La herida más profunda del Chaco paraguayo comienza a sanar definitivamente. Después de 30 años de abandono, desamparo y promesas rotas, el Gobierno de la República del Paraguay, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), asumió con firmeza su deber moral e inició el proceso de titulación formal de 30.000 hectáreas, un patrimonio valorado en 20 millones de dólares que hoy se transfiere como donación definitiva para amparar a las familias campesinas y trabajadoras de esta emblemática comunidad.

Durante años, las portadas de medios internacionales como BBC News denunciaban ante los ojos del mundo una paradoja dolorosa: en pleno corazón de Sudamérica, un pueblo entero había sido vendido junto con sus habitantes a conglomerados extranjeros, dejando a generaciones enteras en la condición de extraños en su propia tierra, a merced de la intemperie y la zozobra.

Hoy, gracias a la política social de la Corporación Atenil y al objetivo del presidente Santiago Peña reflejado en la Nueva Ruralidad, Puerto Casado recupera el alma y la dignidad, demostrando así que nada puede estar por encima del derecho sagrado de las familias a echar raíces en paz.

La concreción de esta donación histórica de USD 20 millones no es un simple asiento contable ni un trámite de oficina; encarna el escudo protector del Estado que pone fin a tres décadas de incertidumbre y restituye la soberanía a los humildes:

* Reparación moral y soberanía popular: se pone fin al mito de la indefensión campesina. El Estado se hace presente con rostro humano en el territorio para cumplir la palabra empeñada y sellar la paz social en una comunidad forjada en la lucha y el sacrificio.

* El arraigo definitivo: las 30.000 hectáreas dejan de ser objeto de litigios interminables para transformarse en el patrimonio seguro donde crecerán los hijos de Casado, protegidos por títulos legítimos que nadie les podrá arrebatar.

* Desarme de los modelos extractivos: frente a la inercia del pasado que toleraba la desprotección comunitaria a favor del lucro discrecional, la autoridad asume con coraje su función de velar por los más vulnerables, transformando la tierra en un bien social e inclusivo.

“Durante tres décadas, a los pobladores de Puerto Casado se les negó el derecho más elemental: la certeza de saber que el suelo donde duermen sus familias les pertenece. El Estado paraguayo no podía seguir mirando hacia el costado. Hoy venimos a abrazar a este pueblo noble, a devolverle el alma a su comunidad y a entregarles la garantía inviolable de que nunca más estarán solos ni desamparados frente al poder de nadie”, expresó el titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz.

Con el inicio del catastro y la mensura que culminará en la titulación masiva y directa a favor de las familias, el Gobierno nacional reafirma que la verdadera autoridad es la que defiende, ordena y cuida el hogar común. Puerto Casado se levanta hoy como el emblema de la dignidad recuperada y la victoria de la justicia rural, gracias a la voluntad de la Corporación Atenil y a la política de titulación masiva del Gobierno.

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La diputada Cristina Villalba aseguró que el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto aconseja la aprobación con algunas modificaciones. Aclaró que se mantuvieron los G. 163,3 billones planteados por el Ejecutivo, aunque incorporó reasignaciones para sectores prioritarios.

Entre las propuestas, mencionó un reajuste de G. 500.000 por vínculo para profesionales de la salud pública. Anunció además, que el estudio en particular del PGN 2027 en la Cámara de Diputados está previsto para el 9 de noviembre.

Al término de la sesión de la fecha, la diputada Villalba, quien preside la Bicameral de Presupuesto, explicó que la recomendación es aprobar en general el presupuesto que se mantiene con el monto global que envió el Ejecutivo, incluida la adenda. No obstante, señaló que el dictamen plantea algunas modificaciones en el proyecto de ley ya que se plantean reasignaciones, en las que se han priorizado a los funcionarios de blanco de las diferentes especialidades.

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“Es una es una reasignación de un monto de 500.000 guaraníes. No sé si esto va a satisfacer, pero es a la vez, un gesto de parte de la Bicameral y esto abre una posibilidad de seguir conversando, seguir trabajando todos juntos y por supuesto, es la valoración a todos los profesionales que engloba Salud Pública. Estamos hablando de un número variado de profesionales de diferentes diferentes hospitales”, explicó.

Mencionó que una de las propuesta que se plantea modificar para el presupuesto de Salud Pública es el aumento salarial de G. 500.000 a partir del mes de julio para 28.691 vínculos, en los que están incluidos bioquímicos, odontólogos, trabajadores rurales, sociales; todos aquellos trabajadores que no fueron incluidos dentro de la adenda.

Señaló además, que la lista de las instituciones que también contempla modificaciones en sus presupuestos incluyen al Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), Defensoría Pública y la Diben, que recibirá una inyección presupuestaria de G. 10.000 millones por su gran labor misional que viene realizando. La lista incluye también a Senadis y las universidades públicas, así como el Ministerio de Educación con lo que se apunta a reactivar el programa de educación indígena, mediante una inyección presupuestaria de G. 5.000 millones.

“La reasignación presupuestaria para todas las universidades públicas, incluyendo el Hospital de Clínicas, es para cubrir el crecimiento vegetativo e inversiones. En este plan presupuestario a universidades incluye la Universidad Politécnica Paraguay - Taiwán; ya que al inicio los estudiantes viajaban hasta Taiwán para estudiar, pero desde el año que viene ya comenzarán a desarrollar su plan curricular acá en el país en su sede propia en Asunción y el presupuesto es para la designación de docentes”, comentó.

Finalmente, la diputada Villalba confirmó que ya se fijó la sesión de la Cámara de Diputados para el 9 de noviembre, para las 14:00 para el estudio en particular; posterior a eso ya iría a la Cámara de Senadores.

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La próxima semana se definirá en una sesión extraordinaria si la senadora Zenaida Delgado continúa o no en su banca por el escándalo de peaje salarial con sus funcionarios. Las mujeres que realizaron inicialmente la denuncia de pedidos de importantes sumas de dinero por parte de la legisladora se mantienen firmes en su postura y aseguran que las transferencias fueron realizadas a la cuenta de la legisladora y no a la de su expareja, como mencionó la misma.

“Están queriendo tirar para cualquier lado, están queriendo salvarse, su alias era su número de cédula, ella tiene tres cuentas diferentes, y en las tres se puede comprobar que están a nombre de ella. Tengo mensajes y audios en los que ella me pide que le transfiera a esa cuenta. Ella era la que recibía las transferencias”, dijo Lidia González, una de las funcionarias denunciantes, a los medios de prensa en el Senado.

Sobre las declaraciones de otra funcionaria que cumple funciones en el despacho de Delgado, Claudia González, quien aseguraba que las transferencias realizadas eran en concepto de un préstamo personal que le hizo la senadora, la denunciante aseguró que solo se trata de una estrategia para cubrir a Delgado.

“Obviamente va a decir cualquier disparate para defenderla por temor a perder justamente su trabajo, pero ella es una ahijada de la senadora. La senadora en sí está cometiendo un delito de tráfico de influencias, porque yo estoy más que segura, yo no sé cómo tiene cara para decir que le dio un préstamo, si ya le dio 15 millones. Acá hay un complot de tráfico de influencias”, apuntó Lidia González.

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Mientras tanto, la expareja de la senadora, Gustavo Vera, llegó hasta la sede del Congreso para dar su versión del caso, ya que es apuntado por Delgado como la cabeza de los cobros a sus funcionarios y por supuestas amenazas. El hombre llegó en silencio y no dio declaraciones a los medios de prensa sobre esta situación.

Paralelamente, la bancada del oficialismo se reunió para evaluar una postura, de manera conjunta, sobre el pedido de pérdida de investidura impulsado por la senadora de Cruzada Nacional, Yolanda Paredes. Se maneja la posibilidad de una expulsión o una renuncia.

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El Gobierno realizó una nueva entrega de títulos de propiedad a familias campesinas de distintas comunidades del país, algunas de ellas con décadas de espera para acceder a la regularización de sus tierras. La jornada representa un avance en la seguridad jurídica, la resolución de antiguos conflictos agrarios y la generación de nuevas oportunidades para el desarrollo de las familias rurales.

El presidente de la República, Santiago Peña, encabezó este lunes el acto de entrega de aproximadamente 600 títulos de propiedad a familias beneficiarias de la reforma agraria de varias localidades del país. Destacó que esta acción de gobierno permite a los campesinos acelerar su propio desarrollo en el contexto de un Paraguay gigante que se levanta.

En su discurso, el presidente ratificó el compromiso de su gobierno con el desarrollo de las colonias campesinas, que tenían en la falta de regularización un importante impedimento para su progreso.

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“Aquí, el 15 de agosto del 2023, con mi compañero Pedro Alliana, dijimos que vamos a cambiar al Paraguay. Dijimos que íbamos a levantar a este gigante que por mucho tiempo estuvo dormido. Hoy podemos decir que este gigante está despertando gracias al trabajo que se está haciendo con ustedes, con los campesinos, con el pueblo paraguayo”, expresó el presidente.

Se refirió a los casos emblemáticos de conflictos por la posesión de la tierra que se solucionan mediante el trabajo articulado por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Mencionó los casos de Marina Cue, Barbero Cue, Santa Teresita Itakyry, que hoy están terminando de regularizar la posesión de sus tierras para avanzar en el camino del desarrollo.

“Ese título es apenas el comienzo de la acción del gobierno, porque ese título le permite recibir financiamiento para invertir en la tierra, porque está demostrado que cuando el campesino tiene el título, el progreso se acelera”, manifestó Peña.

Refirió que, con el título en mano, las familias campesinas pueden acceder a créditos formales, además de acceder a la asistencia técnica del Ministerio de Agricultura y Ganadería y fortalecer su acceso a los mercados. “El Paraguay que soñó Carlos Antonio López todavía lo estamos construyendo y lo estamos construyendo entre todos, pero principalmente con ustedes, con los campesinos, con los trabajadores, padres y madres que hoy están mirando el Paraguay con una esperanza”, expresó el mandatario durante el acto realizado en la fachada litoral del Palacio de López.

Señaló que su gobierno seguirá trabajando sin descansar hasta que cada campesino y familia trabajadora del campo pueda decir que algo de la patria les pertenece, que tienen un título de tierra que les permita sentirse orgullosos de ser paraguayos. “No vamos a descansar y seguiremos trabajando para que cada paraguayo pueda decir que nosotros también estamos mejor”, afirmó.

En el acto, el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz anunció que para diciembre de este año la institución tiene previsto finiquitar y entregar cerca de 1.000 títulos de propiedad más a beneficiarios de la reforma agraria.

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