El Poder Ejecutivo acaba de poner en marcha el ambicioso pro­grama Cielo Guaraní Soberano para combatir desde las altu­ras de la atmósfera al crimen organizado internacional y fortalecer la seguridad en todo el territorio paraguayo. El blindaje del espacio aéreo y la lucha contra los crimina­les tiene el apoyo del Gobierno de los Esta­dos Unidos de América que colaborará con datos de inteligencia y la asistencia técnica requerida.

La cooperación norteamericana será de fundamental importancia porque mediante su ayuda el Paraguay podrá dejar de lado la actual vulnerabilidad de sus fron­teras aéreas y se podrá ir consolidando como un elemento importante en la segu­ridad de esta parte de la región sudameri­cana.

Hay que destacar que la asistencia técnica es parte del respaldo político demostrado por el Gobierno del país del norte hacia la admi­nistración del presidente Santiago Peña. Y, por encima de las declaraciones positivas y las buenas intenciones, primarán los hechos prácticos y medidas concretas de extraordi­naria importancia para nuestra nación. La colaboración efectiva que ejercerá el país del norte se desprende del compromiso que ha realizado para intensificar el intercambio de información y la asistencia técnica que brin­dará al Gobierno paraguayo. Con respecto al tema, el encargado de negocios de EE. UU. en Asunción, Robert Alter, resaltó que “Paraguay mantiene una estrategia sólida para fortalecer el monitoreo de su espacio aéreo”.

La cooperación norteamericana se cen­trará en tres capítulos: Tecnología de van­guardia, inteligencia operativa y capacita­ción de élite. Esta capacitación consistirá en programas de formación para las fuer­zas de nuestro país en la tarea del combate a delitos considerados complejos. Por otro lado, se considera tecnología de vanguardia la ayuda que realizarán las fuerzas estadou­nidenses en sistema de radares y monitoreo aéreo en tiempo real. En tanto que la inte­ligencia operativa se concretará en el inter­cambio de datos críticos de gran importan­cia para la detección y respuesta inmediata frente a los vuelos que están fuera de la legalidad, como los que desarrollan los nar­cotraficantes para sus fines delictivos.

Para la realización de los operativos con­tra la delincuencia se utilizarán los aviones Super Tucano que se tienen, lo mismo que el equipo de radares con sus respectivos sis­temas de mando y control.

Las medidas adoptadas por el Gobierno se tienen que entender en medio del contexto histórico de la lucha contra el narcotrá­fico y el crimen organizado, que ha tenido varias etapas. Algunas caracterizadas con importantes medidas y trabajos realizados por los organismos especializados y otras con extrañas posturas de dejadez de algu­nas administraciones anteriores que con su pasividad colaboraron con el delito.

No hay que olvidar que durante el gobierno de Mario Abdo se retiró el control fiscal de los puertos, se sacaron los escáneres para detectar drogas de los puertos privados que quedaron sin control, no se compraron radares para detectar vuelos irregulares ni se adquirieron aeronaves para la vigilan­cia aérea. Eso convirtió al Paraguay en un lugar propicio para el delito, por lo que se han dado numerosos casos de contrabando de toda suerte de sustancias prohibidas hacia países de Europa principalmente.

Con las nuevas normas de este gobierno, la Fuerza Aérea desarrolla operativos para detectar aeronaves sospechosas a las que obligan a su aterrizaje. Ya en tierra, realizan su tarea la Senad, la Fiscalía, la Policía y el Ejército, según los casos.

Además del control nacional, para hacer más efectivo el trabajo, se hace el cruza­miento de datos de inteligencia con las autoridades de Argentina, Bolivia y Bra­sil, países con los que se tiene convenios de cooperación para el efecto.

Mediante el acuerdo con los Estados Uni­dos, el Gobierno paraguayo podrá ejercer una mejor tarea en la persecución de los narcotraficantes a fin de eliminar el crimen internacional, lo que ayudará a un combate más efectivo contra el delito que no tiene fronteras.

El respaldo del país del norte es uno de los principales logros alcanzados por la admi­nistración del presidente Santiago Peña. Y constituye uno de los mejores beneficios que está obteniendo el Paraguay para la seguridad de sus fronteras y la persecución de los delincuentes que han contaminado seriamente estas tierras. Por ello la ciuda­danía tiene que valorarlo y prestar su apoyo teniendo en cuenta que el país aprovechará las ventajas que vienen de parte de una nación amiga, que es una las más grandes potencias del mundo.

La Administración Nacional de Electricidad (Ande) obtuvo la calificación más alta en el Nivel de Madurez Optimizado, destacándose entre más de 400 empresas públicas evaluadas.

Este importante reconocimiento refleja el compromiso institucional con la eficiencia, la transparencia y la mejora continua en sus procesos de gestión.

La excelente calificación alcanzada posiciona a la estatal como una de las entidades líderes, obteniendo 4,01 puntos en la evaluación del sistema de control interno realizada por la Contraloría General de la República y la Auditoría General del Poder Ejecutivo.

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Este histórico resultado constituye un motivo de orgullo institucional y refleja el firme compromiso de la Ande con la transparencia, la mejora continua, la eficiencia en la gestión y el fortalecimiento permanente de su Sistema de Control Interno, señalaron autoridades del ente.

Con este importante reconocimiento, la Ande se posiciona como referente de excelencia en la administración pública paraguaya, consolidando una gestión moderna, responsable y orientada a brindar servicios cada vez más eficientes y de mayor calidad a toda la ciudadanía.

Destacaron que este logro sin precedentes en el país fue posible gracias al trabajo en equipo, al compromiso y a la dedicación de los funcionarios administrativos y operarios técnicos, quienes, con profesionalismo y vocación de servicio, contribuyen diariamente al fortalecimiento y crecimiento de la institución.

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“Va a ser un beneficio para la medicina paraguaya, porque la medicina es dinámica; con el tiempo aparecen otros medicamentos, otros insumos”, señaló el titular del IPS.

El Instituto de Previ­sión Social (IPS) dis­minuirá su stock de medicamentos e insumos. Hasta el momento, son 817 productos que saldrán de su listado. Pero se seguirá dis­minuyendo, anunció ayer el presidente de la previsional, Isaías Fretes. Tras la revi­sión del vademécum insti­tucional, se procedió a la eliminación de 817 insumos médicos de 1.000 productos, debido a que ya son innece­sarios, porque ya no se usan en quirófano, por ejemplo.

El próximo miércoles se tendrá una lista ampliada de un total de 4 mil insumos. “Esto aún no está consoli­dado. Van a seguir saliendo productos y va a consoli­darse el jueves, y una vez que tengamos el trabajo comple­tado, se va a llevar al Consejo y se va a oficializar”, explicó el doctor Fretes en confe­rencia de prensa.

Aclaró que no se busca per­judicar a proveedores, sino ordenar compras, priori­zar medicamentos vigentes. “Va a ser un beneficio para la medicina paraguaya, por­que la medicina es dinámica; con el tiempo aparecen otros medicamentos, otros insu­mos”, señaló el titular del IPS.

Esta medida significará un millonario ahorro para la institución. “Vamos a ahorrar millones y millones de guara­níes”, resaltó. En ese sentido, Fretes dijo que el IPS arrastra un déficit de entre USD 20 y 26 millones y habló de “focos de corrupción” dentro de la institución. Sostuvo además que cambiar el vademécum es entrar al “corazón de la corrupción”.

Un grupo de auditores se encargará de controlar el stock de medicamentos, materiales e insumos. “Que­remos controlar cómo fue­ron entregados conforme a las licitaciones y contra­tos. Cómo se está adminis­trando desde el Parque Sani­tario para la farmacia interna, para la farmacia externa y su distribución en todo el terri­torio nacional. Si están efi­cientemente documentados”, detalló Alberto Cabrera, audi­tor general del Poder Ejecu­tivo.

Por otro lado, los audi­tores trabajarán en el área de la administración de los inmuebles, propiedades de IPS. “Queremos saber cuán­tos están titulados, cuánto le costó a IPS. Y los inmuebles que están alquilados, quiénes están alquilando, por cuánto están alquilando y hacer un estudio del costo de mante­nimiento de esas propieda­des con relación al ingreso que generan esas propiedades para determinar beneficios y cos­tos”, precisó Cabrera. Son más de 800 propiedades, según informaciones generales.

IPS ordena auditar más de 800 propiedades para transparentar sus ingresos por alquileres.

El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Dr. Isaías Fretes, ordenó la auditoría de las más de 800 propiedades de la institución para conocer la ubicación de las mismas, el monto que se cobra por alquiler, la identi­dad de los arrendatarios, y de esa manera trasparentar los ingresos de la previsional.

La investigación estará a cargo del auditor general del Ejecutivo, Alberto Cabrera, quien junto a su equipo hará una revisión de los contratos de alquiler de las propiedades de la previsional y costos de mantenimiento.

“Eso siempre fue un secreto, pero los dueños son los ase­gurados y deben enterarse”, afirmó Fretes, ante los medios de comunicación. Según ade­lantó, los ingresos actuales son bajísimos en relación al valor de los inmuebles, que incluyen lotes en el exclu­sivo Paraná Country Club y más de 400.000 hectáreas en el Chaco.

Fretes señaló que la primera información recibida indi­caba un ingreso ínfimo por el alquiler de todas las pro­piedades, cifra que luego se corrigió a un monto mucho menor, según explicó.

“Se hará una muestra representativa para poder conocer la situación real de la institución”, dijo el auditor general del Poder Ejecutivo.

El auditor general del Poder Ejecutivo, Alberto Cabrera, confirmó que en agosto con­cluirá la auditoría al Instituto de Previsión Social (IPS) para determinar el destino y ren­tabilidad de al menos 900 inmuebles pertenecientes al ente previsional.

“Solicitamos dentro de nues­tro pedido de auditoría el organigrama de la institu­ción. Nosotros creemos que si se desarrolla normalmente, si las documentaciones son proveídas en tiempo y forma, para fines de agosto ya pode­mos emitir un informe final”, señaló a la 1020 AM.

Detalló que se hará una revi­sión completa de las propie­dades. “Se hará una muestra representativa para poder conocer la situación real de la institución. Este es un tra­bajo interinstitucional, en la auditoría tenemos que vincu­larnos al Registro General de la Propiedad para ver la situa­ción real de cada inmueble titulado”, refirió.

Así también, se verificará el estado de disponibilidad. “Nosotros no nos vamos a conformar con los títulos nomas, tenemos que saber en qué situación está ese título de propiedad”, remarcó.

El auditor general del Poder Ejecutivo, Alberto Cabrera, confirmó que en agosto concluirá la auditoría al Instituto de Previsión Social (IPS) para determinar el destino y rentabilidad de al menos 900 inmuebles pertenecientes al ente previsional.

“Solicitamos dentro de nuestro pedido de auditoría el organigrama de la institución. Nosotros creemos que si se desarrolla normalmente, si las documentaciones son proveídas en tiempo y forma, para fines de agosto ya podemos emitir un informe final”, señaló a la 1020 AM.

Detalló que se hará una revisión completa de las propiedades. “Se hará una muestra representativa para poder conocer la situación real de la institución. Este es un trabajo interinstitucional, en la auditoría tenemos que vincularnos al Registro General de la Propiedad para ver la situación real de cada inmueble titulado”, refirió.

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Así también se verificará el estado de disponibilidad. “Nosotros no nos vamos a conformar con los títulos nomas, tenemos que saber en qué situación está ese título de propiedad”, remarcó.

El ministro manifestó que se apelará también a la Escribanía Mayor de Gobierno para que facilite la obtención de la información desde el Registro de la Propiedad.

“Y también tenemos que trabajar con el Instituto Geográfico Militar, donde ellos tienen técnicos y la tecnología para poder determinar todos los georreferenciamientos que dice en el título. Si en Bahía Negra hay una propiedad del IPS, con esa información ver si existe en forma física”, subrayó.

Cabrera admitió que será “un trabajo muy complejo”, porque se tendrá que ver si existe, la dimensión del inmueble y las condiciones en que se encuentra.

Tras el mapeo de los terrenos además se llegará a identificar a los responsables de su administración, conforme expresó.

“Es para determinar quiénes son los responsables en ese proceso de cadenas de tomas de decisiones. Como dice la Contraloría, si existen indicios de hechos punibles nosotros automáticamente ya vamos a informar a la Presidencia del IPS para que sea investigado internamente y también pueden ser remitidos a la Fiscalía esos indicios”, enfatizó.

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