El Contralor General de República, Camilo Benítez, presentó a la Comisión Nacional para el estudio y acompañamiento de las negociaciones de la revisión del Anexo C, los resultados del Examen Especial de la Deuda de la Itaipú Binacional solicitado por las Altas Partes Contratantes, el Brasil y el Paraguay. El contralor afirmó que durante 13 años (1986-1997), Brasil pagó por energía más barata y Paraguay dejó de percibir de US$ 1.700 millones, y le generó una deuda de US$ 4.193 millones.

El informe sostiene que, ante el enorme desequilibrio financiero en 1997 por la deuda por reducción al costo de energía para Brasil, se adquirieron más empréstitos y que el Paraguay los tuvo que pagar 50-50. Esto generó una deuda ilegal contraria al Tratado, sostiene Benítez. También generó una deuda vencida de US$ 4.193 millones a 1997, por la reducción de la tarifa por debajo del costo al Brasil, en violación al propio tratado, aseveró el contralor paraguayo.

Asegura con toda certeza que, si el Tribunal de Contas da União (TUC) del Brasil, audita la deuda de Itaipú “coincidirán absolutamente” con lo esgrimido por la Contraloría. “No tengo la más mínima duda de que si Itaipú, margen izquierda, remite este informe con todos sus antecendentes al TUC, ellos auditarían la deuda. La margen izquierda ha accionado para que el TUC no audite sus cuentas; y el Poder Judicial del Brasil impide al TCU auditarlos”, puntualizó.

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La Comisión Nacional para el estudio y acompañamiento de las negociaciones de la revisión del Anexo C analizó los resultados del Examen Especial de la Deuda de la Itaipú Binacional solicitado por las Altas Partes Contratantes. Foto: Gentileza.

Validez del examen especial

Sobre la validez del examen especial, Benítez indicó que las Altas Partes Contratantes en el 2009 encomendaron a la Contraloría General de la República su realización. La fiscalización tuvo dos avances, uno en el 2011 y otro en el 2012. Señaló que este último indica la generación de la deuda ilegal, como consecuencia de la reducción de la tarifa en contradicción al Anexo C del Tratado de Itaipú.

Benítez señaló que en el 2020, tras su designación como contralor, tomó la decisión de concluir el examen especial. En conjunto con el director financiero de la Itaipú Binacional, Mariano Domínguez, la directora de Entes Binacionales, Irene Cuevas, y la Contraloría se conformó un equipo. Asimismo, Benítez relató que presentó los avances al entonces director de Itaipú Paraguay, Ernest Bergen (quien renunció al cargo en enero de 2021), y remitieron toda la información necesaria.

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Generación de la deuda ilegal

El titular de la Contraloría indicó que, cuando se firmó el tratado en 1973 y se construyó la represa, fue necesaria la adquisición de una cantidad importante de préstamos para poder solventar la construcción. Los préstamos tenían una carga financiera de intereses que rondaban los 10% anuales que tenía que pagar Itaipú. La tarifa debía ser el costo de la energía en sí, y este costo está compuesto, entre otras cosas, por el costo operativo más la carga financiera, señaló Benítez.

Sobre la tarifa en sí, Benítez indica que existen muchas versiones sobre las intenciones de las fórmulas de cálculo de la tarifa que se aplicaron para pagar las deudas de Itaipú. Puntualizó que Brasil, en 1986, pidió que se le reduzca la tarifa de US$ 17,10 por kilowatt, porque la ciudadanía no estaba en condiciones de pagar. Se redujo la tarifa por debajo del costo para el Brasil durante 13 años (1986-1997) a US$ 10 por kilowatt.

Según el informe de Contraloría, desde 1985 a 1997, a excepción de 1991, “Itaipú aplicó tarifas inferiores al servicio de electricidad a pedido de representantes brasileños, alegando dificultades económicas y con la complacencia de los representantes paraguayos”, dejando de percibir US$ 1.700 millones y generando una deuda de US$ 4.193 millones “en contra de sus intereses y a favor de Eletrobrás”.

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