El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, ratificó que no presentará su renuncia al cargo, descartó su postulación para un periodo más y aseguró que con su equipo se encuentran predispuestos a colaborar con el proceso de intervención que encabeza Carlos Pereira.

“Estoy más que tranquilo con todo lo que puede llegar a suceder, sabemos perfectamente lo que hicimos y cómo hemos heredado el municipio. Yo, desde un inicio dije que no tengo por qué renunciar y esta situación no cambió para nada. Yo sigo en la misma tesitura porque no hice nada fuera de lugar”, dijo el jefe comunal, este martes, al programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Conversé con los diferentes directores y jefes de la municipalidad para que colaboren con todo lo que requiere el interventor. Vamos a proveer absolutamente todas las documentaciones. Seguimos con el mismo espíritu de colaborar con todo lo que él y su equipo vayan exigiendo, no colocamos trabas”, expresó el jefe comunal.

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Asimismo, se refirió sobre la improvisación de la oposición que ayer lunes, adelantándose a las conclusiones que pudieran surgir de la intervención, se aglomeraron en la Plaza de la Democracia con la finalidad de presentar la candidatura de la senadora destituida Kattya González para la intendencia.

“Para mí es una candidatura fantasma, están haciendo futurología. Yo no creo que el Partido Colorado pida mi renuncia ya que no existen motivos suficientes para que esto ocurra. Legalmente yo estoy habilitado para postularme para un siguiente periodo, pero ya no pienso en eso por los manoseos excesivos, todos los días ataques, quiero terminar mi periodo y mostrar la realidad“, refirió Rodríguez.

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En la petición de intervención realizada por el órgano extrapoder, que preside Camilo Benítez, informaron que las supuestas irregularidades presupuestarias en la gestión de Rodríguez se dieron entre los años 2021 y 2024. El contralor citó la emisión del bono G8, por G. 360.000 millones realizada en el año 2022 para obras de desagüe pluvial; además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en el 2023, que fueron emitidos para pagar deudas de emisiones en anteriores administraciones.

De acuerdo a los datos que fueron proveídos por la municipalidad, a mediados de agosto del año 2024,el bono G8 fue asignado a proyectos de desagüe pluvial en las cuencas de Santo Domingo, General Santos y Abasto. En ese entonces detallaron que algunos proyectos estaban en fases de planificación y verificación, mientras que las obras en San Pablo y Abasto ya alcanzaron durante ese periodo un 30 % de ejecución. Mientras que el bono G9 se utilizó para rescatar bonos anteriores, específicamente los emitidos durante la administración de Mario Ferreiro (G3, G4, G5 y G6) con el objetivo de aliviar la carga financiera de la municipalidad. La ejecución de este bono se realizó al 100 %.

Adelantándose a las con­clusiones que pudieran sur­gir de la intervención en la Municipalidad de Asunción, varios sectores de la oposi­ción anunciaron ayer que lograron consensuar una eventual candidatura para la intendencia capitalina, en la figura de la senadora desti­tuida Kattya González.

Referentes de varios par­tidos y movimientos de la oposición que se presentan como alianza “Unidos por Asunción” se congregaron ayer de mañana en la Plaza de la Democracia, en pleno microcentro de Asunción, para comunicar lo mencio­nado, durante una conferencia de prensa. Este apre­surado anuncio se da sin siquiera aguardar el resul­tado de la intervención que lleva adelante el economista Carlos Pereira. No obstante, los opositores se adelantan y exigen la renuncia del inten­dente colorado Óscar “Nene­cho” Rodríguez.

A la vez, presentaron a la senadora expulsada Kattya González como la candi­data para completar el actual mandato, ante la posibilidad que el jefe comunal sea des­tituido tras la intervención.

El comunicado, anunciado por el actual presidente del Partido Patria Querida, Stephan Rasmussen, men­ciona que el pedido de desti­tución va dirigido a la Cámara de Diputados, mientras que al Tribunal Superior de Justicia Electoral exigen que se convo­que a elecciones en un plazo de 90 días, tras la destitución.

“Respaldamos la candida­tura de Kattya González para la intendencia de Asunción, con el objetivo de completar el mandato en curso hasta fina­les de 2026”, expresó.

El pronunciamiento tam­bién señala que los partidos y movimientos de la oposi­ción trabajarán en un cogo­bierno con la exlegisladora, en caso de que se logre su elección. También dejaron en claro que las precandidatu­ras de Johanna Ortega, Agus­tín Saguier, Soledad Núñez y Álvaro Grau, así como las negociaciones para el 2026, siguen vigentes.

Podrían presentarse denuncias u otras situaciones en el periodo de la intervención. El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, explicó que el eje de su trabajo se centra en eva­luar y realizar un informe sobre los seis puntos de irregularidades señalados por la Contraloría General de la República (CGR) y que derivaron en el pedido de intervención. Pero aclaró que si encuen­tra hechos nuevos, los incluirá en su informe y los denunciará ante la instancia que corresponda.

“El interventor, además de hacer la reverificación, realiza un análisis documental sobre algunas limi­tantes que tuvo la Contraloría”, dijo en entrevista con la 1020 AM.

Añadió que en caso de que encuentre otras irregularidades, con base en denuncias u otras situaciones que se presenten en este periodo, también serán incluidos en el informe que estará pre­sentando.

“Quiero dejar claramente advertido que todos aque­llos hechos de los que yo tomo conocimiento, mientras estoy en este lugar, van a formar parte de mi informe, independiente­mente de que sea parte de las seis observaciones de la Contralo­ría”, apuntó Pereira.

• Quito, Ecuador. AFP.

El Congreso de Ecuador aprobó ayer martes endurecer las penas para adolescentes vinculados con el crimen organizado y expulsar inmediatamente a extranjeros que cometan delitos dentro del país, que vive una violencia sin precedentes por cuenta del narcotráfico.

Con 84 votos a favor de 148 legisladores presentes en la sesión de la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, la Ley de Integridad Pública incluye reformas a una veintena de normas vigentes como de movilidad humana, tránsito, función judicial, el código de la niñez y adolescencia, entre otras.

Este es el segundo proyecto de ley del presidente Daniel Noboa que el Congreso aprueba en menos de un mes y que busca dar fuerza a su guerra contra el crimen organizado. Ecuador está envuelto en un sangriento conflicto territorial entre narcos y mafias internacionales rivales. La tasa de homicidios creció de 6 por cada 100.000 personas en 2018 a 38 en 2024, con el récord histórico de 47 en 2023.

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Esta ley plantea que los menores que cometan delitos relacionados con el crimen organizado, como homicidios, “van a tener un endurecimiento de la sanción de hasta 15 años, es decir van a ser juzgados como adultos”, dijo la asambleísta oficialista Valentina Centeno durante la sesión.

Agregó que los adolescentes que delaten a los reclutadores podrán rebajar su pena “hasta un 50 %”. La Unicef en Ecuador expresó su “preocupación por la incorporación de reformas regresivas”. Estas medidas “no han demostrado ser efectivas” y “podrían empeorar la situación del sistema penitenciario”, señaló el organismo en un comunicado, al recordar que la norma contraviene la Constitución ecuatoriana y la Convención sobre los Derechos del Niño.

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Centeno defendió que “esta ley no es contra los adolescentes, es contra las mafias que los usan, es contra la impunidad”. Esto “va a resultar es un masivo encarcelamiento de adolescentes que se van a perfeccionar en los delitos y que van a salir a tempranas edades a seguir delinquiendo porque no van a conocer otra realidad”, dijo a la AFP la abogada Consuelo Bowen, de la organización Cepam, que acompaña a mujeres y familias víctimas de violencia.

Agregó que “al final lo que se busca es únicamente la punición. (Esta medida) hace que la sociedad no asuma su responsabilidad con respecto a la niñez y adolescencia en el Ecuador”. La normativa también plantea la posibilidad de declarar en emergencia al sistema judicial. El gobierno ha denunciado que el crimen organizado se ha infiltrado en la justicia para conseguir impunidad.

Ávalos Mariño aclaró que la problemática requiere un análisis integral debido a su complejidad.

“El problema es mucho más complejo que un simple aumento de las penas, pero en principio estoy de acuerdo. Aclaro que no solucionará la problemática, se necesita de un análisis integral desde el punto de vista de la educación, prevención”, dijo a la 1140 AM.

Las afirmaciones de Ávalos Mariño surgieron tras la media sanción de la Cámara de Senadores a la iniciativa que aumenta de 8 a 15 años la pena máxima para adolescentes que cometan delitos graves. El proyecto de ley deberá ser tratado próximamente en Diputados.

“Por algo se debe empezar, esto tiene que ser el punto de partida, pero insisto que es un tema complejo, tiene muchas aristas y debe ser encarado en todos sus aspectos para tener un resultado deseado.

El proyecto que se llegue a sancionar en el Congreso Nacional debe ser abarcativo, en donde se incluyan todos los hechos punibles que son considerados graves. En Diputados vamos a analizar con detenimiento, profundidad y responsabilidad”, comentó.