El senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Dionisio Amarilla aseguró que la agrupación política ya inició el proceso de preparación con miras a las elecciones municipales del 2026, en el marco de un diálogo amplio con la dirigencia de base. Según explicó, existen posturas divididas sobre la estrategia electoral, entre quienes proponen una “competencia intensa” para movilizar al partido y los que apuestan al “consenso” para optimizar recursos.

“Estamos empezando a dialogar con la dirigencia. Algunos proponen la línea de la competencia intensa, otros dicen que hay que ir por el consenso. Tal vez terminemos con una línea mixta: competir donde sea útil y generar acuerdos donde no haya condiciones claras de éxito”, expresó el legislador.

Como ejemplo, mencionó el caso de Nueva Italia, donde el partido perdió la intendencia en los últimos comicios. “Nunca habíamos perdido ahí, pero ocurrió. No puedo venir a imponer, tengo que escuchar a los dirigentes. Si recomiendan que el camino para recuperar el municipio es el consenso, es lo que debemos hacer”, indicó.

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En contraste, Amarilla señaló que en distritos como Fernando de la Mora o J. Augusto Saldívar, la competencia interna podría fortalecer al partido. “Cuanto más compitamos, más entrenados estarán los liberales para retener la comuna, sin importar quién sea el candidato”, sostuvo ante la 1080 AM, adelantando que el PLRA aplicará estrategias diferenciadas según la realidad de cada localidad.

El legislador también valoró el compromiso de las nuevas generaciones liberales, que, según dijo, buscan que el partido “tenga oficio de poder”, promoviendo propuestas concretas para mejorar la vida de la ciudadanía. En ese sentido, expuso que no duda en dialogar con los ministros para que “bajen al territorio” para atender los problemas reales de la gente.

“Nosotros no estamos para encubrir a nadie ni desentendernos de las cuestiones que también nos afectan. Tenemos que saber administrar los medios disponibles para generar el mayor impacto posible en la calidad de vida de los habitantes”, concluyó el senador.

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En el marco de una investigación llevada adelante por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con el objetivo de desbaratar una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas mediante el uso de cápsulas de cocaína, se llevó a cabo el allanamiento de un inmueble ubicado en la ciudad de Presidente Franco, departamento de Alto Paraná.

El 31 de mayo pasado, durante un procedimiento, se detuvo a una persona en posesión de nueve cápsulas de supuesta cocaína. Este hecho fue investigado y se logró vincular con una estructura que utiliza la producción de cápsulas para el transporte más efectivo de la droga y lograr así pasar al mercado internacional.

En el lugar fueron incautadas cinco unidades de moldes de hierro, cada una compuesta por tres piezas, utilizadas para prensar y dar forma a cápsulas de cocaína. Se incautó además una pieza metálica con características propias de un cargador de arma de fuego, sin inscripción visible.

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Como resultado de este operativo quedó detenido Alfredo Miguel Brítez Vallejos, paraguayo, quien quedó a disposición del Ministerio Público y del Juzgado Penal de Garantías. Este hombre está sindicado como encargado del punto de operación y creación de cápsulas.

Desde la Senad destacaron que este esquema venía operando de manera articulada entre manufactura, transporte y distribución internacional de droga y que con el cierre de este punto clave de operaciones el golpe para la estructura criminal sería bastante importante, teniendo en cuenta que la producción y distribución se verán afectadas a largo plazo.

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El director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Carlos María Ljubetic, advirtió que la nueva interrupción en la licitación para la provisión de las máquinas de votación, podría comprometer seriamente los preparativos para futuras elecciones. “Si no tenemos las máquinas este año, la cuestión se nos complica enormemente”, expresó, señalando la urgencia de una resolución para destrabar el proceso licitatorio.

El TSJE prevé iniciar la capacitación del personal en diciembre, aunque manifestaron que podría postergarse incluso hasta enero o febrero, sin embargo, Ljubetic explicó que de acuerdo a lo previsto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se garantiza el financiamiento del proceso por cuatro años y establece que el primer desembolso solo se hará tras la entrega efectiva de las máquinas.

“Si no recibimos las máquinas, entonces no va a haber pago, y tenemos que renegociar con el MEF, todo un proceso que nos costó meses cerrar”, enfatizó en una entrevista a Unicanal. La actual situación se ve obstaculizada por una medida cautelar otorgada por el Tribunal de Cuentas, a pedido de una empresa, que impide avanzar a la etapa técnica del proceso de evaluación.

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Esta firma cuestionó la exigencia de una experiencia mínima de 10 años en fabricación y manejo de máquinas de votación, pese a que en su propia web reconoce tener solo cinco años de trayectoria y que además, tampoco cumpliría con otras exigencias contempladas en el pliego de bases y condiciones.

“Si no reúne los demás requisitos, ¿por qué protesta por uno?”, cuestionó el director de Procesos Electorales del TSJE, al tiempo de remarcar que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ya había rechazado el reclamo.

Además de la experiencia, el TSJE exige a los oferentes haber participado en procesos electorales anteriores, contar con un nivel mínimo de facturación y demostrar solvencia económica, requisitos clave considerando que deberán proveer 28.000 máquinas y cobrar en cuatro etapas durante los próximos cuatro años.

“El inicio de todo el proceso de ciberseguridad depende de que tengamos y conozcamos las máquinas. No podemos desarrollar el software ni definir los dispositivos de seguridad para almacenamiento de baterías si no tenemos ya las máquinas”, remarcó, detallando que para avanzar en esta etapa, primero se necesita contar con los dispositivos.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

La agente fiscal Antisecuestro Zunilda Ocampos Marín (Unidad Especializada en Hechos Punibles contra la Libertad de las Personas) imputó a cinco agentes del Investigaciones de la Policía Nacional y una abogada por los supuestos hechos punibles de privación de libertad y extorsión agravada. Habrían llegado a cobrar 30.000 dólares tras retener por varias horas a dos adultos y una adolescente.

Los policías procesados son el oficial inspector Derlis Ariel Chávez Giménez y los suboficiales Silvio Javier Rojas Vera, Celiano Antonio Zayas Benítez, Ángel Gabriel Resquín Vera y Denis Evaristo Miltos. También la abogada Blanca Noemí Gauto Fernández.

De acuerdo con el escrito de imputación, los hechos ocurrieron el 3 de junio de 2025, alrededor de las 12:40, sobre la avenida Monday de Presidente Franco. Fueron víctimas Fabio Junior Troche Zarza, Jorge Esteban Stoian Vidiella y su hija adolescente.

Las tres personas se encontraban a bordo de una camioneta Kia Sportage cuando fueron interceptadas por cinco hombres que, a cara descubierta y con armas de fuego a la cintura, se identificaron como policías de Investigaciones. Los agentes llegaron en una camioneta Toyota Hilux gris.

Los presuntos autores obligaron a Fabio Junior Troche Zarza a descender de su vehículo y a abordar la camioneta Toyota Hilux y otros dos policías subieron al rodado de las víctimas donde estaban Jorge Esteban Stoian Vidiella y la adolescente. Acto seguido, los agentes despojaron a las víctimas de sus respectivos teléfonos celulares.

Las víctimas fueron trasladadas a la sede del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, ubicada en el mismo edificio del Departamento de Identificaciones. Durante el trayecto y en la sede policial los agentes habrían exigido a Fabio Junior 50.000 dólares, a cambio de su liberación y la de sus acompañantes.

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Los retenidos también habrían sido amenazados con el allanamiento de todas sus propiedades y las de sus padres, en el marco de supuestas investigaciones por lavado de dinero y crimen organizado. En el predio de Investigaciones, a Troche Zarza lo tuvieron en el quincho, mientras que a Jorge Stoian y su hija lo mantuvieron en el vehículo.

Le indicaron a Troche Zarza que se comunicara con su abogada y se hizo presente en el lugar Blanca Noemí Gauto. La misma conversó con los policías sin la presencia de su cliente para luego manifestarle supuestamente que debía abonar los 50.000 dólares para evitar problemas. Pasadas cuatro horas aproximadamente del secuestro, se habría llegado a un acuerdo de pago de 30.000 dólares al momento y 20.000 dólares en el plazo de un mes.

El primer monto, equivalente a 236.000.000 de guaraníes, fue extraído de diferentes entidades bancarias y entregado a uno de los supuestos extorsionadores con la ayuda de la abogada Blanca Noemí y las víctimas fueron liberadas a las 16:40, frente al edificio de Identificaciones de la Policía Nacional.

Fabio Junior Troche denunció el hecho y en el marco de la investigación del caso, la fiscal Zunilda Ocampos dispuso la detención de los seis presuntos involucrados y solicitó al Juzgado Penal de Garantías de Presidente Franco la notificación del acta de imputación, la convocatoria a audiencia para ser oídos y la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva.

Los policías, al enterarse de la orden de detención, se presentaron a la Dirección de Policía de Alto Paraná, donde permanecen privados de libertad. La Fiscalía fundamentó la solicitud de prisión preventiva, en la gravedad de los hechos punibles, la existencia de elementos suficientes que vinculan a los imputados como autores y partícipes, y el peligro de fuga y obstrucción a la investigación, considerando la condición de efectivos policiales de cinco de ellos.

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