos Misak y Nasa en un sector rural del municipio de Silvia, en el departamento de Cauca, previo a las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

Un primer balance dio cuenta de cuatro muertos. Los nasa “se vinieron con todos esos palos, piedras, con armas, machetes” después de que los misak cortaran un cerco e intentaran tomarse un terreno que claman como parte de su territorio, dijo María Jacinta Tunubalá. La mujer misak de 45 años habló con la AFP desde una camilla en un hospital de Silvia.

Otras 110 personas sufrieron lesiones, la mayoría por armas de fuego, dijo el viernes en una declaración en video el ministro de Defensa Pedro Sánchez, que calificó lo ocurrido como una “barbarie”. Entre llantos y sollozos, indígenas Misak recibieron el viernes el cuerpo de una de las víctimas, Luis Enrique Tunubalá, alcalde de un resguardo indígena del municipio de Silvia.

“Nada pudimos hacer”, dijo Julio Tunubalá, hermano del líder fallecido.

Vestidos con trajes tradicionales, ponchos azules y sombreros, los indígenas se congregaron en los exteriores del hospital de Silvia con banderas blancas.

Cuatro de las víctimas mortales son misak, dos son nasa. Las autoridades trabajan en la identificación de un séptimo cuerpo.

Videos que circularon en redes mostraron encarnizados enfrentamientos con palos, piedras y personas ensangrentadas en el suelo. Algunos hombres llevaban escopetas.

Tras la jornada violenta, el ejército desplegó tropas en la zona. Soldados y vehículos blindados se veían el viernes en las calles del resguardo.

El Cauca es uno de los focos de la espiral de inseguridad que envuelve a Colombia en la campaña electoral para elegir al sucesor del presidente de izquierda, Gustavo Petro.

Rebeldes de la extinta guerrilla de las FARC siembran terror allí con secuestros y atentados. Los pueblos originarios representan un 4,4 % de los 50 millones de habitantes en Colombia. Las disputas territoriales son habituales, pero rara vez terminan en enfrentamientos mortales.

Fuente: AFP.

Los escándalos continúan en el orden del día del Instituto de Previsión Social (IPS), esta vez el director de la previsional informó que pagan por año G. 4.680 millones por el alquiler de un equipo que solo constaría unos G. 400 millones. Se trata del instrumento utilizado para artroscopia y shaver artroscópico.

El doctor Isaías Fretes, en las últimas semanas viene descubriendo una serie de irregularidades dentro de la previsional. En la última sesión del Consejo de Administración se discutió el alquiler de un equipo y también sobre los inquilinos que arrendan departamentos, pero que no pagan cuotas desde el 2012.

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Se trata de un equipo que consta de un set de instrumentos para Artroscopia y Shaver Artroscópico, que utiliza el servicio de Traumatología del Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi. Para las intervenciones se debe alquilar el equipo de forma tercerizada para la cirugía de rodillas.

El gerente de Salud, Derlis León, detalló que en promedio el hospital tiene por mes entre 100 a 150 pacientes para cirugía de rodillas y el alquiler por intervención es de G. 2.600.000, lo que equivale a G. 390 millones al mes. Llegando a G. 4.680 millones al año.

“Con un mes de pago de alquiler se salva la compra y queda el equipo para usar por años. Se vienen alquilando por 10 años, se imaginan la desprolijidad. Ya no entra en la cifra de la cantidad de artroscopio que hubiéramos comprado. En 10 años son G. 46 mil millones, dejate de joder”, sentenció Fretes.

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Así también, se tocó el tema de los alquileres impagos en lo que es la Villa santo Domingo, dominio de la previsional. Donde de las 40 casas que alquila el IPS, 22 personas o familias no están pagando desde hace más de 10 años. El pago del alquiler es de G. 1.400.000 por mes.

“Son 22 personas las que no pagan su alquiler desde el año 2012. Me gustaría auditar y tener un informe pormenorizado de como están esas casas, quienes las habitan y cuanto pagan. En cuanto al pago saber hace cuanto no están abonando, porque no podemos ser un local de beneficencia”, puntualizó.

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La fiscalización será ejecutada el lunes 25 y martes 26 de mayo a las 9:00 en el salón auditorio del TSJE.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), encabezado por Jorge Bogarín, accedió al pedido realizado por el Tribunal Electoral Parti­dario (TEP), de la Asocia­ción Nacional Republicana (ANR), consistente en la realización de una revisión técnica de las máquinas de votación a ser utilizadas en las elecciones internas par­tidarias del 7 de junio.

La fiscalización será ejecu­tada el lunes 25 y martes 26 de mayo a las 9:00 en el salón auditorio del TSJE.

“En primer término, se con­sidera oportuno señalar que la auditoría de las máquinas de votación se ha realizado durante el mes de febrero del 2026 en cumplimiento de la resolución 78/2025 que esta­blece el cronograma electoral para las elecciones de inten­dentes y juntas municipales”, explicó el órgano electoral en un comunicado emitido.

Agregó que “de dicha audito­ría participaron los represen­tantes técnicos de las diferen­tes organizaciones políticas, entre las cuales estuvieron presentes los representan­tes técnicos designados por el Partido Colorado”.

Señala que, no obstante, ello y sin perjuicio de lo expuesto, “con el firme pro­pósito de imprimir mayores niveles de transparencia y seguridad al proceso elec­toral, el TSJE tiende a bien hacer lugar al planteamiento de ese tribunal partidario, disponiendo la realización de una verificación técnica del hardeware y software de las máquinas de votación”.

El TSJE menciona que los representantes técnicos de los movimientos internos del Partido Colorado reco­nocidos por ese tribunal par­tidario deberán acreditarse ante la Dirección de Partidos y Movimientos Políticos de la Justicia Electoral.

Christian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político del TSJE indicó que la revisión técnica a realizarse la próxima semana, es solo para los apoderados de la ANR. ya que hasta el momento ha sido la única nucleación política que ha peticionado.

Explicó que la Justicia Electoral solo puede acceder a peticiones presentadas por los partidos políticos o por sus respectivos tri­bunales electorales, ya que son los que conocen a sus respecti­vos movimientos internos. Esta explicación la dio luego que un apoderado de un movimiento interno del PLRA presentó la peti­ción y en este caso no corresponde ya que es un movimiento el que peticiona y no el partido.

Como tribunal sostenemos que los resultados estarán garantizados, de que los votos del pueblo colorado se respetarán, expresó el titular del TEP.

“Nosotros tenemos que bus­car la transparencia para todos los sectores y garan­tizar la realización de las elecciones internas“, afirmó el presidente del Tribunal Electoral Partidario (TEP), Santiago Brizuela, en referencia al pedido realizado al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), en auditar nuevamente las máquinas de votación que serán utilizadas por los partidos políticos el próximo 7 de junio, a solici­tud de la disidencia colorada, pero a que este proceso ya se ejecutó en febrero pasado.

“Estamos convencidos de que avanzamos hacia una fiesta cívica. Como tribunal sostenemos que los resulta­dos estarán garantizados, de que los votos del pueblo colorado se respetarán. El TSJE tendrá que analizar si considera factible proce­sal ya que se debe realizar un análisis jurídico al res­pecto, ya que es una etapa perentoria”, comentó este jueves a la 1020 AM.

Brizuela acotó: “También el pedido debe ser evaluado materialmente, es decir, si se dispondrán de máqui­nas para la realización de otra auditoría, los técnicos y representantes de la empresa proveedora de las máquinas. Entendemos que sí se cum­plirá con nuestro pedido, hay muy buena recepción por parte de los ministros del TSJE, pero dependerá del análisis jurídico y logístico”.