El diputado Roberto González presentó esta semana un proyecto de ley que busca modificar seis artículos de la ley que establece la pensión universal para adultos mayores, con el objetivo de extender este beneficio a las personas con discapacidad severa, independientemente a su edad.

La iniciativa plantea modificar los artículos 3°, 7°, 8°, 10, 12 y 17 de la Ley N° 7322/2024, ‘Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión’”.

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La propuesta legislativa surge como respuesta a lo que el parlamentario considera una “omisión significativa” en la ley original, que dejó desprotegida a una población vulnerable que enfrenta barreras importantes para su inclusión social y económica.

Según la exposición de motivos la Ley 7322/2024 nació con el propósito de otorgar un ingreso económico mensual equivalente al 25% del salario mínimo, a personas vulnerables que, por su edad o condición física, no pueden acceder al mundo laboral.

“La mencionada ley no contempla a personas con discapacidad severa de cualquier edad, dejando desprotegida a una población vulnerable que aparte de las carencias y dolencias físicas, debe sobrellevar costosos tratamientos médicos”, argumenta el diputado en su escrito de presentación.

Agrega que el proyecto encuentra sustento en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por Paraguay, que en su artículo 28 establece el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado, incluyendo acceso a protección social.

Refiere, igualmente, que el documento se apoya en el artículo 25 de la Constitución Nacional, que reconoce específicamente los derechos de las personas con discapacidad, y busca garantizar el principio de vida digna consagrado en la Carta Magna.

Algunas de las modificaciones incluyen la incorporación de las personas con discapacidad severa certificadas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Sinadis), como beneficiarias de la pensión mensual no menor al 25% del salario mínimo, independientemente a la edad.

Además, crea el “Fondo de Pensión a Personas con Discapacidad Severa” como complemento al fondo existente para adultos mayores. Así como establece que el Ministerio de Economía y Finanzas debe crear un objeto de gasto específico para el pago de pensiones tanto a adultos mayores como a personas con discapacidad severa.

Mantiene las mismas restricciones para acceder al beneficio, excluyendo a quienes reciban remuneraciones del sector público o privado, contribuyan al Impuesto a la Renta o posean más de 30 cabezas de ganado.

González argumenta finalmente que la medida no solo promoverá la inclusión social, sino que también aliviaría la carga económica de las familias que cuidan personas con discapacidad severa.

Es importante mencionar que también existe otro proyecto que persigue el mismo fin, que fuera presentado por un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados.

Se trata del proyecto de ley “Que modifica el artículo 3º de la Ley N° 7322/2024 ‘Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión’”.

Este proyecto establece que las personas con discapacidad severa, constatadas y certificadas por la Sinadis, podrán acogerse a los beneficios de la presente ley a los sesenta años de edad.

Por otro lado, estipula y aclara que para acogerse a este beneficio bastará que el postulante tenga un grado de discapacidad igual o superior al 50% (cincuenta por ciento).

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El diputado Alejandro Aguilera, uno de los integrantes de la Comisión de Intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, indicó que la primera reunión para instalar la mesa directiva está prevista para el próximo lunes. Dijo que, a partir de allí, se establecerán las convocatorias a los concejales municipales y al intendente Miguel Prieto.

“Nosotros vamos a reunirnos el lunes, nuestra primera reunión probablemente, a confirmar. Luego, inmediatamente, ya haríamos la invitación para convocarle a los concejales municipales, para que vengan a dar su versión, también de las denuncias, y luego estaremos convocando al intendente Miguel Prieto”, adelantó, este jueves, en entrevista a La Nación/Nación Media.

Con relación a la convocatoria a las autoridades de la Contraloría General de la República (CGR) para exponer sobre el informe que llevó al pedido de intervención por parte del Poder Ejecutivo, Aguilera refirió que el informe es bastante completo, por lo que el llamado estaría demás. También adelantó que se podría realizar una visita in situ a la sede municipal para constatar las denuncias.

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“La Cámara cuenta ya hoy en día con el dictamen emitido por la Contraloría General de República, así que estaría ya demás invitarlo a él (contralor Camilo Benítez). Sí a pedido de los miembros de la comisión, si ellos lo sugieren y creen conveniente, también iríamos hasta Ciudad del Este para ver in situ, cotejar las denuncias que hay respecto determinadas obras, sobrefacturaciones y demás denuncias existentes”, sostuvo el legislador en conversación con LN.

Una vez que se realicen todas las convocatorias y la eventual verificación in situ, ya estará emitiendo el dictamen final. “Luego, ya estaríamos elevando un dictamen que pondríamos a consideración del plenario de la Cámara de Diputados, para que la Cámara tome la decisión de si interviene o no la municipalidad. Calculamos un plazo de dos semanas que va estar en funcionamiento de esta comisión y luego ya va quedar en manos de la Cámara”, señaló el diputado.

Por otra parte, se refirió a la posible renuncia de Prieto a la intendencia y afirmó que mientras no exista nada oficial no se puede evaluar si esto afectaría o no el trabajo de la Comisión de Intervención. “No quiero hablar de supuesto porque es una información que no es oficial, sí escuché versiones, pero si es que no sucede no quisiera emitir ningún tipo de opinión”, sentenció.

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La Junta Municipal de Ciudad del Este sesionará de forma extraordinaria este jueves a las 14:30, en medio del pedido de intervención a la administración del intendente opositor Miguel Prieto, para el cual se conformó una comisión en la Cámara de Diputados.

Esta convocatoria desata como rumor la posibilidad de que el líder del movimiento Yo Creo presente su renuncia al cargo de jefe comunal.

Esto toma fuerza teniendo en cuenta las afirmaciones del concejal Pedro Acuña, quien funge como uno de sus principales aliados. “Muchas veces dar un paso atrás es solamente para tomar impulso”, afirmó a través de sus redes sociales oficiales.

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No obstante, Prieto había indicado días atrás, mediante una conferencia de prensa en el Congreso Nacional, que no renunciaría al cargo, teniendo en cuenta que el requerimiento de intervención de la Contraloría forma parte de una supuesta persecución política, según la narrativa que sostiene con sus aliados, pese a 49 denuncias penales de exfuncionarios y la confesión de nepotismo del jefe comunal en TV.

En el orden del día se detalla que la convocatoria surge con la “necesidad de tratar diversos puntos de importancia para el municipio”, y establece entre sus primeros puntos la lectura de mensajes de la Intendencia Municipal, así como la consideración de dictamen de comisiones asesoras permanentes.

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En sesión ordinaria, la Cámara Baja aprobó con modificaciones el proyecto de ley “de protección de datos en el Paraguay”. Tras el visto bueno de la mayoría de los diputados presentes en la sesión, la iniciativa será remitida a la Cámara de Senadores para su análisis.

“Desde la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros, hemos analizado el proyecto en el panorama digital contemporáneo, donde la información personal fluye con una rapidez sin precedentes y la necesidad de protección legal robusta se vuelve ineludible. El presente proyecto de ley de protección de datos surge como una respuesta directa a esta apremiante realidad reconociendo la creciente exposición y vulnerabilidad de los datos de nuestros ciudadano”, expresó el diputado Néstor Castellano.

De acuerdo a lo que expuso el legislador, la legislación vigente en torno a la protección de datos quedó muy rezagada ante las dinámicas tecnológicas actuales, por lo que esta propuesta legislativa, busca llenar el vacío existente, estableciendo un marco normativo modelo, alineado a estándares internacionales y que permitirá a los ciudadanos tener un control efectivo sobre su información personal.