La Cámara de Diputados de Brasil aprobó ayer miércoles una ley que amplía las obligaciones de las plataformas digitales para proteger a los menores en redes sociales, en medio de un escándalo de presunta explotación sexual infantil por un conocido influenciador. El texto obliga a las empresas a hacer verificaciones de edad más estrictas y a vincular las cuentas de menores de 16 años a las de sus padres, entre otras disposiciones.

La regulación de las redes sociales es un asunto especialmente espinoso en Brasil. El presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva dijo esta semana que la “sociedad estará bajo constante amenaza sin la regulación de las Big Techs”. En tanto, la oposición de derecha acusa al gobierno y a la justicia de querer “censurar” las plataformas.

El texto fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara baja semanas después de un escándalo de presunta explotación sexual infantil por parte de Hytalo Santos, un influenciador que divulgaba en Instagram contenidos con menores semidesnudos en danzas sensuales. En adelante, las redes “deben comunicar los contenidos de aparente explotación, abuso sexual” a las autoridades brasileñas.

Lea más: Insólito traslado de histórica iglesia de madera para evitar su derrumbe

También deberán vincular las cuentas de niños y adolescentes a las de sus padres, quienes podrán controlar quiénes se comunican con sus hijos y cuánto tiempo los menores usan las plataformas. Las redes tendrán que “monitorear y restringir, dentro del límite de sus capacidades técnicas, la exhibición de contenidos que tengan como objetivo evidente atraer a los niños”, agrega el texto.

Atendiendo pedidos de expertos, el parlamento vetó la autodeclaración de edad como mecanismo de control para entrar a sitios web que ofrezcan contenido para adultos. También exige a las redes sociales “mejorar continuamente sus mecanismos de verificación de edad para identificar cuentas gestionadas por niños”.

Lea también: El dueño de los Labubu quintuplica ganancias en el primer semestre

Las plataformas que incumplan estas disposiciones serán sancionadas con multas que pueden llegar a 50 millones de reales (unos 9 millones de dólares), suspensiones o, en casos de reincidencia, “prohibición”. La ley entrará en vigor un año después de que el presidente la sancione. Por ahora, debe volver al Senado para su definitiva aprobación.

Brasil, con 212 millones de habitantes ultraconectados, ha sido uno de los países más activos en la regulación de las redes sociales. El año pasado, la justicia suspendió durante 40 días la red social X por ignorar una serie de decisiones relacionadas con la lucha contra desinformación. En junio la corte suprema votó para que haya mayor responsabilidad de parte de las empresas tecnológicas sobre los contenidos publicados por los usuarios. Desde entonces las plataformas tienen el deber de retirar contenidos ilícitos por su propia iniciativa, sin necesidad de intervención judicial.

El lunes el gobierno le pidió a Meta- casa matriz de Instagram, Facebook y WhatsApp, entre otras- que elimine de sus plataformas a chatbots que aparentan ser niños, pero son capaces de hacer insinuaciones sexuales, luego de detectar una “proliferación” de estos robots.

La iniciativa para endurecer los controles fue aprobada en un momento de crisis diplomática y comercial con Estados Unidos, en la que la regulación de redes sociales también entró en conflicto. El presidente estadounidense, Donald Trump, acusa a Brasil de “ataques” a “las empresas estadounidenses de redes sociales”.

En una decisión similar a la que tomó contra X, a principios de 2025 el supremo ordenó suspender la plataforma de videos Rumble porque se negaba a bloquear la cuenta de un brasileño residente en Estados Unidos. Trump le impuso aranceles del 50% a la mayor economía latinoamericana, en parte, por estas sanciones y por el juicio contra su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de golpismo.

Fuente: AFP.

La policía brasileña aseguró que el expresidente Jair Bolsonaro planeó pedir asilo al mandatario argentino Javier Milei en 2024, según un informe en el que solicitó imputarlo a él y a su hijo por un presunto intento de obstruir un proceso judicial en su contra.

La corte suprema de Brasil debe dar entre el 2 y el 12 de setiembre su veredicto sobre la inocencia o culpabilidad de Bolsonaro en un juicio por un supuesto intento de golpe de Estado en 2022.

En el celular del expresidente se halló un documento consistente en “un pedido de asilo político” a Milei, fechado poco después de que la policía lanzara su investigación por golpismo en febrero de 2024, según el documento policial.

• Fuente: AFP

Lea más: Argentina: diputados rechazan veto de Milei a fondos para discapacitados; falta el Senado

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) tiene el plazo de 10 días hábiles para convocar a la elección del intendente para completar el mandato en Ciudad del Este, que se contabiliza desde el 19 de agosto, tras recepcionarse la notificación de la Cámara de Diputados sobre la destitución de Miguel Prieto, explicó Luis Alberto Mauro, director de Comicios Electorales, de acuerdo a la Ley 834, Código Electoral.

“Ayer (martes) recibimos de la Cámara de Diputados la notificación que oficializa y nos permite a nosotros hacer la convocatoria a elecciones en Ciudad del Este. Se establece el procedimiento (del Código Electoral) cuando se producen destituciones de gobernadores y de intendentes, y ahí muy claramente se señala que la Justicia Electoral, al recibir la notificación, que fue ayer, tiene 10 días para realizar la convocatoria”, detalló Mauro, este miércoles, en entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“En esta misma ley, en su artículo 154, también dice que después de los 10 días deben pasar 40 días para realizar las internas simultáneas de todos los partidos y movimientos que deseen participar de las elecciones. Después de las elecciones internas deben pasar otros 40 días para las elecciones municipales en sí”, señaló el director de Comicios Electorales.

Dentro de ese plazo de diez días hábiles se debe establecer un cronograma electoral y realizar la convocatoria. Para inicios de octubre se abrirá un periodo de 40 días para la realización de internas partidarias, y otros 40 días para las municipales, previstas en noviembre o diciembre. Todo este proceso debe durar 90 días. En tanto, el TSJE programó las elecciones municipales ordinarias para el 4 de octubre de 2026, con internas previstas el 7 de junio de 2026.

Te puede interesar: Junta de CDE definirá al intendente interino entre este miércoles o mañana

Por otra parte, Mauro explicó que estas elecciones se realizarán con boletines de votos, pese a que la ley vigentes es la 6318/2019, que establece el voto electrónico, pero en la misma queda claro que las máquinas de votación se aplican sobre todo cuando existen candidaturas plurinominales, concejalías, diputados, senadores, porque se trata de una lista desbloqueada.

“Cuando se trata de cargos unipersonales, que es este caso, porque se elige un solo cargo, un intendente, se puede utilizar los boletines de votos. De hecho, esto ya lo hicimos hace unos años en Villarrica, donde se produjo una situación similar, al final se presentó un solo candidato, pero lo hicimos con boletines de votos. Estamos habilitados a usar los boletines de votos y en estas elecciones de Ciudad del Este, y también si se produce la misma situación en Asunción”, puntualizó.

Leé también: Chicanas de Prieto impiden el avance de sus causas judiciales, afirma fiscal Corbeta

Artículo 154 (​modificación por Ley n.º 1.890/02): Destitución de Gobernadores e Intendentes. En caso de destitución de gobernadores e intendentes, la convocatoria a elecciones para cubrir la vacancia deberá ser efectuada dentro de los diez días de producido el hecho y las elecciones deberán realizarse dentro de los ochenta días posteriores a la convocatoria. Los partidos y movimientos políticos elegirán sus candidatos a gobernadores e intendentes en elecciones que se realizarán en forma simultánea, el día domingo ubicado entre los cuarenta y cuarenta y seis días antes de la fecha de elección señalada en la convocatoria respectiva.

Artículo 255.- En caso de ausencia no justificada por más de treinta días, renuncia, inhabilitación o muerte de un intendente municipal, el Presidente de la Junta Municipal asumirá interinamente las funciones de aquél y convocará a sesión de la misma, en la cual mediante el voto secreto de cada uno de sus miembros, se elegirá de entre los mismos un nuevo intendente municipal para completar el período, cualquiera sea el tiempo que haya transcurrido desde la elección.

Artículo 257.- El intendente municipal no podrá ser reelecto en el cargo, en el período inmediato siguiente. Quedan excluidos de esta prohibición los concejales municipales o ciudadanos que hayan sido designados o electos para llenar una intendencia vacante, siempre que renunciaren al cargo por lo menos seis meses antes de la elección. Los miembros de las Juntas Municipales podrán ser reelectos.

El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, lamentó la férrea defensa que sigue ejerciendo la oposición al destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El líder del movimiento Yo Creo fue apartado ayer del cargo mediante una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, tras graves irregularidades confirmadas por una intervención.

“Los opositores que quieren ser gobierno defendieron hechos de corrupción que fueron verificados, constatados; en vez de llevar en alto la bandera de la transparencia. La ciudadanía con todo esto sacará sus conclusiones. Con esto se ve la incoherencia de estas personas“, sostuvo Núñez en una entrevista con el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal.

Entre los principales hechos de corrupción que motivaron la destitución de Prieto figuran el uso de comisiones vecinales para saquear el dinero de la comuna, las cuales, según el interventor Ramón Ramírez, eran “simples fachadas”. Otro de los puntos guarda relación sobre el uso de los recursos canalizados mediante el Consejo Local de Salud, entre el 2019 y 2022, que alcanzaron más de G. 10.500 millones, que demuestran serios incumplimientos a las normativas vigentes.

Lea también: Elecciones en CDE: internas simultáneas serían en la primera semana de octubre

Asimismo, el senador comentó que “un total de 50 denuncias tiene Miguel Prieto. Ojalá la Fiscalía General de Estado y el Poder Judicial no se presten a las chicanas. En su gestión hubo robos asquerosos con protección de un gran sector mediático“.

“La caída de Prieto ya era algo anunciado, él cometió varios tipos de corrupción, esto iba a llegar más temprano que tarde. Yo celebró porque no debemos olvidar que fue un intendente corrupto que robó durante la pandemia mediante la compra de víveres”, repudió Núñez.

En el informe final de la intervención, a cargo del economista Ramón Ramírez, se refiere que G. 6.000 millones se destinaron a obras y refacciones que fueron ejecutadas sin ningún tipo de control técnico ni administrativo, lo que impide determinar si esas inversiones realmente se realizaron como figuran en las facturas presentadas, o siquiera si se hicieron.

Lea también: Chicanas de Prieto impiden el avance de sus causas judiciales, afirma fiscal Corbeta

Entre las irregularidades detectadas durante la gestión de Prieto se encuentra una presunta malversación por G. 29.000 millones. El desfalco guarda relación con dinero que debía destinarse en obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas, según reveló el economista Ramírez.

Prieto contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones, que estaba asignada al financiamiento de gastos de capital. Ramírez también presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público, luego de detectar la presunta existencia de una caja paralela, cuyos recursos fueron recaudados por diferentes impuestos, sin embargo, no ingresaron finalmente a las arcas de la comuna. Señaló que existiría un daño patrimonial de unos G. 75 millones que no registraron entrada a Tesorería.