El presidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruíz Díaz, resaltó que al alcanzar los dos años de mandato este 15 de agosto, el gobierno de Santiago Peña está alcanzando la entrega de 10.140 títulos de propiedad de sus tierras. Destacó que en este gobierno se está logrando una verdadera revolución agrícola.

En conversación con La Nación/Nación Media, señaló que, haciendo un comparativo del mismo periodo de los dos primeros años del gobierno anterior, hay una diferencia de 565 % entre la cantidad entregada por el actual gobierno y el anterior, que solo llegó a entregar 1.525 títulos.

“Esto refleja un poco la voluntad del presidente de la República de llevar adelante una verdadera revolución agrícola, apoyando a los pequeños agricultores. Porque no solamente trabajamos en el equipo del Indert; estamos bajo el sistema productivo, el sistema del Ministerio de Agricultura y Ganadería”, comentó.

Le puede interesar: Dos años de gobierno de Peña: entre metas cumplidas y promesas en espera

Explicó que no solo se trata de entregar títulos a los campesinos; la entrega de los documentos es solo la primera etapa de lo que es la política de gobierno del presidente Peña.

Indicó que la política de revolución agraria, de la cual forma parte el sistema del MAG, tiene previsto además la asistencia y apoyo a los pequeños productores, para que puedan tener mayor inversión y mayores niveles de rendimiento y productividad.

Agregó que esta política productiva también incluye al Crédito Agrícola de Habilitación y al Banco Nacional de Fomento, que permite habilitar un sistema de banca social para la producción, lo que significa la inclusión financiera, permitiendo acceder a los beneficios que tiene el BNF en materia de banca social.“Un enfoque inclusivo que les puede permitir financiar a bajos costos sus emprendimientos productivos, pudiendo participar de las ofertas, en el contexto más grande que es el programa de Hambre Cero en las Escuelas. Entonces, en el lado productivo tenemos títulos, acceso al crédito, asistencia técnica, apoyo con implementos agrícolas, tractores, permitiendo aumentar su capacidad de producción”, comentó.

El titular del Indert resaltó que, más allá de los aspectos cualitativos, el gobierno de Santiago Peña está logrando toda una revolución con la entrega masiva de títulos de propiedad, rompiendo récords históricos en el Paraguay.

Resaltó que, más allá de la cantidad de títulos entregados, que a la fecha llega a 10.140 beneficiarios, cifra nunca antes alcanzada, está igualmente trabajando en aquellas comunidades emblemáticas que han peleado por muchos años por la titulación de sus tierras, incluso con graves conflictos sociales y enfrentamientos que derivaron en pérdida de vidas humanas.

Al respecto, Ruíz Díaz recordó tres casos emblemáticos; como el caso de la colonia “Andrés Barbero” o “Barbero Cué”, una comunidad de 2.400 familias que lleva 74 años peleando por titular sus tierras y ahora están en un proceso avanzado más de 450 títulos que comienzan a ser entregados y que se irá dando por etapas.

“Más allá de la cantidad estamos ante un caso, donde fue zona de conflicto que ahora se va a convertir, en una zona de prosperidad. En la colonia Andrés Barbero, hubo muertos, enfrentamientos; pero ahora se va a producir, se va a auto realizar el orden, vamos a decir, a partir de la titulación viene el ordenamiento territorial y es un caso impactante para el país”, resaltó.

El segundo caso emblemático es “Marina Cué”, que hoy es conocido como “San Oscar Romero”, del distrito de Curuguaty; que también es otra comunidad emblemática de largo años de lucha por sus tierras que datan de la década de 1970. Aquí son 210 familias que ya comenzaron a recibir sus títulos de propiedad.

“Una colonia que también pasó por permanente conflicto, donde los campesinos se enfrentaron a las fuerzas del orden público; registrándose la muerte de 11 campesinos y 6 policía. Esto también costó la continuidad de un gobierno, porque derivó en juicio político a un jefe de Estado, causando una interrupción del proceso político en el Paraguay, en la era democrática”, recordó.

El tercer caso emblemático que señaló tiene que ver con la comunidad de Arroyito, específicamente la colonia Virgen del Camino, donde ya están alcanzando aproximadamente unos 2.000 títulos de propiedad.

Señaló que también fue una zona de constante conflicto, recordó que los primeros meses que tuvo que llegar a estas comunidades mencionadas lo tuvo que hacer con acompañamiento policial, ya que fue muy difícil al principio por la alta desconfianza que tenían hacia la institución. Resaltó que todo eso hoy cambió, y se puede ver la alegría en los rostros de la gente que incluso ya los invita a compartir sus mesas.

Asimismo, resaltó que solo de muestra recordó estos tres casos emblemáticos, pero existen muchas otras colonias del Indert que llevan largos años de espera en todo el país. Así también los asentamientos rurales del departamento Central, donde nunca antes se había titulado.

“Todas estas comunidades, al final, son familias que a partir de ahora van a pagar sus impuestos, van a contribuir con el crecimiento, el engrandecimiento del distrito, e integran al desarrollo económico y social de sus respectivas comunidades. Anteriormente estaban en zonas marginales, hoy son zonas tituladas, que les permite sentirse seguros en su hogar”, acotó.

Siga informado con: Interventor de CDE condena y califica como hecho “mafioso” el atropello a su despacho

El equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) acudió este martes a la Cámara de Senadores para analizar en una audiencia pública el proyecto de ley que prevé la reforma del transporte público.

En su intervención, el ministro Carlos Fernández Valdovinos habló de un cambio de enfoque en el financiamiento del sistema, con el objetivo de dar previsibilidad a las inversiones y acelerar la modernización del servicio, a través de un fideicomiso de administración que concentre y gestione los recursos del sector, para garantizar un flujo constante para sostener la operativa y las mejoras.

“Es un esquema que da certeza al sector privado y permite proyectar a largo plazo”, aseguró Fernández Valdovinos y remarcó que la meta es contar con un transporte público más eficiente, seguro y cómodo para los usuarios.

Leé también: ¡Contra todo pronóstico! Dólar sigue cayendo y cotiza en G. 7.290

Valdovinos explicó que el fondo se nutrirá de tres fuentes: el billetaje electrónico, las multas aplicadas a las empresas y el actual subsidio al transporte, que ronda los USD 50 millones anuales y cubre el 47 % del costo de la tarifa.

Dijo que en lugar de destinar ese dinero exclusivamente a compensar el precio del pasaje, el MEF plantea canalizarlo hacia un plan de renovación de flota e infraestructura. “Podemos usar los USD 50 millones anuales del subsidio para inversiones estratégicas, como renovar la flota de ómnibus, y así transformar y modernizar el transporte público para beneficio de la ciudadanía”, precisó.

Con este esquema, el Gobierno apunta a cambiar la cara del servicio, dejando atrás unidades obsoletas y mejorando la experiencia diaria de miles de pasajeros.

Entre los aspectos más innovadores del proyecto, se propone separar la provisión de flota de la operación del servicio, estableciendo contratos diferenciados para evitar la dependencia de los operadores actuales en la adquisición de buses.

Como medidas inmediatas, se realizará una ampliación del servicio nocturno Búho, la incorporación de 30 buses eléctricos en un plan piloto y el uso de plataformas digitales como Google Maps para brindar información a los usuarios.

Te puede interesar: Balanza comercial cerró julio con déficit de USD 841 millones

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) comunicó la postergación el acto de entrega de títulos en la colonia Andrés Barbero, previsto para este lunes con la presencia del presidente Santiago Peña, por la inestabilidad climática. La titulación a favor de campesinos de Barbero Cué estaba programada dentro de una jornada de Gobierno en el departamento de San Pedro.

“La reprogramación del evento será comunicada con la debida antelación a través de nuestros canales oficiales, con el objetivo de asegurar la participación de las familias beneficiarias y el adecuado desarrollo del acto”, señala el comunicado publicado anoche por la institución, cuyo presidente, Francisco Ruiz Díaz, puntualizó que se honrará un acuerdo internacional firmado con la República de Italia, tras 70 años de espera.

Ruiz Díaz refirió que, tras la entrega del primer título a Florencia Barrios en marzo pasado, serán los primeros 66 beneficiarios que recibirán los documentos que los acreditan como propietarios legítimos de sus tierras. Comentó que la importancia de esta primera entrega se debe, por un lado, por los antecedentes como asentamiento, que datan de 1951, es decir que llevan 74 años peleando por lograr la titulación de sus inmuebles.

“Estamos hablando de cuatro generaciones, por lo menos, que han pasado por el Gobierno ya 11 presidentes de la República. Es una colonia que se destinó para asentamiento humano en el año 1951. Así lo decidió el científico Andrés Barbero. Desde ese entonces, que se tiene ocupación, pero nunca se había podido entregarle títulos de propiedad a las personas, debido a problemas judiciales”, precisó.

Lea más: Senador del PLRA pide reforma integral y la creación de un Ministerio de Transporte

Ruiz Díaz explicó que con esta entrega se da cumplimiento al tratado internacional entre Paraguay e Italia, que había sido propietaria de estas 17.000 hectáreas y que fueron donadas al Estado paraguayo para la entrega a sus habitantes.

“La colonia Andrés Barbero es un tema internacional. Se trata de la donación del Gobierno de Italia que condicionaba la regularización de la tierra en favor de los ocupantes. Entonces, hoy nosotros, con la titulación, estamos honrando este acuerdo internacional, entregando sus títulos a los ocupantes, una tierra ya regularizada con toda la garantía y la seguridad jurídica que ello implica”, puntualizó el titular del Indert.

Lea también: Gobierno de Peña apunta al ordenamiento integral del sistema energético, dice viceministro

Como tercer aspecto, indicó que la concreción de todo este trabajo se da gracias un esfuerzo público y privado, entre Indert y la Unión de Gremios de la Producción (UGP), que han trabajado juntos para salvar los problemas que se estuvieron arrastrando por años y llegar a hoy a la entrega de los títulos.

Detalló que esta colonia Andrés Barbero es una comunidad muy grande con cerca de 2.000 beneficiarios, que habitan las 17.000 hectáreas que conforman esta propiedad y durante años ha atravesado muchos problemas. La comunidad instaló la cooperativa “Koga Poty”, que describió como un ensayo experimental muy interesante, apoyado y tutelado por la UGP.

“Son pequeños productores que decidieron unir su esfuerzo, así como unir sus inmuebles para tener escalas con eso, y demostrar que los pequeños productores también pueden ingresar a la agricultura de alta productividad o a la agricultura mecanizada. Y ellos hoy están produciendo productos que son exportados en el ámbito del comercio internacional. Son pequeñas parcelas, y que la clave siempre va a ser la asociatividad o la organización a través de las cooperativas”, dijo el alto funcionario.

“Identificamos esa tranca y, bueno, a partir de ahí trabajamos en eso y logramos destrabar, principalmente con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, la Dirección General de los Registros Públicos y la Dirección de Catastro, logramos destrabar el problema y con eso estamos llegando”, expresó.

El principal problema era que ya en el pasado se realizaron tres mensuras, según explicó, las cuales decían que esta colonia tenía solamente 14.000 hectáreas, y esto no era aceptado por los colonos que exigían 17.000 hectáreas. Finalmente, se llegó a un acuerdo de avanzar en todos aquellos lotes que no tienen problemas judiciales por superposición de loteamientos, pero respetando la totalidad de las 17.000 hectáreas, esperando que la justicia resuelva finalmente lo que falta.

• Lourdes Torres - periodista
• lourdes.torres@nacionmedia.com

Diputados de la bancada oficialista, Rocío Abed y Derlis Rodríguez, coincidieron en que endureciendo las penas no ayudará a reducir la criminalidad, al hablar del proyecto de Ley del diputado Rubén Rubin, quien propone la prisión permanente revisable.

Señalaron que el planteamiento es inconstitucional, pese a que se plantea con un nombre diferente, pues en esencia es una cadena perpetua que va contra la Constitución. La diputada Abed, líder de la bancada oficialista, dijo a La Nación que si bien los casos de crímenes donde fueron víctimas una niña y una adolescente han destrozado a la comunidad y verdaderamente interpela a todos como sociedad, fue porque el sistema falló y no se las pudo proteger.

Esta situación genera un sentimiento colectivo e impulso de tomar justicia por manos propias; lo que corresponde es llevar adelante un pensamiento reflexivo, sobre todo en el ámbito legislativo. Señaló que el proceso de creación de leyes es dinámico, se debe tener mucho cuidado sobre todo en el derecho penal, y tener en cuenta que la norma se debe fundamentar en principios de racionalidad, justicia y estabilidad del sistema legal.

“El proyecto presentado y muy promocionado por el colega, al que le pone el rótulo de la figura de prisión permanente revisable, pero en realidad el contenido del proyecto es totalmente diferente. No tiene los elementos, los principios, ni las características de ese tipo de sanción penal. El proyecto del colega plantea una cadena perpetua, simple y llanamente bajo otro título”, explicó la diputada Abed.

A su turno, el diputado Rodríguez indicó que tuvieron dos audiencias públicas, donde contrariamente al planteamiento de su colega Rubin, justamente están analizando la posibilidad de mantener las penas privativas, e incluso ver la forma de reducir incluso las prisiones preventivas; atendiendo la alta aglomeración de personas privadas de libertad en las cárceles, que están con el doble de su capacidad.

“Limitar la prisión preventiva a un máximo de 2 años busca reducir la sobrepoblación en las penitenciarías, garantizar los derechos fundamentales y mejorar la eficiencia del sistema judicial. La reforma no beneficia a la corrupción ni a delincuentes, sino que busca promover una justicia más justa, rápida y respetuosa de los derechos humanos”, explicó.

Coincidió que aquí lo que se debe trabajar más profundamente son los planes de reinserción de las personas privadas de libertad. “Tenemos situaciones como las que se tuvo recientemente en Caazapá, justamente porque el sistema penitenciario no trabaja en lo que la Constitución y las leyes dicen que es la reinserción social del recluso”, acotó.

Considera también que el planteamiento de su colega Rubin va en contraposición a lo que establecen las leyes. “Debemos recordar que cualquier cambio legislativo debe estar en armonía con los principios fundamentales que rigen nuestra Constitución”, dijo.