El senador Sergio Godoy destacó la ley del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que fue sancionada el jueves por el Senado. Permitirá tener un proceso legal para enjuiciar a magistrados.
Primeramente, explicó que se fijó un sistema acusatorio, en el que se establezca una parte “para que el Jurado sea verdaderamente un juez, actualmente en el sistema hay una posibilidad de oficiosidad, en el que se hace uso y abuso, mucha investigación y pedido de carpeta”, expresó en contacto con La Nación.
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Por esta situación que se da “se trató de suprimir la oficiosidad y quedó un procedimiento de tres etapas”, mencionó el legislador. Primero puede activarse el proceso por una denuncia del litigante, luego dentro de 10 días pueden accionar senadores, diputados, defensor del pueblo o el fiscal general. Esa medida se toma “si es un caso notorio y pesado como narcotráfico o terrorismo, donde no se quiere denunciar a un juez o fiscal”, según explicó.
Agregó que recién luego de ese tiempo puede actuar el JEM de oficio, por mayoría de 6 miembros el Jurado puede investigar a un juez. Luego se fija 180 días como el tiempo total del procedimiento y un plazo de prescripción de las acciones, así también se establece recursos ante resolución del Jurado en un enjuiciamiento o remoción de magistrados.
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Acusación de la Fiscalía contra el senador Hernán Rivas es “insostenible”, dice abogado
El abogado Álvaro Cáceres manifestó que la acusación del Ministerio Público contra su cliente, el senador Hernán Rivas, carece de fundamentos jurídicos. El legislador es investigado por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y por el uso de documentos públicos de contenido falso.
“La acusación del Ministerio Público carece en absoluto de fundamentos jurídicos y atenta contra principios básicos del derecho penal. El Ministerio Público dice que no puede demostrar que el título es verdadero, entonces tiene que ser falso, esto es algo que cuestionamos. Debería ser lo contrario, el Ministerio Público tendría que demostrar que el título de Rivas no es verdadero”, dijo este martes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo, Cáceres afirmó que “la acusación se basa en principios o cuestiones que atentan contra las formalidades del derecho penal y procesal penal, sino también en premisas que nunca fueron ni demostradas ni denunciadas por ninguna de las partes. El Ministerio Público para llegar a su conclusión se basa en una serie de cuestiones que nunca fueron mencionadas por el senador, ni procesalmente ni fuera del proceso, por ejemplo, que él curso la carrera de derecho en Luque, pero esto nunca se manifestó, siempre se explicó que cursó la carrera en Ciudad del Este. La tesina, sí la defendió e hizo en la ciudad de Luque”.
El pasado 2 de setiembre, las agentes fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero presentaron acusación contra el legislador y solicitaron la elevación de la causa a juicio oral y público. El escrito fue presentado ante el magistrado de Garantías, Miguel Palacios, y se refiere a la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
“A nuestro criterio, la postura mantenida por el Ministerio Público es insostenible y esta causa tarde o temprano, ya sea en preliminar, en juicio oral o en el grado de apelación, debería derivar necesariamente en un sobreseimiento definitivo“, refirió el representante legal de Rivas.
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De acuerdo a las investigaciones, el legislador habría utilizado un certificado de estudio y un título que no corresponde con la realidad, al no haber cursado la carrera de derecho que le permitió jurar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como abogado y obtener la emisión de su matrícula profesional.
La acusación fiscal también alega que posteriormente Rivas habría presentado copia autenticada de dicha matrícula ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), para acreditar su condición de abogado, pese a que no habría cursado la carrera universitaria. Agrega que el presunto título universitario falso fue expedido por la Universidad Sudamericana.
“Rivas hizo la carrera de derecho desde el 2010 hasta el 2016, en la universidad Sudamericana con sede en Ciudad del Este. Hay compañeros, profesores y decanos, que así lo atestiguaron", puntualizó el abogado Álvaro Cáceres a Nación Media.
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Buscan crear ley para la inclusión de personas con TEA
A través de una ley buscan la inclusión de personas con trastornos del espectro autista (TEA). Con esta iniciativa se quiere garantizar el trato preferencial en espacios públicos y privados.
“Esto es algo que se está haciendo en 1970 en Europa. Son espacios acondicionados para los niños. La realidad de hoy es que las salas de espera son multiuso, hay gente adulta y un niño no puede estar esperando en medio de cientos de personas una consulta”, señaló el neurólogo José Medina a la 1020 AM.
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Lo mismo, el niño con TEA tampoco puede esperar un vuelo en el aeropuerto o estar en un lugar en el shopping, agregó.
“Tiene que tener condiciones sensoriales diferentes, diferentes luces, diferentes sonidos y espacios donde puedan distraerse. Entonces, yo no le puedo obligar a una criatura en un lugar público a esperar con otras personas”, expresó.
El especialista recordó que ya en el siglo pasado, en los países europeos e inclusive Brasil tiene adecuado sus aeropuertos y estaciones de buses.
“O sea, en todos los lugares donde haya aglomeración de gente tiene que contar con un espacio donde los chicos puedan relajarse y estar tranquilos”, puntualizó.
Aclaró que a los niños con TEA no les gusta la aglomeración de personas. Por ello, deben contar con un lugar apartado que evite sonidos, música. Necesitan una sala acondicionada especialmente, conforme expresó.
“La propuesta permitirá una identificación clara y rápida de las necesidades especiales de los usuarios, asegurando así espacios acondicionados en lugares públicos y privados, incluidos aeropuertos, centros de salud, escuelas y otros espacios concurridos”, remarcó.
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Reforma del transporte: plantean extender hasta el viernes plazo para presentar modificaciones
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, plantea que los cambios sugeridos al proyecto de reforma del transporte público en el área metropolitana puedan ser planteados por los diferentes sectores hasta el viernes, debido a que el proyecto cuenta con tratamiento de código.
Asimismo, Núñez agregó que la bancada del movimiento Honor Colorado en la Cámara de Senadores, no tiene inconvenientes de acompañar la postergación del estudio de la propuesta ejecutiva por el plazo de 8 días.
“Este es un proyecto fundamental, cuenta con más de 122 artículos, si existe un desacuerdo sobre algunos de ellos se podrán remitir las modificaciones. Mediante los legisladores cada sector puede presentar los cambios que sugieran. Vamos a hablar con los colegas para habilitar que hasta el viernes se puedan presentar, nosotros estamos abiertos”, dijo Núñez en una conferencia de prensa.
El tratamiento de código implica que las modificaciones deberán plantearse por escrito antes de su tratamiento en plenaria. Los parlamentarios podrán presentar enmiendas por escrito dentro del plazo que el presidente del Senado determine en cada caso. Las comisiones a las que se remitan el proyecto tomarán cuenta de las enmiendas en sus fundamentos y acompañarán las mismas con sus dictámenes.
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En el estudio en particular por el plenario del Senado se votarán sin discusión los artículos no objetados y solo podrán ser discutidos los artículos para lo que se haya observado el procedimiento indicado precedentemente y aquellos aconsejados por la comisión dictaminante.
Extensión de vigencia de la mesa directiva
Por otra parte, Núñez se refirió sobre la propuesta de modificar el reglamento interno de la Cámara Alta, con el objetivo extender el mandato de la actual mesa directiva hasta el 2028. El planteamiento es analizado este miércoles en la plenaria.
Núñez, quien ejerce la presidencia del Senado indicó que la propuesta impulsada desde la bancada del movimiento Honor Colorado, surge con el fin de otorgar al Senado estabilidad y evitar la repartija de cargos en cada elección.
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Jueza fue denunciada por mal desempeño en sus funciones
Avícola Itapúa SA ha presentado una denuncia formal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Segundo Turno de Presidente Franco, Cynthia Rossana Pineda Morel, por mal desempeño de sus funciones, atendiendo que, en violación de la ley, ha dictado recientemente una resolución que deja sin efecto otra resolución previa emitida por un juez del mismo grado, que aprobaba una subasta y ordenaba el inmediato desalojo, para que el legítimo propietario –Avícola Itapúa SA– pueda finalmente gozar de la posesión de la planta industrial que actualmente está siendo explotada y usurpada por el anterior propietario.
La denuncia sostiene que la resolución de la jueza Cynthia Rossana Pineda Morel no solo vulnera la competencia en grado, sino además la territorial (el juicio principal está en la jurisdicción de Encarnación).
Este caso es un claro ejemplo de una violación a los principios básicos de la seguridad jurídica, que genera incertidumbre y desconfianza en el sistema judicial paraguayo. Al dejar sin efecto una resolución previamente dictada por un colega de igual jerarquía y fuera de la competencia territorial, se crea un precedente peligroso que puede afectar negativamente la estabilidad y predictibilidad del ordenamiento jurídico.
Además de ser llamativa la intervención de la jueza en un juicio en el cual no tiene competencia de grado ni territorial, llama la atención la excesiva celeridad en resolver el disfrazado juicio autónomo de medida cautelar de urgencia solicitando dejar sin efecto el desalojo, ya que en menos de una hora de promovido el mismo, el asunto ya estaba resuelto.
“Esta acción es un claro ejemplo de la falta de coherencia y uniformidad en la aplicación de la ley, además resulta inconcebible e inaceptable en nuestro derecho positivo que un juez de igual grado, clase y jurisdicción, mediante una supuesta ‘medida de urgencia’ autónoma suspenda una orden judicial de desalojo dada por un intérpretes en otro juicio, en lo que en doctrina se conoce como caos jurídico, lo que produce inseguridad jurídica”, afirmó la abogada de Avícola Itapúa SA, Ana Inés Peña.
“La jueza hoy denunciada se extralimitó en sus funciones y se atribuyó facultades propias de un Tribunal de Alzada, poniendo en riesgo la seguridad jurídica que es fundamental para atraer inversiones y promover el desarrollo económico en nuestro país. La conducta de la jueza Cynthia Rossana Pineda Morel no solo pone en riesgo la confianza de los inversores, sino de todos los ciudadanos en general en nuestro sistema judicial”, advirtió la abogada de Avícola Itapúa SA.
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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberá investigar y resolver esta denuncia de manera transparente y justa, asegurando que se respeten los principios de independencia judicial y debido proceso.
Avícola Itapúa SA espera que esta denuncia contribuya a fortalecer la integridad y eficiencia del sistema judicial paraguayo, garantizando así la seguridad jurídica y el Estado de derecho en nuestro país.