El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, informó en el transcurso de la tarde que el Estado se allanará a la demanda referente al caso Santiago Leguizamón, que se tramita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De esta manera no se controvertirá en la demanda presentada por la familia del entonces periodista, entorno a la inacción del Estado para esclarecer el crimen y atrapar a los autores intelectuales del asesinato.
“Tras el trabajo de análisis de nuestra Procuraduría General de la República, del caso Santiago Leguizamón Zaván y familia, que se tramita ante la CorteIDH, hemos tomado la decisión de que el Estado paraguayo se allane a la demanda”, sostuvo el mandatario.
Antecedentes
Leguizamón fue asesinado el 26 de abril de 1991 a las 12:15, aproximadamente, en la ciudad de Pedro Juan Caballero cuando se dirigía a un restaurante para compartir un almuerzo por el Día del Periodista. El atentado ocurrió sobre la avenida Rodríguez de Francia esquina de la calle De Jesús Martínez, en plena línea fronteriza que divide a Paraguay del Brasil.
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia previa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, decidió que el Estado paraguayo es el responsable por omisión en la protección del derecho a la libre expresión.
Por otra parte, también había sostenido que la investigación del crimen no se realizó cumpliendo los mínimos estándares con la finalidad de capturar a los verdaderos responsables del asesinato.
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Gobierno Abdo sabía de Marset y la ruta de la droga, pero liberó territorio
El 6 de noviembre de 2019, un año y siete meses después de su primer arribo a nuestro país, la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) ya tenía como objetivo de investigación al uruguayo Sebastián Marset que se instalaba en el país y fortalecía su estructura, con la anuencia del gobierno anterior.
Los datos consignados en los informes de inteligencia, incluso los testimonios de quienes estuvieron a la cabeza de los organismos antinarcóticos y de seguridad en el gobierno de Mario Abdo Benítez, dejan evidencias de que Paraguay tenía todas las condiciones de caerle a la estructura narco que montó Sebastián Marset, a la que consiguió integrar varias otras organizaciones criminales conformadas, preexistentes.
El informe de inteligencia de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) que, luego sufrió varias filtraciones ya tenía como objetivo de investigación al uruguayo Marset, a partir de varios indicios preliminares al año y siete meses de que este arribara por primera vez a nuestro país.
El primer ingreso de Marset a Paraguay fue el 8 de abril de 2018, en noviembre de 2019, SIU ya tenía indicios de la conducta delictiva del uruguayo en el marco del caso que inicialmente denominaron ARAI, pesquisa que detonó en el desmantelamiento de la gigantesca estructura narco que conocemos como A Ultranza Py. Más de 100 allanamientos en simultáneo fueron liderados por la Fiscalía paraguaya, el 22 de febrero de 2022.
Pese a los datos ya manejados por los agentes especializados que, incluso comprometía una cooperación internacional mediante la DEA, el gobierno de Abdo a través del Departamento de Identificaciones expedía cédulas paraguayas a la familia de Marset en 2020 y en 2021 al mismo uruguayo. Cabe subrayar que Arnaldo Giuzzio era ministro del Interior en ese tiempo y el mismo estaba en conocimiento de las pesquisas y los indicios manejados por SIU sobre el mencionado Marset.
Marset se iba afincando, en paralelo, las investigaciones iban avanzando, pese a la serie de filtraciones desde la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) con Zully Rolón a la cabeza de esta institución. Giuzzio hizo lo suyo, con el desmantelamiento de los puestos de control en los puertos, mediante una resolución en mayo de 2020.
El 4 de mayo de 2021 se inicia otro operativo denominado Smart, en alusión al nombre de Sebastián Marset, trabajo desarrollado en instancias policiales de tres países (Paraguay, Brasil y Argentina). Aquí surge otra conexión reveladora para lo que fue la desidia del gobierno Abdo.
La Policía Nacional descubre la vinculación en el operativo Smart entre Marset y Lindomar Reges Furtado, este último con nexos vinculado a Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, ambos considerados narcos de la pesada en el Brasil.
Lindomar poseía 68 causas abiertas en Brasil y junto con Marcus Vinicius eran dos sindicados narcos de mucho interés para el vecino país. En nuestro país ya con pedidos de informes e intercambio de datos, los brasileños eran perfectos fantasmas en los reportes de Senad y hasta lograron escapar por “negligencia” en un operativo del ente antinarcótico, bajo la administración de Rolón.
SABÍAN TODO
El 9 de agosto de 2022, en una audiencia convocada por la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Dinero, Giuzzio había declarado que el Chaco era una ruta aérea cautiva del narcotráfico, con pistas de aterrizaje al servicio del ilícito e incluyó a Concepción y la zona Sur del país. Giuzzio incluso habló de lo sensible que son los puertos para la narco exportación. Sin embargo, él mismo había levantado los controles de esos sitios. Habló de la necesidad de mayor inversión y que se tenía intención de pedir la aprobación de una inversión de entre unos USD 150 millones para compra de radares, reparaciones de aviones, pero ahí quedó.
“Dentro de ese paquete estaba la posibilidad de hacer una especie de “overhauling” a los Tucano actuales en una primera etapa, reformarlos a nuevos, son aviones Tucano de fabricación brasileña, tecnología conocida por nuestros pilotos, y que pueden ser rápidamente entregadas a nuestro país. Y en una segunda etapa ver ya la adquisición de Super Tucano”, había mencionado Giuzzio ante la bicameral dejando evidencia que, mientras se paseaban con sindicados narco, también postergaron inversiones que eran clave en el combate al crimen organizado.
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Sicariato de alias Bollo: allanan vivienda y detienen a una persona en PJC
La Policía Nacional logró detener a la persona que estaría ligada al crimen de un hombre en un lavadero de la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. El hecho de sicariato se reportó durante la tarde de ayer sábado y se realizó una serie de allanamientos en búsqueda del perpetrador.
Según el reporte policial, durante la noche de este sábado se realizó una serie de allanamientos y en una de las viviendas, ubicada sobre la calle 12 de Junio, entre Perpetuo Socorro y 14 de Mayo, se logró detener a un hombre que sería cómplice de los presuntos sicarios.
Se trata de Daniel Icassatti da Rosa, de 35 años, que reside a unos 150 metros del lavadero donde se reportó el crimen. Los investigadores presumen que Icassatti se habría encargado de guardar el arma utilizada para matar a Edgar Gustavo Pereira, alías “Bollo”, de 36 años.
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El agente fiscal Andrés Cantaluppi confirmó que se llegó hasta esta vivienda gracias al seguimiento de las imágenes de cámaras de seguridad, que mostraron cómo el perpetrador llegó hasta esta casa. Las sospechas indican que existe un vínculo entre el residente y los autores del hecho.
Durante el procedimiento fueron incautados dos teléfonos celulares, uno de la marca Redmi y otro Samsung, que quedaron a disposición del Ministerio Público para su análisis y para determinar el grado de implicación del ahora detenido.
El supuesto hecho de sicariato se reportó durante la tarde de ayer sábado en un lavadero denominado MV. En ese lugar se presentó alias Bollo para retirar su automóvil y en ese momento llegaron dos hombres en una motocicleta; uno de ellos efectuó los disparos que acabaron con la vida de esta persona.
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Escenario fiscal no compromete funcionamiento del Estado, pero exige mayor disciplina, según analista
El retraso en los pagos del Estado a empresas vialeras y farmacéuticas está generando efectos en la cadena de pagos y en la actividad económica, al tiempo que plantea desafíos para la sostenibilidad fiscal en un escenario de menores ingresos, según señaló el analista financiero Stan Canova en conversación con La Nación/Nación Media.
De acuerdo con el especialista, cualquier incumplimiento en pagos previamente programados provoca un efecto dominó sobre los acreedores del Estado, quienes a su vez deben cumplir con compromisos financieros propios. “Las empresas también tienen acreedores y obligaciones. Si no reciben los ingresos previstos, se ven obligadas a reprogramar pagos, incorporando incluso intereses moratorios como costos”, explicó.
En este contexto, indicó que la interrupción en los flujos de pago afecta no solo a los proveedores directos, sino a toda la cadena económica, reduciendo la previsibilidad y generando presiones adicionales sobre la liquidez del sector privado.
Respecto a la sostenibilidad fiscal, Canova sostuvo que el Presupuesto General de la Nación (PGN) fue aprobado en un contexto con fuerte componente político, lo que derivó en ampliaciones que hoy enfrentan restricciones financieras. “La realidad obliga a entrar en una economía de priorización. Seguir acumulando compromisos sin respaldo en un contexto de menor recaudación puede afectar la credibilidad fiscal”, afirmó.
Asimismo, consideró que el ajuste no debería centrarse en una suba de impuestos, teniendo en cuenta que los ingresos fiscales han mostrado incrementos en los últimos años mediante mejoras en la gestión tributaria.
En cuanto al comportamiento del tipo de cambio, el analista señaló que la reciente debilidad del dólar incidió en la recaudación en guaraníes, particularmente en el componente aduanero. No obstante, aclaró que también genera un efecto compensatorio al reducir el costo de las obligaciones del Estado en moneda extranjera.
“Las principales fuentes de ingresos siguen siendo el IVA y el IRE, por lo que el impacto debe analizarse de forma integral”, puntualizó.
Sobre el mecanismo de factoraje impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Canova explicó que se trata de una herramienta que permite a los proveedores acceder a liquidez mediante la cesión de facturas a entidades financieras.
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Sin embargo, advirtió que este esquema implica costos adicionales. “El factoring facilita el cobro, pero el costo financiero no desaparece. El Estado termina asumiendo tanto los intereses por mora como el descuento aplicado en la operación”, indicó.
En esa línea, señaló que este mecanismo podría incrementar el costo total de las obras o servicios en el mediano plazo, a pesar de aliviar la liquidez en el corto plazo.
“El enfoque debe estar en eliminar gastos no prioritarios y alinear los compromisos con los ingresos proyectados”, sostuvo, al tiempo de subrayar que el principal desafío radica en mejorar la asignación del gasto más que en la generación de nuevos ingresos.
Finalmente, remarcó que el escenario actual no compromete el funcionamiento básico del Estado, pero sí exige una mayor disciplina fiscal de cara a los próximos ejercicios presupuestarios.
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Crece la demanda en Salud Pública: más de 2,5 millones de atenciones en 2026
Desde el Ministerio de Salud resaltaron este sábado que en el mes de febrero se registraron 1.316.222 consultas en los establecimientos de salud pública, distribuidos en las 18 regiones sanitarias del país.
La cartera informó que del total de atenciones, 916.064 consultas se realizaron en hospitales, centros de salud, centros ambulatorios y puestos de salud, mientras que 400.158 consultas correspondieron a las Unidades de Salud de la Familia (USF), fortaleciendo la estrategia de atención primaria en todo el territorio nacional.
“La Región Sanitaria Central registró el mayor volumen de consultas, con 228.396 atenciones, seguida por Itapúa con 166.649 y Alto Paraná con 146.189 consultas, lo que refleja la alta demanda de servicios en zonas de mayor densidad poblacional”, indicaron las autoridades.
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Crecimiento sostenido
Según las estadísticas, en enero de este año:
- las atenciones fueron de 1.189.185,
- mientras que en febrero alcanzaron 1.316.222 atenciones
- totalizando en lo que va del año 2.505.407 atenciones en las 18 Regiones Sanitarias.
Analizando estos registros, opinaron que se evidencia un crecimiento sostenido de que la ciudadanía opta por recurrir a un sistema público de salud.
Estudios de diagnóstico por imágenes
Los servicios de diagnóstico por imágenes alcanzaron en ese periodo un total de 104.881 estudios realizados en los establecimientos de salud pública.
Las regiones con mayor cantidad de estudios fueron Caaguazú con 23.977, Itapúa 18.572 y Central 9.387, evidenciando el fortalecimiento de la capacidad resolutiva en el interior del país con los dos nuevos hospitales de Coronel Oviedo e Itapúa.
Cirugías en enero
“En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, se llevaron a cabo 7.176 cirugías en las 18 regiones sanitarias del país.
Entre las regiones con mayor número de procedimientos se destacan:
- Alto Paraná con 1.457 cirugías
- Itapúa 1.078
- y Capital 718
Finalmente, también informaron que durante febrero, las 18 regiones sanitarias recibieron insumos y medicamentos por un total de G. 94.027.007.455.