El experto en materia del sistema financiero y derecho bancario, el abogado Carlos Palacios, y la periodista de investigación de Nación Media, Rosana Escobar, coincidieron en señalar que existen mecanismos para indagar y comprobar si el expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira podrían ser o no los beneficiarios finales de los 21 millones de dólares distribuidos en dos cuentas bancarias en las islas Seychelles, según publicó el portal argentino PeriodismoyPunto.

Durante el programa “Fuego Cruzado”,que se emite por canal GEN/Nación Media, analizaron las evidencias que fueron expuesta por la investigación del portal de noticias que encabeza el periodista argentino Luis Gasulla, respecto a dos cuentas bancarias depositadas por dos empresas cuyos beneficiarios finales serían el exmandatario y su esposa.

Palacios señaló que, aparentemente, estos fondos no figurarían en la declaración de bienes del exjefe de Estado. Por lo tanto, señaló que, en principio, parecería una situación de ocultamiento de activos, escenario que configuraría un eventual hecho de enriquecimiento ilícito.

A su turno, la periodista Rosana Escobar, quien llevó adelante una investigación profunda sobre las empresas de Mario Abdo Benítez vinculadas al tema asfalto; señaló que hay mucha similitud en el manejo del dinero con relación a los depósitos en las islas Seychelles, encontrando un mismo modus operandi en el manejo financiero,

“Parece que es la misma práctica que hizo acá en Paraguay, porque acá la fortuna que amasaron sus empresas en el país no se ve reflejada en su declaración jurada, sino que se fueron a esos fondos de reserva. Hasta ahora nadie sabe dónde están, dónde hubo movimientos tampoco, y que están constituidas en un gran porcentaje por deudas también; deudas infladas que los proveedores o los clientes suyos no reconocen”, explicó la periodista.

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Al respecto, el doctor Palacios explicó que el tema de los paraísos fiscales antiguamente se constituían con facilidad mediante acciones al portador; pero luego de la crisis financiera del 2008, obligó a las compañías bancarias a nominar a quienes constituían las empresas.

A partir de entonces, indicó que todas aquellas personas que no querían revelar su identidad constituían sociedades con otras sociedades, armando unos esquemas de sociedades por capas; buscando siempre de ocultar la verdadera identidad del dueño o del beneficiario final. Es así que las legislaciones se fueron ajustando y es así que surge la figura del “beneficiario final”.

“Es como una pirámide, sin aparecer en ella, la persona que aparece como accionista en la sociedad puede no ser el beneficiario final de esa empresa, porque por encima de la que figura como primera dueña puede haber otros dueños hasta llegar a una persona física de carne y hueso, que finalmente se puede identificar como la persona que controla o que es titular de los activos que existen en esta sociedad”, comentó Palacios.

La periodista Escobar como el experto jurídico en finanzas señalaron que existen los elementos y herramientas para que el Ministerio Público inicie una investigación, ya que la publicación periodística accedió a datos bastante concretos y específicos, como, por ejemplo, los nombres de estos dos bancos, que efectivamente existen, operan y están habilitados para funcionar en Seychelles. Además de números de cuenta, los nombres de las sociedades titulares y movimientos de los depósitos o transferencias que se recibieron.

“No se trata de una información vaga sino de una información concreta que puede perfectamente servir como punta del ovillo para que el Ministerio Público inicie una investigación con toda seriedad. Ahora, que la persona afectada haya salido rápidamente a desmentir en forma directa y a través de sus abogados, esa es la dinámica que existe cuando hay una revelación de la posible existencia de un delito”, comentó Palacios.

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Asimismo, Palacios señaló que la Fiscalía y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) cuentan con las herramientas como para iniciar esa investigación mediante la cooperación con los grupos de unidades de inteligencia financiera de diversos países.

Indicó que justamente la República de Seychelles, en su afán de salir de la lista gris de paraísos fiscales, desde hace unos años ha formado parte del Grupo Egmont, que es el organismo internacional que permite la cooperación e intercambio de inteligencia entre las unidades inteligencia financiera de varios países, incluido también Paraguay.

“Esta información no es pública, la base de datos para saber quiénes son los titulares o los beneficiarios finales de las empresas constituidas en esa jurisdicción solamente se pueden acceder a través de estos mecanismos oficiales; por eso la responsabilidad recae yo creo que en la Seprelad y fundamentalmente en el Ministerio Público”, insistió Palacios.

Agregó que la Seprelad podría estar guardando el debido sigilo, no como ocurrió en otros casos durante el gobierno de Abdo, pero ya debería estar tramitando de manera oficial la investigación. “Ahora, si la información llega a recibirse y confirma la existencia de estas cuentas, ahí si esta investigación cobraría fuerza y podría derivar eventualmente en una imputación contra el expresidente”, puntualizó.

Por su parte, Rosana Escobar recordó que la investigación de la Fiscalía sobre eventual enriquecimiento ilícito de Mario Abdo lleva ya un año, sin tener noticias de avance en la investigación.

“Lo que tiene que hacer, reitero, la Fiscalía es sencillo, es revisar las cuentas bancarias, así nomás, es donde está la plata, dónde se fue, uno puede ponerle todo el ropaje que quiera, el concepto que quiera, financieramente hablando, pero hay que revisar dónde está la plata, nomás, sencillo, va a la cuenta y ya está”, acotó.

La Contraloría General de la República se encuentra analizando posibles acciones ante la supuesta fortuna no declarada del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez. Así lo confirmó el director de Declaraciones Juradas, Armindo Torres, a La Nación/Nación Media.

“Si esto se constata, si esto es verdad, estaríamos ante un caso de declaración falsa y una intencionalidad de ocultar un enriquecimiento ilícito”, advirtió Torres, quien recordó que ya existe un análisis de correspondencia a Abdo que está suspendido actualmente, debido a los llamativos ingresos que obtuvo de sus empresas del rubro de la construcción.

El director también precisó que se había recurrido tanto al Ministerio Público como a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) de modo a obtener detalles sobre el fondeo a largo plazo de unas inversiones de las cuales la Contraloría no tenía detectado el origen y, por ende, se necesitaba indagar en ese aspecto en que no tiene potestad sobre empresas privadas.

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“Hemos escuchado que la Fiscalía abrió una investigación preliminar y, eventualmente, la Contraloría podría pedir algún informe a través de la Cancillería, pero eso sería mucho más lento, otras instituciones que tienen esos convenios internacionales como creo que es el caso del Ministerio Público que tienen ese canal, así como también la Seprelad, pero la Contraloría no tiene y estamos evaluando qué acciones tomar”, sostuvo.

Torres precisó que en la próxima semana tendrían más claridad sobre el caso y podrían solicitar informes a través del Ministerio Público de modo a poder avanzar en el examen de correspondencia, el cual puede seguir adelante, pese al blindaje con que cuenta Abdo por sus fueros como senador vitalicio.

Desde la Contraloría afirmaron que sería muy positivo poder tener claridad sobre esta supuesta fortuna oculta en Seychelles, noticia que trascendió a través una investigación periodística de Argentina. “Sería muy bueno para la República aclarar esta situación, inclusive para el expresidente, y si es así, que hay una cuenta con dinero, también seguir la ruta del dinero”, aseveró.

Los depósitos a cuentas que presuntamente tienen como beneficiarios finales a Abdo y su esposa Silvana López Moreira se habrían dado mientras el exmandatario aún estaba en función de gobierno, por lo que, para la Contraloría, es importante saber de dónde provinieron esos fondos que hoy estarían descansando en un paraíso fiscal, de acuerdo a la investigación de PeriodismoYPunto. “Hoy día hay mecanismos con que se puede seguir la ruta del dinero”, dejó en claro Torres.

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Los productores y el Gobierno se encuentran en pleno debate acerca del momento en el que se debe dejar de vacunar contra la fiebre aftosa y dar el salto al máximo estatus sanitario: el de país libre de aftosa sin vacunación.

En general, tanto el sector productivo como el industrial y el Gobierno están de acuerdo en avanzar en el estatus, pero discrepan en términos de plazos.

El sector público considera que las condiciones están dadas para dar un paso adelante y dejar atrás casi 60 años de inmunización, de los cuales en los últimos 12 años se realizó de forma sistemática, según explicó a La Nación/Nación Media el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin.

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El principal argumento en favor del cese de la vacunación es que países de la región como Bolivia y Brasil ya se encuentran con el máximo estatus sanitario y no tienen circulación del virus de la aftosa, mientras que en Paraguay también la circulación es nula, lo que propicia, según el titular de Senacsa, el escenario correcto para dar el salto.

La entidad maneja un cronograma que apunta a que el 2026 sea el último año de vacunación antiaftosa, para luego proceder a un monitoreo de 24 meses en los que, de no ocurrir escenarios adversos, se podrá presentar en 2027 los resultados ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), que validaría el máximo estatus para Paraguay en 2028.

Martin considera que tal estatus es coherente con el trabajo realizado tanto por el Senacsa como el sector privado, que desde el último brote en 2011 trabajó de forma más profesional y científica, con resultados a la vista.

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“Venimos trabajando con el sector privado de manera muy seria y con base técnica, en base a ciencia, hace alrededor de 12 años. Entendiendo que en estos 12 años se ha mejorado muchísimo y los planes de vacunación son procesos finitos”, explicó a LN.

Igualmente, recordó que en todo el continente, tanto América del Norte como América del Sur, el 85 % del ganado se encuentra inmunizado y en Paraguay, alrededor del 95 % se encuentra vacunado, por lo que insistió que en el país, la circulación viral es nula.

Desde la academia, la decana de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, la doctora Viviana María Ríos Morínigo, explicó que tienen una postura técnica a favor, pero consideró importante un consenso con el sector productivo y con un plan bien diseñado con principios técnicos y científicos.

“Hay evidencia de que no hay una circulación activa y yo creo que hay posibilidad ahora de invertir los esfuerzos que se están haciendo a nivel nacional, ya sea en vigilancia pasiva y activa, o desde el punto de vista del control de los hatos para hacer una detección temprana y demás”, dijo a LN.

Mencionó que la vacuna no incide en absoluto en la calidad de la carne, ya que su función es meramente de inmunizar a los animales contra el virus de la fiebre aftosa.

Igualmente, señaló que al dejar de concentrar esfuerzos en la aftosa, los recursos podrían centrarse más en otras enfermedades como la brucelosis, que es una zoonosis, es decir, es transmisible a los humanos.

“La aftosa no es una zoonosis. La aftosa tiene una repercusión en el precio del ganado y en los mercados, pero no se transmite al hombre. O sea, el hombre no sufre de aftosa. A diferencia de la brucelosis, que tiene repercusiones importantes en la salud humana, es transmitida por la leche, por ejemplo, o por el contacto con carne no bien cocinada”, explicó.

Daniel Burt, gerente general de la Cámara Paraguaya de la Carne, señaló que están de acuerdo con la postura de Senacsa, pero coincidió en que la decisión no podría ser tomada sin un consenso con todos los actores.

Recordó que en 2011, durante el último brote de aftosa en el país, se comprometió el estatus internacional y se afectaron las exportaciones, por tanto, consideran vital agotar las instancias de diálogo para garantizar procesos bien definidos y una evaluación costo-beneficio para el país.

Consultado sobre los beneficios comerciales del estatus de país libre de aftosa sin vacunación, Burt consideró que es relativo, ya que existen mercados en los que no es un requisito el máximo estatus.

“Categóricamente es una elevación de estatus y un reconocimiento sanitario internacional. Ahora, hay muchos otros factores que entran a jugar a la parte comercial, que hace que eso no sea una respuesta demasiado obvia. tenemos países en donde si hay una ventaja comercial y tenemos países donde no”, dijo a La Nación.

La Asociación Rural del Paraguay (ARP), que nuclea a los principales productores del país, tampoco se opone al plan, pero pide más tiempo para afianzar el proceso y convencer a la base productiva.

“Nuestra propuesta es mantener la vacunación hasta el 2030”, explicó a LN Mario Apodaca, vicepresidente de la ARP y presidente de Fundación Servicios de Salud Animal (Fundassa).

Apodaca afirmó que el estatus sanitario actual es óptimo, con animales sanos, con alta inmunidad y nula circulación viral. No obstante, mencionó que los ganaderos necesitan mayor confianza para dejar la inmunización, que resultó esencial para la producción durante décadas.

 “La vacunación le da seguridad al productor, y esa seguridad no se reemplaza fácilmente. Hay que fortalecer aún más la vigilancia, el banco de vacunas, las contingencias e indemnizaciones”, sostuvo.

En ese sentido, insistió en que están de acuerdo con alcanzar el máximo estatus sanitario, pero piden vacunar unos años más, evaluar el entorno internacional, principalmente de los países vecinos y luego avanzar. “Estamos totalmente de acuerdo con el objetivo, pero discrepamos en el plazo. Queremos llegar al 2030 con todos los deberes hechos, sin apuros”, añadió.

Hoy Paraguay exporta carne bovina a más de 50 países, incluyendo destinos exigentes como Israel, Taiwán, Chile y Estados Unidos, y la visión del Estado es consolidar la competitividad de la producción nacional con el máximo estatus sanitario.

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Tras un largo debate, la Cámara de Senadores aprobó con 26 votos a favor el proyecto de declara­ción que acompaña la inves­tigación de la Fiscalía e insta a las instituciones del Estado a profundizar y buscar acla­rar las denuncias periodísticas contra el expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa, Sil­vana Abdo, sobre supuestas cuentas millonarias en paraí­sos fiscales, específicamente en la isla Seychelles, África.

La propuesta tiene por acápite la declaración de la Cámara Alta, en acompañar la inves­tigación iniciada por el Minis­terio Público e insta a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o bienes (Sepre­lad), a la Contraloría General de la República y a la Direc­ción Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a iniciar de manera urgente y coordi­nada las investigaciones per­tinentes relacionadas con las publicaciones periodísticas que vinculan al expresidente, con la presunta existencia de cuentas offshore en las islas Seychelles por un monto apro­ximado de USD 21 millones”.

Esta propuesta fue finalmente aprobada con el apoyo de 26 senadores, en tanto, que 1 votó en contra, otros 8 se abstuvie­ron y se registró la ausencia de 4 senadores. La iniciativa fue aprobada con modificaciones planteadas en el plenario.

En mayo de 2021, el entonces presidente Mario Abdo Benítez firmó el Decreto N.º 5.324, mediante el cual el Estado paraguayo recono­cía oficialmente a Luigi Paolo Picollo como cónsul honorario de la República de Seychelles. ¿Para qué necesitaba Paraguay un cónsul de Seychelles, un país insular situado en el océano Índico?

Tras salir a la luz que Abdo Benítez y su esposa tendrían dinero en un paraíso fiscal, en redes sociales pronto comenzó a circular la copia del decreto presidencial, por la cual él se aceptaba y reconocía al el nuevo Consulado honorario de la República de Seychelles en nuestro país.

“Por supuesto que tendría­mos que llegar a instancias internacionales, no sería descabellado pedir ayuda al Departamento del Tesoro de los EE. UU., esto se tiene que investigar, llegar al fondo de la cuestión, ahora y siempre lo manifesté que el gobierno de Mario Abdo Benítez fue un gobierno cargado de corrupción”, expresó.

“Si como expresa Mario Abdo, y esto es falso, debe­ría enviar una solicitud a la entidad bancaria exigiendo que aclare la situación. Una nota firmada con puño y letra”, señaló.

“Por supuesto que me inte­resa saber si un expresi­dente de la República se llevó la mitad del país. Si hay indicios, la Fiscalía tiene que abrir una investigación de oficio y que se llegue al fondo de la cuestión. A todos los paraguayos nos interesa que haya claridad. Hacemos un llamamiento al fiscal general del Estado para saber si está enterado sobre este hecho, que tome las medidas correspondien­tes, analizar sea quien sea, tiene que investigar”.