Durante el programa “Fuego cruzado”, emitido por el canal GEN, se debatió acerca de la creación de una Comisión Técnica del Estado para lograr definir una tarifa estable para el costo del flete. El conflicto de camioneros continúa luego de que la Cámara de Senadores no se haya expedido sobre el proyecto de ley de fletes, que fue remitido a comisiones para su estudio.
El diputado de Misiones, Derlis Maidana, espera que se resuelva en el Senado el proyecto para que luego pase a instancias de la Cámara Baja. Aunque a su parecer, lo correcto es conversar en una mesa de negociación, donde estén el Comité Técnico, los fleteros, representantes del Estado, como también la Dirección Nacional de Tránsito (Dinatrán), la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y el sector productivo, para buscar una solución a esta problemática.
El legislador considera que no es fácil la aprobación de este proyecto de ley porque puede violar los artículos 107 y 108 de la Constitución Nacional, por lo que insiste en que se puede solucionar administrativamente y no por vía ley. En ese sentido, indicó que espera que funcione el comité creado.
A partir del avance en el diálogo, sugirió que se debe controlar; la SET, por su parte, los que tributan y exportan, mientras que la Dinatrán, hacer los controles. “Se soluciona con un diálogo y cumplimiento de la ley”, reiteró. Asimismo, apoya la idea de estudiar la tarifa y formalizar al sector camionero, y que el acuerdo al que se arribe se plasme en un contrato para que se respete y, caso contrario, demandar por incumplimiento.
“Cuando estalla, ahí recién se buscan soluciones, no se prevé una alternativa antes. El camino es el de la SET (formalización) y acuerdos entre partes; cumpliendo la ley y tributando se puede subsanar esta situación y permitir la libre manifestación, y que los productos lleguen de un punto a otro”, sentenció.
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Diputado aboga por ampliar modelo económico del país para la atracción de inversiones
“Paraguay necesita voltear la mirada y tener más asociaciones estratégicas con países que nos puedan ayudar a mejorar la inversión estratégica y nuestras exportaciones”, afirmó el diputado Hugo Meza, instando a ampliar las relaciones bilaterales con la República Popular China, tras realizar un reciente viaje a Beijing.
“Debemos abrir una discusión, un debate sano. Yo no digo que debamos romper relaciones con Taiwán, no desconozco la ayuda que nos dio en concepto de donación, cooperación, pero necesitamos un nuevo trato, en un nuevo orden mundial bastante convulsionado y donde nuestro país necesita cambiar su modelo económico, que seamos abiertos al mundo y que seamos capaces de poder atraer grandes inversiones“, indicó este miércoles en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Meza dijo que su planteamiento es respaldado por varios de sus colegas, quienes resaltan la economía fuerte de mercado que logró construir la República Popular China durante 40 años de apertura comercial.
“Hoy está compitiendo con Estados Unidos para convertirse en potencia mundial en varios sectores, cuenta con una balanza comercial bastante importante. China actualmente es un mercado con más de 1.400 millones de habitantes y podría ser un aliado estratégico para Paraguay", refirió.
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Meza detalló que el segundo destino más importante para la fijación de inversiones por parte de la República Popular China es Latinoamérica con más de USD 6.000 millones de inversión en infraestructura, generación de energía entre otros rubros de movilidad económica.
“Imaginemos por un minuto si pudiésemos lograr que el 1 % de esas inversiones que vienen en la región, venga a nuestro país, estamos hablando de USD 60 millones. Esto dinamizará mucho nuestras exportaciones”, comentó el parlamentario, quien visitó la nación asiática por invitación de la Unión de Partidos Latinoamericanos (Upla), organización de centro y centroderecha de América.
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Dan entrada oficial a proyecto que plantea 90 años de pena máxima: “Es un clamor nacional”
El diputado independiente Rubén Rubin realizó este martes la entrega oficial del proyecto de ley que “incorpora la prisión permanente revisable, en el marco de tolerancia cero contra la delincuencia, el crimen y la protección a la ciudadanía”. La iniciativa plantea la modificación del Código Penal con la elevación de la pena máxima a 90 años para homicidios y delitos graves.
La propuesta también establece la acumulación de condenas y toca 25 artículos del Código Penal. “Hoy es un día histórico, acabamos de dar mesa de entrada a este proyecto que pretende incorporar al Código Penal la prisión permanente con revisión que es un clamor popular y nacional que queda claro después de meses de debate. Durante mucho tiempo la clase política, los prodelincuentes o los supuestos defensores de los derechos humanos le daban justicia al pueblo paraguayo a través de discursos vacíos, retóricas y minutos de silencio, pero esto se acabó“, indicó a los medios de comunicación.
El proyecto de ley refiere que en los casos de pena privativa de libertad de 50 años en adelante, podrá ser revisable de conformidad a lo dispuesto en el artículo 51 de Código Penal. “Ahora vamos a aplicar la justicia con toda la fuerza que nos concede el pueblo paraguayo y vamos a pedir prisión permanente con revisión para aquellos monstruos que maten a periodistas, que toquen a nuestras mujeres, que maten a uniformados en servicio y cualquier persona que mate en las calles luego de un hurto agravado. Perderán su libertad de por vida”, expresó.
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De acuerdo con la propuesta, los condenados podrán solicitar una revisión si han cumplido al menos dos tercios de la pena, se presume que no reincidirán en delitos o si el condenado lo solicita o consiente expresamente.
“Como dice nuestra Constitución y la Corte Interamericana de Derechos Humanos no perderán su derecho a revisión porque buscamos aplicar una prisión permanente con revisión como hace toda la región. Le digo al pueblo paraguayo que se quede tranquilo, no estamos innovando legislativamente, no pido que me sigan a un salto al vacío o a un terreno desconocido, sino hacer todo lo que hizo la región”, remarcó.
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Fiscalía y Seprelad cuentan con mecanismos para indagar sobre el caso Abdooffshore
El experto en materia del sistema financiero y derecho bancario, el abogado Carlos Palacios, y la periodista de investigación de Nación Media, Rosana Escobar, coincidieron en señalar que existen mecanismos para indagar y comprobar si el expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira podrían ser o no los beneficiarios finales de los 21 millones de dólares distribuidos en dos cuentas bancarias en las islas Seychelles, según publicó el portal argentino PeriodismoyPunto.
Durante el programa “Fuego Cruzado”,que se emite por canal GEN/Nación Media, analizaron las evidencias que fueron expuesta por la investigación del portal de noticias que encabeza el periodista argentino Luis Gasulla, respecto a dos cuentas bancarias depositadas por dos empresas cuyos beneficiarios finales serían el exmandatario y su esposa.
Palacios señaló que, aparentemente, estos fondos no figurarían en la declaración de bienes del exjefe de Estado. Por lo tanto, señaló que, en principio, parecería una situación de ocultamiento de activos, escenario que configuraría un eventual hecho de enriquecimiento ilícito.
A su turno, la periodista Rosana Escobar, quien llevó adelante una investigación profunda sobre las empresas de Mario Abdo Benítez vinculadas al tema asfalto; señaló que hay mucha similitud en el manejo del dinero con relación a los depósitos en las islas Seychelles, encontrando un mismo modus operandi en el manejo financiero,
“Parece que es la misma práctica que hizo acá en Paraguay, porque acá la fortuna que amasaron sus empresas en el país no se ve reflejada en su declaración jurada, sino que se fueron a esos fondos de reserva. Hasta ahora nadie sabe dónde están, dónde hubo movimientos tampoco, y que están constituidas en un gran porcentaje por deudas también; deudas infladas que los proveedores o los clientes suyos no reconocen”, explicó la periodista.
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Sociedades por capas
Al respecto, el doctor Palacios explicó que el tema de los paraísos fiscales antiguamente se constituían con facilidad mediante acciones al portador; pero luego de la crisis financiera del 2008, obligó a las compañías bancarias a nominar a quienes constituían las empresas.
A partir de entonces, indicó que todas aquellas personas que no querían revelar su identidad constituían sociedades con otras sociedades, armando unos esquemas de sociedades por capas; buscando siempre de ocultar la verdadera identidad del dueño o del beneficiario final. Es así que las legislaciones se fueron ajustando y es así que surge la figura del “beneficiario final”.
“Es como una pirámide, sin aparecer en ella, la persona que aparece como accionista en la sociedad puede no ser el beneficiario final de esa empresa, porque por encima de la que figura como primera dueña puede haber otros dueños hasta llegar a una persona física de carne y hueso, que finalmente se puede identificar como la persona que controla o que es titular de los activos que existen en esta sociedad”, comentó Palacios.
Evidencias claras
La periodista Escobar como el experto jurídico en finanzas señalaron que existen los elementos y herramientas para que el Ministerio Público inicie una investigación, ya que la publicación periodística accedió a datos bastante concretos y específicos, como, por ejemplo, los nombres de estos dos bancos, que efectivamente existen, operan y están habilitados para funcionar en Seychelles. Además de números de cuenta, los nombres de las sociedades titulares y movimientos de los depósitos o transferencias que se recibieron.
“No se trata de una información vaga sino de una información concreta que puede perfectamente servir como punta del ovillo para que el Ministerio Público inicie una investigación con toda seriedad. Ahora, que la persona afectada haya salido rápidamente a desmentir en forma directa y a través de sus abogados, esa es la dinámica que existe cuando hay una revelación de la posible existencia de un delito”, comentó Palacios.
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Cooperación internacional
Asimismo, Palacios señaló que la Fiscalía y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) cuentan con las herramientas como para iniciar esa investigación mediante la cooperación con los grupos de unidades de inteligencia financiera de diversos países.
Indicó que justamente la República de Seychelles, en su afán de salir de la lista gris de paraísos fiscales, desde hace unos años ha formado parte del Grupo Egmont, que es el organismo internacional que permite la cooperación e intercambio de inteligencia entre las unidades inteligencia financiera de varios países, incluido también Paraguay.
“Esta información no es pública, la base de datos para saber quiénes son los titulares o los beneficiarios finales de las empresas constituidas en esa jurisdicción solamente se pueden acceder a través de estos mecanismos oficiales; por eso la responsabilidad recae yo creo que en la Seprelad y fundamentalmente en el Ministerio Público”, insistió Palacios.
Agregó que la Seprelad podría estar guardando el debido sigilo, no como ocurrió en otros casos durante el gobierno de Abdo, pero ya debería estar tramitando de manera oficial la investigación. “Ahora, si la información llega a recibirse y confirma la existencia de estas cuentas, ahí si esta investigación cobraría fuerza y podría derivar eventualmente en una imputación contra el expresidente”, puntualizó.
Por su parte, Rosana Escobar recordó que la investigación de la Fiscalía sobre eventual enriquecimiento ilícito de Mario Abdo lleva ya un año, sin tener noticias de avance en la investigación.
“Lo que tiene que hacer, reitero, la Fiscalía es sencillo, es revisar las cuentas bancarias, así nomás, es donde está la plata, dónde se fue, uno puede ponerle todo el ropaje que quiera, el concepto que quiera, financieramente hablando, pero hay que revisar dónde está la plata, nomás, sencillo, va a la cuenta y ya está”, acotó.
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Titulación masiva: “La tan mentada reforma agraria la está llevando el gobierno de Peña”, dice diputado
El diputado Alejandro Aguilera destacó el compromiso del gobierno de Santiago Peña con la histórica reivindicación de la reforma agraria, al concretarse hasta la fecha la entrega de 10.000 títulos de propiedad desde su inicio de gestión a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
El Gobierno busca alcanzar la meta de 50.000 títulos a nivel nacional para el año 2028. Aguilera manifestó que la titulación masiva no solo busca regularizar la situación de la tierra para los campesinos, sino que también representa una inversión social significativa en el ámbito rural, permitiéndoles mejorar sus ingresos y calidad de vida.
“La tan mentada reforma agraria la está llevando a cabo el gobierno de Peña con la titulación masiva de tierras. La gestión del presidente está dignificando al campesinado, con la titulación de tierras se multiplica el valor de la propiedad, también se insertan al circuito económico, esto significa que por primera vez tendrán la oportunidad de salir de la postración y progresar”, dijo el dirigente político del departamento del Guairá.
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Primera entrega de títulos en Andrés Barbero
Las afirmaciones de Aguilera surgen tras darse a conocer que para mañana lunes 28 de julio, se realizará la primera entrega masiva de títulos de propiedad a los labriegos de la colonia Andrés Barbero, departamento de San Pedro, con la presencia del presidente de la República. El acto está previsto para las 9:00.
“La Asociación Nacional Republicana se fundamentó sobre las bases del agrarismo nacional, la defensa férrea al campesino. Peña hizo una lista de compromisos que tenía que cumplir durante estos 5 años de administración y entre ellos está resolver el problema histórico de la tierra“, comentó el titular del Indert, Francisco Ruiz Díaz en una entrevista con la radio La Voz de Ñemby.
Son 66 los primeros beneficiarios que recibirán los documentos que les acredita ser propietarios legítimos de sus tierras. Tuvieron que pasar 70 años y 11 presidentes de la República para que finalmente se empiece a entregar los títulos de propiedad a los ocupantes de las tierras de esta emblemática colonia, en la capital del segundo departamento.
“Esto será un momento histórico dentro de lo que es la reforma agraria, representa la solución de un problema que lleva 70 décadas y una muestra de que cuando existe voluntad se puede todo. En total hay 2,000 familias asentadas en la colonia, son 17.000 hectáreas", comentó.
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