Tras la aprobación en general del proyecto de ley propuesto por los senadores del pacto Abdo-luguista y el gremio de camioneros, los diputados de Honor Colorado anunciaron su rechazo a la propuesta que estipula el costo operativo y el precio mínimo del flete.
El diputado Basilio “Bachi” Núñez sostiene que no está en contra de los gremios de camioneros, pero sí en contra de los senadores que sacan provecho de ellos. “No estoy en contra de los camioneros agremiados, pero estoy en contra de políticos que los manipulan, perjudicando a la ciudadanía, productores, comercios e industriales”, expresó.
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Cuestionamientos
Núñez, líder de la bancada de Honor Colorado en la Cámara Baja, dejó claro que el sentido de su votación será en contra de la inconstitucionalidad y reafirma su postura político-económica sobre el mecanismo de determinación de precios. “Mi voto será por lo constitucional y que sea regulado por la oferta y demanda”, aseveró en su cuenta de Twitter.
A su vez, el también diputado de Honor Colorado, Walter Harms, cuestionó con ironía el proyecto de ley. Sostiene que de aprobarse, dejará un precedente que permitirá legítimamente a cualquier ciudadano bloquear las rutas para ser beneficiado con utilidades determinadas por el Senado.
“Si se aprueba esta ley, tenés todo el derecho de cerrar rutas para reclamar. Espero que en Diputados corrijamos este despropósito”, respondió Harms a un internauta que vende artesanías e irónicamente pidió un 20% de ganancia y propuso cerrar rutas, como lo hace el gremio de camioneros que sitia la capital.
Irónicamente Harms expresó: “¿Si proponemos una ley que obligue a los dueños de toritos a vender sus animales con 20% de descuento? Digo… por ahí hablamos con algunos senadores, cerramos las rutas y conseguimos. Están caros los toretones”. De esta forma los diputados expresan sus posturas personales respecto al proyecto.
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“Lo usa como elemento”: la dura respuesta de viuda de Marcelo Pecci a Miguel Prieto
La periodista Claudia Aguilera, viuda del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, lamentó este viernes la utilización del nombre de su esposo en el marco de una campaña política electoral que viene realizando el destituido exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, en medio de varios procesos judiciales que lo acorralan por presuntos hechos de corrupción.
“Creo que debe haber honestidad cuando en tu narrativa utilizás elementos, porque al final lo que él hace al nombrar a Marcelo Pecci es usarlo como elemento, pero se trata de una persona finalmente que merece justicia y que también merece respeto su memoria, y que tiene que ser un ejemplo también para todo un país en lo que hace a mejorar la justicia y el servicio público”, expresó Aguilera en respuesta a Prieto, quien ayer visitó su programa en la 1020 AM.
El domingo 30 de agosto, Prieto apareció en un evento político en Caacupé con un chaleco de protección, lo que llamó la atención. Al día siguiente, al acudir a la apertura de su primer juicio oral y público en el Palacio de Justicia, en Asunción, fue consultado por los medios del por qué utilizaba el chaleco, a lo que contestó: “Yo no necesito recibir una amenaza para comenzar a cuidarme. A Pecci nadie le avisó: ‘ey, te vamos a matar’. Temor no hay, no soy estúpido nomás”.
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Antes que retractarse de sus dichos, pese a los cuestionamientos, Prieto volvió a mencionar y compararse con Pecci en un programa televisivo-radial, en el cual se encontraba la viuda del fiscal, Claudia Aguilera. El detalle fue que Prieto no reconoció a Aguilera y siguió utilizando el nombre de su esposo, asesinado en Colombia en mayo de 2022 durante una luna de miel; como parte de su narrativa política.
Tras esta situación, Claudia lanzó un mensaje a través de la 1020 AM, no solo a Miguel Prieto, sino a los políticos que utilizan el nombre de su esposo: “Le pido también a todos los políticos sean colorados, liberales u opositores, y referentes sociales, no usar de manera tan ligera, con tanta tibieza el nombre de Marcelo Pecci, porque no se lo merece”.
Situación incómoda
También se refirió a la situación incómoda con Prieto, que ni siquiera logró reconocerla como la viuda de la persona a la que estaba citando. “El lunes ya me di cuenta que el nombre de Marcelo Pecci está en la narrativa de Prieto, y le pido a él, y también a todos que si van a mencionarlo, conozcan bien su historia, su trayectoria, lo que le tocó vivir como operador de justicia y, por sobre todo, no comprometerse con su familia, con las personas que sobrevivimos ese atentado y la gente que lo sigue sufriendo, sino con la justicia que él se merece”, apuntó.
“Yo soy una periodista, se puede conocer quién soy y quién no soy también, pero a mí lo que me importa es que se respete a Marcelo Pecci y que no se utilice su nombre en vano”, concluyó Claudia Aguilera.
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Asegurados rechazan proyecto que elimina Consejo del IPS: “Tiene carácter populista”
La Asociación de Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) rechaza el proyecto de ley para reformar la gobernanza y el Consejo de Administración de la previsional. La propuesta fue presentada en agosto pasado por el diputado de la disidencia colorada Daniel Centurión y fue girada a cuatro comisiones asesoras para su dictamen y posterior estudio en el pleno.
Según desde la asociación, el planteamiento de la iniciativa se centra específicamente en la eliminación del consejo y el otorgamiento de superpoderes al titular del IPS. “Realmente es una orientación preocupante la que plantean estos proyectistas y yo creo que tiene un carácter populista teniendo en cuenta la preponderancia que tiene la figura del doctor Isaías Fretes y que, en cierta forma, hay sectores que opinan que incluso hay una traba de parte del el resto del Consejo Administrativo para que él pueda llevarse adelante su gestión”, indicó el presidente de la asociación, Julio López, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
López manifestó también que “el criterio de la producción legislativa no puede basarse en cuestiones concretas coyunturales. La eliminación de una instancia colectiva como es el consejo administrativo versus lo que representa la concentración unipersonal en un presidente que sería el único responsable y el único que tendría poder de decisión tanto ejecutiva como administrativa sería el presidente del ente, nombrado por el presidente de la República”.
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Agregó que la propuesta no aborda el problema fundamental que tiene el IPS y que se centra en su esquema de gobernanza. “Todos aquellos temores que tenemos acerca de la corrupción, impunidad, ineficiencia, prebendarismo y otros males, recayendo en una sola persona, esto se potenciaría. Nosotros insistimos que una instancia colectiva siempre es mucho mejor porque garantiza un nivel de participación más real”, manifestó.
López señaló que “nosotros sí creemos que debe haber una reforma sobre la gobernanza y la modificación que se puede impulsar debería apuntar a una participación real de los jubilados y trabajadores activos en la administración y dirección del ente”.
Mencionó que para dicho proceso será necesario cambiar el método de elección de los miembros del Consejo de Administración. “Esto deberá ser a través de un mecanismo que garantice unas elecciones transparente, democrática y fundamentalmente que sea elegido por sus pares”, sentenció.
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Crean comisión para investigar al IPS y al Ministerio de Salud
La comisión especial queda habilitada para iniciar las tareas de investigación, seguimiento y esclarecimiento de las irregularidades detectadas en ambas instituciones sanitarias.
- HOY.COM.PY
La Cámara de Senadores oficializó la designación de los legisladores que integrarán la comisión especial de investigación encargada de indagar presuntos actos punibles de corrupción detectados en el Instituto de Previsión Social (IPS) y en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
A través de la Resolución N.º 2944, firmada ayer 2 de setiembre, se estableció que el equipo estará conformado por los senadores Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland, Natalicio Esteban Chase Acosta, Antonio Carlos Barrios Fernández, Lizarella Valiente de Rodríguez, Lilian Graciela Samaniego González y Esperanza Martínez de Portillo. La resolución cuenta además con el refrendo del secretario general, Antonio Z. Sánchez O.
Esta medida se fundamenta en la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto el pasado 12 de agosto de 2026 mediante la Resolución N.º 1903, norma por la cual se creó formalmente dicha instancia legislativa. Con la conformación definida, la comisión especial queda habilitada para iniciar las tareas de investigación, seguimiento y esclarecimiento de las irregularidades detectadas en ambas instituciones sanitarias.
SOLICITUD PARA LA CREACIÓN
La solicitud para la creación del bloque surge en el marco de la causa judi cial que investiga irregularidades y adendas en contratos adjudicados a la firma Neighpart SA para la instalación de quirófanos modulares que no se concluyeron. De acuerdo a la investigación fiscal, las obras fallidas ocasionaron un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones a la previsional. El caso derivó en la imputación de los expresidentes del IPS Jorge Brítez y Vicente Bataglia.
ACUSADOS
La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado. Asimismo, el informe y dictamen sobre las finanzas públicas correspondiente al año 2025 realizado por la Contraloría General de la República (CGR) y entregado el pasado lunes al Congreso Nacional. En el documento se expone que el IPS es la institución más desordenada del Estado paraguayo debido a la gran cantidad de irregularidades.
Entre los casos detectados por la Contraloría que luego deberán ser remitidos al Ministerio Público figuran, por ejemplo, presuntas irregularidades por G. 600.000 millones entre medicamentos adquiridos y entregados, pagos por más de G. 50.000 millones a más de 11.000 jubilados fallecidos, situación que ya fue advertida y la utilización de cuentas judiciales para realizar compras fuera del control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). “Hay mucha tela que cortar”, puntualizó Basilio Núñez.
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Oposición traba integración de comisión para investigar casos de corrupción en IPS y Salud
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, recriminó la falta de interés por parte de la oposición para integrar la comisión especial de investigación de la Cámara Alta con la finalidad de dar seguimiento a las denuncias de presuntos hechos de corrupción en el Instituto de Previsión Social (IPS) y en el Ministerio de Salud Pública.
“No se conforman porque hay bancadas de la oposición que no envían la lista de sus representantes, yo no puedo actuar de niñero para los colegas. Se le puede dar a la oposición para que presidan la comisión, pero si no se anotan cómo le daremos”, indicó el legislador, este miércoles, a los medios de comunicación, antes de la sesión del Senado.
La creación de una comisión especial de investigación fue propuesta desde la bancada del movimiento Honor Colorado, que además ya definió la nómina de sus representantes, que son los senadores Natalicio Chase, Antonio Barrios y Lizarella Valiente.
La solicitud para la creación del bloque surge en el marco de la causa judicial que investiga irregularidades y adendas en contratos adjudicados a la firma Neighpart S.A. para la instalación de quirófanos modulares que no se concluyeron.
De acuerdo a la investigación fiscal, las obras fallidas ocasionaron un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones a la previsional. El caso derivó en la imputación de los expresidentes del IPS, Jorge Brítez y Vicente Bataglia.
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La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.
Asimismo, el informe y dictamen sobre las finanzas públicas correspondiente al año 2025 realizado por la Contraloría General de la República (CGR) y entregado el pasado lunes al Congreso Nacional. En el documento se expone que el IPS es la institución más desordenada del Estado paraguayo debido a la gran cantidad de irregularidades.
Entre los casos detectados por la Contraloría que luego deberán ser remitidos al Ministerio Público figuran, por ejemplo, presuntas irregularidades por G. 600.000 millones entre medicamentos adquiridos y entregados, pagos por más de G. 50.000 millones a más de 11.000 jubilados fallecidos, situación que ya fue advertida y la utilización de cuentas judiciales para realizar compras fuera del control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). “Hay mucha tela que cortar”, puntualizó Núñez.