La Cámara de Senadores sancionó un proyecto de ley para regular el procedimiento del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). La propuesta pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El senador Sergio Godoy explicó que los ejes en el que se basó para este proceso fueron: limitar el enjuiciamiento de oficio, fijar plazos de duración máxima del proceso y de prescripción, y los recursos ante la sentencia, entre otros. De esta forma se busca transparentar las acciones del JEM, así como tener un mejor control normativo de sus funciones.
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Se plantea el juzgamiento de fiscales, jueces y defensores públicos para que sean juzgados por representantes de la sociedad civil por la causal del mal desempeño en sus funciones. El proyecto fue presentado por senadores del Frente Guasu, el colorado Sergio Godoy y el liberal Víctor Ríos, y luego de un largo proceso fue sancionado.
De esta forma también se limita al JEM que actúe de oficio teniendo en cuenta que es una herramienta utilizada para la persecución antes que para la regulación. Se reduce de tres a cinco años el tiempo en el que durará el mandato de los miembros que podrán ser reelectos solo una vez. Actualmente está vigente la perpetuidad.
Desde el sector de magistrados consideran que con esta ley ya no habrá excusas de temor a los medios o de alguna amenaza política, porque la ley contempla estas situaciones que no podrán ser motivos para ser sancionados o enjuiciados.
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PGN 2026 asciende a USD 18.900 millones, 12 % más que en 2025
El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, presentó el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 al Congreso Nacional. Este contempla un gasto de USD 18.900 millones para el próximo año, un aumento del 12 % respecto al actual ejercicio fiscal (USD 17.700 millones).
Este incremento, según precisó el titular del MEF, está distribuido entre la administración central y entes descentralizados como el Banco Nacional de Fomento (BNF), la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), la Administración Nacional de Electricidad (Ande), gobernaciones y otros organismos.
Uno de los puntos más importantes de este PGN es que se prevé llegar a la convergencia fiscal en 2026, establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) que permite un déficit anual del 1,5 % del producto interno bruto (PIB). Este año se cerrará en 1,9 %.
Otro detalle en la presentación de la ley más importante del país, es que es la primera vez que se hace entrega del proyecto en formato QR y no en hojas de papel, a fin de contribuir con la sustentabilidad.
Consultado sobre los gastos rígidos, el ministro señaló que el componente salarial representa el 62 % de los impuestos en la administración central. Aunque este porcentaje puede parecer elevado, recordó que en su punto máximo llegó al 77 % y que en 2025 fue del 65 %, por lo que actualmente se observa una reducción.
Mencionó que, al margen de los incrementos en sectores prioritarios como salud y educación, recordó el ajuste salarial del 3,6% para docentes, y que el peso de los salarios sobre la recaudación sigue disminuyendo.
Prioridades
Sobre los sectores prioritarios, dijo que se destinarán USD 25 millones adicionales al Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), al igual que en el presupuesto del año anterior. Señaló que el objetivo es garantizar recursos reales y sostenibles para un sector sensible como la atención a pacientes oncológicos.
Respecto a inversiones en infraestructura, expuso que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tendrá un presupuesto similar al de este año, así como proyectos de inversión de la ANDE y del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).
Transporte público
Acerca de la reforma del transporte público, aclaró que los USD 300 millones contemplado en el PGN, corresponde al costo total estimado del plan, pero que en el presupuesto se incorporan USD 55 millones en subsidios.
Dijo que estos fondos podrán ser reprogramados según avance la implementación del nuevo sistema. Resaltó que, por primera vez, el subsidio al transporte se financiará con recursos propios, eliminando la necesidad de endeudamiento.
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TSJE rechaza retornar a las papeletas y defiende la credibilidad de las máquinas de votación
Los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) defendieron ante la Cámara de Senadores la seguridad y confianza que garantiza el uso de las máquinas de votación en los procesos electorales. A la vez recordaron que el sistema electoral paraguayo se destaca a nivel internacional por su solidez.
El titular del órgano electoral, Jaime Bestard, indicó que retornar al uso de las papeletas en los comicios municipales del 2026 y las generales del 2028 es “un retroceso” y que la implementación del sistema electrónico “facilitó enormemente el escrutinio y el juzgamiento”.
“Fue una reunión sumamente positiva, se ha planteado las dudas que pueden tener los legisladores y la población sobre temas como la ciberseguridad, si las máquinas de votación son confiables y todo esto fue contestado. El volver a las papeletas es una prohibición absoluta por imperio de una ley vigente, el cual establece el sistema de listas desbloqueadas y voto preferencial. Además la norma impone para los cargos plurinominales el uso del voto electrónico, acá no hay ninguna salida", comentó en una conferencia de prensa.
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Agregó que la aplicación del sistema electrónico en los pasados comicios evitó la existencia de distorsiones y fraudes. “A nosotros nos parece que retornar a las papeletas será un retroceso, no se puede, salvo que el parlamento considere la presentación de un proyecto para retornar a las listas cerradas o sábanas y esto yo creo que no le agradará a la ciudadanía. A nivel electoral nuestro sistema es considerado sólido, robusto”, puntualizó.
Bestard indicó que desde el TSJE consideran necesaria la implementación de un nuevo mecanismo de control electoral, referente a que cada elector plasme su huella dactilar luego de votar, justo antes de entintarse el dedo. “Esto será un avance y es el eslabón que falta para asegurar todo el proceso electoral porque evitaría lo que se llama el voto calesita o el voto de personas que simulan la identidad de otras“, comentó.
Por otra parte, aseguró que es posible contar con las 23.000 máquinas de votación para las elecciones municipales del 2026, esto teniendo en cuenta todas las trabas que sufrió en los últimos meses el proceso de licitación para la adquisición de los aparatos electrónicos. “Nosotros estamos dentro del cronograma. Ahora la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas se debe expedir sobre las protestas presentadas”, mencionó.
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Argentina: diputados rechazan veto de Milei a fondos para discapacitados; falta el Senado
La Cámara baja del Congreso argentino rechazó este miércoles el veto del presidente Javier Milei a una ley que aumentaba fondos para personas con discapacidad, y ahora el Senado deberá definir si el bloqueo del mandatario sigue en pie.
Aprobada por el Congreso en julio, la ley declaraba la emergencia en la atención a personas con discapacidad para regularizar pagos atrasados de las prestaciones de salud y garantizarlos hasta diciembre de 2027.
Restablecía además el cupo laboral en el Estado para personas discapacitadas, eliminado por la administración de Milei.
El rechazo al veto alcanzó los dos tercios necesarios: 172 diputados votaron su anulación, 73 en contra y 2 se abstuvieron.
Mientras el Senado no rechace también el veto del presidente ultraliberal, este seguirá vigente.
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Milei, que asumió en diciembre de 2023, sostiene que la Ley de Emergencia en Discapacidad atenta contra el superávit en las cuentas públicas que su gobierno, a fuerza de ajuste fiscal, consiguió en 2024 por primera vez desde 2010.
Según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley tenía un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PIB. Se espera que este miércoles la Cámara baja trate además el veto de Milei a un aumento de las jubilaciones, aprobado también en julio.
La ley vetada contemplaba un aumento de 7,2 % más un bono de unos 100 dólares para los que reciben la pensión mínima. La pensión y el bono actualmente suman unos 260 dólares mensuales, un tercio de la canasta básica del adulto mayor.
- Fuente: AFP
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Corte debe resolver 87 acciones presentadas contra fallos del TSJE y el JEM
Los ministros de la Corte Suprema de Justicia aún no resuelven 87 acciones de inconstitucionalidad que se presentaron contra fallos del Tribunal Superior de Justicia Electoral y contra resoluciones del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Desde la Secretaría de la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial informaron que se encuentra a disposición de las partes la nómina de acciones promovidas en contra de resoluciones emanadas del Tribunal Superior de Justicia Electoral y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Esto, a los efectos de que los interesados comparezcan ante la Secretaría de la sala a fin de impulsar las notificaciones correspondientes sobre las integraciones producidas en cada uno de los planteamientos y, de esta forma, proseguir con los trámites procesales de rigor, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 98 del Código Procesal Civil “Principio de iniciativa del Proceso”.
Existen pendientes de resolución acciones de inconstitucionalidad promovidas en el año 2000, es decir, presentadas hace 25 años y que siguen pendientes de resolución.
De acuerdo a los datos, un total de 57 acciones que se presentaron contra determinaciones adoptadas por los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral siguen pendientes de resolución en la Corte. Igualmente, un total de 30 acciones están para decidirse sobre fallos del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, es decir, jueces que fueron destituidos de sus cargos, entre otros.
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