En Vallemí, Concepción, la piedra es paisaje, es industria y es rutina. Los cerros calizos se imponen como gigantes inmóviles y el humo de los hornos marca el pulso diario de una región construida sobre roca. Pero debajo de esa superficie dura existe otro norte, uno que permanece oculto, silencioso, extraordinario.

• Por César Palacios
• @cespala
• Fotos César Palacios y Senatur

El norte del Para­guay exige tiempo. No se entrega a la primera mirada ni al ritmo apurado de los viajeros que buscan caminos fáciles. Para llegar hasta aquí hay que avanzar sin prisa, dejar atrás el asfalto ardiente, los pueblos espaciados y ese polvo blanco que anuncia que la piedra manda. Lle­gar a Vallemí y San Lázaro es ingresar a un territorio donde la roca domina no solo el horizonte sino la vida misma.

Más de veinte empresas caleras –incluida la histó­rica Industria Nacional del Cemento (INC), presente desde hace más de 77 años– sostienen la economía local. La agricultura es mínima y la ganadería se repliega hacia el río Apa. Todo parece girar en torno a la cantera, a la explo­sión controlada, a la tritura­ción interminable y al fuego constante de los hornos.

Pero a pocos kilómetros de esa actividad intensa comienza otro universo: el subterráneo. Allí nos recibe Cinthia Carolina Rivas, espeleóloga, guía especia­lizada en espeleoturismo y habilitada por la Secretaría Nacional de Turismo (Sena­tur). Con años de trabajo en la zona y propietaria de las agencias Paseomi Cicloa­venturate e Ikatu Turismo Aventura, Cinthia conoce cada cavidad y cada pasadizo como si fuesen parte de su propia biografía.

Antes de ingresar a la Santa Caverna, explica la esencia de este paisaje oculto: todo está compuesto por rocas sedimentarias calcáreas formadas a lo largo de millo­nes de años. En San Lázaro existen al menos trece cerros hechos de caliza, dolomita y mármol. La misma piedra que sostiene la economía es la que, gota a gota, fue escul­piendo salones subterráneos durante 65 millones de años.

El ingreso a la Santa Caverna exige técnica y respeto. Nada de improvisaciones. Bajo la guía de Cinthia, cada paso se vuelve más lento, más cons­ciente. Una vez adentro, el tiempo cambia de escala: estalactitas y estalagmitas crecen apenas un centíme­tro cada cien o ciento cin­cuenta años. Algunas alcan­zan tamaños monumentales; otras reproducen formas tan delicadas que parecen irrea­les.

Entre ellas destaca La Santa, una estalagmita cuya silueta recuerda una figura pro­tectora que da nombre a la caverna. En la quietud abso­luta del subsuelo, la imagi­nación encuentra un eco perfecto. Más abajo, la con­centración de minerales se hace visible. Hierro en estado natural, calcita y otros com­puestos permanecen intac­tos. Es un recordatorio con­tundente: el norte no solo produce cemento, también resguarda un patrimonio geológico y biológico inva­luable.

El recorrido no es sencillo. Requiere gatear, avanzar por galerías estrechas, sortear zonas húmedas y, en época de lluvias, detenerse porque parte del sistema se inunda. Aquí no se toca nada, no se extrae nada. “Las únicas hue­llas permitidas son las del paso humano”, repite Cin­thia. Las fotografías están permitidas, aunque sin flash, para proteger la fauna subte­rránea: murciélagos, tarán­tulas y especies adaptadas a la oscuridad absoluta.

En Vallemí, la Santa Caverna no está sola. Desde aquí se accede también a la Caverna 54, Kamba Hópo, experien­cias de ecoturismo acuático y otros recorridos que forman parte de una oferta creciente de turismo de naturaleza y aventura. Estudios realiza­dos por la Federación Espe­leológica de América Latina en 2008 con­firmaron la excepcional diversidad de este sistema subterráneo, con formaciones geológi­cas y biológicas únicas en la región.

Un tesoro del norte que espera ser descubierto. La Santa Caverna no es solo un destino turístico, es memo­ria pétrea. Es el encuen­tro entre pasado geológico, presente industrial y futuro ambiental. Descender a ella es comprender que, debajo de la piedra explotada, late un universo frágil y milenario.

Consultada sobre el poten­cial del Norte, la ministra de Turismo, Angie Duarte, destacó la importancia de esta región para el país: “El norte del Paraguay guarda maravillas que todavía estamos aprendiendo a dimensionar.

Es un territorio de natu­raleza profunda, de gente trabajadora y de paisajes únicos. Queremos que más paraguayos y más visitan­tes del mundo se animen a descubrirlo”.

También Duarte subrayó el valor del espeleoturismo como una experiencia dife­renciada: “No todos los paí­ses tienen cavernas de esta magnitud y antigüedad. Vallemí y San Lázaro son joyas geológicas que debe­mos cuidar y promover con responsabilidad”. Final­mente, invitó a explorar estas rutas que combinan industria, historia, aventura y naturaleza: “Quiero invitar a todos a conocer estas mara­villas del norte. Cada viaje a Vallemí es una puerta a lo desconocido, un encuentro con un Paraguay que sor­prende, emociona y enorgu­llece”. La Semana Santa es un tiempo ideal para cono­cer este destino y vivir una experiencia turística única.

Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, la administración del IPS exoneró el pago de sumas millonarias a la empresa de su familia política. Los documentos sobre el cobro del Instituto de Previsión Social (IPS) a la empresa hotelera muestran una verdad irrefutable: la exoneración de multas e intereses millonarios por parte del ente, pese a litigios ganados. En la administración de Jorge Brítez la situación se revirtió y de G. 5.557 millones “arreglados” en la era Abdo se logró ingresar G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Los hechos son muy claros y hablan por sí solos, pese al redireccio­namiento de cuestionamientos que se quiere hacer del sonado caso del Consorcio Hotelero Sudamericano SA, propiedad de la familia política del expre­sidente de la República Mario Abdo Benítez, que arrastraba multimillonarias deudas con el Instituto de Previsión Social (IPS) en concepto de aporte obrero patronal.

Después de un largo litigio por el cobro de la mencionada deuda y pese a los juicios ganados para cobro de capital, intereses y multas, por una resolución de fecha 6 de diciembre de 2018, el entonces Consejo de Adminis­tración perdonó estas obligacio­nes a la empresa de la familia de la esposa de Abdo Benítez. Con esta decisión, el monto a perci­bir por la previsional se redujo a G. 5.557 millones, con facilida­des de pago en cómodas cuotas para la firma deudora que apro­vechó sus privilegios al punto de incumplir hasta lo acordado. La situación mencionada cambió en el 2024 cuando la Dirección Jurídica de la previsional veri­ficó el incumplimiento y exigió el pago correspondiente por medio de ejecución de cobro, logrando así el IPS cobrar en una primera instancia la suma de G. 7.500 millones y posterior­mente la suma de G. 1.891 millo­nes, sumando así un ingreso total de G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Se impulsó igualmente una causa penal por evasión, habiéndose verificado que se descontaba a los empleados, pero no se aportaba al IPS, pri­vando así el Consorcio, familia política de Abdo Benítez, a sus trabajadores de las prestacio­nes médicas y del derecho a la jubilación, pese a los descuentos que les realizaban en concepto de seguridad social.

Así, surgió un primer acuerdo con la empresa Consorcio Hotelero en 2018 con el com­promiso de cancelar la deuda a noviembre de ese año, pero esto iba atado a millonaria exone­ración de G. 5.224 millones, es decir, casi el 50 % de la deuda, incluso de obligaciones que ver­saban al año 2003. Por si fuera poco, desde noviembre del 2018 hasta el inicio de la ejecución en febrero de 2024, el Consorcio Hotelero no cumplió con nin­gún punto del acuerdo homolo­gado, pese a todos los beneficios. Con la actual administración se revirtió la concesión que le dieron en el gobierno ante­rior a la empresa de la familia política de Abdo Benítez y el IPS logró el cobro de G. 7.500 millones inicialmente y luego, en el primer semestre de 2025, se canceló el total adeudado a la fecha de pago, lo que llevó a que en menos de un año se cobre la suma de más de G. 9.391 millo­nes a favor de los asegurados. Es importante remarcar que, si es que se aceptaba el acuerdo ante­rior del 2018, IPS iba a tener G. 1.900 millones menos en recur­sos y deja en evidencia a quienes intentaron sacrificar los dere­chos de los asegurados con rega­lías que constituyen un saqueo a la previsional.

Además del pago de millonarias multas e intereses, el Consorcio fue obligado a pagar las costas del juicio, decisión judicial uti­lizada como revancha mediá­tica del abdismo y redireccionó el tema colocando en centro de escándalos al exdirector jurí­dico y su equipo. Los tiroteos mediáticos ignoran que el pro­pio Consorcio realizó propues­tas de pago, e incluso de dación en pago de inmuebles, que fue­ron rechazadas por no ser con­venientes a los intereses del IPS. La empresa tuvo que asu­mir lo que correspondía, el pago del capital que adeudaban con intereses. En la misma pro­puesta presentada, solicitaron el pago del 5% (mínimo legal) a los abogados, todo ello abo­nado y pagado por el Consorcio. Si el propio Consorcio moroso planteó este pago, conforme a las costas que veía venir y con­siderando todo el regateo a la previsional para esquivar deu­das históricas, ¿que presunción puede haber sobre su sorpresiva iniciativa de cubrir los gastos que conlleva cualquier juicio?

Los costos que recayeron en la parte perdidosa, ejecuta­dos conforme a propuesta de la misma en el marco de la Ley, se convirtió en gigantesca cam­paña mediática con medias verdades. La prensa sangra por la herida de la empresa de la familia política de Abdo Bení­tez antes que defender el interés de los asegurados e IPS.

Una comitiva del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) se trasladó hasta el departamento de Concepción para brindar asesoramiento técnico a funcionarios de registros electorales, con miras a los próximos comicios municipales.

El mismo director del Registro Electoral, Benjamín Díaz Valinotti lideró el equipo de trabajo. Estuvo acompañado por el coordinador de la Dirección General de Oficinas Distritales, Reinaldo Delvalle.

Ambos funcionarios de la Justicia Electoral, encabezaron una serie de encuentros de trabajo con sus pares de los Registros Electorales de los distritos de Azotey, Yby Yaú, Arroyito, Horqueta y Concepción.

Durante el encuentro se definieron acciones operativas en el marco de las elecciones internas simultáneas de las organizaciones políticas previstas para el domingo 7 de junio, así como para las elecciones municipales, programadas para el domingo 4 de octubre de 2026.

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Se busca orientar sobre el resguardo de las máquinas de votación en lugares seguros y las divulgaciones en general, así como también al fortalecimiento de los servicios electorales que se ofrecen a la ciudadanía en el interior del país.

Participaron del primer encuentro los jefes regionales Víctor Rivarola y Reinaldo Medina, junto a funcionarios de los Registros Electorales de Azotey, Yby Yaú y Concepción.

En tanto la segunda reunión convocó a los jefes Amado Elizeche, Dalvina Arzamendia y María González, involucrando a las oficinas de Registros Electorales de Arroyito y Horqueta.

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El Consejo de Gobernadores del Paraguay, encabezado por César Sosa emitió un comunicado expresando su preocupación ante la decisión de la Cámara de Senadores de retirar la administración y ejecución del programa Hambre Cero en las Escuelas a las gobernaciones de Concepción y Alto Paraná.

“Esta determinación, sustentada en cuestionamientos y sospechas que hasta la fecha no se traducen en denuncias formales ni en procesos cocluyentes, debilita el modelo de gestión descentralizada que ha permitido llevar alimentación de calidad a miles de niños y niñas de todo el país", refiere la nota.

A la vez mencionan que “el programa Hambre Cero cuenta con fondos institucionalmente blindados, controles cruzados permanentes y trazabilidad en toda la cadena de provisión, además de la supervisión de diversas instituciones del Estado y del control cotidiano de la propia comunidad educativa”.

Señala también que “por ello, preocupa que bajo el argumento de presuntas irregularidades se adopten decisiones que terminan afectando a gobiernos departamentales en un contexto preelectoral, generando la percepción de que una política pública esencial para la niñez pueda ser utilizada como herramienta para debilitar a eventuales adversarios políticos“.

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EL bloque de los gobernadores refiere además que “las políticas destinadas al bienestar de los niños en el Paraguay deben estar por encima de cualquier cálculo político. El Consejo de Gobernadores reafirma su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la defensa de un programa que une al Estado y la comunidad en torno al bienestar de la niñez paraguaya".

La decisión de los senadores deberá ser analizada próximamente por la Cámara de Diputados, en caso de lograr su sanción y posterior promulgación por parte del Poder Ejecutivo, la provisión de la alimentación escolar en dicha zona quedará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

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