El abogado Juan Emilio Oviedo afirmó que los agentes fiscales que investigan al exmandatario Mario Abdo Benítez por las inconsistencias en sus declaraciones juradas, podrían anexar a la causa las informaciones sobre las supuestas cuentas bancarias ocultas en Seychelles que tendrían por beneficiarios finales al exjefe de Estado y su esposa Silvana López Moreira.

“Puede ser muy buena hipótesis. Por economía procesal, también es una investigación que pueda estar abierta, que pueda tener algún vínculo con los datos obtenidos por este periodista argentino para confirmar, descartar o revisar la información que pueda haber en el extranjero y que incidencia pueda tener dentro de la carpeta fiscal”, indicó el exfiscal de Asuntos Internacionales en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, aludiendo al informe de Luis Casulla publicado en el portal PeriodismoyPunto.

La Fiscalía impulsó la apertura de una investigación a Abdo Benítez en setiembre del 2024 debido a las inconsistencias detecta­das por la Contraloría Gene­ral de la República (CGR) en las extraordinarias ganancias que tuvieron, durante su mandato, la empresas distribuidoras de asfalto Aldia S. A. y Createc S. A., que lo vinculan entre sus principales accionistas.

“Eventualmente, esto sería una decisión de los fiscales de la causa (anexar las informaciones de las cuentas bancarias ocultas como un hecho nuevo) porque son ellos lo que tienen la teoría del caso, son los que tendrán que probar la existencia de un hecho punible a través de las evidencias que se incorporan no solo a nivel nacional, sino internacional”, comentó Oviedo.

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Asimismo, dijo que Paraguay y Seychelles son signatarios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, un tratado impulsado en el 2023 que permite la cooperación entre fiscalías generales. Agregó que Seychelles estableció reformas en el año 2022 que facilitan la entrega de datos financieros, incluso sobre beneficiarios finales, si el pedido cumple los requisitos legales.

“Esto también dependerá de la política criminal, de la persecución penal y de las informaciones o elementos que cuente el Ministerio Público, es una opción que tiene la institución de separar o unir causas, de armar equipos de investigación, de incorporar áreas especificas como de Asuntos Internacionales que tiene personal calificado para ello”, indicó el abogado.

El informe periodístico refiere que presuntamente se ocultó la millonaria suma de USD 21 millones, hecho que configura posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión en el caso de haberse omitido su mención de las declaraciones juradas.

La publicación periodística detalla que, con el número 3128614805, la primera cuenta se encuentra localizada en el banco MCB International y presenta la suma de USD 12.316.108,44. Esta cuenta fue abierta en noviembre del 2022, año en que el líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez, aún se desempeñaba como presidente de la República.

Detalla que la cuenta figura a nombre de la firma Star Capital Financial Services Limited y sus únicos autorizados serían Abdo Benítez y López Moreira. Mientras que la segunda cuenta tiene el número 29478391 y fue abierta en setiembre del 2023 a nombre de Exchange Contracts International Finance Limited, un mes después de finalizar su periodo como jefe de Estado. En junio del 2025, la cuenta presentaba un balance de USD 8.716.581,02, y también tendrían como beneficiarios finales a Abdo Benítez y su esposa.

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El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, Armindo Torres, confirmó que el órgano extrapoder halló puntos llamativos en el examen de correspondencia realizados a las empresas Aldia S.A. y Createc S. A. del rubro asfalto, vinculadas al exmandatario Mario Abdo Benítez.

“Nos percatamos de algunos puntos llamativos como ser que las ganancias se remitían desde el 2020 al 2022 en su totalidad a reservas operativas”, dijo el funcionario en una entrevista con el programa “Mina en casa”. Torres detalló que, en el año 2023, Abdo Benítez había solicitado a la institución la realización de un examen de correspondencia, hecho que permitió el hallazgo de varias incongruencias.

“Esto no es ilegal (remitir ganancias a reservas operativas), pero quisimos profundizar y solicitamos un segundo informe a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, ya que las reservas tienen que tener un fin y deben establecerse en las actas. Le consultamos a esta institución si tenía identificado el destino, si coincidían las ganancias con la facturaciones realizadas. La dirección nos contestó que ellos tampoco tienen el destino de las reservas, alrededor de USD 40 millones”, comentó.

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Torres detalló que el examen de correspondencia inició en el 2024 y que, por petición de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, las incongruencias fueron remitidas al Ministerio Público. Este hecho imposibilitó a la Contraloría finalizar el estudio sobre las declaraciones juradas de Abdo Benítez.

“No hubo disminución en las reservas y se detectó que la mayor cantidad de esas reservas estaban constituidas por deudores por venta. El punto llamativo era que esos deudores informaban que no tenían deudas con las empresas. Aunque no es nuestra competencia indagar a las empresas privadas, no podemos pasar por alto esta situación y no informar al Ministerio Público”, comentó.

Señaló que la petición de informes también fue realizada a otras instituciones como el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Todas las ganancias iban a reservas, pero, sin embargo, en el 2023 aparece una inversión a largo plazo de G. 40.000 millones que no tenía origen. Como Contraloría no pudimos detectar el origen de esos fondos teniendo en cuenta que todas las ganancias iban a reserva", indicó.

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El 90 % de las ganancias de ambas empre­sas de Abdo Benítez, equivalentes a G. 292.000 millones, fueron a fondos de reservas operativas; sin embargo, no existen movi­mientos que avalen la utili­zación para los fines constituidos, según el informe preliminar del organismo de control.

El 66 % de los montos declarados como fondos de reservas operati­vas equivalen a la cuenta de deudores por ventas. El activo declarado tanto por Aldia S. A. y Createc S.A. de deudas de sus clientes son muy superiores al detalle de las cuentas pasi­vas declaradas por sus clien­tes, en algunos casos hasta inexistentes, según el análi­sis de sus estados financieros.

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Carlos María Ljubetic, direc­tor de Procesos Electorales del TSJE, informó que se encuentran realizando prue­bas de verificación para la adquisición de las máquinas de votación, con miras a las próximas elecciones muni­cipales.

El funcionario electoral comentó que se presentaron tres empresas tecnológicas y cada una ofrece cinco dis­positivos a modo de oferta pública, según dijo en entre­vista con la 920 AM.

Señaló que estima la com­pra de 28.000 máquinas de la empresa elegida. Alrededor de unas 23.000 se utilizarán en las fechas establecidas, el resto se almacenará para con­tingencias y prever fallas.

Estas máquinas serán some­tidas a exhaustivos análisis y pruebas técnicas a fin de asegurar el cumplimiento de las condiciones estableci­das en las siguientes eleccio­nes internas partidarias esti­puladas para el año entrante, con fecha del 7 de junio y las elecciones municipales, el 4 de octubre.

“Si no cumplen (las exigen­cias), ya no se abre la oferta económica de la empresa, solo de aquellas que sí cumplen todos los requisitos. Los cos­tos dependerán de la oferta que realice cada empresa”, ratificó.

Además, informó que las distribuciones en locales del material de votación se rea­lizan una semana antes de cada elección en zonas leja­nas, posteriormente se ins­talan en Central y Asunción.

Carlos María Ljubetic, director de Procesos Electorales del TSJE, informó que se encuentran realizando pruebas de verificación para la adquisición de las máquinas de votación, con miras a las próximas elecciones municipales.

El funcionario electoral comentó que se presentaron tres empresas tecnológicas y cada una ofrece cinco dispositivos a modo de oferta pública, según dijo en entrevista con la 920 am.

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Señaló que estima la compra de 28.000 máquinas de la empresa elegida. Alrededor de unas 23.000 se utilizarán en las fechas establecidas, el resto se almacenará para contingencias y prever fallas.

Estas máquinas serán sometidas a exhaustivos análisis y pruebas técnicas a fin de asegurar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las siguientes elecciones internas partidarias estipuladas para el año entrante, con fecha del 07 de junio y las elecciones municipales, el 04 de octubre.

“Si no cumplen (las exigencias), ya no se abre la oferta económica de la empresa, solo de aquellas que sí cumplen todos los requisitos. Los costos dependerán de la oferta que realice cada empresa”, ratificó.

Además, informó que las distribuciones en locales del material de votación se realizan una semana antes de cada elección en zonas lejanas, posteriormente se instalan en Central y Asunción.

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